nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

Visto Y Teniendo Presente:

PRIMERO: Que, comparece Camilo Ignacio González Delgado, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber efectuado descuentos en su remuneración desde mayo de 2025 a la actualidad, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se realizaron coetáneamente a un procedimiento judicial ejecutivo, vulnerando con ello el derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se ordene el cese de los descuentos y la devolución de los montos descontados.

Expone que en el mes de mayo del presente año, se percató que en su liquidación de su remuneración correspondiente a dicho mes, en la cual figuraba un descuento de $218.841 efectuado por la recurrida respecto de un pagaré que, por motivos de fuerza mayor, no pudo seguir pagando Sostiene que los descuentos efectuados en su liquidación de sueldo desde abril de 2025 por la Caja de Compensación, constituyen actos manifiestamente ilegales y arbitrarios.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, argumenta que respecto a los cobros que realizan las Cajas de Compensación por créditos sociales, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 22 inciso 1° de la Ley N° 18.833, no ampara los descuentos o retenciones efectuados habiendo transcurrido más de tres años desde la mora y cualquier gestión para obtener el pago de la obligación.

Además, cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Roles 23.258-2018 y 68.700-2016), que establecen que la aplicación del artículo 22 inciso 1° de la Ley N° 18.833 por parte de las Cajas de Compensación es solo aplicable para deudas exigibles, y que dicha normativa en ningún caso transforma tales obligaciones en imprescriptibles. Agrega que, según los fallos citados, efectuar un cobro mediante una herramienta administrativa, habiendo transcurrido años desde que la persona deudora se constituyó en mora, resulta arbitrario y antojadizo.

Arguye que los descuentos mensuales ilegales y arbitrarios efectuados a su liquidación de sueldo vulneran su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, ya que importan una privación del dominio sobre el dinero que debiera recibir mensualmente en su remuneración, además de constituir una amenaza actual al legítimo ejercicio de dicho derecho por cuanto es probable que los descuentos continúen en los meses sucesivos.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la recurrida incurrió en actos ilegales y arbitrarios que han tenido como consecuencia una privación, perturbación y amenaza del legítimo ejercicio de su derecho de propiedad, ordenando a la Caja de Compensación cesar los descuentos en sus liquidaciones de sueldo, procediendo a la devolución de los montos descontados desde mayo de 2025, adoptando todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicita el rechazo del recurso de protección, por carecer de fundamentos.

Fundamenta esta alegación en que los descuentos alegados por la actora son por concepto del crédito social N°131CON101210024, por la suma de $$3.628.563.-, a una tasa de 2.2%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota de $125.052.-, cuyo primer vencimiento fue el 30 de junio de 2019.

Indica que las cuotas de los meses de junio a agosto 2019 y abono a cuota del mes de septiembre por $106.094, cuotas N° 1 a N° 3 y 4, fueron pagadas entre los periodos comprendido entre el 10 de julio 2019 al 10 de mayo 2025.

Finamente indica que la operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo en estado moroso las cuotas de los meses de septiembre 2019 a mayo 2024, cuotas N° 4 a N° 60 de 60.

En consecuencia, sostiene que en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno según se dirá.

En cuanto a la legalidad de los descuentos, indica que está actuando dentro de los márgenes legales y conforme a lo dispuesto en la Ley 18.833 y el Código del Trabajo, citando el Dictamen 42792-2018 de la Superintendencia de Seguridad Social, que establece que las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social que deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores, sin requerir autorización del deudor. Refuerza este argumento citando los artículos 22 de la Ley N°18.833 y 58 del Código del Trabajo.

En consecuencia, solicita se rechace el recurso por improcedente al haberse presentado fuera de plazo; y en subsidio, para el evento que no se acoja la extemporaneidad alegada, se rechace en todas sus partes con costas.

TERCERO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que sustenta la pretensión del recurrente es la supuesta improcedencia de los descuentos efectuados a su actual remuneración, los que responden a un crédito que le fue otorgado por parte de Caja de Compensación Los Andes el 30 de junio de 2019, por más de tres millones de pesos, cuyo pago pactó en 60 cuotas, las que dejó de pagar y que fue objeto de reprogramación posterior.

En este escenario, y pese a que la recurrente no desconoce el préstamo que le otorgó la aludida recurrida, esgrime al efecto, en sustento de su impugnación, el proceso judicial de cobro de pagaré antes aludido, circunstancia que, a su juicio, tornarían en ilegales y arbitrarios los descuentos que se le efectúan de su remuneración por este concepto.

QUINTO: Que en atención a la naturaleza de la entidad de previsión social, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja Acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

SEXTO: Que la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, ha señalado en Dictamen N° 2659-2020 de 12/8/2020: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagará respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos”

SÉPTIMO: Que por su parte el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil señala: “No se entenderán extinguidas por el abandono las acciones o excepciones de las partes; pero éstas perderán el derecho de continuar el procedimiento abandonado y de hacerlo valer en un nuevo juicio.

Subsistirán, sin embargo, con todo su valor los actos y contratos de que resulten derechos definitivamente constituidos”.

OCTAVO: Que en este escenario, no corresponde considerar que la conducta en que se funda la presente acción sea arbitraria o ilegal, desde que se ha ejercido una facultad legal que autoriza la deducción de cuotas de créditos sociales de las liquidaciones de las remuneraciones.

En consecuencia la recurrida ha desplegado una actuación que se ajusta a las normas y prerrogativas que la ley que regula esta materia le otorga, respecto de una obligación vigente, desde que la declaración del abandono de procedimiento no importa la extinción de las acciones pertinentes, como expresamente lo establece el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido en representación de doña nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-13460-2025.