Protección contra Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Se deja constancia que integró extraordinariamente esta Sala la Abogada Integrante señora Bárbara Vidaurre Miller, en reemplazo de la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida, lo que fue puesto en conocimiento de la abogada que compareció a estrados.

nombre reservado

Relatora Santiago, cuatro de septiembre de dos mil veinticinco.

Proveyendo el escrito folio 9: a todo, téngase presente y a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, y nombre reservado, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución Exenta N° NUM000, de 13 de mayo de 2025, que resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente, sin haber realizado previamente la correspondiente derivación de los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, y por no haber otorgado la visación de residente temporario prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que vulnera los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho a solicitar refugio que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se acoja el recurso y se deje sin efecto la resolución impugnada, ordenándose la continuación del procedimiento y el otorgamiento de la visa temporaria correspondiente.

En cuanto a los antecedentes fácticos, sostiene que don nombre reservado es un ciudadano venezolano que se vio forzado a escapar de su país de origen debido a que su libertad y seguridad fueron amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en Venezuela. Específicamente, señala que el amparado sufrió persecución y amenazas contra su vida de parte de integrantes de tres peligrosas bandas delictuales, las cuales fueron arrestadas y decidieron tomar represalias por dicha medida en contra del recurrente, quien entre los años 2016 y 2017 pertenecía a una escuela militar en Venezuela.

Agrega que, como consecuencia de estas amenazas, decidió salir de Venezuela con fecha 13 de octubre de 2022, arribando a Chile el 23 de octubre de 2022, ingresando por pasos inhabilitados. Destaca que el recurrente tiene una hija de nacionalidad chilena, nombre reservado, de dos años y NUM003 meses de edad al momento de la presentación del recurso.

Respecto al procedimiento administrativo cuestionado, expone que una vez en territorio nacional, acudió con fecha 21 de abril de 2025 a la Oficina de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. En dicha oportunidad fue atendido, se le facilitó el formulario correspondiente, procedió a su llenado y posterior entrega, y se recibió su declaración sobre los hechos materia de su solicitud.

No obstante lo anterior, con fecha 13 de mayo de 2025, el recurrente recibió la Resolución Exenta N° NUM000, que resolvió tener por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada el 21 de abril de 2025, sin haber realizado de manera previa la correspondiente derivación de los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

En su considerando N° 3, la autoridad migratoria fundamentó su decisión señalando que la solicitud no reunía los requisitos para dar curso al reconocimiento por exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley 20.430.

Manifiesta que realizó la correspondiente subsanación de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, como consta de la captura de pantalla de su cuenta en el Portal de Trámites Digitales del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 6 de mayo de 2025, documento que acompaña en el primer otrosí de su presentación.

En relación a los fundamentos jurídicos del recurso, sostienen que no ha existido un efectivo desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, por cuanto el recurrente no ha manifestado de manera expresa, en ningún momento del proceso, su intención o voluntad de abandonar efectivamente la pretensión que lo motivó a realizar su solicitud.

En segundo lugar, argumentan que la aplicación del plazo de 7 días hábiles establecido en la reforma de la Ley N° 21.655, que entró en vigencia el 20 de febrero de 2024, vulnera el principio de irretroactividad de las penas y sanciones consagrado en el artículo 19 N° 3, inciso séptimo de la Constitución Política de la República. Sostienen que es manifiestamente ilegal aplicar esta reforma a un caso donde el ingreso al territorio nacional ocurrió el 23 de octubre de 2022, es decir, con anterioridad a la modificación legal.

En tercer lugar, denuncian que la autoridad migratoria no ha otorgado al recurrente la visación de residente temporario prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430 y en el artículo 42 del Decreto N° 837. Argumentan que ambas normas son perentorias e imperativas, estableciendo que "una vez presentada la solicitud" o "una vez formalizada la solicitud", la autoridad competente "extenderá" al peticionario una visación de residente temporario. Sostienen que no existe discrecionalidad administrativa en esta materia, y que la dilación en la entrega de la visación constituye una vulneración de las garantías constitucionales del recurrente.

Por otra parte, invocan el principio de proporcionalidad de los actos jurídicos, argumentando que la medida adoptada por el Servicio Nacional de Migraciones es desproporcionada al fin perseguido, especialmente considerando la situación humanitaria del recurrente, quien fue víctima de persecución por parte de bandas delictuales en Venezuela y tiene una hija de nacionalidad chilena.

Según los recurrentes, la actuación de la autoridad migratoria vulnera específicamente las garantías constitucionales del recurrente consagradas en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, por cuanto la resolución impugnada importa una discriminación en relación con el trato dispensado a otros extranjeros que se encuentran en similar situación.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se resuelva que la autoridad migratoria y administrativa ha actuado de manera arbitraria e ilegal, vulnerando derechos fundamentales del recurrente, se deje sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 13 de mayo de 2025 que resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430, mientras se espera la evaluación por parte de la comisión calificada.

SEGUNDO: Que, los abogados Antonio Beltrán Henríquez y Stephanie Pinto González del Servicio Nacional de Migraciones, evacúan informe requerido en autos, solicitando el rechazo en todas sus partes de la presente acción constitucional.

Sostienen que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para la interposición del recurso, debiendo ser considerado como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente contra alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Los antecedentes de hecho expuestos por la recurrida establecen que el ciudadano venezolano nombre reservado no registra fecha de ingreso al país, por lo que necesariamente se desprende su ingreso clandestino al territorio nacional, eludiendo para ello los controles migratorios fronterizos. En este contexto, destacan que fue la misma parte recurrente quien reconoció expresamente que su ingreso clandestino al país se realizó con fecha 23 de octubre de 2022.

Posteriormente, a casi dos años de su ingreso, el 3 de junio de 2024, la parte recurrente manifestó ante la autoridad migratoria su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, solicitud que quedó registrada con el ID NUM001. No obstante lo anterior, la autoridad informa que en una primera instancia, con fecha 19 de junio de 2024, se declaró el abandono del procedimiento, ordenando el archivo de la solicitud ID NUM001, toda vez que el extranjero no se presentó a las citaciones realizadas por la autoridad, demostrando un desinterés en continuar con la tramitación del requerimiento.

Sin embargo, como consecuencia de la interposición de una acción constitucional de amparo, se dejó sin efecto el archivo mencionado, dando continuidad a la tramitación. En virtud de lo anterior, mediante Oficio Ordinario Folio NUM002, de fecha 17 de febrero de 2025 del Servicio Nacional de Migraciones, se citó al extranjero recurrente a fin de concurrir a realizar el trámite inicial de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado para el día 21 de abril de 2025.

Luego, mediante Resolución Exenta NUM003 del Servicio Nacional de Migraciones, se notificó a la parte recurrente que la solicitud se encontraba incompleta, toda vez que carecía de los requisitos formales mínimos establecidos en la legislación especial que rige la materia.

Específicamente, la autoridad determinó que la solicitud incumplía el requisito de haber sido presentada dentro del plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley 20.430.

La autoridad fundamenta esta determinación en el hecho de que el extranjero declaró de forma voluntaria haber ingresado clandestinamente al país el 23 de octubre de 2022, sin embargo, no habría dado cumplimiento al plazo señalado por la legislación especial que rige la materia, a fin de solicitar la urgente protección internacional ante la autoridad correspondiente. Por lo anterior, se otorgó un plazo de 15 días contados desde la notificación para acompañar la documentación faltante, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud.

En respuesta a dicho requerimiento, el extranjero recurrente acompañó como subsanación de su solicitud una serie de documentos, de los cuales ninguno tenía por finalidad desvirtuar la razón señalada por la autoridad. Consecuentemente, mediante Resolución Exenta NUM000 de fecha 13 de mayo de 2025 del Servicio Nacional de Migraciones, se tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, toda vez que no logró subsanar los requisitos formales de su solicitud.

En cuanto a los fundamentos de derecho, destaca primeramente el cambio en la legislación nacional sobre el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. En este sentido, señala que con fecha 20 de febrero de 2024 se publicó y entró en vigencia la Ley N°21.655, que modifica la Ley N°20.430, la cual realizó importantes modificaciones a la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y estableció nuevos requisitos para la admisibilidad y formalización de una solicitud de refugio.

En cuanto a las autoridades competentes y la oportunidad para presentar una solicitud de refugio, explica que en virtud del artículo 26 de la Ley N°20.430, todo extranjero que ingrese al territorio nacional con el objeto de solicitar refugio debe informar a la autoridad contralora de frontera, al entrar al país, sobre su intención de solicitar refugio en Chile.

Posteriormente, el solicitante deberá manifestar su voluntad de solicitar refugio en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones, presencialmente o por carta en un plazo fatal de siete días, contados desde su ingreso al país.

Excepcionalmente, se podrá dar curso a la solicitud fuera de aquel plazo cuando existan antecedentes suficientes que den cuenta de un cambio en las circunstancias del solicitante, posteriores a su ingreso a Chile, que pongan en riesgo la vida, la libertad o la integridad física del solicitante. En dicho caso, la solicitud de reconocimiento debe presentarse en el mismo plazo del inciso precedente, contado desde que ocurrió el hecho que funda la solicitud.

En cuanto a los requisitos formales de información y documentación mínima, explica que el artículo 28 de la Ley N°20.430 determina que toda solicitud de refugio debe, en principio, contener datos mínimos respecto del solicitante, sus motivos para solicitar refugio y, además, debe encontrarse respaldada mediante medios de prueba idóneos, remitiendo el detalle de estas menciones a las establecidas en su Reglamento.

En cuanto a la supuesta vulneración de garantías fundamentales, señala que no existen en los hechos reales fundamentos que sustenten de manera alguna la pretensión de la parte recurrente contenida en la presente acción constitucional. Esto debido a que, tal como se ha mencionado, según la propia declaración del recurrente, no fue posible que sus circunstancias particulares guarden relación con los motivos establecidos en el artículo 2 de la Ley 20.430.

Argumenta que de acogerse la acción de protección en los términos solicitados por el recurrente, se estaría vulnerando el derecho de igualdad ante la ley de todos aquellos extranjeros que sí han dado cumplimiento a lo ordenado por la legislación especial que rige la materia, así como aquellos que sí han experimentado los motivos que los habilitan para solicitar la protección internacional del Estado.

En virtud de los antecedentes de hecho y de derecho expuestos, solicita el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Asimismo, solicita el rechazo a la condena en costas a este Servicio.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, el asunto sometido a conocimiento de esta Corte es la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 13 de mayo de 2025, que resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente, lo que se estima atentatorio de la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que dicha resolución fue dictada por la recurrida en estricto apego a la normativa vigente y en uso de sus atribuciones legales y ámbito de competencia, de acuerdo al procedimiento reglado expresamente en la ley 20.430, por lo que no se advierte que el actuar de la recurrida sea ilegal o arbitrario, ni que hubiere vulnerado la garantía constitucional denunciada, atendido que el recurrente no acompañó antecedentes suficientes que justificaran la concesión de la condición de refugiado solicitada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N°Protección-13592-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y la Abogada Integrante Bárbara Vidaurre Miller.