Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, en su calidad de padre y apoderado del adolescente nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, por haber confirmado mediante resolución de fecha 6 de mayo de 2025 la expulsión de su hijo del establecimiento educacional, rechazando el recurso de reconsideración presentado. Actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad garantizados por la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 20 de marzo de 2025, el establecimiento educacional le entregó un informe de protocolo de acoso escolar que daba cuenta de que un grupo de alumnos, entre los que se encontraba su hijo, habían realizado conductas constitutivas de violencia escolar contra otro alumno, específicamente haber creado un perfil falso en una red social para intercambiar una fotografía con el alumno denunciante, exhibiéndola posteriormente a otros compañeros. Agrega que dicho informe determinó que, existiendo antecedentes previos de violencia durante el año 2024, la falta era de gravedad extrema, procediendo a la apertura del procedimiento sumario de expulsión.

Aduce que con fecha 26 de marzo de 2025, el recurrente presentó observaciones al informe, haciendo presente errores esenciales como la atribución de participación de su hijo en un evento de fuegos artificiales que nunca ocurrió. Expresa que el 28 de marzo, el Colegio acogió parcialmente la apelación, pero mantuvo la calificación de falta extrema por existir antecedentes previos de acoso.

Plantea que el mismo día, el Director asumió directamente el proceso y notificó la formulación de cargos mediante procedimiento sumario de expulsión. Alega que se le impidió acceder al contenido de la investigación pese a haberlo solicitado expresamente, vulnerando su derecho a defensa. Añade que, con fecha 2 de abril formuló descargos denunciando esta situación y destacando que su hijo reconoció voluntariamente ciertos hechos, colaborando sustancialmente con la investigación, sin que esto fuera considerado como atenuante.

Refiere que el 10 de abril de 2025 se notificó la resolución que decidió expulsar al menor, prohibiéndole matricularse por dos años. La resolución acogió parcialmente los descargos respecto a no poder acreditar conductas anteriores de violencia escolar, pero fundamentó la expulsión en que el hecho afectó gravemente la convivencia escolar. Manifiesta que el 17 de abril se presentó recurso de reconsideración, el cual fue rechazado definitivamente el 6 de mayo de 2025.

Sostiene que la actuación del establecimiento es arbitraria e ilegal porque vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, al aplicar una sanción diferenciada respecto de otros alumnos involucrados en los mismos hechos, ninguno de los cuales fue expulsado. Asimismo, señala que se transgrede el debido proceso al impedir el acceso a los antecedentes de la investigación y no considerar atenuantes como la colaboración del menor y su edad de 12 años. Finalmente, asevera que se lesiona el derecho de propiedad sobre la condición de alumno y la progresión académica.

En definitiva, solicita que se declare que la resolución de fecha 6 de mayo de 2025 fue arbitraria e ilegal, condenando en costas al Colegio nombre reservado.

Segundo: Que la Sociedad nombre reservado, sostenedor del Colegio nombre reservado, por intermedio de su representante legal nombre reservado, evacua informe solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra.

En primer lugar, la recurrida alega la extemporaneidad del recurso, argumentando que la resolución que se pronunció sobre la reconsideración fue notificada el 6 de mayo de 2025 y el recurso ingresó el 6 de junio del mismo año, transcurriendo 31 días corridos entre ambas fechas, superando el plazo fatal de 30 días establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Por otra parte, hace referencia a la pérdida de oportunidad del recurso, señalando que según el sistema SIGE, el alumno nombre reservado ya se encuentra matriculado en la Escuela nombre reservado de la comuna de Renca, por lo que la situación que motivó el recurso habría perdido relevancia.

En cuanto al fondo, sostiene que el procedimiento de expulsión se desarrolló conforme a la normativa educacional vigente, específicamente el artículo 6 literal d) del DFL N°2 de 1998 del Ministerio de Educación, que regula el procedimiento sumario incorporado por la Ley Aula Segura. Argumenta que los hechos imputados al alumno constituyen conductas que afectan gravemente la convivencia escolar, en tanto causaron daño a la integridad psíquica de otro miembro de la comunidad educativa, criterio expresamente contemplado en la normativa como causal de expulsión.

Detalla cronológicamente los antecedentes del caso, explicando que tras la denuncia de acoso escolar formulada por la apoderada de la víctima en marzo de 2025, se inició una investigación que determinó que el alumno nombre reservado, junto a otros compañeros, había creado un perfil falso en Instagram para obtener fotografías íntimas de un compañero, las que posteriormente fueron exhibidas a otros estudiantes. Destaca que el propio alumno reconoció voluntariamente su participación en los hechos, manifestando haber planificado la creación del perfil falso, pagado para aumentar seguidores y solicitado las fotografías íntimas para luego exponerlas.

En relación al debido proceso, plantea que se respetaron todas las garantías procedimentales exigidas por la normativa: se otorgó derecho a formular descargos, se cumplió el plazo de 10 días hábiles para resolver desde la formulación de cargos, se concedió el derecho a presentar reconsideración, se consultó al Consejo de Profesores conforme lo exige la ley, y se informó oportunamente a la Superintendencia de Educación. Enfatiza que el establecimiento actuó dentro del marco de la Ley Aula Segura, que faculta la expulsión cuando los hechos afectan gravemente la convivencia escolar, sin requerir que la conducta esté necesariamente tipificada en el reglamento interno.

Sobre la proporcionalidad de la sanción, precisa la gravedad de los hechos y sus consecuencias para la víctima, quien debió someterse a tratamiento psicológico y permanecer ausente del establecimiento durante aproximadamente un mes debido al daño psíquico sufrido. Afirma que el colegio tiene el deber de proteger a toda la comunidad educativa y que la medida adoptada se ajusta a la normativa vigente y a la gravedad de la conducta desplegada.

En virtud de lo expuesto, solicita que se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Tercero: Que como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, resulta ineludible y pertinente enfatizar que la acción ejercida es esencialmente cautelar, que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados y una de cuyas manifestaciones más relevantes es el propósito conservativo que le singulariza, en el sentido que se trata de un arbitrio de tutela de urgencia de derechos fundamentales, de manera que su propósito es la adopción de medidas preventivas o de restablecimiento del imperio del derecho, cuando los atributos esenciales de una persona se están viendo afectados.

Quinto: Que corresponde examinar, en primer término, la alegación de extemporaneidad de la acción deducida. En efecto, la resolución que rechaza el recurso de reconsideración y confirma la expulsión del alumno se verificó el 6 de mayo de 2025 y la presente acción se presentó ante esta Corte el 6 de junio de 2025.

Cabe recordar que el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, dispone, en lo que interesa, en su numeral 1° que la acción de protección debe deducirse dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos, verificándose entonces, que el recurso fue interpuesto extemporáneamente.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, en cuanto al fondo, la pretensión del recurrente, expresada en su libelo, ha consistido en que se declare que la resolución de fecha 6 de mayo de 2025 es arbitraria e ilegal.

Del mérito de los antecedentes acompañados se constata que el estudiante se encuentra actualmente cursando el año escolar 2025 en la Escuela nombre reservado, según acredita el certificado del Ministerio de Educación acompañado por la parte recurrida, circunstancia que evidencia que la medida expulsiva no ha impedido la continuidad de sus estudios.

Séptimo: Que con todo, del examen de los antecedentes no se advierte que la autoridad educacional haya incurrido en ilegalidad o arbitrariedad. Por el contrario, a partir de los antecedentes incorporados, se constata que el procedimiento seguido se ajustó formalmente a lo exigido por el protocolo vigente, garantizando la entrega de información, teniendo la oportunidad para formular descargos, con derecho a apelación y revisión del caso. Todo ello, refrendado por la Superintendencia de Educación la cual consigna en su Oficio Ord. NUM000, relativo al cierre del expediente de medida de expulsión, signado con bajo el N° NUM001, el cual refiere en su parte conclusiva “Revisados los antecedentes se observa que la medida aplicada al alumno se ajusta al procedimiento contemplado en el artículo 6 letra d) del DFL 2 de 1998, del Ministerio de educación. Sin perjuicio de las futuras observaciones que se puedan realizar al establecimiento educacional por futuros expedientes”.

Octavo: Que por todo lo anterior, la presente acción debe ser desechada.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-13528-2025.