nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

Santiago, treinta de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado y Daniel David Vivas, abogados, interponen recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que califican de ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°37.820, de 5 de diciembre de 2025, notificada por correo electrónico el 9 de abril de 2026, que rechazó el otorgamiento de permiso de residencia temporal excepcional solicitado por su representado el 6 de noviembre de 2024, al amparo del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, por estimar que no se configura un caso excepcional, calificado ni humanitario, dado que su requerimiento se sustentaría en situaciones fácticas de carácter genérico. Estiman que dicha decisión vulnera la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, y aluden, además, a la afectación de la integridad psíquica del recurrente, del debido proceso y de la protección de la familia.

Exponen que el recurrente ingresó a Chile en septiembre de 2021 por paso no habilitado, motivado por la crisis humanitaria, económica y política de su país de origen, junto a su pareja y a los dos hijos de ésta; que desde el 10 de septiembre de 2021 se encuentra sujeto a control migratorio ante la Policía de Investigaciones; que efectuó su enrolamiento el 3 de diciembre de 2022 y su empadronamiento biométrico el 23 de noviembre de 2023; y que desde el 1 de septiembre de 2024 mantiene un contrato de trabajo indefinido, con cotizaciones previsionales, de salud y de cesantía. Afirman que mantiene una convivencia estable con su pareja desde hace más de ocho años, ejerciendo un rol paterno respecto de los hijos de ella, ambos regularizados y escolarizados, quienes presentan diagnósticos médicos que requieren atención y cuidados; y que no registra antecedentes penales, según certificado apostillado emitido por las autoridades de su país de origen. Agregan que, no existiendo otro mecanismo de regularización, el 6 de noviembre de 2024 dirigió al Subsecretario del Interior una solicitud fundada en casos calificados y razones humanitarias, a la que acompañó antecedentes de su arraigo familiar, laboral y social.

Sostienen que la resolución impugnada carece de la fundamentación exigida por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, pues se limita a señalar que la situación del país de origen no justifica el otorgamiento del beneficio, sin ponderar los antecedentes concretos aportados, en especial el arraigo familiar, laboral y social del recurrente, ni precisar cuáles serían los antecedentes idóneos para configurar un caso calificado o humanitario. Añaden que la decisión omite considerar el interés superior de los niños que integran su núcleo familiar, consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 7 de la Ley N°21.430, desconoce el deber estatal de protección de la familia e infringe los principios de objetividad e imparcialidad que rigen la actuación administrativa, contemplados en los artículos 10 y 11 de la Ley N°19.880.

Invocan, asimismo, los artículos 5 de la Constitución Política de la República y 3 y 7 de la Ley N°21.325, el principio pro persona, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de otras Cortes de Apelaciones, relativa al deber de ponderar el arraigo familiar y laboral del solicitante y de fundamentar los actos administrativos que afectan derechos de los particulares.

Solicitan, en definitiva, que se deje sin efecto la resolución recurrida por ilegal y arbitraria, y que se ordene a la autoridad efectuar un nuevo estudio de los antecedentes conforme a derecho, otorgando al recurrente un permiso de residencia temporal en los términos del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 o, en subsidio, una autorización de residencia o permanencia de vigencia restringida.

Segundo: Que, al evacuar su informe, el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo del recurso en cuanto a la autoridad que representa, por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario dictado por ella que prive, perturbe o amenace las garantías invocadas. Como antecedentes de hecho, señala que no consta registro de ingreso del recurrente al país, por lo que se presume que lo hizo por paso no habilitado; que mediante el Parte Policial N°7159, de 15 de septiembre de 2021, de la Policía de Investigaciones, se le informó de la denuncia por ingreso por paso no habilitado; que el 6 de noviembre de 2024 el recurrente solicitó regularizar su situación migratoria invocando el artículo 155 de la Ley N°21.325; y que dicha solicitud fue resuelta por la Subsecretaría del Interior mediante la Resolución Exenta N°37.820, de 5 de diciembre de 2025, que rechazó el permiso de residencia temporal excepcional, firmada por el Subsecretario del Interior.

Sostiene que no es la autoridad competente para resolver la solicitud ni la que dictó el acto impugnado, pues el legislador entregó a la Subsecretaría del Interior, en el artículo 155 N°8 y N°9 de la Ley N°21.325, la facultad de disponer mecanismos de regularización y de otorgar en casos excepcionales permisos de residencia temporal, y porque, a partir del 12 de febrero de 2022, es un servicio descentralizado, con patrimonio propio, supervigilado por el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior, esto es, una autoridad distinta a la que emitió la resolución reprochada.

En consecuencia, expresa ser incompetente para informar sobre los hechos fundamentales del recurso, cuyo fondo corresponde informar a la Subsecretaría del Interior, y solicita que se rechace la acción en cuanto a la autoridad que representa.

Tercero: Que, por su parte, la Subsecretaría del Interior, al evacuar su informe, solicita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas. En lo referido al marco normativo, sostiene que la solicitud debe resolverse conforme a la Ley N°21.325 —y no según el derogado Decreto Ley N°1.094, de 1975—, cuerpo legal que contempla dos hipótesis de regularización migratoria: una de carácter general, fundada en los artículos 69 inciso 2° y 155 N°8, respecto de la cual actualmente no existen procedimientos vigentes; y otra de carácter excepcional y de aplicación particular, prevista en el artículo 155 N°9, consistente en la potestad indelegable del Subsecretario del Interior para disponer, en casos calificados o por motivos humanitarios, el otorgamiento de permisos de residencia temporal, sujeta a un procedimiento desformalizado. Añade que, en ambas hipótesis, se trata de una facultad de la autoridad y no de una obligación, por lo que cualquier solicitud presentada al amparo del artículo 155 N°8 solo puede tramitarse como solicitud excepcional del artículo 155 N°9.

Alega que la acción de protección no es la vía idónea para conocer de lo planteado, atendida su naturaleza cautelar, que impide declarar derechos nuevos o tutelar meras expectativas, existiendo otras vías de lato conocimiento, como los recursos administrativos que contemplan los artículos 139 y 140 de la Ley N°21.325 y la Ley N°19.880; y que, por su intermedio, se pretende que la judicatura califique y valore el ejercicio de una facultad discrecional privativa de la Administración y le ordene lo que debe resolver, en contravención a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y 4° del Código Orgánico de Tribunales, citando en su apoyo jurisprudencia de distintas Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema.

Expresa que la autoridad ponderó los antecedentes aportados y concluyó que no se configura un caso excepcional, calificado ni humanitario, exponiendo las razones en la parte considerativa de la resolución impugnada; que el rechazo no obedeció a que las circunstancias alegadas no se tuvieran por acreditadas, sino a que, aun teniéndolas por efectivas, no constituyen una situación excepcional; que el arraigo familiar y laboral, si bien relevante en el contexto migratorio general, no es por sí solo suficiente para calificar un caso como excepcional o humanitario, ni la alegada afectación del interés superior de los hijos de su pareja obsta al cumplimiento de la legislación migratoria; y que es el solicitante quien debe aportar los antecedentes que permitan configurar la hipótesis legal. Respecto del artículo 31 de la Ley N°19.880, sostiene que solo rige cuando la solicitud no reúne los requisitos del artículo 30 del mismo cuerpo legal, lo que no ocurre en la especie, y que el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 no exige requisitos especiales para este tipo de solicitudes.

Finalmente, afirma que el recurrente no acreditó una privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales mediante antecedentes suficientes, más allá de alegaciones genéricas; que acoger acciones como la presente afectaría la igualdad ante la ley, al favorecer al recurrente sin justificación en desmedro de otros extranjeros cuyas solicitudes fueron rechazadas por idénticas razones y que no han recurrido; y que, por no existir motivos plausibles para litigar, procede condenarlo en costas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en dicha disposición se enumeran, mediante la adopción de las medidas de resguardo necesarias frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Por consiguiente, para su procedencia resulta indispensable la concurrencia de una conducta ilegal —esto es, contraria a la ley— o arbitraria —producto del mero capricho, la falta de fundamento razonable o la ausencia de motivación plausible de quien incurre en ella— y la afectación, a consecuencia de dicha conducta, de alguna de las garantías amparadas por la citada disposición constitucional.

Quinto: Que se recurre en contra de una decisión administrativa adoptada por un órgano estatal en ejercicio de una potestad esencialmente discrecional en cuanto a su resultado, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable. Dicho control no supone sustituir el criterio de la autoridad ni pronunciarse sobre el mérito de la decisión, pues no corresponde a esta sede cautelar determinar si concurren los supuestos de un permiso cuyo otorgamiento la ley confía a la Administración.

Sexto: Que, en lo que respecta al Servicio Nacional de Migraciones, consta de la resolución impugnada y de los antecedentes acompañados que el acto reprochado fue dictado por el Subsecretario del Interior, en ejercicio de la potestad indelegable que le confiere el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, limitándose dicho Servicio a comunicarlo al interesado mediante el Oficio Ordinario N°14.164, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 146 de la misma ley, de modo que no se advierte acción u omisión alguna imputable a él que pueda calificarse de ilegal o arbitraria, circunstancia que basta para desestimar el recurso en cuanto a él.

Séptimo: Que, sobre el fondo de la decisión reprochada, del mérito de los antecedentes acompañados se desprende que la Resolución Exenta N°37.820 se encuentra provista de fundamento, desde que explica las razones por las que se decidió rechazar el otorgamiento excepcional solicitado. En efecto, luego de dejar asentado que actualmente no existen procesos de regularización de general aplicación a los que pueda acogerse la solicitud, analiza la procedencia de la facultad excepcional del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 y consigna que el recurrente ingresó al país por un paso no habilitado, sin que conste que hubiese solicitado un permiso de residencia desde el extranjero; que la situación económica, social y política de su país de origen, invocada como argumento principal, constituye una circunstancia genérica que no basta por sí sola para configurar un caso calificado o humanitario, sin que se relacione con las situaciones de emergencia humanitaria que la resolución describe; que el ordenamiento contempla otras vías especiales de protección, como la Ley N°20.430, que no fueron ejercidas; y que la infracción migratoria cometida afecta bienes jurídicos protegidos por el Estado, concluyendo que el requerimiento se sustenta en situaciones fácticas de carácter genérico que no logran configurar una afectación concreta lo suficientemente especial.

Asimismo, es dable advertir que el acto antes referido fue dictado por el órgano competente, dentro de sus atribuciones y en la forma que prescribe la ley.

Octavo: Que, de lo razonado se sigue que no ha existido en la especie un actuar ilegal o arbitrario que conculque los derechos fundamentales de la persona interesada, motivo por el cual el recurso de protección necesariamente debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones, sin perjuicio de que el recurrente pueda solicitar otro permiso de otra naturaleza ante la autoridad respectiva.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°13459-2026 Protección