nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

Santiago, veinte de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que los abogados señores Mariano Alfredo Casera Ubilla y Roberto Elías Aranda Arcos, en representación de don nombre reservado, cubano, biofísico, interpusieron recurso de protección en contra de AFP Provida S.A., por haber rechazado su solicitud de devolución de fondos previsionales, la que se amparó en la Ley N° 18.156. Esta actuación la consideran ilegal y arbitraria, pues la AFP ha actuado de manera caprichosa y sin razonabilidad al negarse a la devolución de fondos que son propiedad de su parte, basándose en una diferenciación entre trabajadores regidos por el Estatuto Administrativo y aquellos gobernados por el Código del Trabajo, lo que vulnera los derechos a la igualdad ante la ley y de propiedad que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas. Por lo anterior, solicitan que se decreten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y que se ordene la devolución de la totalidad de sus fondos previsionales.

Exponen que don nombre reservado, de nacionalidad cubana y biofísico de profesión, trabajó como académico para la Universidad de Valparaíso desde el 1 de enero de 2012 hasta el 1 de enero de 2023. Durante este período se le descontó una parte de su remuneración por concepto de cotizaciones para AFP, salud y seguro de cesantía. Sin embargo, el señor nombre reservado manifestó expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1° de la Ley N° 18.156 y mantener su afiliación al sistema de previsión de su país de origen, Cuba, según un certificado emitido por la Universidad de Valparaíso.

Al dejar de trabajar para la mencionada universidad, don nombre reservado se radicó definitivamente en Estados Unidos, donde reside y ejerce su profesión. A principios del año 2024, su parte solicitó de manera virtual a la AFP Provida la devolución de sus fondos previsionales, basándose en la Ley N° 18.156, pero nunca recibió una respuesta. El 18 de diciembre de 2024 se presentó un reclamo ante la Superintendencia de Pensiones y, el 20 del mismo mes y año, la Superintendencia remitió por correo electrónico la respuesta de la AFP, fechada el 25 de marzo de 2024, la cual, según su parte, nunca le llegó.

AFP Provida rechazó la solicitud de devolución de fondos para técnicos extranjeros, argumentando que la Ley N° 18.156 constituye una excepción que debe interpretarse restrictivamente y que no procede extenderla a quienes no están sujetos a un contrato regido por el Código del Trabajo, sino a estatutos especiales, como es el caso del peticionario que desarrolló funciones en la Universidad de Valparaíso bajo las normas del Estatuto Administrativo contempladas en la Ley N° 18.834. La AFP también señaló que el artículo 3° de la Ley N° 18.156 establece sanciones para quienes invoquen la exención de pago de cotizaciones y falsifiquen información al no cumplir los requisitos de aplicabilidad.

Mencionan, como fundamentos jurídicos que avalan su recurso, la Ley N° 18.156, publicada el 25 de agosto de 1982, específicamente sus artículos 1° y 7°. El artículo 1° establece la exención para empresas y personal técnico extranjero de las leyes de previsión chilenas, siempre que el trabajador esté afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. La exención no se aplica a los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. El artículo 7° permite a los trabajadores extranjeros que hayan registrado cotizaciones en una AFP solicitar la devolución de esos fondos, siempre que cumplan con los requisitos del artículo 1° de la misma ley. Su parte afirma haber cumplido con esta norma, adjuntando los documentos que la aludida disposición indica.

Sostienen que AFP Provida ha actuado de manera arbitraria e ilegal ya que, a pesar de haberse acompañado toda la documentación exigida, recibió información imprecisa que culminó con el rechazo de su solicitud.

Afirman que se han vulnerado los derechos constitucionales de propiedad y de igualdad ante la ley.

Por estas razones, solicitan que se acoja su recurso y, en su mérito, se declare que el actuar de la AFP recurrida es ilegal o arbitrario y vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, establecidas en los números 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Asimismo, piden que se ordene a la recurrida poner término al actuar arbitrario o ilegal y, por tanto, devolverle a su parte la totalidad de sus fondos previsionales, dentro de un plazo de cinco días hábiles u otro distinto que se determine.

SEGUNDO: Que don Daniel Santoni, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., evacúo el informe requerido y solicitó el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra, con expresa condenación en costas. Sostiene que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio. Argumenta que este recurso fue ideado como un medio eficaz para situaciones urgentes, con el objeto de prestar inmediato amparo al afectado cuando un derecho o garantía se encuentra privado, perturbado o amenazado por actos u omisiones arbitrarios.

Indica que se rechazó la solicitud de devolución de fondos del recurrente, don nombre reservado, en su calidad de técnico extranjero, de conformidad con la Ley N° 18.156. Explica que dicha norma permite a los técnicos extranjeros que trabajen en Chile retirar sus cotizaciones previsionales, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, la que es de carácter excepcionalísimo en el ordenamiento jurídico chileno para efectos de realizar dicho retiro.

Manifiesta que, tras analizar todos los antecedentes aportados por el recurrente, su parte realizó observaciones basándose en el criterio invariable de la Superintendencia de Pensiones. Cita los Dictámenes N° 61847/2006 y N° 224/2009, según los cuales la Ley N° 18.156 constituye una excepción en materia previsional que debe interpretarse restrictivamente. Por tanto, no procede extenderla a quienes no están afectos a un contrato regido por el Código del Trabajo, sino a estatutos especiales, como es el caso del peticionario, quien ha desarrollado funciones en la Universidad de Valparaíso bajo las normas del Estatuto Administrativo contempladas en la Ley N° 18.834. Finalmente, destaca que esta situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia de Pensiones, organismo estatal de carácter técnico que ejerce la supervigilancia de todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, y que a la fecha no ha realizado objeciones a la actuación de Provida. Explica que el Decreto Ley N° 3.500 de 1980 creó el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia con el objeto exclusivo de pagar las prestaciones que la misma ley establece. Subraya que el artículo 23 de este cuerpo legal prohíbe expresamente a las Administradoras de Fondos de Pensiones ofrecer u otorgar a los afiliados o beneficiarios otras pensiones, prestaciones o beneficios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta, o a título gratuito. Esta disposición se complementa con los artículos 34 y 51, que establecen que los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Pensiones están destinados sólo a generar las prestaciones y beneficios de acuerdo con las disposiciones de dicha ley. Asimismo, el artículo 64 del Reglamento del DL 3.500 especifica que los fondos administrados por las AFP tienen como único objeto el financiamiento de las prestaciones, pensiones y retiros de saldos originados por cotizaciones voluntarias, aportes de ahorro previsional voluntario colectivo y cuentas de ahorro voluntario que la ley establece. Con lo expuesto, queda claro que el saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado tiene como propósito financiar su pensión, una vez que cumpla los requisitos legales, y las AFP están legalmente impedidas de destinar o permitir que se destinen los fondos previsionales a un fin distinto, salvo las excepciones que la misma ley contempla.

En relación con la Ley N° 18.156, menciona que en materia laboral y previsional rige el principio de territorialidad, aplicando las leyes chilenas a los trabajadores que se desempeñan en el país, sean chilenos o extranjeros. Las excepciones a este principio son: que el trabajador se encuentre acogido a un Convenio Bilateral de Seguridad Social en calidad de desplazado, lo que le permite mantener sus cotizaciones en su país de origen y quedar exento en Chile; o que el trabajador quede exento de cotizar, o pueda retirar los fondos previsionales acumulados, cumpliendo con las exigencias de la Ley N° 18.156.

Detalla las condiciones para la exención según el artículo 1° de la Ley N° 18.156 y el Libro II Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones: a). Que detente la calidad de técnico, entendiéndose por tal a trabajadores con conocimientos de una ciencia o arte, acreditados con documentos justificativos de estudios especializados o profesionales, debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. b). Que se encuentre afiliado a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, de cualquier naturaleza, que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Esta condición debe cumplirse antes de la fecha de su contrato en Chile y acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada. c). Que, en el contrato de trabajo respectivo, el trabajador manifieste expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Destaca que el Libro II, Título XI del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, sobre la devolución de Fondos Previsionales de Técnicos Extranjeros, en su numeral 6, modificado por la Norma de Carácter General N° 315 del 10 de noviembre de 2023, establece que “no tendrán acceso a la devolución de fondos en virtud de la Ley N° 18.156 el personal contratado por Organismos Públicos mediante un decreto de nombramiento, sometidos a estatutos especiales y no sujeto a las normas generales sobre contratación establecidas en el Código del Trabajo”.

Sobre la base de este análisis, concluye que su actuar no es ilegal ni arbitrario, ya que sólo ha observado el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos en la normativa vigente para la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero.

Finalmente, argumenta la improcedencia de la acción de protección en la especie, señalando que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece requisitos copulativos para su procedencia que no se cumplen en este caso.

TERCERO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que el artículo 1° de la Ley 18.156 señala lo que sigue:

“Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

“La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Y habrá que recordar que la letra b) del artículo 3° del Código del Trabajo define el concepto “trabajador”, para todos los efectos legales, como “toda persona natural que preste servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo”.

QUINTO: Que, en consecuencia, no puede imputarse a AFP Provida un actuar ilegal o arbitrario, pues la normativa de excepción contenida en la Ley 18.156 es clara: es requisito para que se aplique esta normativa, incluyendo lo reglado en su artículo 7°, el que la labor del cotizante esté gobernada por un contrato de trabajo, lo que no sucede en la especie, en que el recurrente ha manifestado que desempeñó sus servicios profesionales en la Universidad de Valparaíso, de modo que su relación con dicha casa de estudios se amparó en un estatuto especial, como lo es el Estatuto Administrativo contenido en la Ley 18.834.

SEXTO: Que, de acuerdo con el informe de la parte recurrida, la situación de autos fue puesta en conocimiento de la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico que ejerce la supervigilancia de las AFP, sin que conste que haya objetado la conducta de AFP Provida. Asimismo, tal como lo señala AFP Provida, el Libro II del Título XI del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, sobre la devolución de Fondos Previsionales de Técnicos Extranjeros, en su numeral 6, modificado por la Norma de Carácter General N° 315 del 10 de noviembre de 2023, establece que “no tendrán acceso a la devolución de fondos en virtud de la Ley N° 18.156 el personal contratado por Organismos Públicos mediante un decreto de nombramiento, sometidos a estatutos especiales y no sujeto a las normas generales sobre contratación establecidas en el Código del Trabajo”.

SÉPTIMO: Que, entonces, el cuestionamiento que hace la parte recurrente al actuar de la recurrida, denunciando una discriminación arbitraria, en realidad es uno a la Ley 18.156, que hace el distingo que agravia al señor nombre reservado, pues es esta normativa legal la que hace aplicable sus disposiciones de excepción, frente a la regla general contenida en el DL 3.500, sólo a aquellos cotizantes que, entre otras exigencias, hayan impuesto en una AFP en virtud de un contrato de trabajo, definido en el artículo 7° del Código Laboral, exigencia que el recurrente no cumple. Luego, es la ley la que hace la aludida distinción y, por cierto, la recurrida, con su conducta, se ha ajustado a su normativa y a los criterios que, al respecto, ha manifestado la Superintendencia de Pensiones, como se ha visto, de modo que no existe ni la ilegalidad ni la arbitrariedad denunciada.

OCTAVO: Que, en consecuencia, tampoco existe, por parte de la recurrida, una vulneración, respecto del recurrente, del derecho establecido en el N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República —igualdad ante la ley—, toda vez que, como se dijo, la diferencia entre cotizantes sujetos a contrato de trabajo y cotizantes gobernados por estatutos especiales la hace la Ley 18.156, no AFP Provida, entidad que, por lo demás, se ha limitado a respetar los criterios que, sobre el particular, tiene su organismo público regulador: la Superintendencia de Pensiones.

Y en cuanto a la conculcación al N° 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, habrá que recordar que los fondos previsionales son efectivamente de propiedad del recurrente, derecho que nadie ha discutido, pero con las limitaciones que, para la generalidad de los cotizantes, impone el citado DL 3.500.

NOVENO: Que, luego, el recurso será desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en estos antecedentes.

Redacción del ministro señor Mera.

Regístrese y comuníquese.

Protección N° 1348-2025.

No firma el ministro (i) Sr. Avilés, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado su interinato.