nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, docente, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber ordenado a su empleador la realización de descuentos por planilla sobre su remuneración mensual por la suma de $723.162 a contar de enero de 2026 y advertidos en abril del mismo año, mediando simultáneamente el cobro jurisdiccional compulsivo de la misma acreencia.

Considera ilegal la actuación de la recurrida, pues ejerció previamente la vía judicial ejecutiva mediante la aceleración del crédito adeudado, renunciando con ello a la prerrogativa de cobro extrajudicial por retención de remuneraciones consagrada en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, incurriendo en un doble cobro injustificado, unilateral y sin notificación previa, vulnerando con ello los derechos fundamentales de propiedad, consagrado en el artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto dicha retención y se le restituyan íntegramente las sumas indebidamente detraídas, con costas.

Expone el actor que con fecha 19 de octubre de 2023 suscribió con la entidad recurrida un crédito social de consumo materializado mediante el pagaré N° 041CON103940517 por un capital de $4.784.375, pactado en 12 cuotas mensuales y sucesivas de $463.937 cada una, con vencimiento de la primera el 31 de diciembre de 2023 y de la última el 31 de diciembre de 2024. Añade que dicho instrumento contempló una cláusula de aceleración para el evento de mora o simple retardo, así como la autorización para deducir de su sueldo los montos respectivos. Señala que con motivo de apremios económicos cayó en mora, adeudando el capital íntegro de $4.784.375, razón por la cual la acreedora dedujo demanda ejecutiva en su contra, incoándose los autos caratulados “Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes/nombre reservado”, Rol C-8634-2024, seguidos ante el 27° Juzgado Civil de Santiago.

No obstante, la existencia y tramitación activa de dicho proceso compulsivo, constató al percibir sus emolumentos de abril de 2026 que su empleador, Konecranes Chile SpA, le practicó descuentos directos por planilla por un monto de $723.162, ordenados por la recurrida, deducción que se venía ejecutando de manera reiterada desde enero de 2026 sin que jamás mediara notificación, comunicación formal ni aviso previo sobre el restablecimiento de dicha modalidad de cobro.

Aduce que si bien los artículos 21 y 22 de la Ley N° 18.833 facultan a las Cajas de Compensación para requerir al empleador la deducción de las prestaciones de crédito social de las remuneraciones de los afiliados, tal prerrogativa no puede ejercerse de manera arbitraria ni abusiva. Argumenta que la interposición de la demanda ejecutiva y la consiguiente manifestación de voluntad de hacer exigible el total insoluto de la deuda mediante la cláusula de aceleración extinguió las cuotas originalmente pactadas a plazo, mutando la obligación en pura y simple, por lo que carece de sustento legal continuar descontando cuotas ya inexistentes.

Asimismo, sostiene que la judicialización del cobro implica una renuncia voluntaria e irrevocable a la vía extrajudicial de descuento por planilla, de modo tal que la persistencia simultánea de ambos mecanismos configura un doble cobro inadmisible. Del mismo modo, arguye que la omisión de notificación previa al deudor deviene en un proceder intempestivo y caprichoso, y añade que el monto retenido contraviene las directrices de la Superintendencia de Seguridad Social contenidas en la Circular N° 2052, en concordancia con el artículo 58 del Código del Trabajo, en cuanto los descuentos no pueden sobrepasar el límite del 25% de la remuneración líquida.

En lo atinente a la lesión constitucional invocada, el actor sostiene que el actuar de la recurrida vulnera directamente su derecho de propiedad, contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, toda vez que la deducción unilateral, ilegal y paralela de cuantiosas sumas de dinero sobre sus estipendios laborales lo priva ilegítimamente del dominio de emolumentos indispensables para su subsistencia, mermando de facto su patrimonio económico sin título legal válido que habilite dicho proceder.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración, restituir la totalidad de los montos indebidamente descontados y aquellos que se verifiquen durante la sustanciación de la acción, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, al evacuar el informe que le fuera requerido, nombre reservado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicita el íntegro rechazo de la acción de protección deducida en su contra.

En primer término, hace presente que el recurrente dedujo con anterioridad una acción de la misma índole en esta sede, la cual fue desestimada en los autos Rol 18012-2024.

En cuanto al fondo, relata que con fecha 19 de octubre de 2023 otorgó al señor nombre reservado el crédito social N° 041CON103940517, por un monto de $4.784.375, pactado en doce cuotas mensuales de $463.937, con primer vencimiento al 31 de diciembre de 2023; constando pagadas únicamente las cuotas N° 1 y N° 2 en fechas 10 de agosto de 2024 y 10 de mayo de 2026, respectivamente, manteniéndose en estado de morosidad las cuotas N° 3 a la N° 12, correspondientes a los meses de febrero a noviembre de 2024.

Aduce que la interposición de la demanda ejecutiva obedeció al estricto cumplimiento de la Circular N° 3567 de la Superintendencia de Seguridad Social, que impone la obligación de judicializar el cobro de obligaciones impagas superiores a 100 UF antes del sexto mes de mora, sin que ello impida el posterior cobro mediante descuentos por planilla, según autoriza la Circular N° 3894 del mismo órgano regulador, con la sola prevención de imputar tales montos en la posterior liquidación del crédito.

Asimismo, fundamenta la licitud de los descuentos en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que regula las prestaciones de crédito social emanadas de corporaciones de derecho privado sin fines de lucro destinadas a fines de previsión y bienestar social, precepto legal que establece un mecanismo forzoso e inherente de cobro directo a través del empleador afiliado, sometido a las mismas reglas de deducción, retención y remesa que rigen las cotizaciones previsionales, sin que requiera beneplácito del deudor ni constituya una vía de hecho de la acreedora.

Respecto de la extinción de la deuda, sostiene que la obligación se encuentra plenamente vigente y es actualmente exigible, toda vez que, conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil y Dictamen N° 2659-2020 de la SUSESO, la prescripción liberatoria no opera ipso iure, requiriendo ser alegada y declarada judicialmente por tribunal competente mediante un juicio de lato conocimiento, ajeno por completo a la naturaleza cautelar del recurso de protección, careciendo el actor de un derecho indubitado que obste al cobro.

En virtud de lo expuesto, descarta toda transgresión al derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, por no mediar privación ilegal ni afectación patrimonial indebida, sustentando su posición en reiterados criterios jurisprudenciales de las Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema (Roles 2343-2023, 6890-2024, 131-2024 y 87663-2023); concluyendo con la petición de tener por evacuado el informe y rechazar el recurso deducido con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Para que esta acción prospere, es requisito indispensable la constatación de un acto ilegal o arbitrario que afecte un derecho indubitado.

CUARTO: Que, el acto calificado como ilegal y arbitrario por la recurrente consiste en la decisión adoptada por la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes de instruir al empleador de la actora la deducción de cuotas, por concepto de un crédito social, directamente desde su liquidación de remuneraciones correspondiente desde enero al mes de abril de 2026.

QUINTO: Que, a partir de lo expuesto por las partes, es posible tener por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, con fecha 6 de octubre de 2022, el trabajador y la institución recurrida suscribieron un contrato de mutuo de crédito social por un capital inicial de $4.784.375, pactado en 12 cuotas mensuales y sucesivas de $463.937.

2.- Que, durante la vigencia del referido contrato, el afiliado cesó el pago regular y cayó en morosidad respecto de sus obligaciones financieras.

3.- Que la recurrida interpuso una demanda ejecutiva en contra de la deudora en la causa Rol C-8634-2024, seguidos ante el 27° Juzgado Civil de Santiago, en que se acogió la excepción de prescripción opuesta por el actor, a la sazón ejecutado en esa causa, la que aún no se encuentra ejecutoriada.

4.- Que, ante el estado de mora persistente, la Caja de Compensación requirió a la empresa empleadora de la actora efectuar retenciones directas sobre su salario, materializándose un descuento efectivo por la suma de $723.162 a contar de enero de 2026.

SEXTO: Que, de lo consignado precedentemente y del examen de los antecedentes, es posible afirmar que la recurrida ha utilizado el mecanismo de cobro previsto en el artículo 22 de la Ley N 18.833 de manera ilegal y arbitraria.

SÉPTIMO: Que, en efecto, si bien las Cajas de Compensación cuentan con la facultad legal de solicitar el descuento, con cargo a las remuneraciones de los trabajadores afiliados, de los créditos sociales otorgados, tal beneficio solo se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado. En la especie, la situación es sustancialmente distinta y torna ilegal e injustificada la actuación de la recurrida, toda vez que la deuda que se pretendía cobrar mediante los descuentos por planilla ya había sido objeto un juicio ejecutivo.

De este modo, al momento de efectuarse los descuentos censurados por la recurrida a partir de enero de 2026, ya se había verificado la aceleración de la deuda para el cobro de dicho crédito por la vía ejecutiva, por lo que no podía revivirse unilateralmente una modalidad de cobro administrativo, lo que constituye un acto manifiestamente ilegal y arbitrario.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el actuar ilegal y arbitrario de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes vulneró directamente el derecho fundamental consagrado en el art culo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, en cuanto los descuentos indebidos afectaron la propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, privándole del uso, goce y disposición de parte de estas. Finalmente, se contravino el artículo 19 N° 2, sobre la igualdad ante la ley, al intentar la recurrida, por su calidad de Caja de Compensación, valerse de una prerrogativa legal de manera abusiva para obtener el cobro de una deuda que ya no podía perseguirse judicialmente, constituyendo un trato diferenciado injustificado y arbitrario.

NOVENO: Que, por todo lo expuesto, no cabe duda de que el actuar de la recurrida resultó ilegal y arbitrario, afectando gravemente los derechos fundamentales del recurrente, razones todas por las que la presente acción constitucional necesariamente ha de ser acogida.

Por estas razones y de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, debiendo esta cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del actor, y restituir la totalidad de los montos descontados a contar de enero de 2026 y aquellos que se verifiquen durante la sustanciación de la acción a propósito del cobro del pagaré N° 041CON103940517.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Protección N°13.615-2026.