Protección contra Club de Ajedrez de Chile

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, jugadora y árbitra de ajedrez, quien interpone recurso de protección en contra del Club de Ajedrez de Chile, por la restricción que dicha corporación le impuso y que, en concreto, le habría impedido participar en la competencia “Interclubes 101 Años Clausura”, acto que estima ilegal y arbitrario y lesivo de las garantías de los numerales 1°, 2° y 3°, inciso quinto, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Relata que se desempeña como jugadora y árbitra, participando regularmente en actividades y competencias vinculadas al Club recurrido — uno de los más importantes del país— y a otros clubes del circuito competitivo nacional.

Expone que durante el año 2024 fue víctima de hechos que califica de acoso sexual, cometidos por un integrante vinculado al Club, y que denunció conforme al Decreto Supremo N° 22, de 2020, del Ministerio del Deporte, que aprueba el Protocolo General para la Prevención y Sanción de las Conductas de Acoso Sexual, Abuso Sexual, Discriminación y Maltrato en la Actividad Deportiva Nacional. Agrega que el Club incurrió en diversas omisiones respecto de las obligaciones que ese protocolo le impone, lo que habría sido reconocido por el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo en la sentencia dictada en la causa Rol N° NUM000 y que, pese a ello, la recurrida mantuvo medidas restrictivas en su contra, sin informarle de manera clara las razones que las justificarían.

Añade que en abril de 2026 el Club remitió un correo al directorio del Club de Ajedrez Cordillera, advirtiendo que en la nómina presentada por este último para el torneo “Interclubes 101 Años Clausura” figuraba su nombre y que ella era objeto de restricciones administrativas, por lo que pedía modificar esa nómina para no verse en la necesidad de ejercer el derecho de admisión de manera presencial, lo que —afirma— impidió su inscripción en uno de los torneos más importantes del ajedrez nacional.

Reprocha que el correo no indique los fundamentos de hecho y de derecho de la restricción, que no exista una resolución formal que permita conocer su origen, alcance o duración y que la recurrida se limite a invocar de modo ambiguo “restricciones administrativas”.

Sostiene que la conducta es arbitraria, por fundarse en motivos no explicitados y carentes de razonabilidad, e ilegal, por infringir las obligaciones que el Decreto Supremo N° 22 impone en cuanto al resguardo de las denunciantes de acoso sexual, a la prevención de la revictimización y al debido proceso en la adopción de sanciones; y que la restricción, al recaer sobre quien denunció hechos de acoso, constituye una represalia incompatible con los principios de igualdad, protección, no discriminación y no revictimización. Agrega que la alusión a un “principio de reciprocidad” contenida en el correo contraviene el artículo 4.1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer e invoca el considerando décimo octavo de la sentencia del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, relativo al incumplimiento del deber de confidencialidad, para afirmar que la exposición de su denuncia afectó su integridad psíquica.

Pide, en definitiva, que se deje sin efecto la restricción administrativa ejercida en su contra y que se ordene al Club adoptar las medidas necesarias para habilitar y permitirle el libre ingreso y participación en los futuros torneos que organice, sea en calidad de jugadora, de árbitra, de espectadora “o cualquier otro fin”.

Segundo: Que informa nombre reservado, presidente del Club de Ajedrez de Chile, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Explica que el Club es una corporación deportiva de derecho privado, regida por la Ley N° 19.712 y por sus estatutos, que se gobierna conforme al principio de autonomía asociativa; que la recurrente no es socia activa de la institución —así consta en el acta de directorio de 28 de diciembre de 2025 y en los registros de afiliación de la Federación Deportiva Nacional Ajedrez Federado de Chile, en los que figura como integrante del Club de Ajedrez Cordillera— y que, por lo mismo, no le son aplicables el régimen disciplinario ni el procedimiento de exclusión que los estatutos contemplan para los socios.

Sostiene que la medida cuestionada no es una sanción disciplinaria ni una represalia por la denuncia formulada por la recurrente en 2024, sino una medida administrativa de resguardo institucional, adoptada por el Directorio en sesión de 28 de diciembre de 2025, por la unanimidad de sus miembros presentes y en uso de las atribuciones de administración y dirección superior que le confieren los artículos 27 y 38 letra a) de los estatutos, con el fin de proteger el normal desarrollo de las actividades sociales, la convivencia deportiva, la honra de socios, trabajadores y terceros vinculados al Club y la seguridad de su sede. Precisa que esa decisión se funda en hechos posteriores e independientes de la denuncia, a saber, publicaciones de la recurrente en su cuenta de Instagram; mensajes que vertió el 22 de diciembre de 2025 en el grupo de WhatsApp “nombre reservado”, en los que calificó de “inaceptable” la colaboración con el Club, imputó “falta de valores” y “venderse a la gente que le hizo y hace daño a una mujer” y reprochó a otras jugadoras colaborar “al intento de lavar la imagen de ese club”; la querella por injurias que la presidenta de la Federación dedujo en su contra ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago (RIT 2692-2025), en la que la recurrente ofreció disculpas públicas y que concluyó por sobreseimiento definitivo; y la reiteración de tales conductas con posterioridad. Añade que la decisión fue comunicada a la recurrente por correo electrónico de 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Club, además, formuló denuncia en su contra ante la Federación.

Indica que la medida consiste únicamente en la prohibición de ingreso a las dependencias del Club y en la restricción de participación en los torneos que este organiza, sin impedir a la recurrente practicar el ajedrez, participar en otros clubes y torneos del circuito nacional o internacional ni mantener su Elo, su afiliación a la FIDE o su condición de árbitra; que es de carácter preventivo y revisable; y que constituye una manifestación del derecho de admisión que el propio Club reserva expresamente en las bases de sus torneos. Hace presente que la Comisión de Ética y Disciplina de la Federación, conociendo de la denuncia que formuló en contra de la recurrente doña nombre reservado el 8 de enero de 2026, estimó que los hechos dicen relación con conductas de “maltrato” en los términos del Decreto Supremo N° 22 y derivó los antecedentes al Responsable Institucional.

Descarta la existencia de una represalia, pues la recurrente continuó participando en torneos organizados por el Club con posterioridad a su denuncia, en mayo y en noviembre de 2025, y sólo a fines de diciembre de ese año, tras las publicaciones referidas, se adoptó la medida. Explica que el socio denunciado fue sancionado por la Comisión de Disciplina el 17 de febrero de 2025 con la suspensión de su calidad de socio y que esa sanción fue levantada anticipadamente en atención a que el Ministerio Público decidió no iniciar investigación penal por no ser los hechos constitutivos de delito, decisión aprobada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago el 3 de marzo de 2025.

Niega, en fin, que exista discriminación arbitraria, desde que la medida tiene una justificación razonable, no se funda en categoría sospechosa alguna —el mismo correo dirigido al Club de Ajedrez Cordillera formuló una prevención análoga respecto de un jugador varón— y es proporcional; que se haya vulnerado el debido proceso, pues no se trata de una sanción; y que la sentencia del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, que versa sobre hechos de 2024 y que impuso al Club la sanción de amonestación verbal, se refiera al acto recurrido. Considera, por último, que la petición de que se ordene el libre ingreso y participación futura de la recurrente en todos los torneos del Club, en cualquier calidad, excede el ámbito de la acción de protección y desconoce la autonomía de una corporación privada.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que esa disposición enumera, mediante la adopción de medidas urgentes frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que los priven, perturben o amenacen. Son presupuestos de la acción, entonces, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario; que como consecuencia de él se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho; y que ese derecho sea uno de los que el citado artículo 20 señala en forma taxativa.

Tratándose de decisiones adoptadas por corporaciones de derecho privado en el ámbito de su organización interna, cabe agregar que no toda discrepancia con lo resuelto por sus órganos habilita por sí sola la intervención de esta Corte, que no es una instancia general de revisión del mérito de esas decisiones, salvo que aparezcan manifiestamente desprovistas de competencia, de fundamento o de un procedimiento racional (esta Corte, Rol N° 25.293-2025, de 4 de junio de 2026). Ello es consecuencia de la autonomía que el artículo 1°, inciso tercero, de la Constitución garantiza a los grupos intermedios para cumplir sus propios fines específicos y de la naturaleza de esta acción, que no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentran afectados por un acto u omisión ilegal o arbitrario (Corte Suprema, Rol N° 3.862-2019, de 10 de abril de 2019). Por lo mismo, no es esta la sede para dirimir cuestiones que exigen un debate de lato conocimiento (Pinochet Cantwell, F. J., El recurso de protección. Estudio profundizado, Santiago, El Jurista, 2020, pp. 216 y 220-221).

Cuarto: Que de los antecedentes acompañados por ambas partes constan los siguientes hechos: i) El Club de Ajedrez de Chile es una corporación deportiva de derecho privado, con personalidad jurídica vigente inscrita bajo el N° 13.634, de 18 de agosto de 1928, regida por la Ley N° 19.712 y por sus estatutos, cuyo texto consta en escritura pública de 11 de marzo de 2008, otorgada en la Notaría Trigésima Segunda de Santiago. Conforme al artículo 27 de esos estatutos, al Directorio corresponde la administración y dirección superior de la institución; según el artículo 38 letra a), es atribución y deber de ese órgano dirigir el Club y velar por que se cumplan sus estatutos y las finalidades perseguidas por la entidad; y de acuerdo con el artículo 41, el Directorio sesiona con la mayoría absoluta de sus miembros y adopta sus acuerdos con la mayoría absoluta de los asistentes. Los artículos 10 y 11 regulan, por su parte, la suspensión de derechos y la pérdida de la calidad de socio —entre otras causales, por exclusión fundada en “causar grave daño de palabra o por escrito a los intereses de la Organización”, que se decreta a propuesta del Directorio por la Comisión de Disciplina, previa audiencia del afectado y con acuerdo de asamblea extraordinaria—, y el artículo 53 establece una Comisión de Disciplina, que no puede aplicar sanción alguna que no esté comprendida en los estatutos ni fallar asunto alguno sin oír previamente al afectado, sanciones que el texto estatutario contempla únicamente respecto de los socios. ii) La recurrente es de nacionalidad argentina, jugadora y árbitra de ajedrez, con código FIDE NUM001, y figura en el registro de la Federación Deportiva Nacional Ajedrez Federado de Chile, bajo el nombre de nombre reservado, como jugadora del Club de Ajedrez Cordillera, según la ficha que ella misma acompañó el 10 de septiembre de 2026, la que registra su Elo nacional hasta agosto de este año. No consta que sea socia del Club recurrido — calidad que el recurso no invoca y que la recurrida niega— ni que haya solicitado su ingreso a él. iii) Durante 2024 la recurrente denunció en sede deportiva hechos que calificó de acoso por parte de un socio del Club. Consta que este dispuso una prohibición de acercamiento entre ambos; que su Comisión de Disciplina, el 17 de febrero de 2025, suspendió al denunciado en su calidad de socio, con cese de sus funciones y prohibición de ingreso a la sede, a raíz de un incidente ocurrido el día anterior en el Estadio Español, medida que la recurrida informa haber dejado sin efecto anticipadamente; y que el Ministerio Público decidió no iniciar investigación por los hechos denunciados por la recurrente, por no ser constitutivos de delito, decisión aprobada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago el 3 de marzo de 2025 en la causa RIT 1943-2025. iv) Por denuncia de 7 de marzo de 2025, formulada por los presidentes del Club Instituto Chileno de Ajedrez y del Club de Ajedrez Mapuchess, el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo conoció, en la causa Rol N° NUM000, de los incumplimientos del protocolo del Decreto Supremo N° 22 en que habrían incurrido el Club de Ajedrez de Chile y la Federación con ocasión de la denuncia de la recurrente. Por sentencia de 30 de marzo de 2026 declaró que el Club incurrió en incumplimientos relativos al funcionamiento del sistema de responsables institucionales, a la independencia del procedimiento investigativo y al resguardo de la confidencialidad, y lo sancionó con amonestación verbal; declaró, asimismo, que la Federación incumplió el protocolo por la deficiente activación del procedimiento de intervención y la ausencia de una derivación disciplinaria fundada, y la sancionó con amonestación escrita. El Comité dejó expresamente consignado que no le correspondía pronunciarse sobre la denuncia particular de la recurrente ni sobre las responsabilidades derivadas de ella, y ponderó como atenuante que el Club adoptó medidas de protección y sanciones internas respecto del denunciado. v) Con posterioridad a su denuncia, la recurrente se inscribió y participó en dos torneos organizados por el Club, el “Blitz Viernes 16 de Mayo de 2025”, disputado en su sede, y el “IRT V Clasificatorio Noviembre - Último Clasificatorio - Club Chile”, iniciado el 13 de noviembre de 2025, según los reportes de Chess-Results y de la Federación Internacional de Ajedrez agregados a los autos. vi) En audiencia de 24 de abril de 2025, celebrada ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en la causa RIT 2692-2025, seguida por el delito de injurias en virtud de querella deducida por la presidenta de la Federación en contra de la recurrente y de otra persona, las querelladas ofrecieron disculpas públicas y se comprometieron a que los hechos no volverían a ocurrir, tras lo cual se declaró cumplida la conciliación y se decretó el sobreseimiento definitivo de la causa, conforme al artículo 250 letra e) del Código Procesal Penal. vii) En diciembre de 2025 la recurrente publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que afirmó que “el acosador volvió a trabajar en el club, como si nada hubiera pasado después de perseguirme y acosarme de todas las maneras posibles”, agregando que “lo peor es la complicidad de las propias minas que se hacían las solidarias conmigo”. El 22 de diciembre de 2025 escribió, además, en el grupo de WhatsApp “nombre reservado”, integrado por jugadoras federadas, que le resultaba “inaceptable” que una jugadora estuviera “trabajando para el club chile” pese a la reincorporación del socio que ella había denunciado, que era inaceptable “la falta de valores y el venderse a la gente que le hizo y hace daño a una mujer”, que otras jugadoras estaban “colaborando al intento de lavar la imagen de ese club” y que a otras “les han ofrecido dar clases en el club chile y dijeron que no porque respaldan al acosador”, actitud que calificó de “lealtad”. viii) En sesión de 28 de diciembre de 2025, a la que concurrieron cuatro de los cinco miembros del Directorio del Club, este acordó por unanimidad, “con el carácter de medida administrativa preventiva de resguardo institucional, y no como sanción disciplinaria estatutaria”, prohibir el ingreso de la recurrente a las dependencias del Club y restringir su participación “en los torneos internos organizados por el Club, sea en calidad de jugadora, árbitra, espectadora o cualquier otra función propia de las actividades del Club”. El acta consigna como fundamento las publicaciones y mensajes ya referidos, la querella por injurias y la reiteración de las conductas con posterioridad a las disculpas ofrecidas; deja constancia de que la decisión no se relaciona, ni directa ni indirectamente, con la denuncia formulada en su oportunidad por la recurrente en sede deportiva, de que se circunscribe a las dependencias y actividades propias del Club y de que tiene carácter preventivo y revisable, pudiendo ser dejada sin efecto por el Directorio si varían las circunstancias que la motivan; y encomienda al presidente las comunicaciones que, con ese motivo, deba dirigir a otros clubes para fines de coordinación en torneos en que participe el Club. ix) Por correo electrónico de 29 de diciembre de 2025, dirigido a la Federación y con copia a la recurrente, el Directorio del Club formuló denuncia en su contra por las publicaciones referidas, solicitó la apertura de una causa sancionatoria y le comunicó la decisión de prohibir su acceso a las instalaciones y su participación en las actividades organizadas por la institución, “como medida de resguardo del buen clima institucional y la convivencia deportiva”. En la audiencia celebrada ante el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo el 11 de febrero de 2026, la propia recurrente declaró haber sido notificada ese 29 de diciembre de la denuncia en su contra y de la prohibición de ingreso al Club. x) El 8 de enero de 2026 doña nombre reservado, jugadora del Club recurrido, denunció a la recurrente ante la Comisión de Ética y Disciplina de la Federación por las mismas publicaciones. Por resolución de 1 de febrero de 2026, dicha Comisión abrió el expediente N° NUM002, estimó que los hechos denunciados dicen relación con conductas de maltrato en los términos del Decreto Supremo N° 22 y derivó los antecedentes al Responsable Institucional de la Federación para que abriera el procedimiento de intervención correspondiente. xi) El 10 de abril de 2026 el presidente del Club remitió al directorio del Club de Ajedrez Cordillera el correo que motiva el recurso, con el asunto “Coordinación institucional y colaboración entre clubes - Nómina Interclubes 101 Años”. En él informa que, al revisar la nómina presentada por ese club para el torneo “Interclubes 101 Años Clausura”, advirtió la inclusión de la recurrente, quien “cuenta con una prohibición formal de ingreso a nuestras dependencias por acuerdo de Directorio”, y la del jugador nombre reservado, respecto de quien expresa que “nos dificulta su participación en nuestra sede, por sus ataques constantes contra nuestra institución”; reconoce que la conformación de los equipos “es una facultad del Club Cordillera”; pide considerar esos antecedentes para evitar tener que ejercer “el derecho de admisión de manera presencial”; y señala que, bajo el mismo “principio de reciprocidad”, el Club realizó gestiones para que el socio denunciado por la recurrente no se inscribiera en un torneo organizado por el Club Cordillera.

El correo fue reenviado a la recurrente por el Club de Ajedrez Cordillera el 11 de abril de 2026. xii) No se acompañaron las bases ni el reglamento del torneo “Interclubes 101 Años Clausura”, ni consta cuál fue la decisión que adoptó, en definitiva, el Club de Ajedrez Cordillera respecto de su nómina. Las bases agregadas por la recurrida corresponden a otro torneo organizado por el Club en abril de 2026, el “Memorial nombre reservado”, en las que se declara que “El Club de Ajedrez Chile se reserva el derecho de admisión”.

Quinto: Que, según se desprende de lo expuesto, el acto contra el cual se dirige el recurso es la restricción impuesta a la recurrente por el Directorio del Club en su sesión de 28 de diciembre de 2025 —prohibición de ingreso a la sede y de participación en los torneos que la institución organiza—, tal como fue aplicada mediante el correo de 10 de abril de 2026 dirigido al Club de Ajedrez Cordillera con ocasión del torneo “Interclubes 101 Años Clausura”. La controversia consiste, entonces, en determinar si esa restricción es ilegal, por haberse adoptado fuera de las atribuciones o del procedimiento que rigen al Club, o arbitraria, por carecer de un fundamento racional o constituir una represalia por la denuncia formulada por la recurrente en 2024, y si, en uno u otro caso, priva, perturba o amenaza el ejercicio legítimo de las garantías invocadas.

Sexto: Que, sentado lo anterior, lo primero que debe advertirse es que la pretensión descansa en una versión de los hechos que la recurrida controvierte de manera fundada y que los antecedentes no permiten tener por establecida con la certeza que esta vía exige.

En efecto, la recurrente presenta la restricción como una sanción de fundamento desconocido y como una represalia por su denuncia de acoso, mientras que la recurrida la explica como una reacción a hechos posteriores y distintos, consistentes en publicaciones y mensajes en los que imputa a personas identificables ser cómplices de un acosador y carecer de valores, en una querella por injurias que terminó con sus disculpas públicas y en una nueva denuncia por maltrato que la Federación derivó a su Responsable Institucional. Determinar si esas expresiones constituyen el ejercicio legítimo de su derecho a denunciar y a opinar sobre la respuesta institucional que recibió, como ella lo entiende, o conductas de maltrato que dañan la convivencia deportiva y la honra de terceros, como lo sostienen el Club y la denunciante ante la Federación, supone ponderar el contexto, el contenido y la reiteración de tales comunicaciones, así como la conducta de la propia recurrida frente a la denuncia de 2024, cuestiones todas que exigen un debate de lato conocimiento y que, por lo demás, están entregadas a los órganos que el sistema deportivo contempla. Lo mismo ocurre con la motivación que se atribuye al Club, pues la tesis de la represalia se enfrenta a la circunstancia, documentada, de que la recurrente siguió participando en los torneos de la institución durante 2025 —en mayo y en noviembre— y de que la restricción se adoptó sólo después de las publicaciones de diciembre de ese año.

Tampoco está claro el alcance concreto de la afectación que se denuncia. El correo de 10 de abril de 2026 no fue dirigido a la recurrente ni contiene, por sí mismo, una decisión sobre su inscripción; reconoce que la conformación de los equipos es facultad del Club de Ajedrez Cordillera y le pide reconsiderar su nómina, sin que conste en autos qué resolvió ese club ni cómo se desarrolló, en definitiva, el certamen.

Séptimo: Que, en esas condiciones, no es posible calificar la restricción de arbitraria, esto es, de producto del mero capricho de quien la adoptó. El acuerdo de 28 de diciembre de 2025 identifica los hechos que lo motivan, los documenta y los vincula con un propósito institucional plausible, cual es resguardar la convivencia en la sede y en los torneos del Club y la honra de quienes participan en ellos. Que la presencia de la recurrente en esas actividades pueda afectar su normal desarrollo no es una mera conjetura, si se considera que sus comunicaciones aluden a jugadoras y colaboradoras del Club, que una de ellas la denunció por esos hechos ante la Federación y que, antes, la presidenta de esta última se querelló en su contra por injurias. Podrá discutirse si la medida era la única o la mejor forma de enfrentar esa situación, pero ese juicio de mérito pertenece al órgano llamado a dirigir el Club y no puede ser sustituido por esta Corte en una sede cautelar, desde que la decisión no aparece carente de fundamento ni de una relación razonable entre los motivos invocados y la finalidad perseguida. La medida, además, se circunscribe a las dependencias y actividades propias del Club, es de carácter preventivo y revisable —sin que conste que la recurrente haya solicitado su revisión al Directorio— y no le ha impedido continuar su actividad deportiva, como lo refleja la ficha federativa que ella misma acompañó, que registra variaciones de su Elo nacional entre enero y mayo de 2026.

Octavo: Que, por otra parte, el recurso supone que la recurrente es titular de un derecho a participar en todos los torneos que organice el Club, en cualquier calidad, derecho que el correo impugnado habría desconocido.

Ese derecho no aparece establecido en autos, requisito que, como se dijo, es indispensable para el éxito de la acción.

La recurrente no es socia del Club de Ajedrez de Chile ni consta que haya requerido su ingreso, de manera que no puede invocar los derechos que los estatutos y el artículo 35 de la Ley N° 19.712 reconocen a quienes pertenecen a la organización o solicitan pertenecer a ella. Respecto de terceros, la organización de torneos en la sede social y con recursos propios integra las facultades que el Directorio ejerce en la administración de la institución, conforme a los artículos 27 y 38 de los estatutos, y se enmarca en la autonomía que la Constitución asegura a los cuerpos intermedios para cumplir sus fines específicos y en la libertad de asociación del artículo 19 N° 15 de la Carta Fundamental. La Corte Suprema ha reconocido esa autonomía a las organizaciones deportivas, en cuanto grupos intermedios con derecho a autorregularse en el desarrollo de su disciplina, al desestimar la pretensión de una deportista a un cupo de participación que la federación respectiva no le había asignado (Rol N° 10.672-2024, de 1 de julio de 2024).

Las condiciones de participación en cada certamen —categorías, cupos, inscripción y admisión— se definen en las bases que dicta el organizador y, en los torneos por equipos, la selección de los jugadores corresponde a los clubes que presentan las nóminas, como lo reconoce el propio correo impugnado; nada de ello consta respecto del “Interclubes 101 Años Clausura”, cuyas bases no fueron acompañadas. Esa facultad de organización tiene como límite la prohibición de discriminar arbitrariamente, pero no se traduce en un derecho de cualquier jugador a ser admitido en toda competencia que la corporación organice, y la circunstancia de que el Club reserve públicamente el derecho de admisión en las bases de sus torneos —así lo hizo en el “Memorial nombre reservado”— confirma que la participación en ellos no es, en su régimen, un derecho incondicionado.

Por lo mismo, la petición de que se ordene al Club habilitar el “libre ingreso y participación” de la recurrente en todos sus torneos futuros, en calidad de jugadora, árbitra, espectadora “o cualquier otro fin”, excede el objeto de esta acción, ya que importaría declarar a su favor un derecho de acceso general e indefinido a las dependencias y actividades de una corporación privada, y no restablecer el ejercicio de uno preexistente.

Noveno: Que en cuanto a la ilegalidad, el reproche de que la restricción se impuso sin un procedimiento y sin una resolución formal que explique su origen, alcance y duración tampoco se ajusta a los antecedentes.

Desde luego, el régimen disciplinario que contemplan los estatutos — suspensión de derechos y exclusión, esta última a propuesta del Directorio, por la Comisión de Disciplina, previa audiencia del afectado y con acuerdo de asamblea extraordinaria— está previsto para quienes tienen la calidad de socios, que la recurrente no posee, de modo que no cabía aplicarle un régimen concebido para privar de derechos asociativos a quien no los tiene.

La medida fue adoptada por el órgano al que los estatutos confían la administración y dirección superior de la institución, en sesión celebrada con el quórum del artículo 41, por la unanimidad de los asistentes, y consta en un acta firmada por el presidente y por el secretario, que expone sus fundamentos, precisa su alcance y declara su carácter revisable. Y, además, la decisión fue comunicada a la recurrente al día siguiente, mediante el correo de 29 de diciembre de 2025 que se le remitió en copia, en el que se le explica que obedece a la reiteración de sus publicaciones y a la necesidad de resguardar el clima institucional, comunicación que ella misma reconoció ante el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. No es exacto, por consiguiente, que la recurrente haya conocido la restricción sólo por un correo dirigido a un tercero ni que ignore las razones que la sustentan. El correo de 10 de abril de 2026, por su parte, no es una nueva sanción, sino la comunicación a otro club, en cumplimiento de lo acordado, de una restricción ya vigente, para coordinar la participación en un torneo por equipos.

Enseguida, la única garantía del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución que el artículo 20 ampara es la de no ser juzgado por comisiones especiales, esto es, por órganos que se arrogan funciones jurisdiccionales de las que carecen, situación que no se produce cuando una corporación privada decide, en uso de sus atribuciones de administración, quién puede acceder a su sede y a sus actividades (en un sentido similar, Corte Suprema, Rol N° 4.368-2018, de 19 de junio de 2018).

Los reparos relativos a la falta de audiencia previa o a la insuficiencia de la motivación conciernen, en rigor, al derecho a un procedimiento racional y justo que el mismo numeral consagra en otro de sus incisos, el que no está comprendido entre las garantías cuya cautela puede perseguirse por esta vía, como esta Corte lo ha declarado a propósito de los procedimientos seguidos bajo el Decreto Supremo N° 22 (Rol N° 13.334-2024, de 11 de noviembre de 2024, confirmada por la Corte Suprema en el Rol N° 57.934- 2024, de 24 de febrero de 2025).

Por último, la infracción del Decreto Supremo N° 22 que se atribuye al Club no puede tenerse por establecida en esta sede. Los incumplimientos de ese protocolo en la tramitación de la denuncia de 2024 ya fueron conocidos y sancionados por el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, cuya sentencia no se pronunció sobre la restricción que aquí se impugna. Y si la recurrente estima que dicha restricción constituye una represalia o una nueva infracción de los deberes de protección que el protocolo impone a las organizaciones deportivas, el ordenamiento le franquea la reclamación ante el propio Comité, al que el artículo 40 P N° 5 de la Ley N° 19.712 confía el conocimiento de cualquier reclamación en contra de una organización deportiva por incumplimiento en materia de prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato, y que ejerce potestad disciplinaria sobre todas las organizaciones deportivas en esas materias conforme al artículo 40 M del mismo cuerpo legal, sin perjuicio de la acción de no discriminación arbitraria que regula la Ley N° 20.609 y de las acciones ordinarias que correspondan. Esas vías, y no la presente, son las idóneas para dirimir un conflicto que, como se ha visto, gira en torno a hechos controvertidos y a la calificación de conductas recíprocas, y del que ya conocen los órganos federativos.

Décimo: Que, finalmente, no se advierte la vulneración de las restantes garantías invocadas.

La igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación arbitraria del artículo 19 N° 2 suponen una diferencia de trato carente de justificación razonable o fundada en una categoría sospechosa, como el sexo o la nacionalidad. Nada de ello aparece en el caso. El criterio que el Club invoca es la conducta de la recurrente hacia la institución y sus integrantes, y el mismo correo de 10 de abril de 2026 formuló una prevención análoga respecto de un jugador varón por sus “ataques constantes contra nuestra institución”, lo que desmiente que la diferenciación descanse en el género o en la condición de denunciante de la actora. La invocación del “principio de reciprocidad” que contiene el correo alude, según se lee en él, a la coordinación entre clubes para evitar inconvenientes en sus respectivos eventos, y no guarda relación con el artículo 4.1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que se refiere a las medidas especiales de carácter temporal que los Estados Partes adopten para acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer.

En cuanto a la integridad psíquica del artículo 19 N° 1, la afectación que el recurso describe se funda en la exposición de su denuncia y en la revictimización que el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo reprochó al Club en su sentencia, esto es, en hechos de 2024 relativos a la implementación del protocolo, que fueron objeto de esa decisión y de la sanción correspondiente y que son distintos del acto aquí recurrido.

Respecto de este último, no hay antecedente alguno que permita atribuir a la restricción de acceso a la sede y a los torneos del Club una lesión de la integridad psíquica de la recurrente que exceda la natural contrariedad que toda decisión adversa provoca.

Undécimo: Que, en consecuencia, la restricción impugnada fue adoptada por el órgano competente de una corporación privada, en el ámbito de su autonomía, con un fundamento explicitado y comunicado oportunamente a la afectada, sin que se haya acreditado la existencia de un derecho indubitado de la recurrente a participar en los torneos del Club ni una motivación discriminatoria o de represalia, extremos estos últimos que, por ser controvertidos, escapan al ámbito de esta acción cautelar.

Así, no habiéndose constatado un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías invocadas, el recurso de protección será rechazado, sin perjuicio de los derechos que la recurrente pueda hacer valer ante el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, los órganos federativos o los tribunales que correspondan.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Club de Ajedrez de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Manuel Rodríguez Vega.

Protección N° 13484-2026.- No firma el abogado integrante señor Barrera, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.