Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 8 de junio de 2025, comparece doña María Victoria Miranda Polanco, abogada, en representación de nombre reservado, e interpone acción de protección en contra del Colegio nombre reservado, por la adopción de la medida de expulsión en su contra, fundada en un procedimiento sancionatorio que califica de arbitrario e ilegal, vulnerándose con ello las garantías de igualdad ante la ley y de un procedimiento racional y justo, garantizadas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de nuestra Constitución.

Expone que el recurrente, estudiante de 17 años que cursaba cuarto medio, fue objeto de un proceso disciplinario originado en hechos ocurridos el 23 de abril de 2025 durante un recreo, en que, tras una provocación verbal grave por parte de otro estudiante —quien profirió insultos de connotación sexual dirigidos a su madre—, reaccionó físicamente en un altercado breve, conducta que reconoce como desmedida, pero contextualiza en dicha provocación.

Añade que, con posterioridad, fue citado a una entrevista con la encargada de convivencia escolar, sin presencia de adulto responsable, donde se le imputaron hechos de extrema gravedad —incluso insinuándose la comisión de un delito sexual—, negando el recurrente tales imputaciones y denunciando que sus explicaciones fueron desestimadas y tergiversadas.

Indica que, desde ese momento, el establecimiento adoptó medidas inmediatas en su contra, como su retiro del colegio, sin resolución formal previa, impidiéndosele continuar su jornada escolar, y que el procedimiento disciplinario se desarrolló con graves deficiencias, destacando la falta de claridad respecto del protocolo aplicable, el que recién habría sido definido varios días después de iniciada la investigación, pese a haberse ya recabado antecedentes.

Precisa que el colegio informó tardíamente la activación simultánea de tres protocolos distintos —abuso sexual, convivencia escolar y Ley Aula Segura—, señalando que finalmente se aplicaría este último, pero considerando elementos de los otros, lo que generó incertidumbre sobre las reglas del procedimiento y las eventuales sanciones.

Agrega que el plazo para formular descargos fue irrazonablemente breve, pues se otorgó apenas un día desde la comunicación del protocolo aplicable, lo que —a su juicio— vulnera el derecho a defensa.

Señala, además, que el procedimiento se caracterizó por inconsistencias y errores, tales como la información errónea relativa a una supuesta condicionalidad previa del alumno, inexistente en su historial, y la utilización de antecedentes imprecisos o no debidamente acreditados para agravar su situación.

Sostiene que el proceso culminó con la aplicación de la sanción de expulsión mediante resolución de 30 de abril de 2025, posteriormente confirmada el 9 de mayo de 2025 al rechazarse la reconsideración deducida por sus apoderados, consolidando su calidad de exestudiante.

Añade que dicha decisión se adoptó sobre la base de un procedimiento viciado, en el cual incluso la persona encargada de la investigación manifestó una eventual reserva de acciones legales contra la familia del recurrente, lo que demostraría una falta de imparcialidad incompatible con un debido proceso.

Alega que la conducta del colegio resulta arbitraria, por carecer de fundamento razonable y apartarse de los principios que rigen el ejercicio de potestades sancionatorias, e ilegal, por infringir tanto su propio reglamento interno como garantías constitucionales.

En particular, denuncia vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, al haberse dado un trato diferenciado respecto del otro estudiante involucrado —quien no fue objeto de medidas equivalentes pese a haber incurrido en conductas sancionables—, y del derecho a un procedimiento racional y justo, atendidas las múltiples irregularidades del proceso, tales como la falta de presunción de inocencia, la ausencia de acompañamiento adulto en la entrevista, la indefinición normativa del procedimiento, la insuficiencia del plazo para descargos y la confusión en la información entregada.

Finalmente, solicita se acoja el recurso, ordenando la reincorporación inmediata del recurrente al establecimiento educacional, junto con la adopción de todas aquellas medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus garantías fundamentales.

SEGUNDO: Que comparece doña Paula Pinto Cabrini, abogada, en representación de la recurrida Fundación Educacional Colegio nombre reservado, evacuando informe y solicitando el rechazo del recurso de protección deducido en su contra, sosteniendo que el procedimiento disciplinario seguido se ajustó plenamente a la normativa legal y reglamentaria aplicable, particularmente a la Ley N°21.128 sobre Aula Segura y al Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento.

Expone que los hechos que dieron origen al procedimiento ocurrieron el 23 de abril de 2025, durante un recreo, cuando el estudiante nombre reservado incurrió en conductas calificadas como agresión de connotación sexual y maltrato hacia un compañero —nombre reservado— y también hacia otra estudiante, consistentes en actos físicos de carácter sexualizados y expresiones verbales ofensivas, lo que generó un grave impacto en la integridad psíquica de los afectados y en la convivencia escolar.

Añade que el estudiante afectado, quien presenta condición de trastorno del espectro autista, requirió contención emocional inmediata y atención profesional, lo que se encuentra acreditado con certificados psicológicos y psiquiátricos.

Señala que, atendida la gravedad de los hechos, se activó inicialmente la revisión de protocolos asociados a abuso sexual y convivencia escolar, pero que, conforme a los antecedentes recabados, se determinó aplicar exclusivamente el procedimiento de Aula Segura, por ser el adecuado frente a conductas que afectan gravemente la convivencia escolar, descartándose la existencia de una multiplicidad de procedimientos paralelos, como sostiene la recurrente.

Precisa que el procedimiento se desarrolló con notificación a las partes, definición de cargos, indicación de plazos, derecho a defensa, rendición de descargos y producción de prueba, incluyendo testimonios, documentos y antecedentes clínicos de la víctima.

Indica que la investigación permitió acreditar la conducta imputada al recurrente, incluso con reconocimiento por parte de sus apoderados, concluyendo con la dictación de la resolución de 30 de abril de 2025 que aplicó la sanción de expulsión, la cual fue adoptada por la Dirección del establecimiento en atención a la gravedad de los hechos, su impacto en la comunidad educativa y su calificación como falta gravísima conforme al reglamento interno y a la Ley N°21.128.

Agrega que dicha decisión fue revisada mediante el recurso de apelación interpuesto por los apoderados, el cual fue conocido por el Consejo de Profesores y finalmente rechazado, confirmándose la expulsión mediante resolución de 9 de mayo de 2025.

Controvierte los hechos expuestos en el recurso, señalando que no se ha negado la ocurrencia de los actos de violencia, sino que la defensa del recurrente se limita a alegar una supuesta provocación que no fue acreditada por los testigos.

Niega que se haya realizado una “interrogación” irregular, afirmando que la entrevista al estudiante constituyó una diligencia investigativa válida destinada a conocer su versión de los hechos, sin que sea exigible la presencia de un adulto, atendida su edad y el principio de autonomía progresiva.

Asimismo, descarta que se hayan formulado imputaciones de delitos o preguntas impropias en dicha instancia.

Refuta igualmente la alegación de trato discriminatorio, indicando que ambos estudiantes involucrados fueron inicialmente suspendidos como medida cautelar, y que la diferencia en la sanción posterior obedece a que solo respecto del recurrente se acreditaron conductas graves, no existiendo evidencia suficiente para sancionar al otro alumno.

Afirma que no existió vulneración de la presunción de inocencia ni del derecho a defensa, toda vez que el procedimiento contempló instancias de descargos, valoración de prueba y revisión por órganos colegiados del establecimiento.

Sostiene que el procedimiento no es arbitrario ni ilegal, ya que se ajustó a los protocolos internos y a la legislación vigente, habiéndose respetado las garantías del debido proceso en sede educacional, con plazos, notificaciones, posibilidad de defensa y recurso de apelación.

Enfatiza que la sanción aplicada es proporcional a la gravedad de los hechos acreditados, los que implicaron una afectación a la integridad física y psíquica de miembros de la comunidad educativa y, por ende, a la convivencia escolar.

Finalmente, alega la improcedencia del recurso de protección como vía idónea para revisar la legalidad del procedimiento disciplinario, señalando que dicha función corresponde a la Superintendencia de Educación, órgano competente para fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional y verificar la existencia de un debido proceso en la aplicación de medidas como la expulsión.

De este modo, en virtud de todo lo expuesto, solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que, en esa misma disposición, se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, a fin de dilucidar la controversia sometida al conocimiento de esta Corte, corresponde determinar si el procedimiento disciplinario seguido por el establecimiento educacional en contra del recurrente se ha ajustado a la normativa vigente, en particular a las exigencias derivadas de la Ley N°21.128, y si en su desarrollo se han respetado las garantías mínimas de un procedimiento racional y justo. Al respecto, del análisis de los antecedentes aparece que, no obstante haberse mencionado inicialmente la eventual aplicación de diversos protocolos internos, en definitiva, la autoridad escolar delimitó correctamente el marco procedimental aplicable, conduciendo la investigación bajo el procedimiento especial contemplado en la referida ley, lo que fue debidamente comunicado a los interesados. Consta, asimismo, que el recurrente y sus apoderados fueron oportunamente notificados del inicio de la investigación, de los hechos imputados y de las eventuales consecuencias disciplinarias, otorgándoseles la posibilidad efectiva de ejercer su derecho a defensa, lo que se materializó mediante la presentación de descargos en más de una oportunidad, los que fueron debidamente incorporados y ponderados junto con la restante prueba reunida durante la investigación, consistente en declaraciones concordantes de diversos estudiantes y antecedentes documentales que permitieron al establecimiento formar convicción acerca de la ocurrencia de los hechos y de la participación del recurrente en los mismos. Consta, asimismo, que, tras ser notificados, los apoderados presentaron solicitud de reconsideración, instancia en la que se analizó nuevamente la prueba reunida, escuchándose la opinión del Consejo de Profesores y realizando una ponderación los argumentos vertidos, concluyéndose que estos no lograban desvirtuar los hechos acreditados ni alterar la calificación de la conducta. De hecho, en dicha instancia los apoderados del recurrente, más allá de su solicitud de fondo, reconocieron expresamente la gravedad de la conducta desplegada, así como su impacto en otros miembros de la comunidad educativa.

QUINTO: Que, entonces, cabe descartar las alegaciones relativas a una supuesta vulneración del debido proceso, desde que, conforme se desprende de los antecedentes, el procedimiento contempló instancias sucesivas y efectivas de defensa, acceso a la información, posibilidad de controvertir los cargos y presentación de descargos, no siendo exigible — como pretende la recurrente— la observancia de formalidades propias de un proceso jurisdiccional. Así, la circunstancia de haberse tomado declaración al estudiante sin la presencia de sus apoderados no constituye, por sí sola, una irregularidad, atendida su edad y el principio de autonomía progresiva, ni se advierte la existencia de elementos que permitan concluir que dicha declaración haya sido obtenida en condiciones que afecten su validez. Del mismo modo, la alegada multiplicidad de protocolos carece de sustento, desde que el propio establecimiento precisó que, en definitiva, se siguió un único procedimiento, esto es, el contemplado en la Ley Aula Segura, descartándose los restantes, y comunicándose oportunamente dicha determinación a los interesados.

SEXTO: Que, despejado lo anterior, en lo que atañe al fondo de la decisión disciplinaria, de los antecedentes aparece que la conducta imputada al recurrente —calificada como agresión de connotación sexual y maltrato hacia otros estudiantes— fue debidamente subsumida en las hipótesis de faltas gravísimas previstas en el Reglamento Interno del establecimiento, y asimismo encuadrada en aquellas conductas que, conforme a la Ley N°21.128, afectan gravemente la convivencia escolar, en tanto importan una afectación a la integridad psíquica de otros miembros de la comunidad educativa, circunstancia que incluso se vio corroborada por la existencia de secuelas psicológicas en los estudiantes afectados. En este contexto, la decisión de aplicar la sanción de expulsión aparece no solo formalmente habilitada por la normativa interna, sino también materialmente justificada, atendida la gravedad, naturaleza y consecuencias de los hechos acreditados, así como la imposibilidad de adoptar medidas menos gravosas eficaces en el contexto particular del caso, considerando, además, la etapa escolar en que se encontraba el estudiante.

SÉPTMO: Que, finalmente, en lo que respecta a la circunstancia de haberse instruido un procedimiento administrativo sancionatorio por parte de la Superintendencia de Educación en contra del sostenedor no altera las conclusiones precedentes, toda vez que, aun cuando dicho órgano haya estimado la existencia de infracciones formales y aplicado una sanción administrativa, de los propios antecedentes consta que la dicho órgano calificó medida disciplinaria adoptada respecto del recurrente como ajustada a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, lo que reafirma su conformidad con el ordenamiento jurídico.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no advirtiéndose la existencia de un actuar ilegal o arbitrario en el proceder del establecimiento educacional que vulnere las garantías constitucionales del protegido, el recurso de protección interpuesto no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-13634-2025.