Protección contra la I

C.A. de Santiago Santiago, seis de octubre de dos mil veintiséis.

Proveyendo a los escritos folios 15, 17 y 18: téngase presente.

Proveyendo a lo principal y segundo otrosí del escrito folio 16: téngase presente; al primer otrosí, a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado y deduce acción de protección en contra de la I. Municipalidad de Maipú, por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en el Decreto Alcaldicio NUM000, de 31 de marzo de 2026, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución, confirmado mediante Decreto Alcaldicio NUM001, de 17 de abril de 2026, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la determinación anterior y confirmó dicha medida, que a su juicio vulneran las garantías establecidas en los N°s. 1, 2, 3, 4, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Como aspecto preliminar, expone que no controvierte que existió un desplazamiento al extranjero en abril de 2023, el que no obedeció a una finalidad recreativa ni a una decisión improvisada orientada a eludir obligaciones funcionarias, sino a una situación familiar grave y urgente, asociada al delicado estado de salud de su madre, circunstancia que se encuentra respaldada con antecedentes médicos acompañados al expediente.

Agrega que, al momento del viaje, contaba con días disponibles susceptibles de ser utilizados dentro de los mecanismos estatutarios ordinarios de ausencia, y que la situación familiar habría sido previamente comunicada a la jefatura directa, constando una respuesta escrita de la ex jefatura de la época, en la que se reconoce que la situación fue conversada previamente y que, atendido el contexto asistencial existente, no era posible autorizar vacaciones ni permisos extensos, razón por la cual se habría acordado un permiso excepcional breve, de 1 a 2 días, a formalizar al regreso.

Señala que, ya en el extranjero, presentó un cuadro de salud propio que motivó atención médica por telemedicina, a consecuencia de la cual se emitió una licencia médica por tres días, entre el 10 y el 12 de abril de 2023, con diagnóstico de cervicalgia y con indicación de reposo total, precisando que el fundamento clínico de dicha licencia no radica en la enfermedad de su madre ni en la situación familiar que motivó el viaje, sino en una condición médica personal diagnosticada por el profesional tratante.

Sostiene que el viaje no se produjo como consecuencia de la licencia médica ni fue planificado sobre la base de una futura obtención de reposo, por lo que la cronología de los hechos es incompatible con una tesis de instrumentalización originaria del beneficio, sin perjuicio de reconocer que ello no elimina la necesidad de examinar críticamente la compatibilidad entre el reposo y la permanencia fuera del país.

Aduce que al mediar una licencia médica se suspende la relación estatutaria, y que en el sumario se indica que, no obstante ello, existen ámbitos de la vida privada susceptibles de ser sancionados por la vía administrativa, sin existir una norma legal que lo habilite.

Afirma que no existe una causa legal que sustente la destitución, sino una visión particular de la Administración, que prefirió los parámetros referenciales entregados por la Contraloría General de la República sin considerar parámetros jurisprudenciales; que no se consideró ningún documento acompañado por ella; y que se enmarcó su comportamiento como una falta grave sin más trámites, haciendo suyos los argumentos de la Contraloría contenidos en el Oficio NUM002 sobre sumarios CIC NUM003, sin existir más prueba que el oficio de la Policía de Investigaciones. Manifiesta su rechazo a la actitud de su empleadora, por ilegal, desproporcionada y arbitraria, al haber sido despojada de sus herramientas de trabajo y coaccionada a no ingresar a su lugar de trabajo, de manera anticipada y sin acto administrativo válido que lo sustente.

Sostiene que la sanción se funda en haber infringido el reposo de su licencia médica, y cita el artículo 55 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que regula el rechazo o invalidación de la licencia médica ya concedida en caso de incumplimiento del reposo indicado, observando que en el expediente no consta rechazo del organismo competente, razón por la cual el Municipio habría actuado fuera de su competencia.

Argumenta que la medida de destitución sólo procede cuando una ley expresa tipifica la conducta con dicha sanción, como ocurre con las letras a) a f) del artículo 123 de la Ley N°18.883, y cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, como las conductas descritas en el artículo 62 de la Ley N°18.575. Afirma que, si bien pudo existir una falta, ésta no se cometió en el ejercicio del cargo, pues sus funciones se encontraban suspendidas por la licencia médica; y que la jurisprudencia de la Contraloría General de la República ha calificado como faltas graves a la probidad numerosas conductas de muy distinta naturaleza, entre las que no se encuentra una infracción al reposo.

Hace presente que su desempeño siempre fue intachable y sobresaliente, que no existió detrimento patrimonial para el municipio ni dolo, y que existía una predisposición a destituir.

Alega, además, la existencia de prueba ilícita, por cuanto los movimientos migratorios constituyen datos personales que la Ley N°18.695 no faculta a la Municipalidad para requerir; y que la Contraloría General de la República carece de facultades para autorizar a una municipalidad a solicitar información a otras entidades, de modo que se transgreden los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República.

Respecto de la vista de la fiscal, refiere que en ella se propuso al alcalde aplicar la medida disciplinaria de destitución, “sin que sea jurídicamente posible atenuar la sanción”, invocando el artículo 118 letra g) de la Ley N°18.883, que a su juicio no existe en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que la imposición de la destitución sin norma expresa que la autorice vulnera los principios de legalidad, de tipicidad sancionadora y el debido proceso.

Denuncia, asimismo, una instrumentalización del proceso disciplinario, afirmando que la Municipalidad tuvo una predisposición previa a la instrucción del sumario, la que sería manifiesta en declaraciones públicas del alcalde, efectuadas en la red social Instagram, en las que calificó de inescrupulosos a los funcionarios involucrados en el oficio de la Contraloría y señaló que cada persona que hizo un uso ilegal de licencias médicas deberá enfrentar a la justicia.

Reclama que no se le permitió un término probatorio, ni acompañar testigos y mayores antecedentes, y que se omitió considerar su historial laboral y la ausencia de sanciones previas, y que la destitución, por una infracción de carácter sanitario cometida encontrándose suspendida la relación estatutaria, resulta desproporcionada, pues la priva de ejercer su profesión.

Por lo anterior, solicita que se acoja el recurso, ordenando a la recurrida declarar la ilegalidad o arbitrariedad del proceso disciplinario en que se concluyó su destitución; declarar que en la substanciación del proceso se hizo valer prueba obtenida con vulneración de garantías constitucionales; declarar la desproporcionalidad de la sanción aplicada; dejar sin efecto la medida disciplinaria de destitución, disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional; reintegrarla a sus funciones; pagarle las remuneraciones devengadas hasta la época de su efectiva reincorporación; dictar el decreto alcaldicio correspondiente en un plazo no superior a 5 días hábiles, debiendo habilitar los registros de jornada; y condenar en costas.

Segundo: Que, comparece don Alejandro Aguilar Arrué, abogado, en representación de la I. Municipalidad de Maipú, quien informando el recurso solicita su más completo rechazo, con ejemplar condena en costas.

Como antecedentes, relata que con fecha 22 de mayo de 2025 la Contraloría General de la República emitió el Oficio NUM004, informando a la Municipalidad de Maipú una nómina de funcionarios que registraban salidas o permanencia en el extranjero durante el goce de licencias médicas, en el marco del Consolidado de Información Circularizada NUM003 de 2025, y que, en cumplimiento de dicha instrucción, mediante Decreto Alcaldicio NUM005, de 2 de junio de 2025, se instruyó sumario administrativo en contra de la recurrente, requiriendo a la Subdirección de Recursos Humanos los antecedentes de la funcionaria, obteniéndose su hoja de vida, su historial de licencias médicas y, por Oficio Reservado NUM006, de 3 de junio de 2025, se solicitaron a la Policía de Investigaciones de Chile los certificados de movimientos migratorios. Mediante documento NUM007, de 17 de junio de 2025, el Departamento de Migraciones de dicha policía informó que la recurrente registró salida del territorio nacional el 6 de abril de 2023, con destino a Ecuador, y reingreso el 12 de abril del mismo año, durante la vigencia de la referida licencia médica, extendida por 3 días con reposo laboral total en domicilio, entre el 10 y el 12 de abril de 2023.

Detalla los actos y etapas del sumario instruido, notificación a la funcionaria, citación a declaración en calidad de inculpada, formulación de cargos, descargos de la actora, la vista fiscal, su aprobación mediante Decreto Alcaldicio NUM000, de 31 de marzo de 2026, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución, y el rechazo del recurso de reposición por Decreto Alcaldicio NUM001, de 17 de abril de 2026.

Sostiene, en primer término, que la acción de protección no es la vía idónea para declarar ilegal un decreto alcaldicio, pues la Ley N°18.695 contempla en su artículo 151 el reclamo de ilegalidad, acción contenciosa administrativa especial que ofrece más y mejores garantías para la discusión y acreditación de los hechos, al requerir el pronunciamiento del Fiscal Judicial y considerar un término probatorio, concluyendo que el recurso debe rechazarse por improcedente.

En segundo lugar, expresa que la acción de protección no constituye una instancia de revisión del mérito de las decisiones administrativas; que en materia disciplinaria el control judicial abarca la legalidad del acto y el cumplimiento del principio de proporcionalidad, pero no el mérito de la sanción ni la ponderación de los antecedentes probatorios; y que los argumentos relativos a la insuficiencia de la ponderación de atenuantes, la falta de proporcionalidad y el error en la aplicación de la falta de probidad administrativa son cuestiones de mérito no revisables en sede cautelar.

Adiciona que no existe un acto ilegal o arbitrario, por cuanto la recurrente fue sometida a un sumario administrativo que cumplió con la legalidad administrativa, fue debidamente notificada de todos los actos del procedimiento y ejerció los derechos que la ley le franquea. Afirma que los hechos investigados se encuentran acreditados por antecedentes que no fueron controvertidos en el sumario ni en esta acción.

En cuanto a la sanción, indica que el Decreto Alcaldicio NUM000 contiene una fundamentación extensa, razonada y congruente con los hechos acreditados, que comprende la determinación de los hechos, su calificación jurídica, la inexistencia de atenuantes, la ponderación de la proporcionalidad y la calificación de la conducta como infracción grave al principio de probidad, la que no se agota en una infracción formal al reposo sino que configura una utilización incompatible de un beneficio estatutario financiado con recursos públicos. Añade que asignada por la ley una sanción específica para las infracciones graves a la probidad, la autoridad se encuentra en el imperativo de disponer la destitución.

Puntualiza que la brevedad de la ausencia no atenúa la gravedad de la infracción, pues el Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud no distingue según la duración y la obligación de cumplir el reposo total domiciliario es absoluta; que la falta de ponderación del elemento volitivo es una cuestión de mérito ajena a esta sede, y que, en todo caso, el decreto aborda la culpabilidad concluyendo que la recurrente actuó, a lo menos, con dolo eventual, lo que no ha sido desvirtuada.

Hace valer también la presunción de legalidad de los actos administrativos y sostiene que corresponde a la recurrente desvirtuarla lo que a su juicio no ha acontecido.

Finalmente niega la vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, en la especie, se recurre en contra del Decreto Alcaldicio NUM000, de la I. Municipalidad de Maipú, de 31 de marzo de 2026, que aprueba la vista fiscal y aplica la medida disciplinaria de destitución a doña nombre reservado, por haber utilizado la licencia médica por enfermedad o accidente común con reposo total domiciliario, los días 10 a 12 de abril de 2023, para justificar su inasistencia al servicio mientras se mantenía en el extranjero durante el período de vigencia del reposo y en contra del Decreto Alcaldicio NUM001, de 17 de abril de 2026, que rechazó el recurso de reposición deducido en su contra, confirmando la aplicación de la referida medida disciplinaria.

Quinto: Que, de los antecedentes allegados a este expediente y, en particular, de lo informado por la recurrida y el mérito de los decretos alcaldicios impugnados, es posible concluir que la destitución que se impugna se dispuso luego de sustanciado un sumario administrativo en contra del recurrente, en el que no se advierte infracción alguna al debido proceso, siendo dictado con la debida fundamentación y en un caso expresamente señalado por la ley.

En efecto, consta que se ordenó la instrucción de un sumario administrativo con el objeto de verificar si el recurrente había utilizado una licencia médica para viajar o permanecer en el extranjero mientras, actuar que luego de darse por acreditado, se estimó que infringía gravemente el principio de probidad administrativa, por cuanto, en primer término, se consideró que la conducta acreditada se subsume en la hipótesis de incumplimiento del reposo prescrito, en los términos regulados por el Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, especialmente sus artículos 6, 7, 50 y 55, que imponen al trabajador la obligación de observar íntegramente el reposo indicado por el profesional tratante y prohíben la realización de actos incompatibles con su finalidad sanitaria.

A su vez, se consideró que la permanencia de la funcionaria fuera del territorio nacional durante la vigencia de la licencia médica importó una infracción objetiva a dicho régimen, desde que tornó materialmente imposible el cumplimiento del reposo total domiciliario en el lugar prescrito y la sustrajo de las facultades ordinarias de fiscalización y control.

A ello se agrega que el incumplimiento del reposo médico no queda agotado en una infracción al régimen sanitario o previsional de la licencia, sino que proyecta sus efectos directamente sobre el estatuto funcionarial, por cuanto la licencia médica constituye una causa jurídicamente justificada de inasistencia al servicio sólo en la medida en que su beneficiaria observe efectivamente el reposo en los términos indicados por el profesional tratante.

Sexto: Que, en cuanto a la infracción al debido proceso, - invocada para los efectos de justificar la ilegalidad del acto impugnado-, fundada en que durante el sumario administrativo se le habría negado rendir prueba, cabe señalar que si bien el artículo 136 de la Ley 18.883, dispone que el investigado puede solicitar o presentar pruebas, este derecho no es de carácter absoluto, por cuanto el fiscal instructor sólo se encuentra obligado a autorizar las diligencias solicitadas si ellas resultan útiles, pertinentes y plausibles para esclarecer los hechos que han sido objeto de la investigación y para determinar el grado de responsabilidad, tal como lo ha sostenido la Contraloría General de la República en los Dictámenes N°s. 60.962, de 2009; 67.819 y 73.384, ambos de 2010; 511 y 5.699, ambos de 2011.

Tal es la situación que acontece en autos, por cuanto la negativa a recibir la testimonial de la jefatura de la actora, destina a demostrar una conversación sobre la posibilidad de pedir permisos en los días posteriores a su viaje, carecía de pertinencia y utilidad para esclarecer los hechos, al encontrarse establecido y no discutido que para justificar la ausencia a sus funciones los días 10, 11 y 12 de abril de 2023, la recurrente presentó una licencia médica que le ordenaba su reposo en Chile, no obstante encontrarse en el extranjero. Asimismo, es del caso recordar que conforme al artículo 142 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, los vicios de procedimiento no afectarán la legalidad del decreto que aplique la medida disciplinaria, cuando incidan en trámites que no tengan una influencia decisiva en los resultados del sumario.

Séptimo: Que, por lo demás, las alegaciones en que se sustenta el recurso no son más que la simple repetición de los descargos y planteamientos formulados en sede administrativa en el recurso de reposición deducido contra la destitución, en las que se limita a cuestionar las razones de mérito o conveniencia que la autoridad tuvo presente para justificar el acto impugnado.

En este sentido, la Excma. Corte Suprema ha reiterado que: “el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo. Por ello, no es posible que en esta instancia jurisdiccional se revise la calificación de los hechos y la ponderación de aquellos que condujeron la decisión a que arribó la Autoridad del caso, sobre la base del mérito establecido por el funcionario a cargo de la investigación, en la vista o dictamen evacuado al término de la misma y, finalmente, la medida terminal adoptada. En otras palabras, si bien el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la Administración puede abarcar la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, ello no puede importar que, por esta vía cautelar, se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades” (Sentencia de 30 de septiembre de 2025, Rol C.S. 1372-2025).

Octavo: Que, por último, en relación con la alegación de falta de proporcionalidad, cabe recordar que es el artículo 123 de la Ley N°18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el que asocia la medida disciplinaria de destitución a los hechos constitutivos de infracciones que vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, como los que fueron establecidos en la especie. De este modo, al aplicarse dicha sanción a un caso en que se constató una infracción grave al deber de probidad, la alegación de falta de proporcionalidad carece de sustento.

En este sentido, cabe tener presente que el artículo 61 letra g) del Estatuto Administrativo establece como una obligación de todo funcionario público, observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado y, a su vez, el citado artículo 123, consagra que la medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa. Así, habiéndose calificado fundadamente por la autoridad administrativa que los hechos establecidos importan una vulneración grave a dicho principio, la sanción impuesta no puede ser cuestionada en cuanto a su proporcionalidad.

Noveno: Que, por las razones anteriores, la destitución impuesta a la recurrente no puede calificarse como ilegal ni arbitraria, todo lo cual justifica el rechazo del presente recurso.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la I. Municipalidad de Maipú.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-13578-2026.