Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior

Santiago, trece de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Piero Palazzo Hauptli, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado y nombre reservado, ambos ciudadanos venezolanos, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en haber dictado las resoluciones exentas NUM000 y NUM001, de 3 de marzo de 2025, notificadas el 8 de mayo del año en curso; las que rechazaron las solicitudes de regularización migratoria extraordinaria incoadas por ambos protegidos, vulnerando de este modo las garantías que la Constitución Política de la República les asegura en su artículo 19 nros. 2 y 3.

Al respecto, expone las circunstancias que habrían motivado que los protegidos decidieran abandonar su país de origen, que identifica con la persecución efectuada por grupos delictuales en contra del grupo familiar a raíz de una denuncia por extorsiones. Sostiene que estos hechos determinaron que los recurrentes decidieran ingresar a Chile, dada la distancia con Venezuela, y por considerar que es un estado de derecho cuyas instituciones funcionan, donde cuentan con red de apoyo. Refiere que en este contexto solicitaron reconocimiento de su condición de refugiados, declarándose, sin embargo, su desistimiento por no cumplir con los requisitos legales para ello.

En este contexto, aducen que en aras de regularizar su situación migratoria, pidieron el permiso de residencia temporal excepcional consagrado en el artículo 155 N° 9 de la Ley 21.325, acompañando distintos antecedentes a efectos de invocar las razones humanitarias o casos calificados, como por ejemplo contrato de trabajo, antecedentes penales apostillados del país de origen, cédula de identidad de los familiares y planilla de reconocimiento de la condición de refugiado de su madre, entre otros.

Sobre esta materia, alega que sus protegidos sufrirían represalias de retornar a su país, mientras que contarían con arraigo familiar en Chile y que carecen de sanciones administrativas en ambos países, contando actualmente con contrato de trabajo y solvencia económica.

En cuanto al fondo, manifiesta que el recurso se dirige en contra de las resoluciones exentas ya referidas, que fueron dictadas por el Subsecretario del Interior y que rechazaron, respecto de ambos, las solicitudes de regularización que efectuaron ante la autoridad administrativa.

Luego de transcribir las motivaciones de las resoluciones, señala que éstas evidencias una manifiesta falta de fundamentación, pues sólo señalan de forma genérica la situación económica, social y política de su país de origen, y el hecho de que existe la posibilidad de que puedan solicitar el reconocimiento de la condición de refugiados, petición que ellos sí realizaron pero que las resoluciones omiten por incumplimiento de requisitos de forma que la autoridad puso solicitar información o antecedentes adicionales conforme al artículo 16 bis de la ley N° 19.880.

En la misma línea, reprocha que no se hayan pesquisado los vínculos familiares que los protegidos mantienen en Chile. Enfatiza que su petición se fundaba además en el grave peligro que los protegidos corren en su país, siendo conocida la violación sistemática a los derechos humanos en ese lugar. Vincula su aserto con lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la ley precitada.

Tras transcribir la parte de las resoluciones impugnadas que descarta la configuración de un caso excepcional, calificado o humanitario y de citar jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, afirma que la resolución no ponderó los antecedentes que se acompañaron a la solicitud, e insiste en que se trataría de un pronunciamiento genérico.

Posteriormente, afirma que la decisión no es objetiva e imparcial, y procede a transcribir lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la ley N° 19.880, y lo previsto en los artículos 3 y 7 de la ley N° 21.325.

A su vez, asevera que, en su concepto, la atribución que el artículo 155 N° 9 de la ley 21.325 confiere a la autoridad competente “se caracteriza por otorgar un margen acotado de libertad para decidir de una manera u otra, pero no obstante ello, jamás puede invocarse para encubrir una arbitrariedad”. Relaciona este planteamiento con las normas de los artículos 6 y 7 del texto constitucional, subrayando que se vulneraría el “derecho a la familia”, la igualdad ante la ley y el debido proceso.

Continúa expresando que, en caso que los actos se consideren fundados, se debe tener en cuenta que el recurrente no representa una amenaza para la sociedad. Sostiene que, en subsidio de estas consideraciones, se debe considerar su arraigo, insistiendo en que la situación requiere un particular análisis y debida ponderación de antecedentes.

Prosigue argumentando en torno a la vulneración de la unidad familiar y derechos humanos de los protegidos.

Por todo lo anterior, solicita dejar sin efecto la resolución recurrida por ilegal y arbitraria, disponiendo realizar un nuevo estudio documental a los fines de decidir conforme a derecho la solicitud formulada.

Segundo: Que la Subsecretaría del Interior en su informe expuso consideraciones relativas a la normativa aplicable a las solicitudes que antecedieron a la dictación de los actos impugnados, distinguiendo las hipótesis que actualmente prevé la ley a este respecto, esto es, aquella prevista en el artículo 155 nro. 8 de la ley N° 21.325.

Indica que la segunda hipótesis de regularización migratoria se funda en el artículo 155 nro. 9 de la ley nro. 21.325, que establece que el Subsecretario del Interior tiene, entre otras funciones, la potestad indelegable de disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria de la persona beneficiaria de dicho permiso, el que procederá cuando existan circunstancias de hecho excepcionales que lo hagan recomendable.

Luego, plantea que la acción intentada no es la vía idónea para conocer los planteamientos de la parte recurrente, enfatizando que el asunto planteado excede las materias que deben ser conocidas en esta sede, no resultando pertinente declarar nuevos derechos ni tutelar meras expectativas, como ocurre en los casos de regularización de la condición migratoria de un extranjero, que se relaciona con el derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 del texto constitucional.

Aduce que en el ordenamiento jurídico nacional existen otras vías idóneas administrativas de lato conocimiento para estos fines, tal como lo establece el artículo 139 de la Ley nro. 21.325, de Migración y Extranjería, el cual, a su vez, reconduce a los recursos establecidos en la ley nro. 19.880. Considera que refuerza lo anotado el hecho de que en el caso de autos se requiera un análisis de elementos de lato conocimiento.

Posteriormente, alega que es improcedente que la jurisdicción califique la idoneidad de las medidas adoptadas por la autoridad administrativa en materias de migración y extranjería, puesto que se pretende una declaración respecto de la forma en que la Administración ejerce sus facultades, aludiendo a lo previsto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, circunstancias en las que, aduce, el organismo dentro del ámbito de su competencia determina la oportunidad, necesidad, eficacia y eficiencia de las decisiones a adoptar en materia de migración y extranjería.

Enfatiza que no procede instrumentalizar una acción de protección para forzar un pronunciamiento del Poder Judicial que califique y valore el mérito de las medidas adoptadas por la autoridad administrativa en materia de migración y extranjería.

Continúa argumentando que es impertinente el recurso interpuesto, al no existir motivos plausibles para litigar, por lo que debe ser rechazado con costas, resaltando que el otorgamiento de permisos de residencia temporal solicitados directamente al Subsecretario del Interior, en virtud de una facultad de excepcionalísima aplicación, debe limitarse prudencialmente, ya que altera de manera sustancial la normalidad de su tramitación e impacta directa y transversalmente la planificación y ejecución de diversas políticas públicas en materias tan variadas como salud, educación, vivienda y otras de similar relevancia social, tratándose, además, del ejercicio del derecho de petición, frente a los cuales la autoridad no se encuentra obligada a aceptarlos.

Así, plantea que la parte recurrente afirma que el rechazo de su solicitud es ilegal y arbitrario, por cuanto, a su juicio, existen razones suficientes que justificarían su otorgamiento. Sin embargo, añade, es precisamente en la ponderación de los antecedentes que son puestos a su conocimiento en donde la discrecionalidad de la autoridad administrativa es la única llamada a analizar y resolver las solicitudes que al respecto se le realicen, tal y como lo indica la norma habilitante de dicha facultad.

Por tanto, en el caso concreto, ponderó debidamente los antecedentes aportados por la parte recurrente, en virtud de lo cual consideró que, a su respecto, no se configura un caso excepcional, calificado ni humanitario, indicándose expresamente aquello en la parte considerativa tanto de la resolución exenta nro. NUM000 como en la nro. NUM001, ambas de 3 de marzo de 2025.

A su vez, manifiesta que el rechazo de la solicitud de regularización migratoria excepcional de la parte recurrente no obedece a que no se tuviesen por acreditadas las situaciones a las que hace referencia en su presentación, sino que, a pesar de haberse tenido como efectivas, no fueron consideradas como un caso excepcional, calificado o humanitario.

En consecuencia, considera improcedente que la parte recurrente alegue que no se le hayan requerido antecedentes adicionales para justificar suficientemente su presentación, al tenor, por ejemplo, de lo dispuesto en el artículo 31 de la ley N° 19.880, ya que dicha norma es aplicable únicamente si la solicitud inicial no reúne los requisitos mínimos establecidos en el artículo 30 del mismo cuerpo legal, y en el caso concreto es el interesado quien debe acreditar sus alegaciones.

También, apunta que la jurisprudencia ha reconocido que no basta sólo con hacer mención o incluso acreditar un arraigo familiar o laboral, sino que dicho arraigo debe ser significativo; y además, debe acreditarse un arraigo social, también significativo, lo cual no se verificó en la solicitud que se rechazó a la parte recurrente.

Conforme a las consideraciones precedentes, descarta haber incurrido en acto ilegal o arbitrario y refuta la vulneración de las garantías invocadas.

Finaliza consignando que acoger acciones de protección como la de autos implica una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que vieron rechazadas sus solicitudes de regularización migratoria, por casos calificados o humanitarios, en base a los mismos razonamientos por los que se rechazó la solicitud de la parte recurrente, quienes, a pesar de ello, no han activado mecanismos judiciales para revertir tal situación.

Tercero: Que, a su turno, informó también el recurso el Servicio Nacional de Migraciones, dando cuenta de que ambos protegidos ingresaron al territorio nacional por paso fronterizo no habilitado, para luego ser denunciados por ingreso clandestino y finalmente solicitar regularizar su situación migratoria, dictándose los actos impugnados con posterioridad, por el Subsecretario del Interior.

De tal modo, aducen que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad competente para resolver sobre la solicitud en cuestión, y plantean que es incompetente para informar sobre los hechos narrados por la recurrente, de modo que debe rechazarse el recurso en todas sus partes en cuanto a esa autoridad migratoria, por no existir acto u omisión arbitrario o ilegal dictado por ella que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías incoadas por la requerida.

Cuarto: Que, como ha sido sostenido reiteradamente por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, para resolver adecuadamente el asunto planteado, resulta indispensable dejar asentados los siguientes elementos fácticos que fluyen de lo expuesto por las partes y de los antecedentes que presentaron: 1.- nombre reservado y nombre reservado, ambos venezolanos, ingresaron al país por paso fronterizo no habilitado eludiendo, por ende, el control migratorio fronterizo. 2.- Los días 12 de junio de 2023 y 19 de octubre del mismo año, el Servicio Nacional de Migraciones recibió, respectivamente, los partes policiales números NUM002 y NUM003, por denuncia grave de ingreso clandestino de ambos extranjeros. 3.- El 26 de abril de 2023 nombre reservado realizó una solicitud en virtud de lo establecido en la Ley nro. 20.430, que establece “Disposiciones sobre Protección de Refugiados”; en tanto que el 23 de febrero de 2024 hizo lo propio nombre reservado. 4.- El 23 de abril de 2024, el Servicio Nacional de Migraciones recibió en su oficina de partes sendas cartas de los protegidos solicitando regularizar sus situaciones migratorias en Chile.

Si bien no fueron acompañadas a estos antecedentes copias de dichas solicitudes, las resoluciones recurridas dejan constancia de cuáles fueron sus fundamentos.

Así, en ambas se señala que los solicitantes plantearon, en síntesis y como argumento principal para justificar sus solicitudes de regularización migratoria, la situación en la que se encontraría su país de origen, refiriéndose a las condiciones negativas que allí se verificarían en los ámbitos económico, social y político, lo cual habría motivado su migración hacia Chile, en búsqueda de nuevas oportunidades laborales y de una mejor calidad de vida. 5.- El día 3 de marzo de 2025 el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictó las resoluciones exentas números NUM000 y NUM001, mediante las cuales rechazó las referidas solicitudes de permiso de residencia temporal excepcional de nombre reservado y nombre reservado.

En síntesis, ambos actos recurridos se fundan en que, del análisis de los antecedentes asociados a los requerimientos de regularización migratoria, es posible apreciar que, a pesar de existir medios legales para efectuar el ingreso regular al país, los peticionarios no hicieron huso de los mismos solicitando, por ejemplo, la residencia temporal previo a sus ingresos; que, además de lo anterior, no es argumento suficiente para acoger la regularización extraordinaria el mero hecho de señalar que el país de origen pueda verse actualmente afectado negativamente en su situación económica, social o política, pues la sola nacionalidad de una persona no permite considerar, sin más, que su caso sea calificado o humanitario, toda vez que existen otros extranjeros que, a pesar de tener la misma procedencia de los solicitantes, sí han utilizado las vías contempladas en la normativa nacional para ingresar regularmente al territorio y han solicitado y/o accedido a los respectivos permisos desde fuera de Chile, previo a su ingreso. Considera la autoridad, adicionalmente, que si bien la situación de Venezuela ha dado lugar, efectivamente, a la salida de algunos de sus nacionales, dicha salida se relaciona con la búsqueda de oportunidades laborales y mejores condiciones económicas, y no necesariamente con traslados por conflictos armados, desplazamientos forzados, desastres naturales o calamidades que afectan la vida o integridad de un gran número de personas, características todas que son propias de situaciones de emergencia humanitaria a nivel internacional; y que, aun cuando se pudiese considerar que aquel país padece una crisis humanitaria, el ordenamiento chileno contempla otras vías para requerir protección del Estado en esos casos, en los términos de la Ley nro. 20.430, vía que los recurrentes, por cierto, ejercieron. Por todo ello y atendiendo, asimismo, a las graves consecuencias en las políticas públicas de salud, educación, vivienda y otras que genera el ingreso clandestino al país, concluye que, ponderando los antecedentes particulares de la situación de cada peticionario, no se configura con ellas un caso excepcional, calificado ni humanitario, por cuanto sus requerimientos se fundamentan en situaciones fácticas de carácter genérico que no logran configurar una afectación en concreto lo suficientemente especial como para justificar su ingreso al país por un paso no habilitado y para habilitar que, además, se regularice su condición migratoria otorgándoseles un permiso de residencia temporal excepcional, a pesar de haber vulnerado el ordenamiento jurídico nacional por voluntad propia; motivos por todos los cuales no corresponde resolver sus respectivas situaciones en base a facultades de excepcional aplicación como lo es, en este caso, la prevista en el artículo 55 nro. 9 de la Ley nro. 21.325; máxime si, de hacerlo, se vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley en perjuicio de los extranjeros que han solicitado sus respectivos permisos dando cumplimiento a los requisitos que la ley les establece.

Sexto: Que, en estas condiciones, ha de recordarse que el artículo 155 nro. 9 de la Ley nro. 21.325 establece como una de las funciones de la Subsecretaría del Interior, la siguiente: ”9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable”.

Séptimo: Que, como puede advertirse a partir de la lectura de la norma transcrita, es evidente que la recurrida Subsecretaría del Interior es, precisamente, la autoridad facultada por ley, con carácter de función indelegable, para resolver las solicitudes de permisos excepcionales de residencia temporal que formulen los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional; de lo que es posible, desde luego, concluir que los actos recurridos en autos fueron dictados por la autoridad competente, actuando en ejercicio de sus facultades legales.

Octavo: Que, enseguida, la misma norma permite advertir que, para que tales solicitudes puedan prosperar, deben ser presentadas por extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, y fundarse en casos calificados o en motivos humanitarios, independientemente de su condición migratoria.

En relación a este punto, lo cierto es que las resoluciones recurridas expresan claramente cuáles fueron las razones en virtud de las cuales la autoridad consideró que las situaciones y fundamentos que plantean las peticiones de los protegidos, no configuran casos calificados o motivos humanitarios que, en los términos del artículo 155 nro. 9 transcrito, justifiquen que, en ejercicio de una facultad que la ley le otorga con carácter de excepcional, acceda a regularizar sus respectivas situaciones migratorias otorgándoles el especial permiso de residencia temporal que dicha norma faculta, a pesar de haber –los solicitantes- voluntariamente optado por trasgredir el ordenamiento nacional al ingresar clandestinamente al país sin recurrir a los instrumentos de que disponían para hacerlo regularmente, y a pesar de, también, las perniciosas consecuencias que, en diversos planos, dicha infracción produce; más aún considerando que, efectivamente, los fundamentos en que se apoyaron los protegidos se enmarcan, más bien, en solicitudes administrativas reguladas en la Ley nro. 20.430, diversas de las que son objeto de resolución. Todas estas razones explicitadas por la autoridad y que fueron reseñadas en el punto 5 del motivo quinto que precede, en opinión de esta Corte son, además de claras, razonables y ajustadas a derecho, en especial al numeral 9 del artículo 155 de la Ley nro. 21.325; motivos por los cuales no puede reprocharse a los actos recurridos ser contrarios a la legalidad o arbitrarios, por carecer de fundamentos o de razonabilidad.

Noveno: Que, en estas condiciones y advirtiendo que el acto recurrido se ajusta a la ley y que expresa de manera clara, acabada y suficiente sus fundamentos, dando por ende cumplimiento al deber de motivación de los actos administrativos contemplado en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880; no se cumplen en la especie la totalidad de los supuestos constitucionales de procedencia del recurso de protección, el que deberá, por ello, ser desestimado en lo que respecta a la recurrida Subsecretaría del Interior.

Décimo: Que, por su parte, en lo que dice relación con el Servicio Nacional de Migraciones, cabe tener presente que, según consigna el libelo del recurso, los actos recurridos fueron únicamente aquellas resoluciones ya singularizadas que dictó la Subsecretaría del Interior, en las que ninguna participación tuvo aquel Servicio, al cual, por ende, no puede serle endilgado, a propósito de tales actos, comportamiento alguno arbitrario o ilegal y vulnerador de garantías constitucionales; motivos por los cuales la acción ejercida no se encuentra, tampoco, en condiciones de prosperar a su respecto.

Undécimo: Que, en virtud de lo razonado, la acción constitucional ejercida será desestimada en su totalidad, sin perjuicio de otros derechos.

En razón de lo anterior y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado y nombre reservado, ambos ciudadanos venezolanos, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro suplente Matías de la Noi Merino.

No firma la Abogado Integrante señora Rivero, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Rol nro. Protección-13519-2025.