nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, uno de agosto de dos mil veintitrés.

Al folio 9, téngase presente los alegatos anunciados en la forma planteada, por esta única vez.

Se advierte a la parte que, para lo sucesivo, deberá sujetarse a la exigencia contemplada en el inciso primero del artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido que para el caso de pretender la realización de sus alegatos en forma telemática o por vía remota mediante videoconferencia, deberá solicitarlo “hasta dos días antes de la vista de la causa”.

Vistos:

Comparece doña STEPHANIE NICOLA BANDA SUBIABRE, abogada, quien interpone acción de protección en favor de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el descuento de parte de sus remuneraciones por concepto de una deuda, lo que vulnera su derecho constitucional de propiedad consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expuso que en el año 2014 contrajo una obligación derivada de un mutuo de dinero con la recurrida, correspondiente a un “crédito social” que fue pactado en 24 cuotas, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el art. 22 de la Ley 18.833.

Pese a que estaba obligado a efectuar los descuentos su empleador solo los declaró, pero no los pagó a la recurrida. Posteriormente, por causas ajenas a voluntad, fue desvinculado de su trabajo, cayendo por tanto en mora por el mutuo referido a partir de la cuota N° 8 inclusive.

Añade que han transcurrido más de 8 años desde que se dejó de pagar el crédito y al menos más de 6 años desde el vencimiento de la última cuota, por lo que no existiría título ejecutivo que no fuese susceptible de ser declarado prescrito al día de hoy.

Señala que con fecha 31 de enero de 2023 (fecha en que tomó conocimiento del actuar ilegal y arbitrario), su empleador le envió una copia de su liquidación de remuneración, informando que Caja La Araucana, a través del sistema intercaja, le descontaría el monto de $105.948 producto del crédito social ya individualizado. Además se percató que desde la liquidación de noviembre y diciembre de 2022, figuraba descontado un monto similar, sólo que durante esos meses el descuento le pasó desapercibido.

Solicita que se acoja el recurso, declarando que la recurrida deberá abstenerse de continuar con su conducta de descuentos de sus remuneraciones y que deberá reembolsar los montos indebidamente descontados.

Se apersona la recurrida Caja de Compensación La Araucana, evacuando el informe requerido.

En primer término, indica que con fecha 18 de julio de 2014, se otorgó a la recurrente un crédito por $ 2.005.626, pagadero en un plazo de 24 meses, en cuotas mensuales de $ 114.489. Precisa que pagó en forma intermitente 2 cuotas en el 2014 y 5 cuotas, en el 2015, pasando a figurar en calidad de moroso, remitiéndose la información al Proyecto Intercajas, donde pudo ser ubicado en noviembre de 2022, por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a Los Andes C.C.A.F., información que se puso en conocimiento de la recurrida para efecto de poder obtener la recuperación de los montos adeudados atendido la obligación legal que tiene las Cajas de Compensación de Asignación Familiar de proteger el fondo social, razón por la cual se recibe la respectiva remesa en diciembre 2022 por la suma de $102.444 y enero 2023 por la suma de $104.313 correspondiente a descuento practicado en noviembre y diciembre 2022 respectivamente, lo que sirvió para el pago de las cuotas 8 y 9, de las 24 pactadas, no existiendo más remesas hasta la fecha.

Sostiene que no existe una actuación ilegal o arbitraria de su parte, toda vez que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833. Por lo demás, afirma que no se trata de una deuda cuya acción de cobro haya sido declarada prescrita judicialmente, y que se trata de una deuda que se encuentra plenamente vigente, es actualmente exigible, y que la prescripción debe ser declarada judicialmente, por lo que es actualmente exigible y que emana de un contrato de mutuo suscrito entre las partes.

Agrega, que siempre se practicaron gestiones extrajudiciales para efectos de invitar al deudor a regularizar la deuda, sin intereses y cargos, sólo capital, las que resultaron infructuosas.

Relata, en detalle, la finalidad de los créditos sociales que entregan a sus afiliados y la modalidad de cobro mediante descuentos Intercajas que ha sido aceptado por la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Seguridad Social en el Ordinario N° 67989 de 13 de diciembre de 2016, así como por la Dirección del Trabajo por medio de Dictamen N°4527/093 del año 2011.

Precisa que no se han conculcado las garantías fundamentales del protegido y finaliza requiriendo el rechazo del recurso de protección.

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación extraordinaria de esta causa.

Considerando:

Primero: La acción constitucional ejercida está destinada a cautelar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales, frente a menoscabos por acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en que pueden incurrir autoridades o particulares. Se ha considerado que dicha pretensión cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que ese derecho esté señalado como objeto de tutela en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Tales lineamientos deben ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el asunto sometido al conocimiento de esta magistratura;

Segundo: El acto que se tacha de ilegal y arbitrario por el recurrente está constituido por la realización de descuentos efectuados a la remuneración del recurrente, derivados de la contratación de un mutuo o crédito de carácter social, de acuerdo con las disposiciones del artículo 22 de la Ley N° 18.833.

El fundamento de la impugnación del recurrente se ha hecho consistir en la circunstancia de que no existiría título ejecutivo que sirva de soporte para la deuda dado que han transcurrido más de 8 años desde que se dejó de pagar el crédito y al menos más de 6 años desde el vencimiento de la última cuota;

Tercero: Debe insistirse en que la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental es de naturaleza esencialmente cautelar y que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones ni para dirimir debates que exigen su planteamiento por las vías idóneas que el ordenamiento jurídico franquea a los interesados;

Cuarto: El asunto propuesto por el recurrente rebasa los límites que derivan de la naturaleza de la acción constitucional, ya que asentar la ilegalidad o arbitrariedad pasa necesariamente por dilucidar la efectividad de haber prescrito las acciones de cobro o si la obligación contraída por el recurrente se ha extinguido definitivamente, todo lo cual –desde luego-, resulta impropio en una acción de esta índole.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza la acción cautelar deducida contra la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-1358-2023.