Protección contra CLÍNICA DÁVILA VESPUCIO SPA

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

A los folios 33 y 35; a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, pensionada, interponiendo recurso de protección en contra de CLÍNICA DÁVILA VESPUCIO SPA, por estimar que dicha entidad ha incurrido en actos ilegales y arbitrarios al exigir el pago de una cuenta clínica mediante gestión de cobranza externa, a pesar de encontrarse pendiente la resolución de un procedimiento administrativo ante el Fondo Nacional de Salud –FONASA– relativo a la aplicación de la Ley de Urgencias, señalando que tales actos vulnerarían las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 1°, 2°, 9° y 24° de la Constitución Política de la República.

Refiere que el día 29 de enero de 2025 fue trasladada de urgencia a la Clínica Dávila Vespucio por presentar un cuadro de dolor abdominal agudo, vómitos, fiebre y alteraciones de signos vitales, siendo internada en la Unidad de Tratamiento Intensivo hasta el 10 de febrero del mismo año, fecha en que fue dada de alta con diagnóstico de cáncer de colon. Agrega que por la atención prestada se generó una cuenta por $18.930.302, que, a juicio de la recurrente, corresponde ser cubierta bajo la Ley Nº19.650 sobre atención médica de urgencia.

En dicho contexto, señala que presentó un reclamo administrativo ante FONASA, aún pendiente de resolución, sin perjuicio de lo cual, a partir del 12 de mayo de 2025, comenzó a recibir comunicaciones de la empresa externa Leighton y Sota Consultores, consistentes en cartas, mensajes y llamados telefónicos a su hermana, nombre reservado, quien no es la deudora, exigiendo el pago de una deuda actualizada de $19.892.940, bajo amenaza de acciones judiciales y embargo, lo que califica como hostigamiento.

Añade que también se presentó reclamo ante la Superintendencia de Salud, bajo el folio N.º NUM000, el que aún se encuentra en trámite. Estima que la clínica, al persistir en la cobranza mientras se resuelve la aplicación de la Ley de Urgencias, infringe el principio de legalidad y el derecho a la protección de la salud, afectando adicionalmente su integridad psíquica y su derecho de propiedad, al someterla a presión indebida por una deuda que podría no ser exigible.

Solicita se ordene la suspensión inmediata de toda gestión de cobro hasta que se resuelvan los procedimientos administrativos ante FONASA y la Superintendencia de Salud.

SEGUNDO: Que, por Clínica Dávila Vespucio SpA, comparece Omar Matus de la Parra Sardá, abogado, quien, evacuando informe, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Señala que la acción de protección no constituye la vía idónea para resolver una controversia que, a su juicio, versa sobre la procedencia de la certificación de una urgencia médica, cuestión que califica como controvertida en los hechos y que requiere un procedimiento de lato conocimiento para su adecuada resolución.

Expone que la atención prestada a la recurrente se realizó conforme a la normativa aplicable, detallando que el 29 de enero de 2025 la paciente ingresó al servicio de urgencia de la clínica presentando dolor abdominal, diarrea, vómitos y fiebre, siendo clasificada con “triage C3”, es decir, con signos vitales estables, sin compromiso de conciencia ni requerimiento de reanimación inmediata. En tal sentido, sostiene que no se verificaron los supuestos clínicos exigidos por el Decreto Nº34, de 2021, del Ministerio de Salud, para calificar la situación como urgencia vital o con secuela funcional grave conforme a la Ley Nº19.650.

Alega que la evaluación de una condición de urgencia no puede depender de la percepción subjetiva del paciente o sus familiares, sino que corresponde exclusivamente al juicio clínico fundado en los parámetros objetivos definidos por la autoridad sanitaria. Asimismo, refiere que, en una atención posterior, la recurrente fue calificada como paciente terminal, lo que según el citado decreto excluye la aplicación del beneficio regulado por la Ley de Urgencias.

En cuanto a la obligación pecuniaria, sostiene que la deuda deriva de prestaciones médicas efectivamente otorgadas bajo la modalidad de “libre elección”, cuya validez no ha sido desvirtuada. Añade que la interposición de un reclamo administrativo ante FONASA no tiene efecto suspensivo sobre la obligación de pago, ni impide su cobro, dado que no existe disposición legal que así lo establezca.

Concluye solicitando el rechazo del recurso por no haberse configurado acto ilegal ni arbitrario atribuible a la recurrida, ni haberse acreditado la afectación de las garantías constitucionales que se invocan por la parte recurrente.

TERCERO: Que, a su vez, comparece Jorge Esteban Bello Acuña, abogado, quien, en representación del Fondo Nacional de Salud (FONASA), evacúa informe, solicitando el rechazo del recurso por estimar que no concurren los requisitos legales para la procedencia de cobertura financiera conforme a la Ley de Urgencias.

Refiere que la normativa aplicable –contenida en el artículo 141 del DFL Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud, el Decreto Supremo Nº369, de 1985, y el Decreto Supremo Nº34, de 2022, del mismo ministerio– exige que las prestaciones médicas cubiertas bajo dicha ley correspondan a situaciones de riesgo vital o con secuela funcional grave, circunstancia que debe ser certificada por un médico cirujano en la primera atención.

Precisa que, en el caso concreto, no se acreditó tal condición al momento del ingreso de la paciente, lo cual fue constatado mediante informe médico de la doctora nombre reservado, emitido el 17 de junio de 2025, donde se consigna que la paciente ingresó con diagnóstico de ileitis, sin criterios clínicos de sepsis grave, encontrándose estable, sin disfunciones orgánicas y con una cirugía programada no urgente. Añade que la evolución clínica posterior no altera esa condición inicial.

En consecuencia, sostiene que no corresponde la cobertura solicitada, invocando además los artículos 50 letra b) y 3° del citado DFL y Decreto Supremo Nº34, así como el artículo 3° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece la obligación de control del uso eficiente de recursos públicos por parte de los órganos del Estado.

CUARTO: Que, además, por la Superintendencia de Salud, comparece Jorge Dip Calderón, abogado, informando que con fecha 13 de marzo de 2025 doña nombre reservado presentó ante dicho órgano un reclamo en contra del Fondo Nacional de Salud (FONASA), fundado en la negativa de esta entidad a otorgar cobertura financiera por las prestaciones médicas recibidas en Clínica Dávila Vespucio, en el marco de una hospitalización por diagnóstico de peritonitis.

Manifiesta que de acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista, la paciente habría solicitado la cobertura dentro del plazo legal, sin obtener respuesta oportuna, lo que generó incertidumbre respecto de los costos médicos que debía asumir. Por lo anterior, señala que la recurrente solicitó a la Superintendencia ejercer sus facultades de fiscalización, a fin de exigir a FONASA el otorgamiento de la cobertura reclamada.

Agrega que el reclamo fue admitido a tramitación conforme al procedimiento de carácter arbitral previsto en el artículo 117 del DFL Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud, encontrándose al momento del informe -9 de diciembre de 2025- en etapa de análisis médico por parte de la Unidad de Asesoría Médica del organismo, sin resolución aún sobre el fondo del asunto.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Consecuentemente, para la procedencia de la acción cautelar de protección es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

SEXTO: Que, como lo ha sostenido la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, la acción de protección no constituye una instancia destinada a resolver controversias sobre la procedencia o improcedencia de un derecho discutido, sino que su objeto está limitado a la tutela urgente y eficaz de derechos indubitados que se encuentren actualmente amenazados o perturbados por un acto u omisión ilegal o arbitrario.

En consecuencia, cuando el derecho cuya protección se solicita se encuentra en debate, ya sea en su existencia, extensión o contenido, y requiere de un análisis profundo de hechos controvertidos o de prueba técnica para ser determinado, la acción de protección no resulta ser la vía procesal idónea para su resolución. Por el contrario, corresponde su conocimiento a sedes jurisdiccionales ordinarias o a procedimientos administrativos especializados, que garanticen un debido proceso con conocimiento acabado de los antecedentes.

SÉPTIMO: Que, ahora, del mérito de los antecedentes se logra advertir que el acto que motiva la presente acción constitucional está constituido por las acciones de cobranza extrajudicial del monto adeudado por concepto de la hospitalización de la actora en el establecimiento médico recurrido, cuyas prestaciones, a su entender, se encontrarían cubiertas por la Ley de Urgencia, solicitando en concreto que se suspendan las acciones de cobro de la clínica recurrida mientras concluye el procedimiento arbitral que se sigue ante la superintendencia de Salud.

OCTAVO: Que entonces, en el marco de lo expuesto en el considerando sexto, y atendida la controversia de autos, es posible advertir que la cuestión sometida a conocimiento de esta Corte no es de aquellos asuntos que puedan ventilarse a través de un recurso de protección, requiriendo de un procedimiento de lato conocimiento, pues resulta que la recurrente carece de un derecho indubitado que permitiera a esta Corte, en un procedimiento breve y de urgencia, adoptar las medidas que solicita para el restablecimiento del imperio del derecho, lo cual evidencia que en este caso el recurso de protección no es la vía idónea para la discusión del asunto controvertido.

A su vez, refuerza lo anterior la circunstancia de que exista un procedimiento arbitral ante la Superintendencia de Salud, en actual tramitación, tendiente a resolver si las prestaciones de salud de que fue objeto la protegida en la Clínica Dávila Vespucio —entre los días 29 de enero y 10 de febrero de 2025—se encontraban cubiertas por la Ley de Urgencias, procedimiento dentro del cual corresponderá al órgano técnico determinar, conforme a los antecedentes médicos de la paciente, si ésta se encontraba en riego vital o con secuela funcional grave al momento que ingreso al servicio de urgencia.

NOVENO: Que, en tal contexto, resulta improcedente que esta Corte, a través de una acción cautelar como la protección, sustituya la labor técnica y resolutiva que corresponde a los órganos administrativos especializados, anticipando un pronunciamiento que requiere la evaluación de antecedentes clínicos, jurídicos y administrativos complejos.

DÉCIMO: Que, así entonces, según lo razonado, no es posible acoger el presente recurso de protección por no ser la vía idónea, al carecer el recurrente de un derecho indubitado, requisito necesario para que pueda prosperar una acción de protección.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección impetrada por nombre reservado en contra de Clínica Dávila Vespucio SpA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección – N°13.574-2025.