Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil veintiséis.

Al folio 12, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Elías Leiva Pérez, abogado, en representación de don nombre reservado, nacional de mozambique, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por su Director Nacional don Frank Sauerbaum Muñoz, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en haber dictado la Resolución Exenta N°NUM000, de 2 de diciembre de 2025, que resolvió tener por desistido al recurrente de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N°1, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita a esta Corte se restablezca el imperio del derecho, ordenando al recurrido que se deje sin efecto la Resolución Exenta impugnada, y se reconozca al recurrente la condición de refugiado en nuestro país.

Relata que ingresó a nuestro país por vía regular el 5 de febrero de 2024, encontrándose anotado en el registro de inversionistas extranjeros, por lo que constituyó una sociedad comercial cuyo giro principal es la comercialización de ropa usada por fardos, con domicilio en la comuna de Estación Central, contribuyendo con la dinamización de la economía nacional, agregando que tiene igualmente cobertura previsional y de salud en Chile, al amparo de contrato de trabajo con la sociedad nombre reservado, siendo administrador principal del negocio y atendiendo el comercio regularmente, por lo que necesita continuar con su permanencia en nuestro país.

Refiere que llegó a Chile huyendo de su país, dada la delincuencia desatada y desorden existente en Mozambique, debido a un levantamiento civil contra las autoridades nacionales tras las elecciones de 2024, sin mencionar las insurgencias armadas que datan de 2017, todo lo cual ha amenazado su integridad y sustento económico, dada la destrucción de los comercios por los saqueos en el país. En este contexto, optó por medidas de supervivencia, enviando a su familia con otros parientes en Mozambique, pero buscando asilo en nuestro país para preservar su vida.

Sostiene que no mantiene solicitudes de refugio con ningún otro Estado, siendo a su juicio claro y comprobable que llegó a Chile en búsqueda de un lugar seguro y lejos del caos que ocurría en su país de origen, por lo que el 28 de octubre de 2024 presentó ante el recurrido una solicitud de residencia temporal, que fue declarada inadmisible por Resolución Exenta N°NUM001.

Menciona que posteriormente, el 6 de noviembre de 2025, compareció ante la autoridad y expuso su situación para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado al amparo de la Ley N°20.430, no obstante lo cual el recurrido, mediante el acto impugnado, de 2 de diciembre pasado, decidió que el actor no cumple con los requisitos formales mínimos para extender dicha solicitud, establecidos en la mencionada ley y reglamento de refugio, teniendo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente.

Hace presente que frente a aquella decisión, interpuso un recurso administrativo de reposición, con el fin de que el recurrido revisara los hechos y fundamentos de derecho de su dictamen, rechazándose el 6 de mayo del año en curso dicho recurso, mediante Resolución Exenta N°NUM002, insistiendo en el incumplimiento de los requisitos formales mínimos para la obtención de la calidad de refugiado, sin perjuicio de enfatizar el actor que por su condición personal y comportamiento en Chile debió ser considerado en su petición, que por lo demás es declarativa y no constitutiva, dado que ya es un refugiado por los hechos de violencia ocurridos en Mozambique, y el Estado chileno solo debe reconocerlo.

Precisa que el acto administrativo impugnado, en estas circunstancias, vulnera su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, de desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, y su derecho de propiedad, por lo que solicita en definitiva a esta Corte se acoja el presente recurso, y con su mérito, se restablezca el imperio del derecho, en los términos antes mencionados.

SEGUNDO: Que, informa la abogada Natacha Arancibia Riquelme, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien solicitó el rechazo de la acción deducida en todas sus partes.

Expone que el actor ingresó a territorio nacional el 5 de febrero de 2024 por paso habilitado, y que no cuenta con registros de que la parte recurrente hubiese manifestado a la autoridad contralora de fronteras, su intención de solicitar refugio en frontera, pese a que dicha posibilidad se encuentra contemplada en el artículo 36 del Decreto N°837, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba el Reglamento de la Ley N°20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados.

Refiere que, no obstante aquello, el 28 de octubre del 2025 el recurrente solicitó iniciar un procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, la que se registró bajo el ID N°NUM003, conforme lo establece el artículo 26 de la Ley N°20.430, agregando que, con su mérito, se citó al recurrente a la respectiva entrevista el 6 de noviembre de 2025, tras lo cual se dictó, con la misma fecha la Resolución Exenta N°NUM004, del Servicio Nacional de Migraciones, señalando que no era posible dar curso a su solicitud de ingreso al procedimiento de Reconocimiento de la condición de refugiado, toda vez que no ha cumplido con los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley N°20.430, en particular, exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, toda vez que habiendo ingresado al país el 5 de febrero de 2024, tardó 1 año y 8 meses en dar inicio al antedicho procedimiento.

Sostiene que le fue otorgado al recurrente un plazo de 15 días para acompañar antecedentes que permitieran subsanar tal situación, sin que el actor acompañara documentación alguna para tales efectos, por lo que acreditándose el incumplimiento de los requisitos formales de los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N°837, Reglamento de la Ley N°20.430, se dictó la Resolución Exenta N°NUM000, de 2 de diciembre del 2025, por la que se tuvo por desistido al protegido de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Hace presente que en dicha resolución, fueron reservados los recursos judiciales y administrativos pertinentes, que fueron ejercidos oportunamente por el actor, aunque tras analizar los antecedentes respectivos, la reposición interpuesta fue rechazada mediante Resolución Exenta N°NUM002, de 6 de mayo del 2026, al no haber sido aportado ningún elemento de análisis diverso a los ya ponderados por la autoridad para modificar o dejar sin efecto la resolución recurrida, al ser resuelto el desistimiento por incumplimiento de requisitos formales para el ingreso al procedimiento de refugio.

Argumenta que atendido lo dispuesto en la Ley N°20.430, para que un extranjero sea considerado como solicitante de refugio, su solicitud debe haber sido declarada admisible y formalizada con arreglo a los artículos 2, 6, 26 y 28 de la Ley N°20.430, y a los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento, precisando que conforme lo dispuesto en el artículo 26 de la ley antes citada, la oportunidad para presentar una solicitud de refugio es el plazo fatal de siete días, contados desde el ingreso del extranjero al país, lo que no ocurrió en autos, adicionando respecto del recurso de reconsideración interpuesto conforme al artículo 139 de la Ley N°21.325 que ningún fundamento del mismo permitía acreditar el cumplimiento al requisito formal del antedicho artículo 26, manteniendo a firme entonces el incumplimiento de lo establecido en la normativa que establece disposiciones sobre protección de refugiados.

Concluye que, en estas circunstancias, no ha existido por parte del recurrido un acto u omisión, ilegal o arbitraria, de parte del Servicio Nacional de Migraciones, que vulnere derechos fundamentales del recurrente, por lo que solicita en definitiva a esta Corte el rechazo de la acción deducida en todas sus partes.

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la mera voluntad. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho haber dictado el Servicio Nacional de Migraciones la Resolución Exenta N°NUM000, de 2 de diciembre de 2025, que resolvió tener por desistido al recurrente de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N°1, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha acción se ajusta o no a derecho.

QUINTO: Que el artículo 26 inciso quinto de la Ley N°20.430 dispone que “la solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional”.

Por su parte, el artículo 36 del Decreto N°837, que establece el reglamento de la Ley N°20.430, dispone que “Al momento de ingresar regularmente al país mediante un paso habilitado, los extranjeros podrán manifestar ante la autoridad contralora de frontera la intención de solicitar refugio. Dicha autoridad proporcionará al interesado la información necesaria respecto del procedimiento para realizar la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 bis”. A su turno, el artículo 36 bis prescribe sobre la presentación de la solicitud que “La solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado deberá presentarse, por escrito o completando el formulario entregado por la autoridad competente, ante el Servicio Nacional de Migraciones. Este trámite deberá realizarse de forma personal por el interesado ante el aludido Servicio. En caso de que el extranjero esté impedido de presentarse personalmente por motivo de fuerza mayor, debidamente justificado, dicho Servicio arbitrará las medidas para que un funcionario habilitado concurra al lugar donde éste se encuentre, le informe del procedimiento y le asista en la presentación de su petición”.

SEXTO: Que no son hechos discutidos que el extranjero salió de su país e ingresó a Chile por paso habilitado el 5 de febrero de 2024, manifestando ante la autoridad migratoria su intención de acceder a refugio el 28 de octubre de 2025, excediendo con creces, y por un periodo de años, el plazo establecido en la ley para realizar la solicitud. Lo anterior, sin perjuicio de que los fundamentos de la solicitud de refugio digan relación con motivos de seguridad individual, al declarar expresa y voluntariamente en relación con los motivos por los que solicitó refugio en Chile “Amenazaron con matarme si no les entregaba dinero personas que desconozco, por la situación de inseguridad no puedo volver a mi país.

De esta manera, y no obstante los fundamentos de la solicitud, resultando aplicable lo dispuesto en las normas indicadas en el fundamento anterior, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, esta Corte estima que el proceder del recurrido se encuentra debidamente ajustado, tanto a las disposiciones de la Ley N°20.430, como a su Reglamento, atendido que la parte recurrente no dio cumplimiento a lo requerido en el plazo que le fue concedido, sin que se advierta que la actuación del Servicio Nacional de Migraciones sea ilegal o arbitraria, motivo por el cual el presente arbitrio no se encuentra en condiciones de prosperar, debiendo ser rechazado.

SÉPTIMO: Que, al tenor de lo razonado precedentemente, y no advirtiendo esta Corte un acto arbitrario o ilegal de parte del Servicio Nacional de Migraciones, procede el rechazo del presente arbitrio.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-13614-2026.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (S) señor Christian Carvajal Silva y el Abogado Integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.

En Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.