nombre reservado con COMISIÓN MÉDICA CENTRAL DEL LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

C.A de Santiago Santiago, treinta de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

1°) Que comparece Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección contra la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el rechazo, por parte de la primera, de su solicitud de retiro y devolución de fondos previsionales deducida al amparo de la Ley N°18.156, mediante comunicación electrónica de 16 de febrero de 2026 ratificada posteriormente por carta del 23 del mismo mes y año.

En cuanto a los antecedentes fácticos, expone que el actor, de nacionalidad venezolana, prestó servicios laborales en Chile en calidad de dependiente, habiéndosele practicado las deducciones respectivas para fondos de pensiones, salud y cesantía. En tales circunstancias, y amparado en la Ley N18.156, con fecha 10 de febrero de 2026 ingresó ante AFP Modelo S.A. la solicitud de devolución de fondos previsionales asignada bajo el folio N° 1500, adjuntando la documentación requerida para acreditar su condición de técnico foráneo y su afiliación previsional en su país de origen. No obstante, el 16 de febrero de 2026, la recurrida le notificó el rechazo de la gestión bajo la escueta mención de que la Superintendencia exigía documentos conforme a la normativa, motivando la interposición de un reclamo ante dicha entidad de control el 17 de febrero siguiente, el cual fue respondido por la AFP y desestimado el 23 de febrero de 2026 al reiterarse la exigencia de presentar el documento de seguridad social debidamente legalizado o apostillado y con mención específica de las prestaciones cubiertas.

En el plano de las consideraciones jurídicas, argumenta que el artículo 1° de la Ley N°18.156 únicamente exige que el trabajador técnico o profesional extranjero se encuentre afiliado a un régimen de seguridad social fuera de Chile que cubra, a lo menos, las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, precepto que en concordancia con el artículo 7° del citado cuerpo normativo faculta la restitución del capital previsional cotizado. Sostiene que la ley no supedita dicho beneficio a formalidades sacramentales, tales como la denominación estricta de certificado o la incorporación inexcusable de legalización consular o apostilla, máxime si el administrado acompañó una constancia electrónica expedida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales dotada de un código alfanumérico verificable íntegramente en línea a través del portal oficial de dicho ente público. Añade que exigir la legalización ministerial o consular impone una carga materialmente imposible de cumplir a causa del cierre de las dependencias diplomáticas venezolanas en el territorio nacional, lo que configura un caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil, deviniendo el reproche formal en una traba desmedida que contradice la ratio legis de la exención y los criterios jurisprudenciales contemporáneos de los tribunales de alzada, en especial el precedente de la Corte de Apelaciones de Talca en causa Rol N809-2025.

En lo relativo a las garantías constitucionales conculcadas, asevera que el actuar de las recurridas lesiona el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, al someter al requirente a una discriminación arbitraria frente a otros solicitantes que en situaciones análogas han obtenido resoluciones favorables sin imposición de formalidades desprovistas de base legal; vulnera asimismo el derecho de propiedad estatuido en el artículo 19 N°24 de la Constitución, toda vez que desconoce el dominio exclusivo que asiste al actor sobre los fondos enterados en su cuenta de capitalización individual, privándole indebidamente de la facultad de disponer de dicho patrimonio; y transgrede el artículo 19 N°26 del texto constitucional, por cuanto las exigencias administrativas extralegales erigidas por las recurridas importan introducir requisitos que impiden el libre ejercicio de los derechos garantizados, afectando su núcleo y contenido esencial.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene la tramitación de la solicitud, disponiendo la devolución de los fondos dentro de un plazo razonable y adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

2°) Que la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. evacua informe solicitando el íntegro rechazo de la acción constitucional impetrada, con expresa condenación en costas.

Expone la informante que el 29 de diciembre de 2025 el recurrente ingresó una primera solicitud de devolución de fondos previsionales (Folio N°25261) al amparo de la Ley N°18.156, respecto de las cotizaciones enteradas por su empleador «Hotelera Holanda Limitada» entre los meses de noviembre de 2021 y noviembre de 2025, adjuntando al efecto su título profesional apostillado, una «Constancia Electrónica de Cotizaciones» y copia de contrato de trabajo y anexo. Agrega que dicha solicitud fue desestimada por cuanto la referida constancia emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no satisface las exigencias normativas vigentes, al no constituir un certificado de afiliación idóneo, no individualizar las prestaciones específicas cubiertas y carecer de firma de su emisor, así como de legalización o apostilla; sumado a la existencia de inconsistencias ostensibles en las firmas atribuidas al representante legal del empleador en el contrato y anexo acompañados. Añade que, con posterioridad, el 10 de febrero de 2026 el actor dedujo una nueva solicitud (Folio N°1500) acompañando la misma documentación previa, motivo por el cual, con fecha 16 de febrero de 2026, la Administradora procedió a rechazarla e impedir su prosecución al no haberse subsanado los reparos ya advertidos, descartando haber incurrido en conductas dilatorias o arbitrarias, habiendo obrado en estricto apego a las instrucciones vinculantes de su órgano fiscalizador.

Sostiene que la Ley N°18.156 consagra un régimen estatutario de carácter excepcional que exige el cumplimiento estricto y copulativo de las condiciones contempladas en su artículo 1°, particularmente la contenida en su literal a), referida a la efectiva afiliación del trabajador a un régimen previsional foráneo que le garantice cobertura en contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. En tal sentido, refiere lo prescrito en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI) y en reiterados pronunciamientos de la Superintendencia de Pensiones dictados conforme a las potestades de los artículos 52 y 94 del Decreto Ley N°3.500 y artículos 46 y 47 de la Ley N°19.882 —destacando los Oficios N°21.480 de 2017, N°3.141 de 2024 y N12.954 de 2025—, los cuales disponen perentoriamente que la cobertura debe acreditarse de modo específico y continuo durante toda la relación laboral en Chile mediante certificación auténtica emanada de la autoridad previsional competente, debidamente legalizada o apostillada según lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de La Haya, no resultando admisibles documentos genéricos, declaraciones juradas ni constancias electrónicas desprovistas de firma y legalización consular o apostilla.

Refuerza sus alegaciones invocando jurisprudencia emanada de esta Cortes (Rol N° 22.142-2024), de las Cortes de Apelaciones de Valparaíso (Rol N° 2.023-2025) y Concepción (Rol N° 1.763-2025), todas confirmadas por la Corte Suprema (Roles N° 13.722-2025, N° 18.581-2025 y N° 23.218-2025, respectivamente), en las que se ha asentado que la exigencia de legalización y autenticidad formal de los documentos extranjeros no configura un acto ilegal ni arbitrario, sino la sujeción indispensable al principio de legalidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, razón por la cual no se ha vulnerado la igualdad ante la ley ni el derecho de propiedad del afiliado, al no detentar este un derecho indubitado sobre los fondos cuya devolución impetra en contravención a la normativa reguladora.

3°) Que, evacuando informe, la Superintendencia de Pensiones solicita el íntegro rechazo del recurso de protección deducido, con expresa condenación en costas.

Hace presente que el organismo contralor ha actuado estrictamente dentro del ámbito de sus potestades y deberes legales previstos en los artículos 46 y 47 de la Ley N°19.882 y en el artículo 94 del Decreto Ley N°3.500 de 1980, en cuya virtud le compete fiscalizar el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones, fijar la recta interpretación de la normativa previsional con carácter vinculante y velar por el correcto otorgamiento de las prestaciones de seguridad social, sin que pueda atribuírsele acto u omisión ilegal o arbitrario alguno.

Expone que la Ley N°18.156 consagra un régimen excepcional y de derecho estricto que exime a los técnicos extranjeros de la obligación de cotizar y les permite impetrar la restitución de los fondos enterados en una administradora chilena únicamente cuando concurren en forma copulativa los requisitos estatuidos en su artículo 1°, particularmente el contemplado en la letra a), esto es, la comprobación fehaciente de encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le asegure, a lo menos, cobertura para las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el tiempo de prestación de sus servicios. En tal sentido, refiere que de conformidad a lo preceptuado en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI) y en reiterados pronunciamientos administrativos —como los contenidos en los Oficios Ordinarios N°21.480 de 2017, N°3141 de 2024 y N°12954 de 2025—, dicha cobertura debe acreditarse de manera específica y mediante instrumentos públicos que revistan el valor probatorio exigido por el ordenamiento patrio conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y la Convención de La Haya sobre la Apostilla.

En la especie, arguye que la «Constancia Electrónica de Cotizaciones» emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) que el actor acompañó no satisface dichos estándares, toda vez que se trata de un instrumento que no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado, carece de firma de la autoridad emisora y enuncia contingencias de manera meramente abstracta o genérica, indicando además la condición de «cesante» del asegurado, lo que obsta a tener por justificada la cobertura efectiva e ininterrumpida que exige la ley especial.

Por consiguiente, concluye que la exigencia de tales formalidades sustantivas por parte de la Administradora y el correspondiente rechazo al retiro de los fondos no importan un trato discriminatorio ni una privación antijurídica del derecho de propiedad, descartando toda vulneración a las garantías fundamentales consagradas en los numerales 2°, 24° y 26° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, dado que los fondos previsionales están afectos a un fin social reglado y no pueden desafectarse sino con estricto apego a las disposiciones legales aplicables.

4°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos fundamentales taxativamente señalados en esa disposición, cuando estos resulten vulnerados, amenazados o perturbados por actos u omisiones ilegales o arbitrarias.

5°) Que, para que la acción de protección pueda prosperar, se requiere la concurrencia de dos presupuestos indispensables: a) la existencia de un acto u omisión ilegal —esto es, contrario a la ley— o arbitrario —es decir, carente de razón, caprichoso o antojadizo—; y b) que de dicho actuar derive la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de un derecho garantizado constitucionalmente, el cual debe revestir el carácter de indubitado.

6°) Que el artículo 1° de la Ley N°18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación.

Y, por su parte, el artículo 94 del D.L. N°3.500 otorga a la Superintendencia de Pensiones la atribución de interpretar la normativa regulatoria y del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

7°) Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la Apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016.

8°) Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, de los informes evacuados por la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y por la Superintendencia de Pensiones, así como de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación vigente y debidamente legalizado o apostillado del protegido.

Luego, y en cuanto al documento adicional acompañado por el actor, la Superintendencia de Pensiones ha sido categórica en señalar que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) que no hayan sido legalizadas o apostilladas no son idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, ya que no se encuentran firmadas por quien las emite, ni cuentan con la correspondiente apostilla o legalización.

9°) Que, en consecuencia, los actos recurridos no adolecen de ilegalidad ni arbitrariedad, puesto que se sustentan en la normativa vigente (Ley N°18.156, Código de Procedimiento Civil y D.L. N°3.500) y en las instrucciones técnico-normativas obligatorias impartidas por el órgano fiscalizador, limitándose la administradora y la Superintendencia a dar estricto cumplimiento al principio de legalidad que rige la actuación de los órganos y entidades del sistema previsional.

10°) Que al no existir un acto ilegal o arbitrario, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no existe un derecho indubitado de propiedad sobre los fondos que pueda ser tutelado por esta vía cautelar, manteniéndose dichos recursos en la cuenta de capitalización individual del recurrente conforme a las reglas generales del D.L. N° 3.500.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada Linda Nataly Quintero Mogollón, en favor de nombre reservado, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Protección N°13.519-2026.-