nombre reservado con INSTITUTO DE PREVISIONS SOCIAL

Fojas: 65 Sesenta y cinco Santiago, quince de abril de dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fs. 1 recurre de protección don nombre reservado, postulante de la oficina especializada de Derechos Humanos de La Corporación de Asistencia Judicial de Santiago, a favor de don nombre reservado, en contra del Instituto de Previsión Social (I.P.S.), representado por don nombre reservado, por haberse vulnerado, en su concepto, los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, al debido proceso y a no ser juzgado por comisiones especiales; y, de propiedad. Pide que en definitiva se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 33 que dispuso la invalidación de la Resolución Exenta N° 4330 de 21 de diciembre de 2010, en la que se autoriza a pagar con subrogación o por tercero, cotizaciones previsionales para acceder a pensión no contributiva de la ley 19.234, ordenando que se reconozca la calidad de exonerado político de don nombre reservado y de beneficiario de los derechos de pago con subrogación contemplados en la ley 19.234, y en definitiva acoger el recurso arbitrando las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho quebrantado por las acciones arbitrarias y garantizar los derechos alegados por esa parte, condenar al pago de las costas de la causa, y demás medidas que se estimen pertinentes.

Funda su acción cautelar en que el 13 de abril de 1968, don nombre reservado ingresó a la Empresa Constructora MagriHepner, que le construía a CORVI, como ayudante trazador y ayudante de carpintero. Como militante socialista ingresó a la CORVI donde permaneció hasta el 11 de septiembre de 1973, en que ocurrió el golpe militar.

El 29 de octubre de 2008 inició ante el 15° Juzgado Civil de Santiago gestión voluntaria de información de perpetua memoria, para que se declarara su calidad de exonerado político y continuar con los trámites de la ley 19.234, que establece beneficios previsionales por gracia a los exonerados políticos. Sus testigos, don nombre reservado y don nombre reservado, por un error involuntario, señalaron que el señor nombre reservado había trabajado para la Constructora entre los años 1972 y 1973. Ante la constatación de aquel error, producido por el tiempo transcurrido, prestaron una nueva declaración indicando que el señor nombre reservado desempeñó labores de maestro carpintero y trazador desde 1968. El 25 de marzo de 2009 se aprobó esa información para perpetua memoria.

Con lo anterior y con las gestiones ante el Ministerio del Interior, se declaró la calidad de exonerado político del señor nombre reservado, y el Instituto de Normalización Previsional dictó la Resolución Exenta N° 4330 de 21 de diciembre de 2010, en que se autorizó el pago con subrogación o por terceros, de cotizaciones previsionales para acceder a pensión no contributiva de la ley 19234.

El 13 de enero de 2014, en un hecho sorprendente e intempestivo, el IPS dictó la Resolución Exenta N° 33 que dispuso la invalidación de la Resolución N° 4330, debido a que en su parecer, existía información contradictoria respecto del tiempo en que se desempeñó en la Constructora MagriHepner. El señor nombre reservado dedujo recurso de reposición administrativa en que sostuvo que trabajó para la Constructora desde 1968 y que el error involuntario se debió por la gran cantidad de años que transcurrieron y lo traumático del período. El 20 de enero de 2015 el señor nombre reservado fue notificado de la Resolución Exenta N° 729 que rechazó el recurso de reposición.

Por lo que dice relación con los requisitos de procedencia, alega que el hecho arbitrario está constituido por la decisión de auto tutela del I. P. S., que sin un debido proceso y sin acreditar hecho alguno, fue privado de su beneficio previsional, mediante su invalidación. La decisión de invalidación es arbitraria, carece de razonabilidad al no acreditar los hechos en que se sustenta. Sólo alega que existe información contradictoria en los hechos que le permitieron acceder al beneficio, por lo tanto presume que el beneficiario no trabajó en la Constructora. La falta de razonabilidad queda patente al presumir la mala fe de su parte, lo que no es procedente en nuestro ordenamiento jurídico. No es aceptable que se pueda vulnerar, sin un debido proceso, un derecho ya adquirido. Aceptarlo significa aceptar tácitamente un mecanismo de auto tutela, lo que es improcedente ya que los conflictos de relevancia jurídica deben ser resueltos por los Tribunales de Justicia. El recurrente sostiene que se han vulnerados los derechos al debido proceso y a no ser juzgado por comisiones especiales, al vulnerarse los derechos adquiridos de que gozaba nombre reservado, y en que la autoridad pública se ha constituido en una especie de órgano jurisdiccional que debe respetar las garantías procesales consagradas constitucionalmente. No hubo un procedimiento en que se investigó la supuesta contradicción, ni don nombre reservado tuvo la oportunidad de defenderse y menos de aportar prueba.

El segundo derecho constitucional que reclama como vulnerado, lo hace radicar en el de propiedad, en sus diversas especies y que se ve perturbado en cuanto a su pensión, el monto de ella, las cotizaciones previsionales y al pago con subrogación que se efectuó a raíz de la resolución exenta que se llevó a cabo debido a su calidad de exonerado político.

Las incongruencia anterior consistente en el reconocimiento al beneficio de pago con subrogación y luego la invalidación del acto anterior, atenta contra el principio de legítima confianza que tienen los administrados respecto de los órganos de la administración pública, que es un instrumento de protección de los particulares frente a los órganos de la administración.

Segundo: A fs. 38, la recurrida informó el recurso, solicitando que en definitiva sea rechazado, con costas.

Sostiene que por Resolución Exenta N° 8150de 15 de octubre de 2009, la Coordinadora Nacional del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, le reconoció esa calidad al recurrente; por Resolución Exenta N° 4330 de 21 de diciembre de 2010, se aceptó la solicitud de pago con subrogación, respecto de la Constructora MagriHepner, respecto del período que corre desde el 13 de abril de 1968 hasta el 30 de junio de 1969; y, que por Resolución N° 3664 de 23 de agosto de 2011, la Subsecretaría del Interior le concedió al recurrente el beneficio de la pensión no contributiva, la que le fue pagada la primera vez, el 23 de enero de 2012.

Con motivo de la auditoría efectuada por la Contraloría General de la República, contenida en el Informe Final N° 81 de mayo de 2013, se dictó el Ord. N° 34836/4060-13 de 22 de agosto de 2013, en que dio inicio alprocedimiento de invalidación de la Resolución Exenta/Exone N° 4330, en razón de haberse detectado los siguientes vicios que permitían dejarla sin efecto:

Que el pago con subrogación abarcó el período que va desde el 13 de abril de 1968 al 30 de julio de 1973; a su vez, los testigos de la información de perpetua memoria sostuvieron que el ingreso a la Empresa Constructora MagriHepner fue el 9 de febrero de 1972 y hasta el 11 de julio de 1973 y luego ingresó el 12 de julio de 1973 a la CORVI. Luego de ello, comparecieron por segunda vez, cambiando sustancialmente su versión de los hechos, sosteniendo que tuvo una relación laboral con la Constructora entre el 13 de abril de 1968 y hasta el 30 de julio de 1969. A mayor abundamiento, los dichos de los testigos son inciertos, ya que ninguno precisó el tiempo que efectivamente trabajó para el supuesto empleador ni la época en que tomaron conocimiento de los hechos, por lo que no es posible dar por establecido que trabajó para la empresa en cuestión ni en el período comprendido entre el 13 de abril de 1968 y el 30 de julio de 1973.

Al hacer uso de la audiencia previa establecida en la ley 19.880, el recurrente hizo sus descargos, ratificó su solicitud de pago con subrogación, atribuyendo las contradicciones a errores involuntarios de los testigos, y a un funcionario del Ministerio del Interior, que no haya incluido más antecedentes, los que estaban todos.

Por Resolución Exenta N° 33 de 13 de enero de 2014 se rechazaron las argumentaciones del recurrente, debido a que no pudo justificar las contradicciones en que incurrió con la simple argumentación de tratarse de un error, ni tampoco era posible atribuir responsabilidad a un funcionario del Ministerio del Interior. Por medio de la Resolución exenta N° 729, se rechazó el recurso de reposición interpuesto por el recurrente.

Respecto del informe de la Contraloría General de la República, contenida en el Informe final N° 81 de mayo de 2013, indica que se cuestionaron 5917 casos que se concedieron entre el 01 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2012, requisito fundamental para el pago con subrogación, dispuso que el Instituto de Previsión Social debía analizar esos beneficios y regularizar los casos en que no hubo una evaluación de la totalidad de los antecedentes probatorios para acreditar la relación laboral. Ante tal observación, se creó la “Unidad Revisión de Pagos con Subrogación de Exonerados Políticos”. La Superintendencia de Pensiones, a través del oficio N° 16.032 de 2008, insistió en que para la procedencia del pago con subrogación por un tercero, debe encontrarse acreditada la existencia de la relación del servicio o relación laboral del imponente y se deben ponderar todas las pruebas y que tratándose de testigos, deben ser, a la fecha de la relación laboral, mayores de edad, conocer personalmente los hechos y den razón de sus dichos. Luego y a través del Oficio Ordinario 1725 de 2009, ratificó el Oficio anterior, afirmando que no solo el acta de fiscalización de una Inspección del Trabajo o la declaración de dos testigos constituye un medio de prueba suficiente para dar por probada en forma plena y directa la relación laboral, sino que debe procurarse una evaluación de la totalidad de los elementos probatorios, en cada caso en particular.

La ley de exonerados políticos N° 19.234 establece beneficios para aquellos trabajadores que fueron separados de sus trabajos por razones políticas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. El trabajador debe ser calificado como tal, por el Presidente de la República, siendo una facultad privativa, en que no tiene injerencia. Luego de esa calificación, el Instituto analiza la situación previsional y concede los beneficios conforme a la situación particular de cada trabajador, los que describe latamente.

Se revisó el expediente del recurrente y se le informó por medio del Oficio Ordinario N° 34836/4060-13 de 22 de agosto de 2013, de los vicios que se estimó incurrió el recurrente y que llevarían a invalidar la Resolución que autorizó el pago con subrogación. Éste hizo uso de su Derecho de Audiencia y expuso lo conveniente a sus intereses.

La ley 19880, sobre Bases del Procedimiento Administrativo, ha sido cumplida al momento de la revisión de los pagos con subrogación o pagos por terceros. Por medio de la Resolución N° 231 de 11 de junio de 2013, publicada en el Diario Oficial el 13 de junio de ese mismo año, dispuso la revisión de los casos en que el Instituto de Previsión Social, ex I.N.P., autorizó los pagos con subrogación de cotizaciones previsionales a beneficiarios de pensiones no contributivas. En ese contexto se produjo la revisión de todos los expedientes en los que se otorgó una pensión no contributiva en base a una autorización previa de un pago con subrogación o pagos por terceros, materia que fue cuestionada por la Contraloría, ya referido anteriormente. La carta dirigida al exonerado político contiene en forma extensa y explicativa, la forma como puede ejercer sus defensas, alegaciones u otras formas de hacer valer sus derechos, facilitando el uso de toda la información en poder de ese Instituto.

Reclama sobre la admisibilidad del recurso, ya que conforme lo dispone el artículo 53 de la ley 19.880, se puede accionar en contra del acto invalidatorio, que será conocido en un procedimiento breve y sumario, esto es, en un procedimiento de lato conocimiento. Por otro lado, no se está frente a un derecho indubitado por parte del recurrente que permita su amparo constitucional, la discusión del caso debe hacerse en un procedimiento de lato conocimiento, citando en apoyo de su alegación, jurisprudencia diversa.

Sobre los actos acusados de ilegales y arbitrarios, sostiene que no existen en estos hechos. Sobre la vulneración del Debido Proceso, afirma que ha reconocido y garantizado su derecho a defensa, más allá del, estándar de la ley 19880. En el procedimiento de invalidación se inició por Ordinario N° 34836/4060-13 de 22 de agosto de 2013, en que se le informó al recurrente sobre los reproches que se le formulaban respecto de su solicitud de pago con subrogación y las pruebas aportadas para ello, que contaba con un plazo de 15 días hábiles para exponer y hacer aportar los antecedentes que estimara convenientes, lugares donde podía dirigirse, hacer las consultas acerca de su situación, así como el procedimiento para obtener copia digitalizada de su expediente. Le entregó además, un plazo superior a los 5 días que fija el artículo 53 de la ley 19880.

Sobre la ilegalidad reprochada respecto de su actuar, afirma que no existen vicios en tal sentido, ya que ha dado cumplimiento a la normativa legal vigente. Tiene la facultad para declarar la invalidación del acto cuando es contrario a derecho, con audiencia del interesado y en el plazo de dos años, contados desde la notificación del acto.

Sostiene que otro elemento a tener en consideración es que el recurrente, en su solicitud de declaración de exonerado político acompañó copia de la gestión voluntaria para Perpetua Memoria, de la que constan que hubo una primera declaración sobre el tiempo en que el recurrente trabajó para la “Empresa Constructora Magri Hepner”, que fue desdicha por los mismos testigos en una segunda comparecencia. Sobre ello, señala que no resulta coherente argumentar que los testigos no se hayan acordado con precisión de las fechas, dado que las fechas de inicio y término de la relación laboral se encontraban consignadas en el respectivo cuestionario y que fue redactado con el cuidado necesario y consultando a los intervinientes. En segundo término, resulta contradictorio que el recurrente le desconozca valor legal a la propia gestión voluntaria que él solicito, ya que pretende invalidarla por la declaración de tres testigos, sin tener en consideración que la información para Perpetua Memoria tiene el valor de una presunción judicial, conforme al artículo 914 del Código de Procedimiento Civil.

Sobre la imputación de arbitrariedad a su actuar, sostiene el informe que la invalidación no nació del capricho de esa institución. Fue la Contraloría General de la República la que ordenó la revisión de 5917 casos de pago con subrogación entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2012, por no haberse acreditado la existencia de las relaciones laborales. Y el reclamante quedó incluido entre esos casos que debían ser objeto de revisión y en que se constató que existían vicios que justificaban la invalidación.

Sobre las garantías constitucionales que alega el recurrente, señala que el derecho a un debido proceso no se encuentra amparado por esta acción constitucional. La otra garantía tampoco está conculcada, ya que ese Instituto ha actuado conforme a sus atribuciones y facultades legales.

Respecto del derecho de propiedad, no se ha vulnerado respecto del recurrente y de su calidad de exonerado político y del beneficio que de ello deriva. El procedimiento dice relación con la resolución que autorizó el pago con subrogación, ya que no se acreditó la existencia de la relación laboral. No dice relación con su calidad de exonerado político ya que es privativa del Presidente de la República y no es atribución de ese Instituto. Si bien el recurrente tiene un derecho de propiedad sobre su pensión no contributiva, ella fue obtenida sobre la base de la autorización de un pago con subrogación o pago por terceros, que le permitió obtener el número mínimo de años para acceder a la primera. No obstante, todos los actos administrativos están sujetos a revisión, dos años en el caso de la Resolución que autorizó el pago de cotizaciones conforme con la ley 19880; y, de tres años para la revisión de las pensiones, según la ley 19260, artículo 4.

Sobre la vulneración de la confianza legítima de los actos de la administración, afirma que además de haber hecho de sus facultades y respetando los derechos fundamentales del recurrente, éste no es un derecho reconocido por la Constitución Política y menos amparado por el Recurso de Protección.

Tercero: Que debe dejarse establecido como primera cuestión, que en lo relativo al acto que se pretende impugnar por el recurrente, no hubo cuestionamiento que versó sobre el acto administrativo consistente en la dictación de la Resolución 33 de 13 de enero de 2014, por el que se dejó sin efecto, a su vez, la Resolución Exenta/Exone4330 de 21 de diciembre de 2010 y en la que se accedió a que el recurrente señor nombre reservado, hiciera pago con subrogación o por tercero, en el ex Servicio de Seguro Social, de las cotizaciones previsionales del período que corre desde el 13 de abril de 1968 y hasta el 30 de julio de 1969, las que era adeudadas por la “Empresa Constructora MagriHepner”, con ocasión de la existencia de una relación laboral de mayor extensión.

Como se desprende irredargüiblemente del tenor del Recurso como de la Motivación 1.7 del acto recurrido, la dictación de ese acto proviene de una revisión “… en proceso ex post sobre la suficiencia de la prueba con la sola reponderación de la misma, eso no obsta a que, enmarcado en tal proceso de revisión de legalidad a posteriori…”, esto es, el mismo órgano administrativo vuelve a efectuar un segundo control de legalidad de los antecedentes que originaron el acto que anula, sin tener otros informes o elementos antecedentes que pudieran introducir nuevas variantes de análisis, tales como probanzas diversas y desconocidas hasta ese momento, cambio de regulación legal o cualquier otra circunstancia que no fue valorada en el proceso anterior y de fuerza suficiente para sostener que por su conocimiento en el acto que se invalida, pudo llevar a concluir de manera diversa a la forma en que se hizo en aquel.

Asimismo, consta de la Motivación 2.6.- del acto contra el que se acciona de protección, que el Instituto de Previsión Social hizo uso de la facultad invalidatoria que pone a su disposición el artículo 53 de la ley 19.880, sobre Bases de los procedimientos Administrativos, que faculta para “invalidar lo actos contrarios a derecho…”.

En todo caso, cabe precisar que la recurrida procedió a la revisión y nueva ponderación de los mismos antecedentes que permitieron el pago con subrogación del período laboral, motivada por el Informe Final N° 81 de 9 de mayo de 2013, de la Contraloría General de la República, que lo ordenó imperativamente.

Cuarto: El artículo 3 de la ley 19.880, señalando que “… se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de de unan potestad pública…”, señalando en el inciso final de la norma citada que “…gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia…”, prohibiéndose expresamente en el artículo 61 de la ley citada, la revocación, “…a)cuando se trate de actos declarativos o creadores de derecho adquiridos legalmente…”.

Aquellas características logran perfilar los efectos de los actos administrativos y son comunes tanto al acto recurrido como aquel que se pretende anular por aquel que es motivo del presente recurso, sin que sea posible determinar la prelación de uno por sobre el otro, en razón de jerarquía.

Quinto: El acto administrativo, conforme a la normativa legal, contiene una decisión de voluntad del Estado, que para el caso de ser declarativo o creador de derecho en favor de terceros, tiene prohibida su revocación y se permite su invalidación solo si es contrario a derecho, en el término de dos años, según lo prescribe el artículo 53 de las ley 19880.

Aquella facultad de anulación propia otorgada en virtud de la función social que debe satisfacer la administración estatal, tiene consagración legal, y los requisitos sobre ilegalidad y plazo a que se refiere la norma antes citada, aparecen debidamente satisfechos. En efecto, el cuestionamiento sobre la falta de veracidad de los testigos de los que se valió el recurrente para obtener el pago con subrogación o por terceros de las cotizaciones previsionales, han sido, en parecer de la recurrida, un vicio que tiñe de ilegalidad el acto primitivo y que permite la invalidación sólo en cuanto al pago de la pensión no contributiva, por no haber acreditado el hecho base, esto es, el derecho al pago por subrogación de aquellas cotizaciones en la forma que dispone la ley 19.234. Aquel reproche, no obstante la apertura del derecho a la audiencia que le fija el artículo 53 ya fijado y que fue debidamente ejercido, según consta de los instrumentos que rola en la carpeta de documentos, período en el que el recurrente, no incorporó antecedentes que permitieran superar el cuestionamiento y por ende, sostener su derecho a ese pago con subrogación.

El plazo para hacer uso de la facultad de invalidación que le asiste a la autoridad administrativa, que se corresponde a dos años, se encuentra satisfecho, ya que entre la notificación o publicación del acto que se deja sin efecto y aquel que invalida el primero, no ha transcurrido aquel término.

Por otra parte, al recurrente le queda a salvo su derecho a recurrir a la justicia ordinaria para entablar que estime conducentes al resguardo de su derecho, en la forma prescrita por el citado artículo 53 de la ley 19880.

Por lo anterior, el presente recurso de protección deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones, y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducidos a fojas 1 por don nombre reservado en favor de don nombre reservado, sin costas, por estimar que litigó con motivo plausible.

Acordada con el voto en contra del Ministro (S) Carrillo González, quien fue de parecer de acoger el presente Recurso, y dejar sin efecto la resolución Exenta de N° 33 de 13 de enero de 2014, teniendo presente para ello:

1°) La Resolución Exenta N° 4330 de 21 de diciembre de 2010 de la Subsecretaría del Interior, que se invalida por el acto administrativo posterior y que motiva esta acción de cautela, es un acto administrativo que estuvo vigente sin cuestionamiento hasta la decisión de invalidarla, que produjo efectos jurídicos, que desde luego obligan al Estado a su ejecución, y que para el beneficiario crea un derecho que le es exigible a la autoridad administrativa.

Entonces es válido preguntarse, si la facultad de invalidación de la que hizo el órgano demandado de tutela, es capaz de anular el acto primitivo, alegando que es contrario a derecho.

En todo caso, debe precisarse que tal duda la expresó la propia recurrida en el punto 1.7 de los considerandos del acto invalidante, que razona sobre las dudas que genera tal decisión, estimándola a lo menos, cuestionable.

2°) Frente a aquel dilema, debe precisarse que la dictación de la Resolución Exenta N° 33 de 13 de enero de 2014, afectó la vigencia de un acto administrativo anterior, favorable y constitutivo a favor del recurrente, y cuya revisión se hizo sólo sobre los mismos antecedentes que justificaron la dictación de la primera, sin nuevos antecedentes probatorios, de hechos o de del marco jurídico que lo regulaba, deviniendo en ese sentido en arbitrario, ya que se basa en la sola “nueva” voluntad del órgano estatal en el análisis y ponderación de los mismos antecedentes; y, en ilegal, en cuanto afecta derechos que con apariencia de regularidad normativa, se encontraban ingresados en el patrimonio del recurrente y en ejercicio de esos derechos previsionales.

Desde luego, no se trata de que el Estado no pueda afectar derechos de los administrados, sino que su actividad debe ajustarse a los efectos propios de su actuar y si creyere que el acto es ilegal, no sólo debe ser riguroso en el análisis del derecho aplicable, pero en caso alguno, afectar derechos que por su vigencia, ejercicio y reconocimiento, tiene la apariencia de legalidad, misma que además debe presumirse atendido su origen. No basta la revisión de los mismos antecedentes para hacer uso de su facultad de invalidación; aparece como necesaria la existencia de nuevos elementos que deben ponderarse para el ejercicio legítimo del poder de invalidación, verdadera auto tutela que como pocos sujetos de derecho goza el Estado, pero que no por ello, deja de estar sujeto al control jurisdiccional, mediante los recursos o acciones que los administrados puedan entablar en contra de aquel y en resguardo de sus derechos, como se desprende unívocamente del inciso final del artículo 54 de la ley 19880.

Son estos últimos, los que escudados en el principio de legítima confianza, y de la que la presunción de legalidad es una de sus expresiones, pueden válidamente requerir el cabal cumplimiento de la voluntad estatal, expresada a través del respectivo acto administrativo que constituyó una relación jurídica válida y de exigibilidad inmediata, elementos que constituyendo derechos a favor del beneficiario, mismos que se erigen como limitante a la voluntad propia del Estado, respecto de aquel primer acto, el que no puede ser afectado en forma voluntariosa y sin mayores antecedentes. Si el órgano administrativo llegase a estimar que existen vicios de legalidad, deberá recurrir judicialmente para plantear la controversia respectiva.

Si bien la facultad de invalidación opera contra “actos contrarios a derecho”, la simple ilegalidad no autoriza el uso de ella por parte del Estado, debido a que el acto antirreglamentario contra el derecho requiere una intensidad contra la totalidad del cuerpo normativo que exceda con largueza su sola transgresión en cuestiones de valoración de las probanzas, menos aun cuando el acto que se pretende invalidar ha surtido todos sus efectos en favor del administrado, y su abolición sólo aparece basada en una segunda revisión del primero, sin la existencia de nuevos elementos que pudiendo cambiar la decisión primera de la autoridad, sean capaces de producir su derogación. Sobre el punto, huelga decir que el Estado es un sujeto de Derecho que aparece sometido al control jurisdiccional y capaz de iniciar los procedimientos que estime pertinente, en cumplimiento de su finalidad, cual es el interés público.

3°): El recurso de protección ha sido concebido como una herramienta jurídica de especial urgencia y destinado a resguardar aquellas relaciones que parecen cubiertas con un manto de legalidad, (sin perjuicio de las demás acciones judiciales), cual es el caso de autos, por lo que es procedente analizar los derechos constitucionales en que el recurrente funda su acción.

En cuanto a la afectación a la garantía fundamental establecida en el número 3°, inciso 4° del artículo 19 de la Constitución Política, que lo hace radicar en infracción al debido proceso y a no ser juzgado por comisiones especiales, cabe dejar establecido que según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental, que la protección por medio de este recurso sólo dice relación con la prohibición de juzgamiento por comisiones especiales, más no de las reglas del debido proceso, primera consideración que permite rechazar la acción de tutela por esta última facultad que se dice amagada.

Sobre el pretendido juzgamiento por una Comisión Especial, debe tenerse presente que el acto en contra del que se presenta este Recurso, aparece dictado por una institución que forma parte de las diversas instituciones estatales constituidas con anterioridad a los hechos cuestionados y que hizo uso de una facultad que le entrega un cuerpo legal, esto es, el artículo 53 de la ley 19880, norma jurídica que le entrega competencia suficiente para pronunciarse unilateralmente sobre la materia y de conformidad a un procedimiento administrativo que establece ese texto, que aparece debidamente empleado, razón por la que este primer derecho que se pide proteger, no aparece amagado o vulnerado, razón por la que se desestimará el recurso en este punto.

En lo relativo a la vulneración del derecho de propiedad, cabe señalar que como lo dejó establecido la recurrida y el demandante de protección, éste se encontraba gozando del derecho a percibir una pensión no contributiva según Resolución N° 3664 de 23 de agosto de 2011 de la Subsecretaría del Interior, cuyo monto a diciembre de 2008, alcanzaba a $133.755.-, según consta de aquella y que se encuentra agregada a la carpeta de documentos.

La invalidación de aquel acto administrativo, fue ordenado a la recurrida por el “Informe Final N° 81” de la Contraloría General de la República, igualmente incorporada en la carpeta de documentos antes señalada, quien mediante la Resolución N° 33 de 13 de enero de 2014, esto es, cuando ya el recurrente estaba en pleno goce del derecho a la pensión contributiva, y por ende, ingresado a su patrimonio aquel derecho mediante un acto que debe presumirse como válido y que se encontraba surtiendo todos sus efectos. El derecho a percibir la mensualidad estaba incorporado al patrimonio del recurrente, no había ningún elemento nuevo a ponderar y ya había sido percibido y se encontraba en estado de ser recibido con la periodicidad fijada, sin cuestionamientos legales.

Aquella relación jurídica entre las partes del Recurso constituía un derecho inmaterial que debe ser cumplido efectivamente, por ahora, en tanto no se resuelva por acciones judiciales entre las partes y que ordenen el cese del mismo. Como ya se dijera precedentemente, la facultad de invalidación no aparece como el medio idóneo para poner término a la obligación que pesa sobre el Estado, frente a un derecho que goza de la presunción de legalidad, aunque emane del propio Estado, que además, es el primer llamado a respetar las garantías constitucionales, al tenor de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 1 de la Carta Fundamental.

Sin perjuicio de haber sido desarrollados en el cuerpo del recurso los dos derechos fundamentales antes referido, en estrados se enunció como igualmente vulnerado el derecho de igualdad ante la ley del N° 2 del artículo 19 de la Constitución, sin que se hayan desarrollado los motivos para ello. No obstante lo anterior, no hubo prueba ni menciones sobre los hechos que constituyen la infracción alegada, sin que del resto del debate pueda tampoco apreciarse algún hecho que lo constituya, razón por la que este capítulo de protección debe ser desestimado sin más.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Ministro (S) señor Carrillo González.

N° Protección 13.555-2015. (Se devuelve con su custodia archivador N° 93-2015)

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministro (S) Dora Mondaca Rosales e integrada, además, por la ministro Sra Jenny Book Reyes y el ministro (S) señor Carlos Carrillo González.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a quince de abril de dos mil quince, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.