Protección contra COLEGIO nombre reservado y en contra de la nombre reservado

Santiago, nueve de agosto de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparecen Ivonne y Sergio, en representación de su hija menor de edad (15 años) Tiare y deducen acción constitucional de protección en contra del COLEGIO nombre reservado y en contra de la nombre reservado, sostenedora del primero, por la acción ilegal y arbitraria consistente en no aplicar las sanciones disciplinarias establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar del colegio, como consecuencia de la comisión de infracciones calificadas como gravísimas, las que fueron cometidas por seis estudiantes que crearon, viralizaron y difundieron fotografías de su hija y otras compañeras en las que se exhiben, con rostro, sus senos y genitales, las que se crearon a través de instrumentos de inteligencia artificial, vulnerando el derecho a la integridad física y psíquica, al debido proceso, al respeto y protección a la vida privada, a la honra de la persona y su familia protegidos en los numerales 1, 3 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explican que el 29 de febrero del presente año, tomaron conocimiento de que su hija, junto a seis compañeras del nivel, habían sido vulneradas en su indemnidad sexual, toda vez que un grupo de estudiantes de segundo medio, de forma deliberada, consciente y dolosa, idearon desacreditarlas y vulnerarlas, “viralizando” y difundiendo fotografías de ellas desnudas, lo que se conoce como “deepfakes”, entre los niveles de octavo básico y segundo medio del colegio y de otros colegios más.

Indica que los responsables de esta acción, quienes confesaron su responsabilidad, son Alonso y Gustavo, en calidad de creadores de las fotografías, Boris, Vicente, Javier y Rodrigo, todos alumnos de II año de enseñanza media, con excepción del último mencionado, alumno de 8° Básico, quienes son responsables por viralizarlas.

Refieren que para su acción los adolescentes, con deliberación y alevosía, se registraron en la web llamada “Clothoff.io”-DeepNude y “Undress AI” que se utiliza para desnudar a personas a través de la modificación de fotografías. Bajaron fotografías reales de cuentas de Tiktok e Instagram de sus compañeras y desnudaron sus cuerpos, mostrando sus genitales y senos, pareciendo imágenes reales.

Expresan que el 29 de febrero, comunicaron al colegio la situación, esperando que abriera el protocolo respectivo y cumpliera con la Circular N°482 de 20 de junio de 2018, que establece los requisitos que debe cumplir el protocolo de sexualidad de los colegios, para garantizar la debida protección de la integridad de los estudiantes; sin embargo, este no fue activado, sino que se utilizó el de maltrato.

Acusan las siguientes faltas a normativa educacional: - No apertura del protocolo de sexualidad una vez recepcionada la denuncia, esto es el 29 de febrero del presente año. - No se le señaló a las familias sobre redes de apoyo y/o derivación a las cuales recurrir en caso de ser necesario, facilitando la información de contacto. Información que no se encuentra disponible para la comunidad escolar en la web como tampoco en otro lugar. - Para hacerse cargo el colegio activó una investigación al margen del protocolo de sexualidad, incumpliendo la normativa, pues entrevistó a las niñas afectadas una y otra vez sobre los mismos hechos, haciéndolas sentir incómodas y vulneradas nuevamente. La normativa es clara al señalar que el colegio debe como primera acción realizar la denuncia en el Ministerio Público o Tribunal de Familia, acción no fue realizada por el colegio. -Se vulneró la orden legal de no investigar o indagar en materia de sexualidad, sino que la búsqueda de investigación sólo debe tener por objetivo adoptar medidas protectoras para las víctimas. - La adolecentes afectadas, no obtuvieron ninguna medida protectora afectadas. - La normativa señala expresamente que las acciones del protocolo de sexualidad de un colegio no están destinadas a determinar responsabilidades penales ni sanciones, sino que debe garantizar el resguardo de la integridad física y psicológica de los estudiantes. Sin embargo, el colegio informó que las acciones que afectaron la indemnidad sexual de Tiare no eran constitutivas de delito, determinación ilegal y arbitraria. - No se respetó el plazo legal de 15 días como duración máxima del protocolo de sexualidad. No se resguardó la intimidad de las niñas afectadas, las comunicaciones en relación al proceso no fueron siempre en conjunto a los apoderados y adolescentes. - No se informó a la familia sobre las vías que utilizaría el colegio para mantener debidamente informada a la familia de la afectada y a la comunidad escolar, lo que implica un gran daño psicológico y moral a su hija y como familia.

Agrega que las afectadas están expuestas a compartir diariamente con los estudiantes responsables, aumentándose el daño cada día.

Refieren que el 20 de marzo recién pasado, fueron citados junto a los padres de las demás compañeras vulneradas, para informar la resolución del caso, resolviéndose la cancelación de matrícula 2025 para los dos estudiantes creadores de las fotos y la condicionalidad para los estudiantes que reconocieron su difusión por WhatsApp, y, amonestación escrita para los estudiantes que reconocieron la tenencia de las fotos en sus celulares.

Indican que apelaron de aquella decisión, por constituir una falta de protección a su hija, al verse expuesta de forma constante a los agresores.

Luego, el 26 de abril, la rectora del colegio, envió a los apoderados la resolución final, acto que se estima ilegal y arbitrario, en el que se indica que los apoderados de Alonso, presentaron un recurso de apelación en contra de la medida disciplinaria de cancelación de matrícula impuesta por el Colegio, ante lo cual se decidió sólo aplicar la condicionalidad.

Precisa que el hecho denunciado constituye a lo menos 6 infracciones gravísimas que el reglamento contempla y que concurren agravantes de responsabilidad que el colegio debió haber tomado en consideración para aplicar la sanción máxima que contempla el reglamento, esto es la expulsión inmediata de todos los alumnos involucrados. En efecto, de acuerdo con el artículo 42 del Reglamento de Convivencia Escolar, los hechos denunciados son a lo menos constitutivos de las siguientes faltas gravísimas: - Amenazar, intimidar, agredir o desprestigiar a cualquier miembro de la comunidad educativa ya sea de manera presencial o virtual. - Mostrar una actitud displicente, o insolente, o faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa. - Realizar o participar en actos constitutivos de acoso escolar en forma presencial o virtual. - Grabar, filmar o fotografiar a cualquier persona de la comunidad educativa sin su consentimiento previo, y /o divulgar dichas imágenes causando detrimento de su imagen personal. - Cometer o incitar a otro a cometer abusos sexuales o hechos de connotación sexual aun cuando no sean hechos constitutivos de delito. - Incitar y/o participar en peleas o agresiones físicas dentro o fuera del colegio, en actividades escolares. - Ejecutar acciones que causen daños a personas, bienes y dependencias del colegio.

Agregan que, respecto a las sanciones, el Reglamento estipula que se aplicarán de modo sucesivo de menor a mayor gravedad, tomando en cuenta criterios ponderadores atenuantes o agravantes, de acuerdo a los principios de gradualidad y proporcionalidad, esto es, amonestación verbal, amonestación escrita, pérdida de distinción Honor Roll, carta de compromiso, condicionalidad de la matrícula, con una duración máxima de un semestre; suspensión de clases; la cancelación o no renovación de la matrícula; expulsión, suspensión de la graduación de fin de año y suspensión de viaje de estudios o asistencia a éste.

Advierten que la sanción aplicada por el colegio no se condice con el hecho denunciado, por ser constitutivo a lo menos de seis faltas, considerando las atenuantes más no las agravantes, esto es: a) actuar con premeditación y alevosía; b) inducir a otras personas a participar o cometer la falta; c) aprovechamiento de la confianza depositada en la persona; d) abuso de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre la persona afectada; e) presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado; f) obstaculizar el proceso de indagación de la falta cometida, mediante la imputación a terceras personas, el ocultamiento de información, o mediante cualquier otro acto que impida un oportuno esclarecimiento de la falta objeto del procedimiento; g) obrar a través de un tercero o bajo recompensa; h) cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo, en el que se hubiera acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o a no tener otros problemas de convivencia con el afectado; i) no manifestar arrepentimiento.

En cuanto a la arbitrariedad, indican que la recurrida se negó a aplicar las sanciones que correspondían atendida la gravedad de los hechos. Y respecto a la ilegalidad, refieren que la conducta del colegio no se ajusta a la normativa interna vigente de la institución educativa, ni tampoco a la normativa vigente en el país en esta materia, por ser contraria a lo establecido en el DFL N° 2 del año 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, específicamente, los artículos 16 A, B, C y D. Por otra parte, alegan que se ha transgredido el principio de interés superior del niño, consagrada en el artículo 3° de la Convención sobre Derechos del Niño.

Finalmente solicitan acoger el recurso y ordenar a las recurridas aplicar la sanción de expulsión de los alumnos involucrados.

Segundo: Que se encuentra acumulado a estos autos el Ingreso Corte Protección N°13.910-2024, acción de protección deducida por Carolina y Hernán, en calidad de padres de la menor Giselle, Eugenia y Jaime, padres de la menor Antonella y Violeta y Adrián, padres de la menor de edad Danae en contra del Colegio nombre reservado y en contra de la nombre reservado, en calidad de sostenedora del primero, por los mismos hechos objeto del recurso al que se acumula, coincidiendo con el acto u omisión que se acusa como arbitrario e ilegal y las garantías vulneradas, y, asimismo, con los antecedentes respecto al procedimiento llevado a cabo por el colegio recurrido y las sanciones aplicadas.

Puntualizan que elaborar y retrucar fotografías reales del rostro de las afectadas, compañeras de los alumnos sancionados, constituye una conducta de ciber acoso de connotación sexual.

Enfatizan, además, que los hechos han ocasionado daños sicológicos a las adolescentes afectadas, quienes han bajado su rendimiento académico, manifestando desmotivación para asistir al colegio, especificando los cambios y alteraciones sufridas por cada una de ellas en diversos ámbitos que se indican.

Indican que, a pesar de su empeño en afrontar el asunto y mantenerse en el colegio, temen que tengan que adoptar la decisión de cambiar a sus hijas de establecimiento educacional, terminando ellas siendo sancionadas con la expulsión.

En cuanto a la arbitrariedad, acusan que la decisión adoptada carece de racionalidad y proporcionalidad, y por ende resulta arbitraria. Y en cuanto a la ilegalidad, infringen la ley del contrato, en tanto en el contrato de servicios educacionales se incorporan Protocolos y Reglamentos; y además la Ley General de Educación.

Solicita acoger el recurso declarando que el colegio recurrido ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal afectando las garantías de las menores afectadas; y se le ordene adoptar las medidas que esta Corte determine, y en especial la expulsión de los autores de los actos lesivos, o en subsidio, que se mantengan en cursos separados de las víctimas, así como en las actividades extracurriculares que se desarrollen al interior del establecimiento educacional, con costas.

Tercero: Que, al informar ambos recursos, el abogado Daniel Lagos Sandoval, en representación de nombre reservado y de la nombre reservado, señaló que el colegio tiene la convicción de haber abordado la investigación de estos hechos y aplicado las sanciones, de forma responsable, diligente y oportuna, con apego a su reglamento interno, sus protocolos y a la normativa aplicable.

Manifiesta que el colegio se ha enfocado en el acompañamiento y resguardo de las personas involucradas, así como de la comunidad escolar en su conjunto, abordando los hechos de forma sistémica e integrada y con la intervención de profesionales del área de la educación y de la psicología, para adoptar las correspondientes medidas reparatorias, sancionatorias y formativas que contempla el reglamento interno.

Asevera que el Colegio tomó conocimiento de los hechos el 1° de marzo pasado y, conforme a su Reglamento, activó el inicio de un protocolo de actuación por esta situación de maltrato o acoso escolar y dispuso las siguientes acciones: i) Notificar la apertura del protocolo a los apoderados denunciantes. ii) Entrevistar a las alumnas afectadas con el objeto de poder esclarecer los hechos sucedidos y sus responsables; iii) Entrevistar a testigos que voluntariamente deseen aportar su testimonio y a los alumnos que aparezcan como responsables de los hechos de acuerdo a los testimonios de las alumnas afectadas u otros testigos. iv) Una vez identificados los alumnos sindicados como responsables de los hechos en base a sus propias declaraciones y a la declaración de las alumnas afectadas y testigos, se recibieron descargos de los alumnos responsables de los hechos. v) Asimismo, como medida de protección, se derivó a las alumnas afectadas al equipo de orientación del nivel respectivo, con el objeto de que se les apoye, acoja y determine si era necesaria la derivación a algún profesional de la salud externo.

Sostiene que las conductas de los alumnos infractores son contrarias a los valores y principios generales del colegio y vulneran también lo establecido en su reglamento interno. En efecto, los alumnos que tuvieron participación en los hechos denunciados, ya sea como creadores y/o difusores de las imágenes, incurrieron en una falta gravísima tipificada en el Reglamento Interno, consistente en: “Amenazar, intimidar, agredir o desprestigiar a cualquier miembro de la comunidad educativa ya sea de manera presencial o virtual”.

Da cuenta que luego de revisar las hojas de vida de los alumnos que participaron en la comisión de los hechos, se pudo verificar que estos no habían sido sujeto de sanciones previas debido a faltas gravísimas a la convivencia escolar en los últimos 3 años.

Adicionalmente, los estudiantes reconocieron su participación en los hechos. Así, la decisión sancionatoria del colegio no es arbitraria ni ilegal porque se apegó estrictamente a su reglamento interno y la decisión sancionatoria del colegio no es arbitraria ni ilegal porque se apegó estrictamente a su reglamento interno y las leyes.

Añade que el colegio aplicó un protocolo correcto y, en todo caso, la elección del protocolo no tiene incidencia en el resultado sancionatorio del mismo como tampoco en las medidas que pueden adoptarse durante el curso de la investigación, toda vez que contemplan las mismas medidas de resguardo y protección a las víctimas.

Adiciona que, no se formuló denuncia ante los Tribunales de Justicia porque, analizados los antecedentes, se estimó que no se configuraba un delito, razonamiento que los padres recurrentes compartieron, solicitando al colegio no efectuar denuncias, lo que ellos tampoco hicieron; no obstante, actualmente los hechos se encuentran siendo investigados por el Ministerio Público de oficio.

Explica que el colegio incluso adoptó medidas que van más allá de aquello a lo que lo obliga su reglamento interno y la normativa vigente, con el objeto de tratar estos hechos con el enfoque y delicadeza que correspondía y también para concientizar a toda la comunidad escolar sobre este tipo de conductas, sus efectos y evitar su reiteración; entre ellas, la contratación de los servicios profesionales de dos psicólogas del “Centro de Buen Trato de la Universidad Católica de Chile”, con el objetivo de que ellas asesoren a los integrantes del Consejo Directivo del Colegio que estaba a cargo del protocolo activado en virtud de los hechos objeto de la acción; además se enviaron cartas a la comunidad educativa informando la apertura del protocolo respectivo y se hizo un llamado a la reflexión.

Por lo anterior concluye que no existe reproche que formular al colegio, por lo que solicita el rechazo del recurso.

Cuarto: Que en ambas acciones comparecieron como terceros interesados Bruno y Romina, en calidad de padres del alumno Gustavo, José y Olivia, padre y madre del adolescente Boris y Carlos y Graciela, padre y madre de Alonso.

Advierten que los hechos están sometidos al imperio del derecho y exceden la sede cautelar de protección, además considerar que la misma ha perdido oportunidad.

Por otro lado, sostienen que la decisión sancionatoria del Colegio dista muchísimo de ser arbitraria o carente de racionalidad, como quieren hacerlo ver los recurrentes, pues ha sido adoptada tras la sustanciación completa e íntegra del protocolo, considerando todos aquellos hechos y circunstancias que el propio instrumento y la normativa le exige al establecimiento, considerando las atenuantes acreditadas, las que el Colegio está obligado a aplicar cuando proceden.

Precisan que, el establecimiento de cualquier sanción, requiere de un procedimiento de lato conocimiento declarativo, bilateral y con derecho a rendir probanzas, garantías que no ofrece esta sede cautelar, a diferencia del procedimiento seguido por el colegio recurrido.

Hacen presente, además, que los recurrentes solo presentaron una denuncia penal el 14 de mayo, una vez que el procedimiento estaba concluido.

Afirman que la “viralización” no se ha acreditado, sin que fuera reconocida por los intervinientes en el marco del procedimiento de investigación. Además, las imágenes trucadas siempre fueron tenidas por falsas, pues desde la primera comunicación del colegio se dejó clara dicha situación; cuestión que pudieron reafirmar las alumnas afectadas en la carta leída frente a toda la comunidad el día 8 de marzo.

Por su parte, tanto el Ministerio Público como la Superintendencia de Educación Escolar han activado sus competencias y cualquier decisión sobre el fondo que se adopte en estos autos, se inmiscuirá en las facultades legales de estos organismos y el devenir de los procedimientos incoados.

Agregan que, la decisión de seguir el protocolo de maltrato, fue fundada, ajustándose a lo solicitado por los propios recurrentes, respetándose en la sustantación del procedimiento todas las garantías procedimentales justas y racionales.

Quinto: Que, la Superintendencia de Educación, informó que el 7 de marzo de este año se ingresó una denuncia por orden de Director Regional de la Superintendencia de la Región Metropolitana, por “Maltrato a estudiantes y/o párvulos”, la que dio origen a la fiscalización que quedó plasmada en el Acta de Fiscalización N° NUM000 de 22 de abril de 2024. No obstante el 7 de mayo pasado, mediante Resolución Exenta N° NUM001, fue dejada sin efecto, por no encontrarse dentro de los límites señalados en el artículo 61 de la Ley N°19.880.

Sin embargo, entre los días 8 y 14 de mayo de este año, se ingresaron las denuncias NUM002, NUM003, CAS con reserva de identidad, NUM004 y NUM005, bajo la temática “situaciones de connotación sexual” y, subtemática “situaciones de connotación sexual entre estudiantes y/o párvulos”.

Producto de lo anterior, se llevó a efecto una nueva fiscalización, que dio origen al Acta de Fiscalización N° NUM006 de 27 de mayo de 2024, detectándose posibles vulneraciones a la normativa educacional, al constatarse que: 1.- El Protocolo ante denuncias de agresiones sexuales o hechos de connotación sexual que atenten la integridad de estudiantes, no considera la totalidad de los contenidos mínimos estipulados en la Circular N°482, de la Superintendencia. 2.- El establecimiento educacional no habría activado y aplicado los procedimientos estipulados en el protocolo de actuación para casos de abuso sexual una vez que tuvo conocimiento de los hechos denunciados. 3.- El Reglamento Interno de Convivencia Escolar, no contenía estrategias de información y capacitación para la prevención de hechos de connotación sexual y agresiones sexuales dentro del contexto educativo; y 4.- No adoptó medidas de resguardo de la integridad física y psicológica de las alumnas afectadas, en razón de los hechos denunciados.

Luego, se concedió a la entidad sostenedora un plazo de tres días para realizar acciones de subsanación, respecto al punto 1 precedente.

Expone que, analizados los antecedentes entregados por el establecimiento, se confeccionó el Acta de Fiscalización N° NUM007 de 18 del mismo mes y año, que constató que aquél incurrió en incumplimientos a la normativa educacional, en cuanto no activó ni aplicó los procedimientos estipulados en el protocolo de actuación para casos de abuso sexual; y, no adoptó medidas de resguardo de la integridad física y psicológica de las alumnas afectadas.

A consecuencia de lo anterior, mediante Resolución Exenta N° NUM008, de 18 de junio de 2024, del Encargado de Fiscalización de la Dirección Regional Metropolitana de la Superintendencia de Educación, se ordenó la instrucción de un procedimiento administrativo sancionatorio, el que a la fecha del informe se encontraba en tramitación.

Sexto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Séptimo: Que, al comenzar el análisis, conviene despejar las materias que han sido denunciadas en los arbitrios, para efecto de acotar el análisis de fondo que debe realizar esta Corte.

En efecto, en los recursos se acusa que el Colegio recurrido no activó el “Protocolo de actuación ante agresiones sexuales y hechos de connotación sexual”, que era aplicable en la especie, sino que se utilizó, equivocadamente, para investigar y establecer la responsabilidad de los adolescentes, el “Protocolo actuación ante situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa”, lo que se tradujo en una serie de hechos que se exponen, en especial: a) entrevista reiterada a las niñas afectadas, produciendo re-victimización; b) no realización de la denuncia en el Ministerio Público o Tribunal de Familia; c) soslayar que el procedimiento sólo podía tener por objeto adoptar medidas protectoras para las víctimas.

Respecto de estas materias, se debe precisar que, como se señaló en el fundamento precedente, para que una acción de la presente naturaleza cautelar pueda prosperar, es indispensable que, además del establecimiento de un hecho ilegal y arbitrario, esta Corte esté en condiciones de aplicar las medidas que estime conducentes para otorgar la debida protección a quienes han visto amagados sus derechos constitucionales previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. En efecto, siempre se debe tener presente que la acción incoada ha sido consagrada como una medida de tutela urgente para dar remedio pronto y eficaz frente a la conculcación de los derechos constitucionales que sufra una persona.

Lo anterior es relevante, toda vez analizados ambos protocolos, se puede establecer que ambos derivan en la aplicación de las mismas sanciones, quedando la diferencia reducida a los distintos pasos que se deben cumplir durante la investigación y las medidas de protección que se deben adoptar respecto de las víctimas de los hechos, toda vez que el protocolo de actuación ante agresiones sexuales y hechos de connotación sexual, establece medidas de protección y acompañamiento respecto de la víctima, procurando impedir la victimización secundaria durante la sustentación del mismo. En estas condiciones, las cuestiones vinculadas a la aplicación de un protocolo inadecuado, sólo podría dar paso, eventualmente, a una declaración de ilegalidad, sin que se configure a su respecto la posibilidad de adoptar medidas de tutela, toda vez que el procedimiento seguido por el colegio, a la fecha, se encuentra afinado.

Desde luego, es inconcuso que resultaría improcedente acoger el recurso para ordenar la aplicación del protocolo preterido, toda vez que aquello implicaría someter nuevamente a los alumnos al proceso indagatorio -provocando una nueva revictimización de las adolescentes- lo que es inoportuno, puesto que los propios alumnos sancionados han reconocido, en distinta medida, los hechos que se les atribuyen a cada uno, en relación a la confección, transferencia y almacenamiento de las imágenes de las alumnas en cuyo favor se recurre.

En esta misma línea argumental, es trascendente la intervención de la Superintendencia de Educación, órgano público que tiene a su cargo la fiscalización del cumplimiento de la normativa educacional, que a la fecha sustancia un procedimiento sancionatorio en contra del colegio recurrido, en el que se deberá establecer si efectivamente se aplicó un protocolo de actuación improcedente, incurriendo en una infracción de carácter administrativo, análisis que incluye la exigencia, que se acusa incumplida, de realizar la denuncia ante el Ministerio Público, la que por lo demás, no sólo se exige en el protocolo que se dice se incumplió, puesto que en el Reglamento Interno se establece como una obligación respecto de todos los procedimientos, independiente del protocolo activado, si es que se detectan hechos que, por su naturaleza, puedan ser constitutivos de delitos.

En las condiciones descritas, resulta improcedente que este tribunal realice un análisis de fondo para efectos de establecer la infracción a la normativa educacional, toda vez que a la fecha existe un procedimiento administrativo incoado por la Superintendencia de Educación, que tiene por objeto establecer aquello, proceso en el cual no sólo el fiscalizado, sino que también los recurrentes, tienen el derecho a hacerse parte como terceros interesados, exponiendo en esa sede los argumentos que se estimen procedentes. En este punto, se debe recordar que el referido procedimiento administrativo contempla una fase de control jurisdiccional, mediante el ejercicio de la reclamación contemplada en el artículo 85 de la Ley N° 20.529.

Con todo, se debe precisar, además, que si bien el colegio recurrido no denunció los hechos ante el Ministerio Público, lo cierto es que este organismo inició de oficio un procedimiento de investigación respecto de los hechos que motivaron la interposición de la presente acción, investigación que determinará si existen o no acciones constitutivas de ilícitos penales, cuestiones que, evidentemente, no pueden ser asentadas en esta sede cautelar.

Octavo: Que, precisado lo anterior, corresponde determinar si el colegio recurrido incurrió en un acto ilegal y arbitrario al establecer la sanción concreta de los alumnos involucrados en los hechos vinculados a la creación y difusión de imágenes de siete alumnas de II año Medio del Colegio nombre reservado, en las que se las exhibe desnudas.

Al respecto, cabe dejar asentado desde ya, que los retratos fueron creados a través de herramientas de inteligencia artificial, que aplicada a fotografías extraídas de las redes sociales de las afectadas, permitió crear imágenes que si bien simulan las reales, por la tecnología ocupada, a simple vista, parecen originales, en que se las expone sin ropa; luego de su creación, las imágenes circularon a través de una App de mensajería al interior de la comunidad escolar, desconociéndose el alcance total de la divulgación, sin perjuicio de lo cual se puede presumir que, dada la connotación pública del caso, aquellas circularon fuera de la referida comunidad.

Asimismo, se debe señalar que las imágenes de las adolescentes, tienen una connotación sexual, dado que se exhibe un cuerpo, con exposición directa de senos y genitales, que si bien no corresponde al de aquellas, puesto que fueron creadas a través de inteligencia artificial, lo cierto es que cualquier persona que las visualizara, podía pensar que eran imágenes reales de las alumnas afectadas, máxime si las fotos originales fueron extraídas de las redes sociales de aquellas, por lo que se insertan en un lugar específico que coincide con aquellos en los que ellas se fotografiaron, quedando en poses similares a las correspondientes a los retratos originales.

Noveno: Que el Reglamento Interno del colegio recurrido regula, en su capítulo nueve, las “faltas, medidas disciplinarias y procedimientos aplicables”. El artículo 39 establece que se podrá sancionar toda conducta de quien lesione la convivencia escolar.

Asimismo se clasifican las faltas, atendida la entidad de la conducta, en leves, graves y gravísimas.

En el artículo 42 se establece un catálogo de faltas gravísimas, asentando 25 conductas, entre las que se encuentra, en el numeral 1), “Amenazar, intimidar, agredir o desprestigiar a cualquier miembro de la comunidad educativa ya sea de manera presencial o virtual”, que es aquella infracción que se les atribuyó a los jóvenes sancionados. Lo anterior es sin perjuicio que, además, el referido procedimiento contempla en los numerales: 3) Realizar o participar en actos constitutivos de acoso escolar en forma presencial o virtual; 4) Grabar, filmar o fotografiar a cualquier persona de la comunidad educativa sin su consentimiento previo, y /o divulgar dichas imágenes causando detrimento de su imagen personal; 5) Cometer o incitar a otro a cometer abusos sexuales o hechos de connotación sexual aun cuando no sean hechos constitutivos de delito. Todas conductas en las que, eventualmente, se podrían subsumir aquellas ejecutadas por los alumnos sancionados.

Luego, en el artículo 43, se establecen las medidas disciplinarias, las que según se expone, se aplicarán de modo sucesivo de menor a mayor gravedad, tomando en consideración, como criterios ponderadores, la existencia de atenuantes o agravantes, de acuerdo a los principios de gradualidad y proporcionalidad.

Se especifica: 1.- amonestación verbal; 2.- amonestación escrita; 3.- pérdida de distinción honor roll; 4.- carta de compromiso; 5.- condicionalidad de la matrícula; 6.- suspensión de clases; 7.- cancelación o no renovación de la matrícula; 8.- expulsión: 9.- suspensión de graduación de fin de Año; 10.- suspensión viaje de estudios o asistencia a este.

Luego se establece la forma en las que se aplicarán las sanciones referidas precedentemente. Específicamente, en lo que importa al recurso, ante la comisión de una falta gravísima, se establece que se puede imponer, cualquiera de los diez castigos antes referidos.

En el artículo 44, se establece que las medidas deberán ser impuestas conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable. Asimismo, señala que para la aplicación de las sanciones disciplinarias se deben considerar el nivel del estudiante (Básica o Media) y las atenuantes y agravantes, consignando a continuación ocho atenuantes y nueve agravantes.

Prosigue el reglamento, estableciendo que la no renovación de la matrícula y la expulsión, sólo pueden ser aplicadas por el Rector, quien previo al inicio del procedimiento debe: “1. Haber representado a los apoderados del estudiante sancionado, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones y 2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial; salvo que la causal invocada para aplicar la sanción corresponda a una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar”.

Se expone que las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.

En los artículos 45 y siguientes, se regula el procedimiento general para indagar infracciones y aplicar sanciones, destacando la necesidad de registro, apertura de procedimiento a cargo de personal designado por el Encargado de Convivencia Escolar, lo que deberá ser notificado a los apoderados de los alumnos involucrados.

Se consigna que se escuchará a todos los involucrados, especialmente a quien se impute una falta o infracción, lo que se realizará en entrevistas, de las cuales se levantará un acta; sin perjuicio que el estudiante afectado podrá presentar sus descargos por escrito en un plazo de 5 días desde la notificación de la apertura del procedimiento.

Se establece la necesidad de aplicación de medidas de protección inmediata, especialmente en el caso de conflictos, situaciones de violencia, o casos de agresión o acoso entre integrantes de la comunidad escolar, tales como la separación de los involucrados, suspensión, otorgamiento de apoyo sicológico o el requerimiento a los padres y apoderados para que proporcionen estos apoyos.

Dispone la notificación a los padres y apoderados para ponerlos en conocimiento de lo sucedido, solicitarles la información que puedan aportar e informarlos sobre el procedimiento. Si fuese necesario, se consigna, se les citará a entrevista.

Se establece una fase de recopilación y análisis de antecedentes, que precede la adopción de la medida o sanción, la que debe ser notificada a los involucrados, medida que puede ser impugnada a través del recurso de apelación, culminando la norma con la consagración de la denuncia obligatoria si existiera evidencia de la existencia de un delito que afectare a algún estudiante o que se hubiese cometido en el establecimiento por cualquier persona.

En el capítulo diez, se regulan las medidas pedagógicas, reparatorias y protección, entre las que se encuentra a) diálogo reflexivo; b) compromiso estudiante-familia-colegio. c) plan de acompañamiento formativo y pedagógico; d) servicio comunitario reparatorio; e) medidas de apoyo psicosocial.

En el artículo 52.- se establecen medidas reparatorias, que son acciones que tienen por objeto el reparar, de manera simbólica o concreta, el daño causado, las que no constituyen sanción.

En el protocolo de maltrato, se dispone una norma común a todo procedimiento, vinculada a la necesidad de realizar la denuncia ante el Ministerio Público, ante existencia de un delito o se tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento y, además, el deber de los funcionarios del establecimiento de poner en conocimiento o denunciar formalmente los Tribunales competentes de cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra de un estudiante, tan pronto se advierta, si de la aplicación de este protocolo apareciere evidencia de hechos que revistieran vulneración de derechos contra un estudiante.

Décimo: Que, asentado el marco normativo y, despejado como está, la improcedencia de analizar en este proceso las eventuales infracciones en las que incurrió el Colegio, en relación al protocolo utilizado, como el incumplimiento de los pasos regulados en el protocolo que sí utilizó o el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la necesidad de denuncia ante el Ministerio Público y/o Tribunales de Familia, resulta relevante, para establecer la existencia de un acto ilegal y arbitrario al que se debe acotar el análisis de esta Corte, revisar lo obrado por el recurrido.

En este aspecto, consta en los antecedentes que, con fecha 5 de marzo de 2024, se activó el “Protocolo de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa” del colegio recurrido, a propósito de la denuncia de apoderados de alumnas del Colegio que acusaron la circulación de fotos editadas de sus hijas, en las cuales se superpusieron las caras en fotos de cuerpos desnudos, refiriendo que las alumnas se han visto muy afectadas. La responsable del proceso fue la Jefa del Área de Convivencia Escolar y Disciplina, habilitándose, además, a dos miembros del equipo del Área de Convivencia Escolar y Disciplina y uno del equipo de psicorientación para realizar labores de indagación.

Producto de lo anterior se notificó la apertura del protocolo a los apoderados denunciantes y a los padres de los alumnos involucrados.

Además las alumnas afectadas fueron derivadas al equipo de orientación, para el otorgamiento de apoyo y determinación de la necesidad de derivación a algún profesional de la salud externo.

Se entrevistó a las alumnas afectadas. Además se realizaron entrevistas a testigos y a aquellos alumnos que eventualmente tenían responsabilidad, los que prestaron declaración, previa notificación de sus padres. También se escuchó a los apoderados, y se les mantuvo informados de las diligencias de indagación.

Luego de recibido los descargos de alumnos sindicados como responsables, se determinó por el Comité Disciplinario, la existencia de una falta gravísima al Reglamento Interno por haberse creado y difundido fotografías editadas de siete alumnas del colegio y, por tanto, sugirió la aplicación de medidas disciplinarias.

Específicamente se estableció que el estudiante Gustavo tomó 4 fotografías de compañeras de generación usuarias de la red social Instagram y las editó tomando el rostro de ellas y asociándolos a un cuerpo desnudo de mujer.

En una reunión social entre el estudiante Javier y Gustavo, comparten los elementos privados. Posteriormente, en otra instancia social, Javier, comparte las fotografías editadas de sus compañeras con el estudiante Boris.

El estudiante Boris comparte las fotografías editadas de sus compañeras con el estudiante Alonso. Este último, mediante la aplicación que permite editar fotos, elabora nuevas imágenes de sus compañeras, que comparte con los estudiantes Rodrigo y Vicente, quienes las guardan en sus celulares.

Asentada esa situación fáctica, el colegio impone las siguientes medidas: 1. Medida Reparatoria: Disculpas privadas de parte de los cinco alumnos sindicado como responsables de la comisión de la falta gravísima. 2. Medida Pedagógica: Diálogo Reflexivo guiado por el equipo de psicólogas del nivel, el cual tendrá como resultado un Trabajo de formación en la empatía de la persona afectada por el daño de su imagen, concientización del daño irreparable en redes sociales e imposibilidad de determinar el nivel de difusión de la imagen. 3. Medidas disciplinarias: a) respecto de los dos alumnos que participaron en la creación y difusión de las fotografías editadas (Alonso y Gustavo), quienes incurrieron en una falta gravísima, se aplica la medida disciplinaria de cancelación de matrícula. b) Respecto de dos alumnos que participaron en la difusión de las fotografías editadas, incurriendo falta gravísima (Javier y Boris), se aplica la medida disciplinaria de condicionalidad. e) A dos estudiantes que participaron en la visualización y tenencia en sus dispositivos de las imágenes editadas de alumnas (Vicente y Rodrigo), se aplica la medida disciplinaria de amonestación escrita.

La resolución sancionatoria, fue apelada por padres de las niñas afectadas, quienes solicitaron imponer a los alumnos creadores y también a los difusores de las imágenes, la expulsión. A su turno, los apoderados de los alumnos sancionados, Alonso y Gustavo, igualmente apelaron, solicitando que se rebajara la sanción.

Al resolver los recursos, la rectora, tiene en consideración que el Reglamento Interno respeta el principio de proporcionalidad y debido proceso, lo que fue respetado, ya que los estudiantes sancionados y sus apoderados fueron debidamente informados de cada uno de los hechos que se le imputan, la infracción y la gravedad asociada a éstos. Igualmente, se les otorgó la oportunidad de presentar descargos y medios de prueba, así como el derecho a solicitar la revisión de la medida impuesta.

Recalca que las medidas sancionatorias que contempla el Reglamento Interno, están determinadas por la falta tipificada en el mismo y no por el tipo de protocolo que se active para investigar dicha falta. Por lo tanto, en este caso, no tiene injerencia en las medidas disciplinarias aplicadas a los alumnos infractores el que se haya activado un Protocolo de Maltrato Escolar o un Protocolo de casos de abuso sexual, en ambos casos, se hubiese obtenido el mismo resultado. Por lo tanto, no corresponde modificar la calificación de los hechos efectuada por el colegio para activar el protocolo de maltrato escolar.

Puntualiza que la falta en que incurrieron los alumnos ha sido descrita de manera precisa en el Reglamento, que dispone que se considera como falta gravísima “Amenazar, intimidar, agredir o desprestigiar a cualquier miembro de la comunidad escolar ya sea de manera presencial o virtual”.

Agrega que ha quedado en evidencia a lo largo de la investigación que la creación y/o difusión de fotografías editadas de compañeras del Colegio exponiendo sus rostros en cuerpos desnudos ha provocado un daño en ellas, sintiéndose expuestas y vulneradas frente a la comunidad escolar, conculcando su derecho a la imagen.

Por lo tanto, concluye, se configura el tipo infraccional que prevé el Reglamento.

Por otro lado, se consigna que las fotografías no sólo han sido difundidas entre personas que son parte de la comunidad escolar, sino que también -atendida la rapidez en que actúan las redes sociales- frente a terceros que no son miembros de la comunidad de nombre reservado.

Agrega que la falta cometida constituye, además, una afectación grave de la convivencia escolar. En este aspecto, sostiene que la Ley Aula Segura señala cuáles son los actos que bajo toda circunstancia afectarían gravemente la convivencia escolar, señalando aquellos que “causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en dependencias de los establecimientos”. No cabe duda que la creación y difusión de fotografías de las estudiantes editadas superponiendo sus rostros en cuerpos desnudos, sí constituyen actos que causan daño a la integridad psíquica de las alumnas afectas y, por tanto, afectan la convivencia escolar.

En atención a lo expuesto es que el Colegio determinó en primera instancia como sanción la medida disciplinaria de cancelación de matrícula respecto de aquellos alumnos que crearon y difundieron las imágenes editadas de sus compañeras y la sanción de condicionalidad respecto a aquellos alumnos que sólo difundieron las referidas imágenes.

Sin embargo, establece que, luego de un mejor análisis de los antecedentes, se ha decidido modificar las sanciones aplicadas, ante la existencia de circunstancias atenuantes, esto es, intachable conducta anterior; reconocimiento espontáneo, manifestar arrepentimiento y disculpas oportunas, puesto que los alumnos no han sido sujeto de sanciones previas debido a faltas a la convivencia escolar, reconocieron su participación en los hechos, manifestado su arrepentimiento, ofrecieron disculpas ante sus compañeras y han estado dispuestos a realizar cualquier otro acto reparatorio en favor de la comunidad escolar afectada. Todas estas circunstancias atenuantes de la responsabilidad de los alumnos responsables serán consideradas para morigerar la sanción aplicada y, en consecuencia, se decide: a) Sustituir la medida disciplinaria de cancelación de matrícula por la medida disciplinaria de condicionalidad de matrícula para los alumnos Alonso, y Gustavo. b). Agregar, como medida psicosocial el acompañamiento permanente por parte de las instancias y herramientas docentes y paradocentes con que cuenta el colegio, con la finalidad que los hechos ocurridos afecten de la menor medida posible el normal desenvolvimiento y rendimiento escolar de las jóvenes afectadas. c) Se rechazan en lo demás las apelaciones presentadas por los intervinientes en el proceso.

Undécimo: Que, la Ley N° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, establece como su objeto, la garantía y protección integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial, de los derechos humanos que les son reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes.

En su artículo 2°, inciso cuarto, se dispone que toda persona, institución o grupo debe respetar y facilitar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Especialmente, las organizaciones de la sociedad civil que lleven a cabo funciones relacionadas con el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes deben respetar, promover y velar activamente por sus derechos, reciban o no financiamiento del Estado, debiendo respetar siempre el interés superior del niño, niña o adolescente.

Esta ley, establece que los órganos intermedios pertenecientes a la sociedad civil, deben velar por el respeto y facilitar el ejercicio de los derechos de los adolescentes, cuestión que recae especialmente en aquellas instituciones que llevan a cabo funciones relacionadas con su desarrollo, como lo es el Colegio nombre reservado.

El artículo 34 de la ley en comento, establece el derecho a la honra, intimidad, propia imagen y reputación, de todo niño, niña y adolescente, estableciendo, en su inciso cuarto: “Se prohíbe la exhibición y divulgación de toda información que pueda estigmatizar a un niño, niña o adolescente o afectar su imagen, honra o reputación, causarle menoscabo o dañar sus intereses (…)”.

El marco normativo antes descrito, debe orientar la decisión de esta Corte, puesto que, indudablemente, la decisión que se adopte en un procedimiento de carácter sancionatorio, vinculado con alumnos que han cometido faltas dentro de una comunidad escolar, siempre debe tener en consideración el interés superior de todos los niños, niñas o adolescentes involucrados, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Ahora bien, un problema que debe resolverse sobre la base de un principio que es claro, se complejiza cuando todos los involucrados son niños, niñas o adolescentes, puesto que, en tales circunstancias, de debe velar por el interés superior de todos los involucrados que, en determinados casos, pueden ser antagónicos. En este sentido, la Resolución N° 482 de 22 de junio de 2018, que “aprueba la Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de establecimientos educacionales de enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado”, establece en su punto 2.2, inciso penúltimo, que es importante tener presente que en aquellas situaciones en que existan niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos sean vulnerados a propósito de la actuación de otro par, se evalúe el interés de cada uno de los involucrados al determinar las medidas a aplicar, sin que ello implique que exista una contraposición entre éstos”.

Así, para decidir, se debe tener en consideración que si bien todos los involucrados son adolescentes, a excepción de uno, que es un niño de 13 años (Rodrigo), no se puede perder de vista que, por una parte, existen víctimas, que son las afectadas, quienes sufren la vulneración de sus derechos al ser exhibidas públicamente, desnudas, a través de imágenes que tienen connotación sexual, por lo que se impacta gravemente la esfera de su intimidad, exponiéndolas al escrutinio público, afectado su indemnidad sexual y, por otro lado, existen responsables, que si bien son adolescentes, indudablemente deben ser sancionados en relación a la gravedad de la conducta, puesto que no se puede soslayar que estos adolescentes tienen alrededor de 15 años, edad que de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes N° 20.084, permite ya asignar responsabilidades legales en conexión con lo dispuesto en el artículo 10 N° 2 del Código Penal, siendo relevante señalar, además, que la Ley N° 21.430, en su artículo 11, consagra el principio de autonomía progresiva, que reconoce que durante su proceso de crecimiento los niños, niñas y adolescentes van desarrollando nuevas capacidades y profundizando otras, junto con un aumento paulatino de su capacidad de responsabilización y toma de decisión respecto de aspectos que afectan su vida, de modo que, solo cabe entender que estos adolescentes, tienen una responsabilidad mayor en la ejecución de los hechos, en relación a niños de menos edad, que por su desarrollo, pueden no tener conciencia total respecto de la improcedencia de afectar la intimidad de las personas a través de su exposición pública y del enorme daño que pueden causar en ellas.

Finalmente se debe tener presente que, conforme con las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.128 (Ley Aula Segura), se entiende que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, que causen daño a la integridad física o síquica a otro miembro de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos.

Duodécimo: Que, asentado lo anterior, el problema a examinar por esta Corte, radica en determinar si la medida de condicionalidad de la matrícula, aplicada a cuatro alumnos que participaron en la creación y difusión de las imágenes de sus compañeras de nivel escolar, es adecuada, en relación a las conductas desplegadas, o si, por el contrario, aquella es insuficiente, en la medida que no satisface de forma íntegra el rol corrector y disciplinario que debe orientar su aplicación como asimismo desconoce la protección que se debe otorgar a las afectadas.

En este punto del análisis, se debe preciar que, dado el contexto desarrollado en los recursos incoados, lo que se impugna es la sanción aplicada a quienes crearon y distribuyeron las imágenes de las adolescentes en cuyo favor se recurre, sin que se aquellos se extiendan a la sanción impuesta a los dos alumnos por mantener las imágenes en su dispositivo móvil, por lo que la sanción respecto de estos no puede ser revisada por este tribunal, máxime si, la imposición a su respecto, no fue impugnada ante el Colegio a través del recurso de apelación.

Continuando con el análisis, se debe señalar que no existe discusión respecto de la conducta desplegada y la gravedad de la misma, puesto que la única alegación vertida en estrados radica en cuestionar la circunstancia de haberse “viralizado” las imágenes, refiriendo que ellas sólo circularon entre miembros de la comunidad escolar, cuestión que debe ser descartada, toda vez que, tal como lo asienta la resolución impugnada, estas imágenes fueron de conocimientos de personas que no forman parte de la comunidad, sin perjuicio que es difícil determinar el número de personas que las visualizaron, especialmente si se considera que, una vez que salen de la órbita de custodia de la persona, la posibilidad de circulación masiva es difícil de controlar.

Por otro lado, tampoco resulta controvertido que la conducta desplegada, tal como lo refiere el colegio recurrido, tiene el carácter de gravísima, pues se condice con la conducta establecida en el artículo 42, N° 1, del Reglamento Interno, que entrega tal carácter a “Amenazar, intimidar, agredir o desprestigiar a cualquier miembro de la comunidad educativa ya sea de manera presencial o virtual”; sin perjuicio que, como se estableció en el considerando noveno, la conducta podría encuadrarse en el numeral 4, esto es, “Grabar, filmar o fotografiar a cualquier persona de la comunidad educativa sin su consentimiento previo, y /o divulgar dichas imágenes causando detrimento de su imagen personal” o aquella asentada en el numeral 5, en tanto, se relaciona con hechos de “hechos de connotación sexual aun cuando no sean hechos constitutivos de delito”, cuestión que no es trascendente para la resolución del caso, toda vez que cualquiera sea el encasillamiento de la conducta, esta tiene la tipificación de infracción gravísima.

Asimismo, se debe precisar que no existe diferencia sustancial entre la creación de la imagen y su posterior difusión, en relación a la sola difusión, toda vez que ambas actividades son igualmente graves y reprochables.

Además, se debe dejar asentado que es el propio colegio recurrido quien en su resolución deja de manifiesta la gravedad de la conducta por afectar la intimidad de otro miembro de la comunidad escolar, hecho que se estima constituye una agresión respecto de las alumnas cuyas imágenes son exhibidas, lo que constituye una vulneración a su intimidad que constituye una falta gravísima.

Décimo tercero: Que, prosiguiendo con el análisis, se debe señalar que la conducta, que reviste la mayor gravedad dentro del catálogo establecido en el Reglamento Interno, puede ser sancionado con la imposición de cualquiera de los castigos previstos en el referido cuerpo normativo; sin embargo, es este mismo instrumento el que entrega directrices para su aplicación, refiriendo que las mismas se deben aplicar teniendo en consideración la gravedad de la conducta; ergo, en un primer análisis, es posible determinar que ante una falta es gravísima, debe inmediatamente aplicarse el nivel superior de las sanciones, por lo que la discusión queda circunscrita a establecer si es procedente sancionar con la expulsión inmediata, la cancelación de la matrícula (aplicable año escolar siguiente) o la condicionalidad de la matrícula.

Este ejercicio, respecto del rango de sanciones que resultaban procedentes, no fue realizado por la Rectora al imponer la sanción, pues se limitó a establecer que, como inicialmente se aplicó a dos alumnos la cancelación de la matrícula, contando todos con tres atenuantes, era procedente rebajarla a condicionalidad, asumiendo que inicialmente tales atenuantes no fueron ponderadas. Sin embargo, lo anterior no resulta acreditado, toda vez que la circunstancia que aquello no se haya mencionado en la escueta resolución que impuso la primera sanción, no implica que no fuera valorado. Por el contrario, de haber sido efectiva tal circunstancia, el razonamiento adecuado, habría sido reconocer la procedencia de una rebaja en favor de todos los sancionados, lo que no se realizó.

Ahora bien, aún en el supuesto que fuera efectivo que tales circunstancias no fueran analizadas, lo cierto es que la sanción máxima prevista en el reglamento interno es la expulsión, por lo que la eventual disminución de la sanción, implicaría rebajarla a cancelación de la matrícula. En este aspecto, cabe referir que tampoco existen en la resolución que impone la sanción reflexiones en torno a la proporcionalidad de la sanción en relación a la conducta desplegada, lo que se encuentra en íntima conexión con la vulneración de los derechos de las afectadas, quienes han visto atropellado su derecho a la intimidad, cuestión que debió ser ponderada al imponer la sanción, más allá de la consideración de medidas reparatorias a su respecto.

Lo anterior es relevante, toda vez que la referida sanción, esto es, la cancelación de la matrícula, impuesta inicialmente respecto de dos involucrados, prevista en el reglamento interno, no sólo es la que mejor se condice con la conducta desplegada, en relación al rol corrector y formador que debe tener la sanción, sino que, además, es la que de mejor forma protege a las alumnas directamente afectadas, porque, más allá que la sanción debe tener un objeto disciplinario, en su imposición se debe tener en consideración la afectación de las víctimas, quienes no pueden ser obligadas a seguir conviviendo cotidianamente con sus agresores.

En efecto, la sanción que correspondía aplicar, considerando no sólo los criterios del Reglamento Interno, sino que también los principios orientadores que se plasman en la Ley N° 21.430 y la Ley N° 21.128 antes analizadas, no es otra que la cancelación de la matrícula a los cuatro jóvenes que participaron tanto en la creación como en la difusión de las imágenes de las adolescentes afectadas, puesto que es la única que satisface adecuadamente los fines disciplinarios, protegiendo el derecho a la educación de los adolescentes sancionados, toda vez que les permite terminar el año escolar en el establecimiento educacional recurrido, en las condiciones de separación de cursos que actualmente activó el referido colegio, por cuanto la cancelación de la matrícula, sólo tiene efecto para el año lectivo siguiente, contando los padres de aquellos, con tiempo suficiente para buscar otro recinto escolar que satisfaga sus expectativas y las necesidades de los adolescentes y, a la vez, cautela el derecho de las adolescentes afectadas a no tener que convivir con las personas que causaron un grave daño a su imagen, a través de la exposición pública.

En otras palabras, la medida sancionatoria que procedía aplicar, cancelación de la matrícula, además de ser formativa y correctora, protege los derechos que tienen las adolescentes afectadas, cumpliendo criterios de proporcionalidad, cuestión que no puede ser soslayada, toda vez que razonar de una forma distinta implicaría admitir que, ante el daño que implica para las víctimas mantener la convivencia con sus agresores, corresponde que éstas adopten la decisión de emigrar a otro establecimiento escolar, cuestión que, indudablemente, no puede ser aceptada, pues implicaría una doble victimización de las afectadas.

Décimo cuarto: Que, en consecuencia, el colegio recurrido incurrió en un acto ilegal y arbitrario, al establecer la medida de condicionalidad de la matrícula de los alumnos Alonso, Gustavo, Javier y Boris, en circunstancias que, conforme se analizó, por aplicación de la ley y el reglamento interno correspondía que impusiera la medida disciplinaria de cancelación de la matrícula, acto que vulnera la garantía constitucional consagrada en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en la medida que mantener a los alumnos agresores, dentro del mismo recinto educacional al que asisten las afectadas, causa un daño psíquico a las víctimas, hijas de los recurrentes, sin perjuicio que, además, conculca el derecho de igualdad ante la ley, previsto en el numeral 2° del referido texto Fundamental, en la medida que discrimina a las adolescentes, respecto de otras personas que, en idénticas condiciones, obtienen la aplicación de la medida disciplinaria vinculada a la gravedad de la falta cometida, que determina, además, que víctimas y agresores, no deban seguir conviviendo en el mismo espacio de formación escolar.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve:

I. Que se acogen los recursos de protección interpuestos por Ivonne y Sergio en representación de su hija Tiare; Carolina y Hernán, padres de Giselle, Eugenia y Jaime, padres de Antonella y Violeta y Adrián, padres de Danae, en contra del Colegio nombre reservado y de la nombre reservado.

II. Se declara que la recurrida, Colegio nombre reservado, incurrió en una acto ilegal y arbitrario al aplicar, mediante resolución de 26 de abril último, a los adolescentes Alonso, Gustavo, Javier y Boris, la medida disciplinaria de condicionalidad de la matrícula, acto que deberá ser dejado sin efecto, procediendo a dictar uno en que se les sancione con la cancelación de la matrícula para el año escolar 2025.

III. Que, cada parte pagará sus costas.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Ministra Sandra Araya Naranjo.

Este fallo se encuentra sujeto a criterios de anonimización de acuerdo al Acta N° 44 del año 2022.

Ingreso Corte N° 13.557-2024 Protección (Acum. 13910- 2024).

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada, además, por los ministros señor Alejandro Rivera Muñoz y señora Sandra Araya Naranjo. No firma el ministro señor Zepeda, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse cumpliendo funciones en la Excma. Corte Suprema.