nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SALUD

C.A. Santiago.

Santiago, quince de junio de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, representada por el abogado don Epiro Armando San Martín Basualto e interpone recurso de protección en contra del Ministerio de Educación, representado legalmente por el Ministro de Educación don nombre reservado y la Superintendencia de Salud, representada legalmente por don nombre reservado, por estimar que se han transgredido sus derechos constitucionales en los términos que expone.

Señala que el acto impugnado corresponde al correo electrónico de fecha 9 de mayo de 2025, notificado en esa misma fecha, mediante el cual el Ministerio de Educación rechazó su solicitud N° 3617147529147188344 de Certificado de Titulación de la institución Universidad del Mar, con el lacónico fundamento de "NO APARECE EN ACTAS DE TITULACIÓN".

Expone, como antecedentes necesarios para la comprensión de la problemática, que las carreras de salud, ya sean profesionales o técnicas, deben ser inscritas por la casa de estudios respectiva en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud que lleva la Superintendencia de Salud, siendo obligación de la universidad o instituto formador inscribir al alumno en dicho registro una vez que se titula; y que cuando una universidad deja de existir, existe en la Subsecretaría de Educación un departamento especial encargado de llevar los registros de los alumnos de dichas instituciones y de resolver los problemas propios de un alumnado que no puede quedar en el desamparo por el cierre de su casa de estudios.

Explica que estudió y se tituló como Técnico en Enfermería en la Universidad del Mar en marzo de 2009, aprobando con distinción, habiendo pagado el proceso de titulación en cuatro cuotas, todo lo cual consta en los documentos acompañados. Agrega que desde el mes de septiembre del año 2009 se desempeña en el Hospital El Pino, acumulando más de quince años de servicio continuo e ininterrumpido, con calificaciones de nota 7 desde el año 2016 hasta el año 2024, nota 7 también el año 2013 y nota 6.8 el año 2012, obteniendo además diversas anotaciones positivas y al mérito que acreditan un desempeño funcionario óptimo y destacado, todo lo cual, señala, le otorga una posesión notoria de su calidad de Técnico en Enfermería, amparada en la primacía de la realidad y en la confianza legítima generada por el propio Estado de Chile al tratarla y reconocerla como Tens durante todos esos años.

Expone que la problemática concreta se origina porque la Universidad del Mar omitió inscribirla oportunamente en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud al momento de su titulación, y que actualmente el departamento de personal del Hospital El Pino le está exigiendo acreditar dicha inscripción como condición para continuar ejerciendo sus funciones. Refiere que al intentar inscribirse directamente con la documentación que posee, la Superintendencia de Salud requirió informe técnico operativo al Ministerio de Educación, organismo que respondió que la inscripción no era posible por no haber sido validada la titulación por la institución invocada, lo que motivó el rechazo de su solicitud de inscripción.

Añade que, siguiendo las instrucciones de los propios organismos recurridos, inició un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Educación bajo el número de solicitud ya referido, acompañando la totalidad de los antecedentes que acreditan su titulación, siendo rechazada dicha gestión el 9 de mayo de 2025 sin investigación efectiva ni ofrecer una solución alternativa.

En definitiva, acusa que el acto impugnado es arbitrario, por cuanto ambos organismos del Estado la dejaron a su suerte sin ponderar los antecedentes acompañados ni ofrecer solución a una problemática cuya causa original -la omisión de inscripción por parte de la Universidad del Mar- es imputable a la falta de fiscalización del propio Estado; e ilegal, por cuanto vulnera el artículo 1° de la Constitución Política que impone al Estado el deber de estar al servicio de la persona humana, así como las garantías constitucionales del artículo 19 N° 2 -igualdad ante la ley, por la discriminación arbitraria que se le impone respecto de sus pares egresados de instituciones vigentes-, artículo 19 N° 16 -libertad de trabajo, al amenazar privarla del ejercicio de la actividad laboral que ha desempeñado durante más de quince años- y artículo 19 N° 24 -derecho de propiedad, en cuanto la posesión notoria de su calidad de Tens y las sucesivas renovaciones de su contrata constituyen derechos de carácter incorporal incorporados a su patrimonio, de los que no puede ser despojada por la omisión e inacción del propio Estado-, solicitando en definitiva que esta Corte adopte las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la recurrente, con costas.

Acompaña al recurso los siguientes documentos: correo del Ministerio de Educación de fecha 09 de Mayo de 2025 que rechaza la solicitud administrativa de la recurrente; certificado de título y título de tens de la recurrente; certificado donde constan las anotaciones positivas de la recurrente; documento de pago de Titulación en la Universidad del Mar efectuado por la recurrente; calificaciones de la recurrente; relación de Servicio de la recurrente y resolución de la Superintendencia de Salud IP 2144.

Segundo: Que el Ministerio de Educación, representado por don nombre reservado, abogado Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Educación Superior, evacúa el informe requerido por esta Corte, solicitando el rechazo de la acción de protección deducida, con expresa condena en costas, por los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

Señala, en primer término, como antecedentes del marco normativo aplicable, que las carreras de salud requieren para su ejercicio de un título técnico o profesional válidamente otorgado por una institución de educación superior reconocida oficialmente por el Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Sanitario, en relación con el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República y el artículo 54 del D.F.L. N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación. Precisa que son las propias instituciones de educación superior reconocidas oficialmente las únicas habilitadas para otorgar y certificar títulos y grados académicos, sin que en nuestro ordenamiento jurídico exista la figura de "posesión notoria" de un título académico, ni tampoco la configuración de una confianza legítima sobre aquel, en el evento de no haberse cursado la educación terciaria en un establecimiento legalmente habilitado.

Expone que la Universidad del Mar fue objeto de un procedimiento administrativo sancionatorio que culminó con la cancelación de su personalidad jurídica y la revocación de su reconocimiento oficial mediante el Decreto N° 17, de 2013, del Ministerio de Educación, habiéndose postergado la fecha de cierre efectivo mediante los Decretos N° 435, de 2014, y N° 345, de 2018, hasta el 28 de febrero de 2019, seis años después de la dictación del decreto de cierre.

Agrega que durante ese período la institución mantuvo su autonomía y correspondió exclusivamente a ella conferir títulos y grados académicos y que entre la publicación del decreto de cierre y el 28 de febrero de 2019 se titularon 6.801 estudiantes de dicha universidad, lo que demuestra que los mecanismos implementados permitieron que los alumnos concluyeran sus estudios.

Indica que la Unidad de Registro Institucional y Certificaciones de la Subsecretaría de Educación Superior, creada mediante Resolución Exenta N° 3.691, de 2017, y cuyo texto refundido fue fijado por la Resolución Exenta N° 121, de 2019, es la entidad encargada de resguardar los antecedentes académicos remitidos por la extinta Universidad del Mar y de emitir, de manera gratuita, las certificaciones que correspondan respecto de dichos estudiantes, en base exclusivamente a la documentación obrante en su poder, sin que se encuentre habilitada para certificar documentos presentados por los usuarios ni para certificar antecedentes que no obran en sus registros.

Señala, en cuanto a los antecedentes concretos de la recurrente, que revisados los registros disponibles de la extinta Universidad del Mar, no existen registros que den cuenta de la calidad de titulada de Técnico de Nivel Superior de doña nombre reservado, existiendo únicamente registro de algunas asignaturas cursadas en los años 2006, 2007 y 2009. Que la autoridad firmante del diploma y certificado de título presentados por la recurrente no corresponde a ninguna de las autoridades válidamente registradas para la Universidad del Mar durante su período de vigencia. Que el certificado de título acompaña la sigla de registro "RGT: TENSS4009", referencia que no corresponde al formato de registro de títulos de dicha institución, cuyos títulos técnicos de nivel superior se identifican con la sigla "TEC" seguida de un número; y que el número "4009" corresponde en los archivos oficiales a otra persona, titulada en una fecha diversa a la consignada en el documento presentado por la recurrente.

Agrega que los documentos presentados -diploma y certificado de título- no dicen relación con los documentos originales entregados por la institución en el año 2009, y que el número de asignaturas cursadas por la recurrente no coincide con el mínimo exigido por los programas de estudio disponibles para la carrera y que adicionalmente, revisada la base de datos de titulados del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SIES), que contiene información desde el año 2007 hasta el año 2024, no se encuentran resultados de títulos asociados a la cédula de identidad de la recurrente.

Concluye que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer el asunto de autos, por cuanto la recurrente no busca la cautela de garantías concretas vulneradas, sino que persigue que los organismos recurridos realicen una serie de actuaciones para certificar la supuesta posesión de un título del cual no hay registro alguno, lo que excede la naturaleza cautelar de la acción. Sostiene que no existe un derecho indubitado que merezca amparo constitucional, sino que, por el contrario, existen serios reparos respecto de la veracidad de la documentación presentada; que el actuar de la Subsecretaría de Educación Superior se ajustó plenamente al principio de legalidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política; y que ninguna de las garantías constitucionales invocadas -igualdad ante la ley, libertad de trabajo y derecho de propiedad- ha sido vulnerada por acción u omisión alguna imputable a esta Cartera de Estado, correspondiendo cualquier reproche, en su caso, al Hospital El Pino en su calidad de empleador.

Tercero: Que ampliando el informe, el Ministerio de Educación, en cumplimiento de la resolución de esta Corte de fecha 18 de marzo de 2026, que ordenó pronunciarse expresamente sobre las alegaciones de la recurrente y, en particular, respecto de la existencia de diversas sedes de la extinta Universidad del Mar y la supuesta diversidad de autoridades, formatos de certificados y números de registro de sus profesionales titulados, señala:

En cuanto al marco normativo aplicable, que la Universidad del Mar fue constituida por escritura pública de fecha 31 de mayo de 1989 e inscrita en el Registro de Universidades bajo el folio C-N° 30, y que su reconocimiento oficial fue revocado y su personalidad jurídica cancelada mediante Decreto N° 17, de 2013, del Ministerio de Educación, disponiéndose su cierre definitivo a partir del 28 de febrero de 2019. Precisa que durante su existencia la institución contó con un total de 15 sedes, todas cerradas, entre ellas la Casa Central en Viña del Mar y la Sede Maipú para la Región Metropolitana, ninguna de las cuales constituía persona jurídica autónoma ni tenía facultad para conferir títulos de manera independiente, siendo todas ellas unidades operativas de una misma institución sin personalidad jurídica propia.

Expone que el artículo 5° letra c) del Decreto N° 17, de 2013 impuso a la Universidad del Mar la obligación de remitir al Ministerio, entre otros antecedentes, una nómina de alumnos matriculados con sus expedientes académicos completos, un listado de las autoridades académicas facultadas para emitir certificados y diplomas con registro de firmas, las actas de titulación por carrera y los certificados de título, siendo sobre la base de dicha documentación depositada que la Subsecretaría administra actualmente el proceso de certificación de exalumnos, sin que se encuentre habilitada para certificar hechos que no obran en sus registros, conforme a los artículos 6° y 7° de la Constitución Política y al artículo 2° de la Ley N° 18.575, y según lo precisado por la Contraloría General de la República en el Dictamen E322675, de 2023.

Responde a continuación las alegaciones específicas de la recurrente:

En cuanto a la autoridad firmante del certificado presentado, señala que la persona cuya firma invoca la recurrente -don nombre reservado- no figura en el registro oficial de autoridades superiores de la Universidad del Mar válidamente registradas ante el Ministerio de Educación, el que incluye únicamente a los cargos de Rector, nombre reservado, nombre reservado y Abogado Asesor, sin que exista registro de cargo ni de firma de personas a nivel de sede. Precisa que la discrepancia en la identidad del firmante no suple la ausencia de registro de titulación en los antecedentes depositados, y que independientemente de quién haya suscrito el documento, la recurrente no aparece en las actas de titulación ni en los registros de la extinta institución.

En cuanto a la sigla "TENSS" que aparece en el certificado de la recurrente, que ésta sostiene sería el formato propio de la sede de Maipú, señala que esa alegación carece de sustento en los registros oficiales, pues el registro de titulados de la Universidad del Mar utiliza exclusivamente tres siglas estandarizadas con aplicación uniforme para todas las sedes: "TEC" para títulos técnicos de nivel superior, "PROF" para títulos profesionales y "MAG" para grados académicos de Magíster, sin diferenciación por sede. Agrega que ningún documento original revisado por la Subsecretaría coincide con el formato presentado por la recurrente.

En cuanto al número "4009" consignado en el certificado, precisa que la búsqueda en los registros se realizó por el RUT de la recurrente, método de identificación primario y objetivo independiente de siglas o nomenclaturas, arrojando resultado negativo. Consigna además que dicho número aparece asociado en los registros depositados a una persona distinta, constituyendo ello una inconsistencia objetiva que impide dar por establecida la titulación invocada, sin que esta repartición esté en condiciones de emitir juicio sobre la autenticidad del documento, pues ello excede su competencia, pero sí obligada a consignarla.

En cuanto a los certificados de tres terceras personas acompañados por la recurrente -doña nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado- para acreditar el formato de la sede de Maipú, señala que cada titulación es un acto académico individual que debe constar de manera autónoma en los registros institucionales, de modo que la existencia de un título para una persona no implica legal ni lógicamente la existencia de un título para otra, aun cuando ambas hubieren cursado la misma carrera en la misma sede.

Reitera que su actuación no es ilegal ni arbitraria, toda vez que la negativa a certificar no obedece a criterio subjetivo alguno sino a la constatación objetiva de que los registros depositados por la Universidad del Mar al momento de su cierre no contienen antecedentes de titulación asociados al RUT de la recurrente, lo que fue ratificado por la consulta al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SIES). Sostiene que no existe norma alguna que habilite a la Subsecretaría para certificar hechos que no constan en sus registros, conforme al principio de juridicidad de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política y a los Dictámenes 25175, de 2017 y E322675, de 2023, de la Contraloría General de la República.

Reitera igualmente, la improcedencia del recurso de protección por ausencia de derecho indubitado, señalando que la existencia misma del título invocado es objeto de la controversia de fondo, materia que requiere de un procedimiento de lato conocimiento que permita rendir prueba, formular alegaciones y obtener un pronunciamiento de fondo, siendo incompatible con la naturaleza urgente y sumarísima de esta acción cautelar, criterio que ha aplicado esta Corte en causas análogas, especialmente en los Roles N° 16.164-2023, 124.706-2016 y 18.819-2024, y la Corte Suprema en causa Rol 1.645-2017.

Cuarto: Que la Superintendencia de Salud, representada por don nombre reservado, Fiscal, evacúa el informe requerido por esta Corte solicitando, en lo principal, que el recurso sea declarado improcedente respecto de su representada, sin más trámite, por ausencia de acto u omisión arbitraria o ilegal imputable a ella, y en subsidio que sea rechazado con expresa condena en costas, por los fundamentos que a continuación se exponen.

Alega, en primer término, como causal de improcedencia formal, que de la simple lectura del libelo no es posible establecer ni determinar cuál sería el acto u omisión arbitrario o ilegal en que habría incurrido la Superintendencia de Salud, toda vez que la recurrente únicamente menciona que dicho organismo requirió informe técnico operativo al Ministerio de Educación para tramitar su solicitud de inscripción en el Registro de Prestadores Individuales de Salud, el que fue resuelto desfavorablemente por el Ministerio, situación que evidencia que el problema de la recurrente se remite única y exclusivamente a la actuación de ese último organismo. Agrega que el único documento en que intervino su representada corresponde a la Resolución Exenta IP/N° 2144, de 17 de abril de 2025, de la Intendencia de Prestadores de Salud, que resolvió no dar lugar las solicitudes de inscripción en el Registro, acto que no fue objeto de recurso administrativo alguno por parte de la recurrente; y que si dicha resolución fuera considerada el acto impugnado, el recurso resultaría absolutamente extemporáneo, al haber sido interpuesto el 8 de junio de 2025, encontrándose íntegramente vencido el plazo fatal de 30 días corridos que contempla el numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Expone, en cuanto al marco normativo que regula su competencia en esta materia, que el artículo 121 N° 6 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, encomienda a la Intendencia de Prestadores de Salud mantener registros nacionales y regionales actualizados de los prestadores individuales de salud; que el artículo 7° del Decreto Supremo N° 16, de 2007, del Ministerio de Salud, dispone que en dicho Registro se inscribirá a todos los prestadores individuales que se encuentren legalmente habilitados para ejercer alguna de las profesiones enumeradas en su artículo 8°; y que conforme al artículo 11 N° 7 del mismo cuerpo reglamentario, la inscripción debe contener el título profesional, su fecha de otorgamiento y la entidad que lo hubiere otorgado o autorizado su ejercicio, debiendo ser esta habilitación entregada por el organismo competente al efecto. Precisa que el rol de la Superintendencia se limita a corroborar que los solicitantes se encuentren previamente en posesión del título respectivo, sin que este organismo tenga atribución alguna en materia de reconocimiento o validación de títulos, ámbito que corresponde exclusivamente al Ministerio de Educación; y que conforme al artículo 5° letra a) del reglamento, en el evento de que un solicitante no logre acreditar su condición profesional o el organismo competente niegue contar con la información correspondiente, sólo le queda rechazar la inscripción.

Destaca un antecedente de especial relevancia: que la recurrente había sido inscrita en el Registro en el año 2014 con el título de Tens, no obstante lo cual dicha inscripción fue revocada en el año 2016 toda vez que tanto el Rector de la Universidad del Mar como la Coordinadora de Cierre del Ministerio de Educación de esa época informaron a la Superintendencia que no existían antecedentes de la solicitante en los registros de la institución. Agrega que, frente a dicha revocación, la recurrente interpuso recurso de reposición, el que fue desestimado mediante Resolución Exenta IP/N° 956, de 17 de junio de 2016, resolución que tampoco fue impugnada judicialmente en su oportunidad.

Alega, asimismo, la falta de legitimidad pasiva de la Superintendencia de Salud, indicando que no es posible imputarle acto u omisión ilegal o arbitrario a quien no tiene, dentro del haz de sus facultades legales, la atribución para realizar lo pedido por la recurrente, criterio que esta misma Corte habría recogido en la causa N° Ingreso 76.906-2017, en cuyo considerando octavo se resolvió que el reproche efectuado a la Superintendencia erraba en cuanto a las posibilidades jurídicas de la entidad pública recurrida, la que no tiene dentro de sus atribuciones potestad administrativa alguna que le permita satisfacer lo solicitado. Agrega que el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud no constituye requisito habilitante para el ejercicio de la profesión ni condición para la contratación de servicios profesionales, siendo exigible la inscripción únicamente para efectos de otorgar las prestaciones garantizadas del Régimen GES conforme al artículo 24 inciso final de la Ley N° 19.966, por lo que la recurrente no estaría impedida de continuar trabajando por el solo hecho de no estar inscrita en dicho registro, constituyendo éste un mero medio de publicidad destinado a otorgar seguridad sanitaria a la población, conforme al artículo 4° del reglamento, según lo ha confirmado también la Contraloría General de la República en el Dictamen N° 307, de 9 de enero de 2018.

Concluye que en la especie no existe acto u omisión alguna imputable a la Superintendencia de Salud, habiendo este organismo obrado en estricto cumplimiento de sus atribuciones legales y reglamentarias en materia de acreditación de la posesión del título respectivo; que la presente acción carece de sustento constitucional ni legal; y que en todo caso resultaría extemporánea respecto de su representada, solicitando se declare la improcedencia del recurso o, en subsidio, su rechazo con expresa condena en costas.

Quinto: Que la acción de protección de garantías constitucionales, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, cuyo objeto es amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Constituye presupuesto indispensable de esta acción la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas por el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que, para una mayor comprensión de lo planteado en el recurso, cabe tener en consideración los siguientes antecedentes:

1.- La Superintendencia de Salud señala que doña nombre reservado fue inscrita en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud en el año 2014 con el título de Tens, inscripción que fue revocada en el año 2016, en atención a que el Rector de la Universidad del Mar y la Coordinadora de Cierre del Ministerio de Educación de esa época informaron que no existían antecedentes de la solicitante en los registros de la institución, decisión que fue objeto de reposición por parte de la recurrente.

2.- Por Resolución Exenta IP/N° 956 de 17 de junio de 2016, de la Intendencia de Prestadores de Salud, Unidad de Registro, se rechazó la reposición deducida en contra de la Resolución Exenta IP/N° 1.004, de 24 de julio de 2015, que revocó la resolución que ordenó la inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud de doña nombre reservado, R.U.N. RUT reservado, como Técnico de Nivel Superior en Enfermería y ordenó cancelar dicha inscripción, respecto de la cual no se dedujo recurso alguno.

3.- Por Resolución Exenta IP/N° 2144 de 17 de abril de 2025, de la Superintendencia de Salud, Intendencia de Prestadores de Salud, Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, Unidad de Registro, que negó lugar, entre otras, a la solicitud de inscripción de doña nombre reservado como Técnico de Nivel Superior en Enfermería de la Universidad del Mar-Ministerio de Educación, porque la solicitud de inscripción de título o habilitación no fue validada por la institución invocada, por lo cual no es posible efectuar la inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud (Informe de la Unidad de Registro 58692 de 4 de abril de 2025).

4.- Por correo de 9 de mayo de 2025, el Ministerio de Educación informó a la recurrente que su solicitud de certificación de titulación de la Universidad del Mar fue rechazada porque no aparece en las actas de titulación.

Séptimo: Que de esta manera si bien el acto concreto que la recurrente reprocha de ilegal y arbitrario es el rechazo del Ministerio de Educación de su solicitud de certificado de titulación de la Universidad del Mar, debido a que no aparece en las actas de titulación, notificado por correo electrónico el 9 de mayo de 2025, dicha negativa dice relación con el rechazo de su solicitud de inscripción en el Registro de Prestadores Individuales de Salud que depende de la Superintendencia de Salud por no contar con el título o habilitación de la casa de estudios, denunciando vulneración de las garantías constitucionales del artículo 19 N° 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, ya que estima que a su respecto no se ponderaron los antecedentes que acompañados, no se realizó una investigación efectiva y no ofreció una solución alternativa.

Octavo: Que aunque se trata de actos que emanan de dos autoridades públicas distintas, ambos responden a un mismo proceso, desde que la inscripción en el Registro de Prestadores Individuales de Salud, dependiente de la Superintendencia de Salud, requiere la certificación del título que depende del Ministerio de Educación y su fundamento es el mismo, esto es, la falta de certificación de su título, por lo que no cabe sino desestimar las alegaciones relativas a la extemporaneidad o falta de legitimación pasiva esgrimidas por la recurrida Superintendencia de Salud.

Noveno: Que, en cuanto al fondo del recurso, la recurrente afirma que estudió y se tituló como Técnico de Nivel Superior en Enfermería en la Universidad del Mar, sede Maipú, en marzo de 2009, aprobando sus estudios y pagando el proceso de titulación correspondiente, pero pese a ello se le niega la inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud debido a que se desconoce su título.

En sustento de sus afirmaciones, la recurrente acompaña, entre otros, los siguientes documentos: 1.- certificado de título que habría emitido la Universidad del Mar a la recurrente como Técnico de Nivel Superior en Enfermería en marzo de 2009; 2.- diploma que habría emitido dicha universidad del Mar a la recurrente por haber aprobado satisfactoriamente el programa de estudios de la carrera de Técnico de Nivel Superior en Enfermería; y 3.- comprobante de pago de titulación en cuatro cuotas, de fecha 17 de diciembre de 2008.

Décimo: Que el Ministerio de Educación, en sus informes, ha dado cuenta de que revisados exhaustivamente los registros disponibles de la extinta Universidad del Mar y remitidos a la Subsecretaría de Educación Superior en cumplimiento del artículo 5° letra c) del Decreto N° 17, de 2013, no existen antecedentes que acrediten la titulación de la recurrente, constatándose irregularidades en las firmas y formato de los títulos técnicos de la Universidad del Mar, en las siglas utilizadas y número de registro, lo que habría sido corroborado por la consulta al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SIES), que no arroja registro de título alguno asociado al RUT de la recurrente.

Undécimo: Que, en tales condiciones, el examen de los antecedentes del proceso revela que la controversia de fondo no gira en torno a una vulneración de los derechos constitucionales denunciada, sino que enfrenta a las partes a una cuestión fáctica previa y determinante relativa a la existencia y autenticidad del título que la recurrente invoca. Ello exige una investigación que va más allá del mérito de los documentos acompañados y requiere de prueba destinada a determinar su autenticidad y claramente excede los márgenes del recurso de protección.

En efecto, el recurso de protección, por su naturaleza cautelar y sumarísima, está concebido para la protección de derechos indubitados y claramente establecidos que han sido perturbados, amenazados o privados por un acto u omisión ilegal o arbitrario, no siendo la vía idónea para dilucidar controversias de hecho complejas cuya resolución requiere de un procedimiento adversarial de lato conocimiento. Así lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Suprema, en el entendido de que la acción del artículo 20 de la Constitución Política no puede convertirse en sustituto de las acciones ordinarias destinadas a debatir en plenitud situaciones jurídicas controvertidas (SCS Rol N° 12.531-2025). En la especie, no es posible tener por acreditado de manera indubitada el derecho que la recurrente invoca como fundamento de su acción, pues precisamente la existencia del título -presupuesto básico de todas las pretensiones deducidas- es el hecho controvertido que el presente recurso no puede resolver sin desnaturalizar su esencia cautelar, motivo por el cual se omitirá el análisis de las garantías que se estiman vulneradas.

Duodécimo: Que, por lo razonado, el recurso de protección deducido no puede prosperar, sin perjuicio de los derechos que le asistan a la recurrente para impetrar las acciones ordinarias pertinentes ante los tribunales competentes, a fin de obtener una resolución definitiva sobre la autenticidad de su título y, en caso de acreditarse éste, obtener su inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra del Ministerio de Educación y la Superintendencia de Salud, sin costas, atendida la naturaleza del asunto debatido.

Redactada por la ministra Paula Rodríguez Fondón Regístrese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 13636-2025.

No firma la ministra señora Brengi, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.