nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña María Angélica Brown Oropeza, abogada, e interpone acción de protección en favor de don nombre reservado, Técnico Superior Universitario en Administración de Personal, de nacionalidad venezolana, y en contra de AFP Provida S.A. por el acto que tilda de arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, de acuerdo con la Ley N°18.156, que a su juicio vulnera las garantías establecidas en los N°s. 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al efecto, señala que el recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales, petición denegada mediante correo electrónico de 16 de mayo de 2025, en atención a que faltaba acompañar constancia de afiliación vigente apostillado en el país en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Afirma que, contrario a lo razonado por la administradora, el actor dio íntegro cumplimiento a las exigencias legales establecidas para el retiro de sus fondos, acorde con los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156. Lo anterior, por cuanto acompañó a su solicitud Certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, instrumento emitido por la embajada de Venezuela en Chile durante el periodo en que se encontraba operativa y posteriormente autenticada por el Ministerios de Relaciones Exteriores en Chile, el cual ofrece un código de verificación con el que se puede acceder a la comprobación de la autenticidad del documento en la página oficial del mencionado organismo de seguridad social.

Observa que la recurrida ha obstaculizado el proceso de solicitud de retiro de fondo del recurrente, sobre la base de una restrictiva y formalista interpretación de la norma, bajo cuyo alero pretende desconocer documentos válidos.

Advierte que es imposible obtener la legalización consular del certificado de afiliación de la actora en atención a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, a pesar de lo cual se ha presentado una declaración jurada ante notario chileno, documento que debería revestir la misma validez probatoria que aquella que previamente se obtenía en la embajada venezolana.

Argumenta que AFP Cuprum ha autorizado el retiro de fondos en casos similares, lo que sugiere un trato desigual y arbitrario a los administrados.

Plantea que lo anterior torna en arbitraria e ilegal la respuesta de la recurrida y pide, en definitiva, que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a derecho -dentro del plazo de 5 días o el que esta Corte estime pertinente según el mérito de los autos-, adoptando todas las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que informando el presente recurso, comparece el abogado Daniel Santoni, en representación de AFP Provida S.A., quien solicita su rechazo.

Sostiene en primer lugar que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver el asunto, desde que se trata de una materia de lato conocimiento con carácter contradictorio, pues mediante ella se pretende modificar los cuerpos normativos que rigen el sistema de pensiones y discutir la constitucionalidad del DL 3.500, objetivo que excede la finalidad del recurso de protección a lo que suma el hecho de que el recurrente no cuenta con un derecho indubitado.

Expone sobre el particular que el día 16 de mayo de 2025 esa institución previsional negó la solicitud de devolución de fondos previsionales que el recurrente realizó al amparo de la Ley N° 18.156, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones.

Indica que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, AFP Provida debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero y que el recurrente no formuló reclamo alguno al regulador sectorial por ese motivo.

Postula que no se puede aprobar el retiro de los fondos de pensiones toda vez que el recurrente no ha dado cumplimiento íntegro al requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, esto es, acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Puntualiza que el cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asevera que a la luz de esa exigencia queda claro que su actuar no ha sido ni ilegal ni arbitrario, limitándose a comprobar que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, carente de razonabilidad.

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, AFP Provida S.A de rechazar la solicitud de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente.

QUINTO: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7° de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el artículo 1° de la referida normativa establece que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”;

SEXTO: Que, así las cosas, es necesario manifestar que a la luz de los antecedentes que se acompañaron al expediente computacional, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, toda vez que la letra a) del artículo 1° de la ley citada, especifica que debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada y vigente el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa en cuestión, sin embargo, el documento aparejado no cumple con tal requisito, lo que descarta cualquier ilegalidad o arbitrariedad por parte de la recurrida, por lo que procede desestimar el presente arbitrio.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, y como se ha dicho reiteradamente, el arbitrio en análisis es una acción constitucional de urgencia destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, de manera que la tutela requerida, no puede satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, pues debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento que no puede ser sustituido por esta vía cautelar.

OCTAVO: Que, en estas circunstancias, no procede sino desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por don nombre reservado en contra de AFP Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección 13493-2025.