nombre reservado con CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

71 Foja: 70 Setenta Santiago, trece de enero de dos mil catorce.

Vistos:

Primero: Que el recurso de protección dirigido en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se funda en el acto arbitrario e ilegal consistente en el no reconocimiento del derecho que tiene la recurrente a percibir los bonos por desempeño institucional y colectivo contemplados en la ley 19.531, correspondientes a los meses de marzo, junio y septiembre del presente año.

Manifiesta la recurrente que es juez titular del Juzgado de Familia de La Ligua y que el día 30 de noviembre de 2011 nació su hijo nombre reservado, comenzando a partir de esta fecha su periodo de post natal por 84 días, establecido en el artículo 195, inciso primero, del Código del Trabajo y una vez agotado, hizo uso del permiso parental establecido en el artículo 197 bis del mismo código, bajo la modalidad de doce semanas, concluyendo el día 16 de mayo de 2012, momento a partir del cual dio inicio a un feriado legal, por el término de 45 días. De lo anterior, se concluye que estuvo ausente de sus funciones en razón del descanso maternal entre el 30 de noviembre del 2011 y el 16 de mayo del 2012, no obstante lo cual se le negaron los referidos bonos por el mes de marzo del año en curso, solicitando una reconsideración ante la Zonal de Valparaíso de la Corporación Administrativa, la que fue remitida a la Central de Santiago, la que el 30 de septiembre pasado le comunicó su rechazo, fundado en que no había prestado servicios efectivos durante a lo menos 6 meses en el año 2012, argumentándose que si bien el artículo 4° de la Ley 19.531 contempla excepciones, estas dicen relación únicamente con las licencias productos de accidentes del trabajo y los descansos de maternidad, contemplados en los artículos 195 y 196 del Código del Trabajo, no comprendiéndose entre ellas el permiso parental del artículo 197 bis del mismo código.

Sostiene la recurrente que de esta manera ha sido víctima de una discriminación arbitraria e ilegal, puesto que producto de una errada interpretación de la norma, se han vulnerados sus derechos de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, al considerarse como días de ausentismo laboral aquéllos que corresponden al ejercicio del permiso post natal parental, que comparte la misma naturaleza jurídica de los permisos maternales a que se refiere el artículo 4 de la Ley 19.531 antes citada. Manifiesta que al hacerse tal distingo, se atenta contra la irrenunciabilidad de los permisos de maternidad, toda vez que se establecería un intensivo perverso para no ejercer el mismo o hacerlo de manera limitada, forzando el uso del derecho bajo la modalidad de media jornada por 18 semanas, todo lo que pugna por la lógica y el espíritu de la ley. Agrega que la diferencia que se establece por la recurrida, atenta contra el texto legal expresado, elevado a rango constitucional, si se considera que uno de los antecedentes que se tuvo en cuenta para la dictación de la Ley 20.545, es el Convenio 156 de la OIT, ratificado por Chile, en el que se consagra que los estados miembros deberán incluir entre los objetivos de su política nacional, el permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen un empleo, ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflictos entre sus responsabilidades familiares y profesionales.

En virtud de lo dispuesto solicita que se acoja el recurso y se ordene a la Corporación Administrativa del Poder Judicial que le pague los bonos por desempeño institucional y colectivo establecidos en la Ley 19.531, correspondiente a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del año en curso, una vez devengado éste último.

Segundo: Que la recurrida informó señalando que la exclusión de la recurrente de los incrementos establecidos en el artículo 4° de la Ley 19.531, no constituye un acto ilegal ni arbitrario, toda vez que se ha dado cumplimiento estricto a lo dispuesto en el inciso quinto de esta norma, a lo que debe agregar que se procedió en conformidad al Auto Acordado de fecha 11 de diciembre de 2009, que dispuso que para determinar el tiempo efectivamente trabajado se restarán todas las ausencia que registre el funcionario salvo las excepciones que se especifican. Agrega que en concepto de la recurrente la Corporación Administrativa, debió apartarse y no obedecer el claro tenor literal del artículo 4° ya citado, que por ser una norma excepcional es siempre de interpretación restrictiva, no pudiendo entenderse que a las situaciones excepciones a que se refieren los artículos 195 y 196 del Código del Trabajo, deba agregarse aquella contemplada en el artículo 197 bis del mismo código. Sostiene que el permiso post natal parental no es licencia médica y tiene una naturaleza jurídica distinta al descanso por maternidad o licencia post natal puerperal, según lo ha declarado expresamente el tribunal constitucional, resultando claro que los funcionarios que presenten licencias médicas por otras causales no pueden ser asimilados a las dos excepciones anteriormente señaladas, ya que la excepción que contempla la ley reposa en el hecho que las funcionarias con licencia maternal conforman un conjunto con particularidades propias que el bien común exige hacerlas acreedoras de una protección especial, como también ocurre respecto de quienes presenten licencias por accidentes derivados del ejercicio del cargo, por lo que solicita el rechazo del recurso.

Tercero: Que la controversia en los términos planteados no puede ser resuelta acudiendo sólo al tenor literal del artículo 4° de la Ley 19.531, puesto que el beneficio del permiso parental del artículo 197 bis del Código del Trabajo fue establecido con posterioridad y por ello, la situación que se plantea con motivo de su vigencia, no pudo ser prevista en dicho texto legal.

Se hace necesario tener en cuenta otros elementos de juicio al momento de pronunciarse sobre el recurso planteado y al efecto es pertinente considerar el objetivo propuesto con la norma, que no es otro que privilegiar el mejor desarrollo del hijo a través del apego, principalmente con su madre, por lo que si bien no puede confundirse con el descanso por maternidad, toda vez que existen claras diferencias entre ambos beneficios, debe aceptarse que comparten como fin último, en un sentido amplio, la protección a la maternidad.

La existencia de normativa internacional como el Convenio 156 de la OIT “sobre trabajadores con responsabilidades familiares”, que se encuentra ratificado por Chile que establece en su artículo 3°la obligación “… permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales..” y las motivaciones que llevaron a la dictación de la Ley 20545, que estableció el postnatal parental, contenidas en el Mensaje del proyecto, ponen de manifiesto que por sus múltiples alcances benéficos, que van más allá del ámbito de lo familiar, debe propenderse al goce del mismo, siendo ésta la tendencia que debe primar.

Cuarto: Que establecido lo anterior, resulta del todo contradictorio que debiendo favorecerse el que la madre trabajadora haga uso de este beneficio, se la prive de un derecho laboral a pretexto que el tiempo que comprendió el mismo no puede considerarse como trabajado para los efectos de un bono adicional a su remuneración. Resulta indudable que una decisión de esta índole se convierte en una verdadera sanción, cuyo efecto disuasivo contraría el espíritu de la norma en comento.

Quinto: Que en el presente caso al negarse el pago de los bonos por desempeño institucional y colectivo correspondientes al año 2013 la recurrente, la autoridad recurrida ha incurrido en una conducta discriminatoria al hacer una distinción entre las referidas normas de protección a la maternidad, afectándose los derechos constitucionales de aquella consagrados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial , representada por don nombre reservado, la que deberá pagarle los bonos por desempeño institucional y colectivo a que tiene derecho, establecidos en el artículo 4° de la Ley 19531, correspondientes al año 2013.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro señor Carlos Gajardo Galdames.

Rol Corte N° 135006-2013 Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Carlos Gajardo Galdames e integrada, además, por las ministros(S) señora Ana Cienfuegos Barros y señora Dora Mondaca Rosales.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a trece de enero de dos mil catorce, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.