nombre reservado con INSTITUTO NACIONAL

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que, acciona de protección nombre reservado en favor de su hijo adolescente nombre reservado, alumno de cuarto medio, contra el Instituto Nacional por la expulsión de que ha sido objeto, lo que afecta sus garantías constitucionales.

Relata que entre el 18 de diciembre de 2025 y el 11 de marzo de 2026 el adolescente mantuvo una relación sexo-afectiva con otra alumna terminando esa relación. El 25 de marzo mediante red social Instagram dicha persona realizó una funa exponiendo hechos de abuso sexual los que son falsos -ya que el contacto sexual entre ellos fue consentido lo que constituye una difamación y ofensa. Sin embargo, el 27 de marzo el Instituto nacional le notificó una denuncia de la estudiante en su contra ante lo cual el acusado y la suscrita en calidad de apoderada apelaron. El 16 de abril se realizó una defensa exponiendo todos los hechos y desmintiendo la acusación, pero no tuvieron respuesta y su hijo sigue suspendido.

Pide su reintegración como alumno regular y se tomen las medidas para que pueda recuperar clases y conocimientos perdidos, además de la protección de sus derechos como estudiante y como persona.

Segundo: Que, se evacua informe por el Instituto Nacional, indicándose que se recibió denuncia de una alumna de tercero medio como víctima de hechos de connotación sexual ocurridos fuera del establecimiento y atribuidos al estudiante nombre reservado. Se activaron los protocolos derivándola a la Dupla Psicosocial integrada por la psicóloga nombre reservado y la trabajadora social nombre reservado, realizando entrevista de acogida y contención bajo criterios de resguardo y no victimización. En dicha instancia se dejó constancia de antecedentes relevantes para la adopción de medidas de protección, observándose afectividad aplanada compatible con respuestas de shock o mecanismos disociativos frente a eventos de alto impacto, así como la existencia de tratamiento de salud mental y atención psiquiátrica activa en el Hospital de La Florida por procesos de desregulación emocional. Asimismo, la estudiante fue informada de la obligación legal del establecimiento de efectuar la denuncia respectiva ante el Ministerio Público.

Agrega que el 27 de marzo de 2026, la Rectora del Instituto Nacional, nombre reservado, dispuso formalmente el inicio del procedimiento disciplinario por la presunta comisión de faltas gravísimas tipificadas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, particularmente las establecidas en el N°33 y 33.1 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, relativas a agresiones de carácter sexual disponiendo la suspensión del estudiante por 10 días hábiles y otorgándole el plazo reglamentario para formular descargos. Además, se denunció al Ministerio Público. El 6 de abril el estudiante investigado y su apoderada presentaron formalmente sus descargos por escrito, haciendo uso efectivo de las garantías procedimentales contempladas en el Reglamento Interno y acompañando antecedentes que estimaron pertinentes para sustentar su posición. La defensa sostuvo, en síntesis, que las interacciones entre ambos estudiantes habrían sido consentidas, acompañando transcripciones y capturas de conversaciones electrónicas sostenidas mediante aplicación de mensajería.

Finalmente, analizados los antecedentes reunidos durante la investigación, incluidos los descargos del estudiante, el expediente de convivencia y los antecedentes psicosociales disponibles, el 10 de abril de 2026 la autoridad competente resolvió tener por acreditada la infracción disciplinaria investigada y aplicar la medida de expulsión prevista en el Reglamento Interno. Tal decisión se fundamentó en la valoración integral de los antecedentes reunidos, ponderando especialmente el deber institucional de protección de la convivencia escolar y de resguardo de la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa, estableciendo que el estudiante es responsable de la falta N°33 del Reglamento de Convivencia Escolar. Se pidió reconsideración, se revisaron los antecedentes en Consejo de Profesores, pero se ratificó por unanimidad. Posteriormente, mediante Ordinario N°37 de fecha 24 de abril de 2026, la Rectora del establecimiento resolvió ratificar formalmente la sanción y efectuar su notificación Tercero: Que, la Constitución Política de la República en su artículo 20 establece: “[e]l que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

Cuarto: Que, de acuerdo con lo anterior, esta acción constituye jurídicamente una de carácter cautelar y de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes o indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado/a ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, sin que pueda serle restringida dicha facultad.

Quinto: Que, en efecto, el Reglamento Escolar de Convivencia acompañado en folio 9, establece en el numerando 33. como falta gravísima “[i]ncurrir en actos que afecten gravemente la convivencia escolar cometidos a cualquier miembro de la comunidad educativa, que causen daño a la integridad física o psicológica o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como: 33.1 agresiones de carácter sexual”, sancionándola con la expulsión.

Sexto: Que no escapa a esta Corte la necesidad de marginar todo acto que menoscabe la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, reprimiendo tales conductas incluso en aquellos casos en que el agresor o agresora sea también un adolescente, para lo cual el sistema punitivo ha contemplado procedimientos específicos de investigación, los cuales han sido activados en este caso por el establecimiento educativo.

Séptimo: Que, sin embargo, si bien existe una norma de jerarquía reglamentaria que determina una sanción, nada obsta a que la preeminencia que otorga el derecho protegido por el constituyente permita ponderar por sobre tales disposiciones inferiores en jerarquía, su aplicación al caso concreto y determinar, como sucede en este caso, que el recurrente también es una persona adolescente, es decir, en formación, a quien las experiencia y errores de vida determinarán su proceso de socialización y desenvolvimiento posterior. De manera que resulta necesario considerar que tal medida para un alumno de cuarto año medio, próximo a egresar a la vida adulta aparece, con todo, una medida de gran impacto.

Octavo: Que las facultades cautelares de esta Corte permiten, por lo tanto, estimar como desproporcionada la expulsión, la que se dejará sin efecto para el solo efecto que se le permita al alumno rendir exámenes libres que le franqueen la posibilidad de terminar sus estudios.

Noveno: Que el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental establece que “[l]a Constitución asegura a todas las personas: 2°.- La igualdad ante la ley”. Igualdad que tienen todos los adolescentes de acceder a un sistema sancionatorio aun en el ámbito educativo que privilegie su desarrollo por sobre la afectación de sus intereses esenciales como es la obtención de su licencia media.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y se deja sin efecto la medida de expulsión determinada por el Instituto Nacional, el que deberá arbitrar las medidas para que el alumno rinda exámenes libres que le otorguen la oportunidad de egresar.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la ministra señora Poza.

N°Protección-13527-2026.

Pronunciada por la Primera Sala, presidida por la ministra señora Lidia Poza Matus e integrada, además, por el ministro señor Pablo Toledo González y la ministra señora Claudia Parra Villalobos. No firma la ministra señora Parra Villalobos, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.