nombre reservado con COLEGIO DE PROFESORES

PAGE 10 Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veintiséis.

Al folio N° 12: téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, profesor jubilado e integrante del Directorio Regional Metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile A.G., quien interpone recurso de protección en contra de dicha asociación gremial, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el Informe Final del Caso N° 43, de 7 de abril de 2026, notificado el 10 del mismo mes, mediante el cual la Comisión de Ética Dirigencial le impuso la sanción de suspensión de su cargo dirigencial por el plazo de tres meses, decisión que, a su juicio, vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República.

Expone que se desempeña como prosecretario del Directorio Regional Metropolitano por el período comprendido entre el 8 de enero de 2024 y el 8 de enero de 2027 y que, además, se encuentra a cargo del Departamento de Profesores y Profesoras Jubiladas, denominado DEPROJ Regional Metropolitano.

Señala que la sanción impugnada se fundó en dos conductas. La primera consistió en la difusión de mensajes que la Comisión estimó discordantes con la decisión institucional adoptada por el Directorio Nacional respecto del proceso de desistimiento de la demanda internacional por la denominada Deuda Histórica, generando confusión entre las bases. La segunda se relacionó con la presentación del DEPROJ Regional Metropolitano como parte de la estructura orgánica del gremio, pese a existir definiciones institucionales en sentido contrario.

Refiere que, en relación con la Deuda Histórica, el Colegio difundió la Circular N° 050/2025, de 29 de abril de 2025, y posteriormente la Circular N° 085/2026, de 11 de marzo de 2026, destinadas a coordinar y apoyar el proceso de desistimiento de las acciones promovidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, trámite exigido para acceder al aporte establecido por la Ley N° 21.728.

Afirma que tales instructivos reconocían expresamente que la decisión de desistirse era voluntaria y correspondía individualmente a cada docente. Añade que, aun cuando expresó una opinión crítica respecto de la solución alcanzada para la Deuda Histórica, colaboró activamente con los profesores jubilados que decidieron acogerse al beneficio, facilitando la tramitación de más de setecientos desistimientos.

Sostiene que en el video publicado en la plataforma YouTube el 21 de junio de 2025 nunca llamó a los docentes a no desistirse de la demanda internacional, por lo que la conclusión de la Comisión de Ética sería contraria a los hechos. Alega que la sanción constituye una forma de censura y amedrentamiento destinada a impedir que manifieste una opinión discrepante respecto de una decisión institucional.

Respecto del segundo hecho, expresa que el DEPROJ Regional Metropolitano cuenta con reconocimiento estatutario, pues los artículos 26 y 35 N° 28 de los Estatutos facultan a los directorios regionales para constituir departamentos y comisiones destinados al estudio de materias específicas. Añade que dicha organización funciona desde hace más de veinticinco años al interior del Colegio, ha celebrado reuniones financiadas por la propia institución y desarrolla labores de asistencia en favor de los docentes jubilados.

Cuestiona, además, la validez del Código de Ética Dirigencial y sostiene que el Informe Final incurre en un error al citar como fundamento de la sanción el artículo 23 N° 3, pese a que la suspensión del cargo se encuentra contemplada en el artículo 25 N° 3 del referido cuerpo normativo.

Aduce que la medida aplicada afecta su trayectoria gremial, su participación en la organización y su imagen pública, sin que exista fundamento suficiente ni proporcionalidad entre las conductas atribuidas y la sanción impuesta.

Solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la sanción de suspensión por tres meses en su cargo dirigencial y se ordenen las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y proteger su libertad de emitir opinión e informar, con costas.

Segundo: Que informa el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile A.G., solicitando el rechazo del recurso, con costas, por no existir un acto ilegal o arbitrario ni vulneración de la garantía constitucional invocada.

Expone que la sanción fue impuesta por la Comisión de Ética Dirigencial mediante el Informe Final del Caso N° 43, después de un procedimiento iniciado a raíz de una denuncia formulada por la Primera Vicepresidenta Nacional del Colegio.

Señala que la primera conducta investigada consistió en la difusión pública de mensajes no concordantes con la posición institucional adoptada por el Directorio Nacional respecto del desistimiento de la demanda internacional sobre la Deuda Histórica. La segunda se relacionó con la presentación reiterada del DEPROJ Regional Metropolitano como si formara parte orgánica y estatutaria del Colegio.

Indica que el Código de Ética Dirigencial fue aprobado por la Asamblea Nacional con el voto favorable del 96,79% de los asambleístas presentes y que la Comisión de Ética constituye un órgano permanente, reconocido por los Estatutos e integrado por miembros elegidos democráticamente por la misma Asamblea.

Añade que el recurrente fue notificado de la denuncia y del inicio del procedimiento, presentó descargos escritos y acompañó los antecedentes que estimó pertinentes. También fue citado a prestar declaración ante los fiscales designados, diligencia a la cual decidió no comparecer.

Explica que, concluida la investigación, los fiscales emitieron un informe fundado en el cual analizaron los antecedentes reunidos y los descargos del denunciado, proponiendo la aplicación de una sanción. Posteriormente, la Comisión de Ética dictó el Informe Final, en el que examinó los hechos, la normativa interna y las defensas formuladas.

Hace presente que el artículo 26 del Código de Ética contemplaba un recurso de reposición en contra de la decisión adoptada, por lo que el procedimiento aseguraba instancias suficientes de defensa y revisión.

Respecto del primer hecho, señala que el Directorio Nacional comunicó formalmente a las dirigencias del país la posición institucional relativa al proceso de desistimiento mediante la Circular N° 050/2025 y sus documentos anexos. No obstante, el recurrente intervino posteriormente en un video difundido públicamente, efectuando declaraciones que la Comisión estimó equívocas y contradictorias con la línea institucional comunicada a las bases.

Precisa que la Comisión no sancionó la opinión personal del recurrente ni su derecho a discrepar, sino la difusión, efectuada en su calidad de dirigente, de un mensaje susceptible de generar confusión respecto de la posición institucional del Colegio y de las consecuencias del desistimiento.

Añade que la colaboración prestada por el recurrente en la tramitación material de los desistimientos no excluye la infracción, pues dicha actividad y la difusión pública de mensajes contradictorios constituyen conductas diferentes.

En cuanto al DEPROJ Regional Metropolitano, sostiene que las facultades estatutarias para crear departamentos internos de trabajo no permiten presentar a una agrupación con directiva y organización propias como parte integrante de la estructura orgánica del Colegio. Agrega que la propia agrupación promovió modificaciones estatutarias para obtener reconocimiento formal, circunstancia que demostraría que aquella calidad no existía al momento de los hechos.

Expresa que las conductas fueron examinadas conforme a los artículos 6, 8 y 9 del Código de Ética Dirigencial, que imponen a los dirigentes el deber de respetar la institucionalidad gremial, mantener informadas a las bases mediante información oficial y promover la implementación de los acuerdos del Directorio Nacional, aun cuando personalmente discrepen de ellos.

Finalmente, sostiene que la suspensión por tres meses constituye una sanción intermedia y proporcional, que no privó al recurrente de su calidad de asociado, no determinó su expulsión del Colegio ni le impidió expresar opiniones en espacios públicos o privados.

Tercero: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, de conformidad con la ley.

La garantía constitucional impide que una persona sea privada anticipadamente de la posibilidad de expresar o difundir sus opiniones. Sin embargo, no excluye toda forma de responsabilidad posterior derivada del incumplimiento de deberes especiales asumidos voluntariamente en el ejercicio de cargos de representación dentro de una organización gremial, siempre que aquella responsabilidad se encuentre prevista en su normativa interna, sea impuesta por el órgano competente y respete las exigencias de racionalidad y proporcionalidad.

Quinto: Que, en la especie, no se advierte que el Colegio recurrido haya impedido al actor emitir o difundir sus opiniones respecto de la Deuda Histórica, del proceso de desistimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la posición adoptada por el Directorio Nacional.

Por el contrario, las expresiones que dieron origen al procedimiento disciplinario fueron efectivamente emitidas, difundidas mediante una plataforma pública y conocidas por terceros. La sanción impugnada fue aplicada con posterioridad a su difusión y se fundó en la estimación de que tales actuaciones, ejecutadas en su calidad de dirigente regional, resultaban incompatibles con los deberes éticos y representativos asociados al cargo.

En consecuencia, no se configura un supuesto de censura previa ni una prohibición general de expresar opiniones discrepantes, sino la atribución de responsabilidad disciplinaria por el modo en que el actor habría ejercido públicamente su función de representación gremial.

Sexto: Que la pertenencia a una asociación gremial y el desempeño voluntario de un cargo de representación suponen la sujeción a los Estatutos y a las normas internas que regulan su funcionamiento, sin perjuicio del control jurisdiccional que corresponde ejercer cuando aquellas sean aplicadas de forma ilegal o arbitraria.

De los antecedentes aparece que el Código de Ética Dirigencial fue aprobado por la Asamblea Nacional, que la Comisión de Ética se encontraba constituida conforme a dicho ordenamiento y que los artículos 6, 8 y 9 establecían deberes vinculados con el respeto de la institucionalidad gremial, la difusión de información oficial y la implementación de los acuerdos adoptados por el Directorio Nacional.

La circunstancia de que el Informe Final haya citado erróneamente el artículo 23 N° 3 en lugar del artículo 25 N° 3, que contempla la suspensión del cargo dirigencial, constituye un defecto formal que no altera la naturaleza de la sanción comunicada ni impidió al recurrente conocer la medida aplicada y los fundamentos invocados para imponerla.

Séptimo: Que tampoco se advierte una vulneración de las garantías esenciales del procedimiento disciplinario.

En efecto, el recurrente fue informado de la denuncia y de los hechos atribuidos, formuló descargos escritos, acompañó antecedentes y fue citado para prestar declaración ante los fiscales designados. Si bien dicha diligencia no se realizó, ello obedeció a su decisión de no comparecer.

Posteriormente, los fiscales emitieron un informe fundado y la Comisión de Ética dictó la decisión final, expresando las conductas que estimó acreditadas, las normas aplicables y las razones que justificaban la sanción. Asimismo, la normativa interna contemplaba la posibilidad de deducir reposición.

Por consiguiente, no aparece que el recurrente haya sido privado del conocimiento de los cargos, del derecho a formular defensas, de la posibilidad de aportar antecedentes o de mecanismos internos de impugnación.

Octavo: Que la controversia relativa a si las declaraciones efectuadas por el recurrente se apartaron de la línea institucional, si generaron efectivamente confusión entre las bases y si el DEPROJ Regional Metropolitano contaba con reconocimiento orgánico exige interpretar las normas estatutarias, examinar el contenido y contexto de las comunicaciones difundidas y ponderar los antecedentes reunidos en el procedimiento disciplinario.

Tales materias fueron conocidas por el órgano interno competente y no corresponde a esta Corte, en sede cautelar, sustituir íntegramente su valoración por una nueva apreciación del mérito, salvo que la decisión aparezca manifiestamente infundada, desproporcionada o adoptada al margen de las normas internas, circunstancias que no se verifican en la especie.

La Comisión identificó concretamente las conductas reprochadas, las vinculó con los deberes establecidos en el Código de Ética y explicó las razones por las cuales estimó que comprometían el adecuado ejercicio de la función dirigencial.

Noveno: Que la suspensión del cargo por el plazo de tres meses tampoco aparece manifiestamente desproporcionada en relación con las conductas que la Comisión tuvo por acreditadas y con la calidad de dirigente que revestía el recurrente.

La medida no implicó su expulsión del Colegio, la pérdida de la calidad de asociado ni una prohibición permanente o general para participar en la vida gremial o expresar sus opiniones en espacios públicos o privados. Se trató de una sanción temporal vinculada exclusivamente con el ejercicio del cargo dirigencial y prevista dentro del catálogo disciplinario de la organización.

Décimo: Que, en consecuencia, no se advierte que el Informe Final del Caso N° 43, de 7 de abril de 2026, haya sido dictado de manera ilegal o carente de fundamento racional, ni que la sanción aplicada importe una vulneración de la libertad de emitir opinión e informar protegida por el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República, razón por la cual la acción cautelar deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por don nombre reservado en contra del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile A.G.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección N° 13483-2026.- PAGE