Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de diciembre de dos mil veinticinco.

A los escritos folios 41 y 42: estése a lo que se resolverá.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen doña nombre reservado y don nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado, quienes interponen en su favor recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, representado por su Rector nombre reservado, por el acto que estiman arbitrario e ilegal, consistente en haber confirmado el 8 de mayo de 2025 la medida disciplinaria de condicionalidad respecto del recurrente, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicitan que se restablezca el imperio del derecho, ordenando esta Corte al recurrido, dejar sin efecto la medida disciplinaria adoptada, con costas.

Exponen que el 14 de abril de 2025 el establecimiento educacional les remitió un Informe de Convivencia Escolar que da cuenta de una situación de violencia ocurrida el 27 de marzo del mismo año durante la hora de almuerzo, activándose un protocolo denominado "Aula Segura" por parte de la Directora de Formación. Según dicho informe, los hechos investigados establecen que varios estudiantes impidieron al actor el acceso a la sala de clases durante la mañana, siendo posteriormente objeto de gestos despectivos e increpado por el alumno nombre reservado, lo que provocó que nombre reservado se retirara al baño a llorar, siendo nuevamente molestado por el mismo compañero. Posteriormente, nombre reservado se dirigió al "rincón de la calma" del establecimiento, no asistió a la última clase y fue buscado por sus compañeros durante el almuerzo.

Relatan que el altercado final se produjo cuando nombre reservado se dirigió al sector de mesas verdes durante el almuerzo, donde habría proferido insultos, gestos obscenos y amenazas de agresión contra nombre reservado y otros dos estudiantes, nombre reservado y nombre reservado. En respuesta, nombre reservado amenazó usar su lonchera para defender a nombre reservado, desencadenándose un forcejeo entre él y nombre reservado, mientras nombre reservado lanzó una ensalada a nombre reservado para que soltara la lonchera, nombre reservado realizó un gesto amenazante con un tenedor, y nombre reservado y nombre reservado sujetaron a nombre reservado del estómago para detener la situación. El informe concluye la existencia de "amenazas de muerte" por parte de nombre reservado hacia nombre reservado, calificándolas como "falta gravísima propiciada en dos oportunidades", aplicándose por ello la medida disciplinaria de condicionalidad.

Destacan que el mismo día, sin previa reunión, el colegio les envió una Carta de Condicionalidad para ser firmada, y que el informe menciona la existencia de antecedentes de posible acoso escolar que estaría sufriendo nombre reservado. Asimismo, señalan que mientras a él le fue impuesta la condicionalidad de matrícula, al estudiante que lo amenazó con un tenedor se le aplicó únicamente un día de suspensión, y para los demás involucrados se dispuso una sanción denominada "RP", cuyo significado desconocen, agregando que al notificarlos de la sanción y aplicar la medida disciplinaria, no se notificó cargo alguno previo a la sanción, lo que privó al actor de la posibilidad de formular descargos, y sin ponderar otros antecedentes, lo que motivó la interposición de un recurso de apelación ante el establecimiento escolar el 29 de abril del año en curso, que se rechazó el 8 de mayo del presente, que da origen a la interposición de la acción de autos.

Hacen presente que en la resolución del recurrido no solo se omiten las alegaciones formuladas en el recurso, sino que derechamente se aplicaron medidas disciplinarias y se mencionan nuevos hechos que no habían sido señalados en el informe que dio origen a la posterior sanción, vulnerando así los derechos del actor.

Precisan que se ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 número 2 de la Constitución, argumentando que la aplicación diferenciada de sanciones para hechos similares constituye un trato discriminatorio y arbitrario, ya que el actor recibió la sanción más grave, a pesar de existir indicios de que podría estar siendo víctima de acoso escolar por parte de sus compañeros. Complementariamente, invocan la infracción al debido proceso contemplado en el artículo 19 número 3 de la Carta Fundamental, alegando que la sanción fue impuesta sin formular cargos previos, impidiendo el ejercicio del derecho a defensa y la presentación de descargos correspondientes.

Adicionalmente, denuncian la aplicación de un protocolo denominado "Aula Segura" que no se encontraría debidamente regulado en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento, existiendo únicamente una mera transcripción de lo dispuesto en la Ley N°21.128, sin establecer un procedimiento específico para su implementación. Arguyen que esta circunstancia constituye una vulneración adicional al debido proceso, ya que el menor fue sometido a un procedimiento desconocido y no contemplado en la normativa interna del colegio.

De este modo, cuestionan igualmente la fundamentación de la decisión, mencionando que el informe sanciona en base a conductas pretéritas no acreditadas ni mencionadas en el documento, ya que no existe registro de amenazas anteriores por parte del protegido, estableciéndose una sanción basada en la reiteración de una conducta que nunca habría existido ni sido sancionada previamente. Asimismo, critican que la resolución que rechaza su recurso de apelación incorpora hechos diversos a aquellos por los cuales fue sancionado el menor, configurándose una nueva vulneración al debido proceso.

Invocan además la falta de consideración del interés superior del niño, principio fundamental reconocido en la normativa nacional e internacional.

Destacan que nombre reservado presenta diagnósticos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad y altas capacidades, ambos dentro del espectro de neurodivergencia, circunstancias informadas al establecimiento desde marzo de 2023. Estos antecedentes, junto con los indicios de acoso escolar mencionados en el propio informe del colegio, debieron ser considerados al momento de determinar la sanción aplicable, respetando las necesidades especiales y vulnerabilidades del menor.

Expresan que también se ha vulnerado el derecho de propiedad sobre la condición de alumno, toda vez que la medida de condicionalidad constituye el antecedente previo y suficiente para una eventual expulsión, amenazando la pertenencia del menor a la comunidad educativa y su progresión académica, máxime al imponerse una sanción con fundamento en un informe de Convivencia Escolar que no cumple con los requisitos mínimos de legalidad y debido proceso.

Por estas razones, solicitan que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la resolución de 8 de mayo de 2025 del Colegio nombre reservado fue arbitraria e ilegal, ordenándose dejar sin efecto la sanción de condicionalidad de matrícula impuesta contra el recurrente, con costas.

SEGUNDO: Que, informa don Diego Carrasco Carrasco, abogado, en representación del Colegio nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas.

En primer término, alega que el recurso de protección deducido es extemporáneo, ya que la acción se interpone en contra de una medida disciplinaria cuyo fundamento es un informe de 14 de abril de 2025, siendo presentado el recurso fuera de plazo, agregando que el rector del colegio no es el representante legal del mismo, sino que el Presidente de la Corporación nombre reservado, quien no ha sido debidamente emplazado.

En cuanto a los hechos, expone que el actor ingresó al establecimiento en 2023, registrándose desde el primer día problemas de convivencia escolar que incluían violencia física y verbal hacia sus compañeros. Durante el mismo año se registraron faltas gravísimas como agresión física a un compañero y el "ahorcamiento a una compañera durante una hora de clases", situaciones que fueron derivadas al Ministerio Público y posteriormente a la Oficina de Protección de la Infancia de Providencia.

La recurrida detalla que durante 2024 continuaron los problemas de convivencia, adoptándose diversas medidas preventivas y educativas, incluyendo reuniones con los apoderados y profesores. En este período se registraron tres faltas leves por ruidos molestos y falta de materiales, y una grave por agresión a un compañero, manteniéndose conflictos relacionales principalmente con varones del curso.

Particularmente, la recurrida describe los hechos ocurridos durante 2025, cuando los problemas de convivencia del alumno se intensificaron. Entre los episodios más relevantes destaca: el 4 de marzo, nombre reservado se bajó los pantalones mostrando sus nalgas a compañeros como "chiste"; el 11 de marzo, se peleó con compañeros en el furgón escolar utilizando golpes y garabatos; el 14 de marzo, en el “Rincón de la Calma”, un compañero manifestó incomodidad porque nombre reservado había entrado al baño mientras se duchaba; el 19 de marzo, roció spray en la boca de un compañero durante Educación Física; y el 27 de marzo, ocurrió el episodio que constituye el fundamento principal de la sanción. Este último involucró comentarios sobre partes íntimas que incomodaron a sus compañeros, seguidos de insultos, gestos obscenos y amenazas de agresión durante el almuerzo. Específicamente, nombre reservado golpeó a un compañero y lo amenazó verbalmente de muerte, indicándole que lo "mataría a él y a su madre" y manifestando que su aspiración era "ser asesino, delincuente o sicario". Durante la conversación posterior con el profesor jefe, nombre reservado respondió golpeando fuertemente en la cara a su compañero nombre reservado, intentando lanzarse sobre él, siendo separados por el docente presente.

Enfatiza que, ante estos hechos, se activó el protocolo denominado "Aula Segura", realizándose una investigación exhaustiva que incluyó entrevistas con trece estudiantes, tres funcionarios, adultos del casino, docentes y apoderados. El informe fundado concluyó en la existencia de amenazas por parte de nombre reservado, en un contexto de distintas situaciones que incluían "golpes sin provocaciones; uso de spray en la cara; amenazas; comentarios inadecuados de índole sexual; uso de garabatos, entre otros".

Como resultado de la investigación, se adoptaron medidas formativas, disciplinarias y preventivas. Entre las formativas: sensibilización del curso en temas de neurodivergencia y convivencia, trabajo semanal en resolución de conflictos y acoso escolar, reflexión psicoeducativa con estudiantes involucrados y plan de acompañamiento particular. Las medidas disciplinarias incluyeron la condicionalidad para nombre reservado debido a la falta gravísima, suspensión para otro estudiante por gesto agresivo y reflexión psicoeducativa para el resto.

Adicionalmente, se sugirió jornada escolar reducida para nombre reservado hasta las 12:30 horas, cambio de curso y seguimiento quincenal.

En cuanto al fondo, argumenta la plena legalidad del procedimiento y la medida aplicada, señalando que se ajustó completamente a la normativa educacional vigente, al Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, al Proyecto Educativo Institucional y al contrato de prestación de servicios educacionales.

Destaca que se respetaron los principios del debido proceso, realizándose las diligencias necesarias para el establecimiento de los hechos y la participación de los involucrados.

Refuta categóricamente que los recurrentes no tuvieran acceso a la investigación, señalando que fueron ellos quienes no solicitaron los antecedentes correspondientes, cuando el establecimiento siempre facilita dicha información si es que es requerida, enfatizando que los recurrentes fueron informados del proceso, solicitaron diligencias a las que se accedió, acompañaron antecedentes y presentaron una apelación, constituyendo todo ello ejercicio efectivo del derecho a defensa.

Respecto a la alegación de vulneración del principio de igualdad ante la ley, argumenta que nombre reservado fue tratado con pleno respeto a sus garantías, en un proceso regulado y proporcionado a la gravedad de su conducta, aplicándose medidas educativas y disciplinarias a otros estudiantes involucrados, pero que la gravedad de la conducta del actor justificaba una sanción diferenciada y proporcional.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad, manifiesta que la condicionalidad no constituye una medida expulsiva o amenaza al derecho a la educación, precisando que se trata de una medida provisional sujeta a la buena conducta del estudiante, que se revisa a los seis meses, y que hasta la fecha ha demostrado su eficacia, pues nombre reservado no ha protagonizado comportamientos reprochables posteriores.

Por estas consideraciones, sostiene en definitiva que no ha existido acto del recurrido que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario, ajustándose la medida de condicionalidad aplicada en el informe de fecha 14 de abril del 2025 a derecho, solicitando en consecuencia el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas;

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, al tenor del contenido de la acción deducida, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de que la parte recurrida aplicó la sanción de condicionalidad al actor, debido a hechos acaecidos el 27 de marzo del presente en los que le fue atribuida responsabilidad en la agresión y amenazas de otro estudiante del establecimiento educacional, lo que a juicio del recurrente vulnera sus derechos y garantías establecidas en el artículo 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, debiendo determinar esta Corte si dicha acción se ajusta o no a Derecho.

QUINTO: Que, en relación con las alegaciones de la recurrida como cuestiones preliminares, particularmente la extemporaneidad de la acción y la falta de legitimación pasiva del rector, esta Corte estima que dichas cuestiones deben ser desestimadas, por cuanto por un lado, los antecedentes allegados permiten entender que la acción fue interpuesta dentro de plazo, contado este desde la notificación de la resolución final del proceso disciplinario -8 de mayo de 2025-; y por el otro, que aun cuando el rector del establecimiento carezca de la representación legal del mismo, lo cierto es que aquello no impidió que el colegio evacuara el informe requerido, efectuando al efecto una completa y detallada relación sobre el conflicto de autos, lo que permite concluir que el error sobre la representación legal del mismo, no impidió que el establecimiento se diera por notificado y actuara como parte de aquel.

SEXTO: Que, no obstante que el derecho al debido proceso, núcleo central de la alegación de los recurrentes, no se encuentra garantizado por el recurso de protección, salvo en cuanto al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, cuyo no es el caso, de la revisión del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar (RICE) del Colegio nombre reservado, en particular de las secciones relativas a "Criterios para la aplicación de normas de conductas", "Graduación de las faltas al RICE y medidas disciplinarias", y "Bases de aplicación de protocolos", se desprende que el establecimiento ha procurado establecer un marco normativo que contempla el debido proceso, la proporcionalidad y el interés superior del niño, observándose una intención formativa en la disciplina, un sistema de graduación de faltas (leves, graves, gravísimas), y un procedimiento que incluye instancias de reflexión, mediación -eventual- y apelación -opcional-.

Asimismo, se reconoce la consideración de la neurodivergencia en la aplicación de medidas disciplinarias, lo que se alinea con el principio de inclusión.

SEPTIMO: Que en el presente caso es posible constatar, a partir del Informe de Convivencia Escolar de 9 de abril de 2025, que el establecimiento recurrido se ciñó al procedimiento consagrado en su Reglamento, recorriendo sus diferentes fases. Así, luego de indagar lo sucedido a través del testimonio de diversos actores, procedió a la aplicación tanto de medidas formativas favorecedoras de la sana convivencia entre los miembros del curso al que pertenece nombre reservado, como disciplinarias, que el caso de este alcanzó su condicionalidad.

Al respecto, resulta importante constatar que según el Reglamento, constituye falta gravísima “1. Amedrentar, intimidar, amenazar, chantajear, acosar, hostigar, discriminar a cualesquiera de sus compañeros del Colegio, profesores, paradocentes, auxiliares, padres, madres, apoderados o a otros miembros de la comunidad, sea por medios directos verbales, escritos, virtuales o tecnológicos”, y de acuerdo al Informe de Convivencia Escolar al exponer los hechos constatados en la fase de indagación, se hace mención a que “Durante el almuerzo, según múltiples relatos, nombre reservado comienza a molestar a nombre reservado con insultos, gestos obscenos y amenazas de agresión, extendiendo también las amenazas a nombre reservado y nombre reservado. Se constata que esta sería la segunda vez que nombre reservado amenaza de muerte a nombre reservado. Anteriormente, le habría dicho que mataría a él y a su madre, e incluso habría manifestado que su aspiración era ser asesino sicario. Estos antecedentes podrían haber generado un miedo colectivo en el grupo”. Por su parte, el mismo Reglamento contempla como una de las sanciones disciplinarias posibles en el caso de la comisión de faltas gravísimas la “Condicionalidad de Matrícula, que no puede exceder de 6 meses” y que “Se debe revisar transcurrido ese período o al inicio de cada semestre”, por lo que forzoso es concluir no solo que se trata de una medida disciplinaria contemplada en la normativa interna del establecimiento, sino también que es de carácter provisional y revisable, que busca reorientar la conducta del estudiante y no constituye una medida de expulsión.

Es importante destacar además que con posterioridad a la aplicación de la sanción, se abrió la fase de apelación opcional, en la que los padres de nombre reservado procedieron a efectuar sus descargos, la que culminó con una respuesta desfavorable para ellos que significó el cierre del caso. En tal sentido, el reproche efectuado por aquellos en torno a que no se los habría convocado a una reunión, antes de la aplicación de la sanción, ignorando ellos los cargos por los que habría de ser sancionado su hijo, resulta improcedente, pues la fase de apelación consagrada en el Reglamento cumple precisamente el rol de proceder a desvirtuar los cargos efectuados garantizándose con ello la bilateralidad de la audiencia.

OCTAVO: Que no obstante lo anterior, lleva razón la parte recurrente al manifestar una genuina preocupación en relación con la posibilidad de que su hijo nombre reservado hubiera sido víctima de acoso escolar, pues como reconoce en las Conclusiones Finales el Informe de Convivencia Escolar tantas veces aludido “Sin perjuicio de lo anterior, consideramos pertinente señalar que durante las entrevistas realizadas aparece información relevante que haría alusión a un posible acoso escolar hacia nombre reservado, por lo que hemos activado un protocolo de acoso que nos permitirá esclarecer esta situación. Una vez que finalicemos este procedimiento los invitaremos a una reunión para informar de las conclusiones y medidas a considerar”. Sin embargo, como reconocen los propios padres en su recurso existirían “indicios de que (nombre reservado) podría estar siendo víctima de acoso escolar por parte de sus compañeros” y esa sola circunstancia impide en este estadio procesal tener por configurado el trato desigual y discriminatorio que se invoca, por cuanto se trata de dos situaciones que al menos al momento de interposición del recurso en análisis, no resultaban comparables por el grado de certidumbre a su respecto.

NOVENO: Que por todo lo anterior, no se visualiza ilegalidad o arbitrariedad alguna en el proceder de la recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción deducida en favor de nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante señora Infante.

N°Protección-13612-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo e integrada por el ministro (S) señor Manuel Rodríguez Vega y por la abogada integrante señora Catalina Infante Correa.