Protección contra Fondo Nacional de Salud

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de julio de dos mil veintiséis.

A los folios 13 y 14: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y de la Superintendencia de Salud, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en haber dictado el Ordinario NUM000, de 12 de agosto de 2025, que deniega cobertura financiera a prestaciones de salud derivadas de atención de urgencia y la sentencia arbitral de 10 de abril de 2026, que rechaza la demanda interpuesta contra FONASA, respectivamente, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en los numerales 1, 9 y 24 del artículo 19 la Constitución Política de la República.

Expone que el 26 de septiembre de 2022 sufrió la picadura de una araña de rincón, lo que derivó en un agravamiento progresivo de su estado de salud, presentando indicios de necrosis de tejido, alza de presión, fiebre, vómitos y hematuria.

Indica que, ante ese cuadro clínico, el 29 de septiembre de 2022, un médico de la Clínica Dávila le indicó que debía ingresar de inmediato a urgencia, permaneciendo internada hasta el 5 de octubre de 2022.

Señala que, ante su solicitud de acoger bajo el amparo de la Ley de Urgencia las atenciones que fueron otorgadas en la Clínica Dávila entre el 30 de septiembre de 2022 y el 5 de octubre de 2022, FONASA se negó a cubrir el valor de las prestaciones asociadas a la hospitalización alegando que la situación no implicaba un riesgo inminente de muerte o secuela grave, decisión que fue posteriormente ratificada por la Superintendencia de Salud a través de una sentencia arbitral que concluyó que la paciente no ingresó en situación de urgencia o emergencia con riesgo vital de no mediar una atención médica de forma inmediata e impostergable a la Clínica Dávila, el 29 de septiembre de 2022.

Sostiene que el actuar de las recurridas contraviene el artículo 141 del DFL 1 del Ministerio de Salud de 2005, el cual establece un mecanismo de financiamiento automático para emergencias vitales debidamente certificadas por un médico cirujano. Asimismo, destaca la contradicción de los órganos recurridos con las propias directrices del Ministerio de Salud, el cual en su "Guía para el Manejo de Mordedura de Araña de los Rincones" de 2016, califica el tratamiento de compromiso cutáneo-visceral como un tratamiento de urgencia que implica hospitalización.

Por estas razones, solicita que se ordene a las recurridas disponer que se otorgue la cobertura financiera a las prestaciones derivadas de su atención y hospitalización de urgencia en la Clínica Dávila entre el 29 de septiembre de 2022 y el 5 de octubre de 2022.

Segundo: Que, informando nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Salud, solicita el rechazo de la acción de protección, por cuanto estima que no existen actos ilegales que amenacen derechos constitucionales ni medidas que esta Corte deba disponer para restablecer el imperio del derecho.

Expone que la recurrente interpuso un reclamo ante la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud el 19 de agosto de 2025, en contra del FONASA, solicitando la aplicación de la ley de urgencia por una hospitalización en Clínica Dávila en septiembre de 2022. Indica que, mediante sentencia arbitral de 10 de abril de 2026, se rechazó la demanda. Lo anterior se fundó en un análisis técnico de los antecedentes clínicos, el cual determinó que la paciente no ingresó en una situación de urgencia con riesgo vital, toda vez que presentaba hemodinamia estable, sin signos de sepsis severa y con funciones vitales conservadas, concluyendo que el actuar de FONASA al denegar la cobertura fue ajustado a derecho. Agrega que, la sentencia arbitral fue debidamente notificada a la recurrente vía correo electrónico el mismo día de su dictación, y que, pese a que el fallo indicaba claramente la procedencia del recurso de reposición dentro del plazo de diez días hábiles, la recurrente no ejerció dicho derecho, provocando que la sentencia se encuentre actualmente firme y ejecutoriada.

En consecuencia, argumenta que, dada la naturaleza jurisdiccional del proceso arbitral previsto en el artículo 117 del DFL 1 de 2005, no resulta legalmente posible emitir un pronunciamiento distinto a lo ya resuelto en dicha instancia.

Finalmente, afirma que el servicio procedió conforme a sus facultades legales, y que la recurrente no señala acciones ilegales concretas ni identifica con precisión qué garantías constitucionales habrían sido vulneradas o de qué forma este servicio habría incurrido en un incumplimiento.

Tercero: Que, por su parte, evacuó informe el abogado Jorge Bello Acuña, en representación del Fondo Nacional de Salud.

Sostiene que la atención médica recibida por la paciente en Clínica Dávila, entre el 30 de septiembre y el 05 de octubre de 2022, no reúne las condiciones clínicas para ser calificada como una emergencia o urgencia vital bajo el amparo de la denominada "Ley de Urgencia". Lo anterior se sustenta en que la paciente ingresó con un cuadro de infección de partes blandas, encontrándose hemodinámicamente estable, sin signos de shock ni requerimientos de soporte vital avanzado o cirugía de urgencia.

En tal sentido, afirma que no existió un riesgo inminente de muerte o de secuela funcional grave, requisitos exigidos por el artículo 3° del Decreto Supremo N°369 y el Decreto N°34 de 2022 para acceder al beneficio de pago directo y financiamiento excepcional.

Refiere que, de acuerdo con el artículo 141 del D.F.L N°1 de 2005 y el artículo 3° del D.S. N°34, el Fondo posee la facultad legal de revisar y fiscalizar las certificaciones de estado de emergencia emitidas por los médicos cirujanos. Esta potestad de control es concordante con el mandato de velar por la eficiente e idónea administración de los recursos públicos, permitiendo al Fondo determinar si las prestaciones otorgadas corresponden efectivamente a una atención de emergencia para efectos de su financiamiento.

Asimismo, hace valer como defensa la existencia de una sentencia firme y ejecutoriada dictada por la Superintendencia de Salud en el Rol Arbitral 4052847-2025, la cual resolvió los mismos hechos que motivan este recurso el 10 de abril de 2026. Añade que, al no haber interpuesto la recurrente los recursos de reposición o apelación administrativa, la presente acción constitucional constituye un intento improcedente de reabrir un caso resuelto por un organismo técnico, generando una duplicidad de procedimientos que afecta la certeza jurídica y el principio de igualdad ante la ley.

En virtud de lo expuesto, concluye que la negativa a otorgar la cobertura financiera especial no es caprichosa, sino que se ajusta estrictamente a la normativa que rige la Modalidad de Libre Elección para casos que no califican como urgencia vital.

Por tanto, pide rechazar en todas sus partes el recurso de protección intentado, con expresa condena en costas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por tanto, es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, lo que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Quinto: Que, respecto al Fondo Nacional de Salud, es dable señalar que el asunto fue sometido al imperio del derecho, desde que, conforme al artículo 117 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, el organismo competente para resolver el conflicto ya emitió un pronunciamiento sobre el particular.

Sexto: Que, en cuanto a la Superintendencia de Salud, cabe indicar que ésta no ha hecho más que cumplir su labor conforme a lo previsto en el aludido artículo 117. Luego, lejos de cometer alguna ilegalidad, el mencionado organismo ha dado estricto cumplimiento a la normativa que lo rige, resolviendo de manera fundada una controversia planteada por la recurrente.

Séptimo: Que, en el escenario descrito y no constando una afectación flagrante, notoria o evidente al margen de la ley o guiada por el capricho, que implique perturbación, amenaza o privación de un derecho fundamental, el recurso no podrá ser acogido. En suma, no es posible advertir algún vicio de ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de las recurridas, denunciado por el protegido, que torne procedente la acción intentada por este.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado en contra del Fondo Nacional de Salud y de la Superintendencia de Salud.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-13563-2026.