nombre reservado con DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE nombre reservado

Santiago, veintiocho de junio de dos mi doce.

Visto.

nombre reservado, directivo de la Asociación de Gendarmes de Concepción, domiciliado en domicilio reservado y deduce Recurso de Protección a favor de los funcionarios de Gendarmería nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado de Concepción y lo dirige en contra del Director Nacional de Gendarmería de Chile don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por haber actuado en forma arbitraria e ilegal, perturbando y amenazando las garantías constitucionales de números 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Señala que el 5 de mayo de 2012 tomó conocimiento de la situación que afecta a los funcionarios en cuyo favor comparece, de que la recurrida estaría haciéndole descuentos superiores al límite legal establecido en el inciso segundo del art 96 del Estatuto Administrativo, no obstante que hay una sentencia de la Excelentísima Corte Suprema en el ingreso Rol 609-2011 por el que expresa que la decisión de gendarmería es contraria a la ley y acoge un Recurso de Protección basado en los mismos antecedentes. Dice que lo mismo sucede en el Recurso de Protección del ingreso Rol 12851 de la Corte de Santiago por el cual se dice que el descuento que supera el 15% es contrario a la ley.

Explica que por lo anteriormente expresado, el recurrido basándose en el efecto relativo de las sentencias, ha dicho que sólo rigen tales decisiones respecto de los funcionarios que recurrieron de protección.

Refiere que si bien las sentencias judiciales no son obligatorias, lo cierto es que conforme al art 96 de la Ley 18834 está prohibido deducir de las remuneraciones del funcionario otras cantidades que no sean las estrictamente legales y sólo se puede autorizar el descuento voluntario de otras sumas, que no excedan en conjunto del 15% de la remuneración, toda vez que en derecho público sólo se puede hacer lo que la ley permite.

Reclama que la recurrida está dando un trato desigual a los funcionarios de Gendarmería de Chile y en especial a aquellos respecto de los cuales se deduce la presente acción constitucional, sosteniendo que en ningún caso el objetivo de los funcionarios a favor de los cuales se recurre, es burlar las eventuales acciones que pudieren iniciar sus acreedores para la satisfacción de sus acreencias, pues éstas se conservan indemnes y las pueden ejercer en cualquier momento.

Sostiene que el acto denunciado ha violado flagrantemente las garantías constitucionales del derecho a la integridad física y psíquica, desde que se ha desestabilizado la normalidad psicológica de los funcionarios en cuyo favor se recurre. También constituye un agravio a la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que se ha establecido discriminaciones y diferencias arbitrarias, en lo que se refiere a los descuentos voluntarios que debe hacerse a los funcionarios de gendarmería, pues a algunos de ellos no sobrepasa los límites a que el artículo 96 del Estatuto Administrativo se refiere. Por último, se vulnera el derecho de propiedad de los funcionarios, ya que el acto afecta remuneraciones devengadas y pagadas.

Termina solicitando se tenga por interpuesto el Recurso de Protección ordenando que se deje sin efecto los descuentos que exceden el límite legal establecido en el artículo 96 de la ley 18834 y que se tomen todas las medidas convenientes para restablecer el imperio del derecho, con costas del Recurso.

Acompaña copias de liquidaciones de sueldo de los funcionarios a cuyo favor se recurre, correspondiente al mes de Abril de 2012.

Informando el recurrido a foja 17, plantea la extemporaneidad del Recurso, toda vez que la actuación ilegal y arbitraria que se denuncia consiste en los descuentos que mensualmente se practican en las liquidaciones de las remuneraciones de los recurrentes, sin precisar cuáles serían los conceptos que superan el límite legal ni cuándo se generaron tales descuentos y ello porque se vienen practicando a lo menos desde el año 2009, teniendo como causa compromisos contraídos con anterioridad al dictamen 57.424 de la Contraloría General de la República, por lo que la acción cautelar ha sido deducida fuera de plazo ya que el conocimiento del acto ilegal debe radicarse en los afectados en la fecha que los descuentos se hicieron y estos tienen descuentos por lo menos desde el mes de agosto del año 2009. Por otro lado, quien comparece a favor de los recurrentes dice haber tomado conocimiento de la situación denunciada el 5 de mayo de 2012, lo que queda al arbitrio del compareciente. Agrega el recurrente, que lo que se cuestiona son la aplicación de los dictámenes 57.424 y 27.314 de la Contraloría General de la República de fechas 19 de octubre del año 2009 y 20 de mayo de 2010, respectivamente, que se tradujo en las circulares números 121, 543 del mes de julio de 2010 y los Oficios circulares N° 70 y 150 de 13 de abril y de 20 de agosto, también del año 2010, emanado del Subdirector Administrativo de Gendarmería de Chile, que fueron debidamente comunicados a los funcionarios de las unidades penales de todo el país, por lo que la acción cautelar ha sido interpuesta con más de un año después de haber despachado el último oficio.

En cuanto al fondo, expresa que la materia se rige por el actual artículo 96 del Estatuto Administrativo, el que ha sido objeto de interpretación por parte de la Contraloría General de la República, en los que se reconoce la finalidad protectora de las remuneraciones de los funcionarios públicos lo que constituye una garantía de subsistencia tanto para el trabajador como para su grupo familiar. Al respecto señala que la Contraloría General de la República ha dictado los dictámenes N° 57.424, 27.314 y 30.921 que regulan la materia. En el primero de ellos, de 19 de octubre de 2009, se hace una distinción entre los descuentos del inciso primero en que prohíbe todo descuento a las remuneraciones, salvo aquellos que corresponden al pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y demás establecidos expresamente por la ley. El inciso segundo, por su lado contempla una excepción a la regla general autorizando la deducción de sumas determinadas, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, que no pueden exceder en conjunto del 15% de la remuneración mensual por lo que existen descuentos de carácter obligatorio, que deben ser indicados en la ley y descuentos de carácter voluntario, teniendo éstos últimos un límite en el monto de sus descuentos.

Manifiesta que la Contraloría General de la República ha evacuado los dictámenes números 57.424, 27.314 y 30.921de 19 de octubre de 2009, 20 de mayo de 2010 y 10 de junio de 2010, respectivamente. Por el primero de ellos, que fue emitido a raíz de diversas presentaciones efectuadas por personas naturales que cumplían funciones en diversos organismos públicos, en el que dicho ente administrativo señaló que el ordenamiento jurídico le ha otorgado un carácter excepcional a los descuentos de remuneraciones con la finalidad de proteger la integridad de ellas, distinguiendo dos tipos de descuentos, los de carácter obligatorio que están expresamente establecidos en la ley, referidos en el inciso primero del artículo 96 del Estatuto Administrativo; y los de carácter voluntario, referidos en el inciso segundo del mismo artículo que incluye aquellos descuentos expresamente aceptados por el funcionario. Por el segundo dictamen, que fue evacuado a petición de diversos organismos públicos, se aclaró que el carácter de voluntario de los descuentos está dado por la aceptación expresa de los mismos por parte de los funcionarios. Además se señaló que la época de vigencia del dictamen 57.424 es que rige hacia el futuro, sin afectar los compromisos financieros adquiridos entre los servidores públicos y las respectivas entidades comerciales. Como consecuencia de éste dictamen se emitió el oficio circular N° 151 por el cual se informa a los funcionarios el cumplimiento de lo resuelto por la Contraloría General de la República. Finalmente, en lo tocante al dictamen N° 31.921, el que se pronuncia sobre una presentación efectuada por un funcionario de Gendarmería, en el que se solicitaba se dejara sin efecto descuentos practicados a sus remuneraciones, se reiteró que lo expresado en el dictamen 57.424, regía para el futuro, esto es, a partir del 19 de octubre de 2009, no pudiendo afectar los compromisos financieros adquiridos con anterioridad a su emisión, ordenando suspender los descuentos que tengan como fundamento compromisos financieros contraídos con posterioridad a la data de entrada en vigencia, por lo que debe entenderse que a aquellos compromisos contraídos con anterioridad a la entrada en vigencia del dictamen 57.424, no se aplica el límite del 15%.

Argumenta que Gendarmería de Chile es un servicio público, el que está obligado a cumplir con las resoluciones emanadas de la Contraloría General de la República, por lo que lo único que ha hecho es dar cumplimiento a lo resuelto por el ente contralor y la falta de acatamiento a lo resuelto por aquel, puede hacerle incurrir en eventuales responsabilidades administrativas.

Por otro lado, señala que sobre esta misma materia se han interpuesto medidas cautelares ya resueltas por la Corte de Apelaciones de Santiago, en los que se ha declarado inadmisible o rechazada la pretensión del recurrente señalando que si bien la Excma. Corte Suprema, revocó uno de esos fallos acogiendo la acción cautelar, este se acordó con el voto en contra de dos Ministros de ese Tribunal.

Indica que de acuerdo con la situación particular de cada uno de los funcionarios a que se refiere la presente acción cautelar, no superan el límite legal del 15% de sus remuneraciones de acuerdo a la minuta que acompaña por lo que no ha incurrido en el actuar que se denuncia. Finalmente, haciéndose cargo de cada una de las supuestas vulneraciones del derecho a la integridad física y psíquica, de la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad, precisa que no se ha conculcado ninguna de las indicadas garantías, afirmando que Gendarmería de Chile ha cumplido cabalmente con todas las disposiciones legales vigentes en la materia, sin que en su actuar se haya obrado con arbitrariedad o con ilegalidad respecto de la aplicación de los dictámenes emanados de la Contraloría General de la República.

Estando la causa en estado, se trajeron los autos en relación y efectuada la vista del recurso, quedó en estado de acuerdo, dictándose el presente fallo.

Con lo relacionado, considerando y teniendo presente.

Primero: Que, como es sabido, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política de la República, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional que el artículo 20 de la Carta Fundamental menciona y cualquier persona puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando tales derechos se sientan conculcados o amagados, por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones correspondiente, debe adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

Lo que se persigue por medio de esta acción cautelar es poner pronto remedio a actuaciones de facto que amaguen o conculquen derechos indubitados, sea en forma ilegal o arbitraria, esto es, aquellas actuaciones que pretenden cambiar el statu quo vigente, en forma caprichosa y obviando la legalidad vigente.

Segundo: Que la recurrida al informar planteó como primera alegación la extemporaneidad de la presente acción cautelar, ya que lo que se califica como ilegal y arbitrario son los descuentos voluntarios que se han practicado a los funcionarios en cuyo favor se dirige esta acción, que exceden el 15% que la ley indica como límite máximo, de los que no pueden menos que tener conocimiento cierto y cabal desde que aquellos se efectuaron, lo que empezó a suceder en el mes de agosto de 2009. Además, los dictámenes de la Contraloría General de la República que inciden en esta materia son de los años 2009 y 2010, al igual que las actuaciones efectuadas por la recurrida, así que el recurso debe ser declarado extemporáneo.

Tercero: Que si bien es efectivo que esta acción cautelar debe ser deducida dentro del plazo de treinta días, que se cuentan desde que se toma conocimiento del acto tildado de ilegal y arbitrario, aspecto del cual atento la gran cantidad de dictámenes que rigen la materia, recursos de protección de otros funcionaros de Gendarmería, es un hecho cierto que de los descuentos de las remuneraciones, necesariamente se ha tomado conocimiento en una fecha muy anterior al 5 de mayo de 2012, lo cierto es que los descuentos de las remuneraciones se renuevan y agotan mes a mes, de modo que el plazo para impugnar por esta vía, tales descuentos se cuenta efectivamente desde el mes en que se realiza, por lo que reclamándose de la liquidación del mes de abril del año en curso, conclusión que se aviene absolutamente con la pretensión del recurrente de que acogido el recurso se deje sin efecto tales descuentos, sin que esa medida se solicite con efecto retroactivo, ha de concluirse que se reclamó dentro de plazo..

Cuarto: Que de acuerdo a lo reseñado en la parte expositiva, la cuestión de hecho a resolver, es si los descuentos de carácter voluntarios que Gendarmería de Chile hace en las liquidaciones de remuneraciones de los amparados de protección, excediendo el 15% que contempla el inciso segundo del artículo 96 del denominado Estatuto Administrativo, es arbitrario o ilegal y si tal actuación, conculca las garantías constitucionales de los números 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Con respecto al punto en cuestión, es preciso consignar que el artículo 96 de la Ley 18.834, dispone en su inciso primero, la prohibición de efectuar descuentos a las remuneraciones de los funcionarios públicos, distintos a los expresamente contemplados en la ley. A su vez, el inciso segundo, permite en forma excepcional descuentos voluntarios de las remuneraciones, con autorización escrita del funcionario, de sumas o porcentajes destinados al pago de obligaciones de cualquier naturaleza, con la limitante de que esos descuentos no pueden exceder en su conjunto de un 15% de la remuneración. Este último aspecto ha sido objeto de pronunciamiento expreso por parte de la Contraloría General de la República.

Quinto: Que debido a diversas dificultades de interpretación de la referida norma se recurrió, como ya se dijo, a la Contraloría General de la República, por diversas personas y servicios públicos, a fin se pronunciara sobre el sentido y alcance administrativo de esa norma, emitiéndose al efecto el Dictamen N° 57.424, de 19 de octubre de 2001, el que señaló que los descuentos autorizados voluntaria y expresamente por los funcionarios, tiene como límite el 15% de la remuneración, debiendo adecuarse a esa cifra, sin que el servicio al que pertenecen pueda deducir sumas que excedan de dicho porcentaje. Posteriormente, con fecha 20 de mayo de 2010, el ente Contralor pronunció el Dictamen N° 27.314, que complementa el anterior, el que en conclusión ratifica el criterio sustentado en el citado dictamen 57.424, añadiendo “que la interpretación que allí se contiene no afectará las obligaciones contraídas por los funcionarios con anterioridad a la emisión del citado pronunciamiento, rigiendo sólo respecto de los descuentos…que correspondan a los compromisos financieros que aquellos contraigan con posterioridad a la data de su emisión”. De esta manera, la Contraloría reguló mediante este dictamen la época de la entrada en vigencia del dictamen 57.424, señalando que este rige hacia el futuro, esto es, podía afectar a los compromisos financieros adquiridos, a contar del 19 de octubre de 2009.

Finalmente, se pronunció el Dictamen N° 30.921 de 10 de junio de 2010, por el cual el órgano Contralor reitera a Gendarmería de Chile, en relación con los descuentos practicados a sus funcionarios, los conceptos emitidos por medio de los dos dictámenes antes reseñados y le ordena suspender los descuentos que efectúa a las remuneraciones de un funcionario y que excede el límite del 15%, “en el evento que tales compromisos financieros hayan sido contraídos con posterioridad a la data de entrada en vigencia del referido dictamen N° 57.424, de 2009”. Esto es, reafirma su tesis de que la entrada en vigencia del tantas veces citado dictamen N° 57.424, es a partir del 19 de octubre de 2009.

Sexto: Que de los antes expuesto es dable concluir que efectivamente Gendarmería de Chile ha actuado conforme al parecer entregado por la Contraloría General de la República, en cuanto los descuentos voluntarios efectuados a sus funcionarios no puede exceder del tope legal de 15%, respecto de los compromisos financieros adquiridos por aquellos –los recurrentes en este caso-, con posterioridad a la entrada en vigencia de ellos. Por consiguiente, aquellos compromisos contraídos con anterioridad al dictamen 57.424, no estaban afectos a límite alguno.

De esta manera, estando Gendarmería de Chile obligada a cumplir con lo ordenado por la Contraloría General de la República, de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la ley 10.336, salvo que una resolución judicial disponga lo contrario, su proceder no puede ser calificado de ilegal ni arbitrario, pues no ha actuado contra ley, ni por mero capricho.

Aún mas, la Contraloría General de la República mediante el dictamen 14.865 de 22 de marzo de 2010, le señala a la recurrida que debe dar cumplimiento de inmediato a lo expresado en el Dictamen N° 57.424 y le advierte que “…la falta de acatamiento de dicho pronunciamiento, hará incurrir en eventual responsabilidad administrativa…”. Todo lo cual refleja que Gendarmería de Chile, no actúo por iniciativa propia en los descuentos que afectan a los recurrentes, sino que en cumplimiento de instrucciones administrativa que está obligada a acatar, lo que impide que se tilde de caprichoso su comportamiento, ni menos que haya alterado una situación de hecho ya consolidada.

Séptimo: Que de todo lo dicho aparece que la pretensión de los recurrentes en orden a que no se le descuente de sus remuneraciones todos aquellos compromisos económicos, que en su conjunto, excedan del 15%, sin importar la fecha en que ellos han sido contraídos, resulta impertinente, toda vez que si bien existe el tope legal, administrativamente, el asunto ya está resuelto, en el sentido que solo se aplica a los compromisos contraídos con posterioridad a la vigencia del ya mencionado dictamen 57.424, y constando del informe de descuentos internos acompañados por la recurrida, no objetado, que las sumas que podrían exceder el máximo legal de los mencionados descuentos voluntarios, corresponden a obligaciones contraídas con anterioridad a la entrada en vigencia, el procedimiento adoptado por la recurrida se encuentra ajustado a derecho, por lo que la acción cautelar no puede prosperar.

Octavo: Que por último, es dable consignar que la vía elegida para dejar sin efecto descuentos libremente contraídos por los recurrentes, no resulta idónea, no sólo porque no ha habido acto ilegal o arbitrario, sino por qué además, de aceptarse el criterio de la recurrente, se afectará claramente intereses de terceros –los acreedores de los funcionarios-, que no han sido escuchados en el recurso ni puede afectarles su resultado, más aún cuando indudablemente han concedido el crédito como consecuencia de una modalidad de descuento específica, libremente aceptada y que ha sido determinante para su otorgamiento.

En mérito de lo razonado y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, con costas el recurso de protección deducido en lo principal de foja 6 por nombre reservado, en representación de los funcionarios de Gendarmería de Chile nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Jorges nombre reservado y nombre reservado, y en contra del Director Nacional de Gendarmería de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del ministro Miguel Vázquez Plaza.

Rol N° 13.534-2011 Protección.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por el ministro titular Miguel Vázquez Plaza, Ministro Suplente Sr Humberto Provoste Bachmann y el abogado integrante Sr. Oscar Chiu Chay.

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