nombre reservado con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de octubre de dos mil veintitrés.

A los folios N° 24 y N° 25; A todo, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, la abogada Erika Flores Arévalo interpuso recurso de protección en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, por haber incurrido en un acto u omisión ilegal y/o arbitraria que atenta en contra de los derechos fundamentales que la Constitución Política de la República le garantiza.

Explica que la recurrente es un técnico jurídico que se desempeñaba como analista de remuneraciones en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente desde el año 2017. En enero de 2022 se contagió de COVID-19 en su lugar de trabajo, lo que le ocasionó secuelas físicas y neurológicas, por las cuales debió hacer uso de licencias médicas en forma continua y discontinua por más de 6 meses durante los años 2022 y 2023.

A raíz de aquella, la recurrida dictó la Resolución TRA N° 444/18/2023, de fecha 7 de junio de 2023, y que, tras trámite de toma de razón por parte de la Contraloría, le fuera notificada el día 07 de julio recién pasado, declarando vacante su cargo por salud incompatible, en virtud de la facultad que le confiere el artículo 151 de la Ley 18.834 al jefe de dicho servicio.

Sin embargo, alega que dicha resolución es ilegal y arbitraria, toda vez que se basa únicamente en el número de días de licencia médica utilizados, y no considera que, según el dictamen emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), su estado de salud era recuperable y se encontraba desempeñando normalmente sus funciones desde el 29 de mayo de 2023.

Considera que la resolución impugnada vulnera los derechos constitucionales a la integridad física y psíquica (art. 19 N°1), por cuanto la declaración de salud incompatible afectó su salud psíquica y su futuro laboral sin una razón atendible; a la igualdad ante la ley (art. 19 N°2), ya que en casos similares no se ha declarado la salud incompatible de funcionarios con salud recuperable; y de propiedad (art. 19 N°24), porque se le privó de su empleo y remuneraciones de forma arbitraria.

Por estas razones, la recurrente solicita que se deje sin efecto la resolución impugnada, se le reincorpore a su cargo con el pago de las remuneraciones correspondientes entre la fecha de separación y la de reingreso, y se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que, al evacuar su informe, la recurrida expuso que doña nombre reservado se desempeñaba como técnico jurídico grado 17 a contrata desde noviembre de 2017 y que, entre 2022 y 2023, hizo uso de licencias médicas por más de 6 meses discontinuos (203 días), lo que dio lugar a que se declara vacante su cargo por salud incompatible, mediante Resolución TRA N° 444/18/2023 del 6 de julio de 2023.

Alega que el acto se dictó en uso de la facultad del artículo 151 del Estatuto Administrativo, previo informe de la COMPIN, que declaró su salud como recuperable. Señala que, en la especie, se cumplen los requisitos legales para ejercer dicha atribución y que no existe ilegalidad ni arbitrariedad alguna en ella, detallando los hechos y fundamentos que llevaron al servicio a adoptar tal decisión.

Excepciona que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver este tipo de controversias, por tratarse de un asunto que debe ventilarse en juicio ordinario de lato conocimiento. Asimismo, niega las vulneraciones alegadas respecto al derecho a la vida, igualdad y propiedad.

Finalmente, solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección interpuesto en contra del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

TERCERO: Que el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso, recurrir a la Corte de Apelaciones a fin que se adopten de inmediato las providencias que fueren necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, que se traduce en falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

QUINTO: Que, en lo relativo a la primera alegación esgrimida por la recurrida, esto es la eventual improcedencia de la presente acción cautelar, cabe recordar que, conforme al inciso primero, parte final, del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el ejercicio del recurso de protección lo es “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer (el afectado) ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, razón suficiente para desestimar lo sostenido en este punto por la recurrida.

SEXTO: Que, en el presente caso, el acto que se tilda de ilegal y arbitrario es la Resolución TRA N° 444/18/2023, de fecha 7 de junio de 2023, que declaró vacante el cargo de técnico jurídico grado 17 a contrata, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, ejercido por la recurrente, por salud incompatible.

SÉPTIMO: Que, para proceder de esa forma, la autoridad administrativa recurrida se basó en lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el D. F. L. N° 29 de 2005, del Ministerio de Hacienda, que establece lo siguiente:

“El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

OCTAVO: Que, es un hecho pacífico que, entre enero de 2022 y mayo de 2023, la recurrida hizo uso de una serie de licencias médicas continuas y discontinuas, por un total de 203 días, todas ellas por enfermedad común.

Por otra parte, del mérito de los antecedentes allegados al proceso por ambas partes, consta que, mediante ORD N° 522 del 9 de junio de 2023, el señor presidente de la Subcomisión Oriente de la COMPIN RM, remitió al Servicio de Salud Metropolitano Oriente la Resolución Exenta N° 131/25/222/23, de 8 de junio recién pasado, en la que se señala que doña nombre reservado presenta un estado de salud recuperable.

NOVENO: Que, de lo expuesto, fluye que la intención legislativa al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la COMPÍN fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable. Pronunciamiento que, si bien, no resulta vinculante, al emanar del órgano administrativo competente al efecto requiere, sin embargo, que la autoridad recurrida lo considere y, en caso de desestimarlo, efectúe un pronunciamiento fundado a su respecto con el objeto de poner término a la relación contractual habida entre las partes.

DÉCIMO: Que la anterior es la única interpretación que materializa la intención del legislador y permite dar sentido a la norma en cuestión, puesto que -de otra forma- aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo fundamento el establecimiento de un informe obligatorio en relación con la irrecuperabilidad de la salud del funcionario.

UNDÉCIMO: Que, por su parte, el inciso 4° del artículo 41 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, prescribe que las resoluciones que dicte la Administración contendrán la decisión, que será fundada.

En la misma línea el artículo 11 inciso segundo de dicha norma, agrega que los hechos y fundamentos de derecho de los particulares deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio.

DUODÉCIMO: Que, sin embargo, los fundamentos contenidos en la citada Resolución TRA N° 444/18/2023, de fecha 7 de junio de 2023 -que declaró vacante el cargo de la recurrente- no cumple con el estándar de ser aquellos objetivos y suficientes, pues la recurrida pretende justificar la medida en la cantidad de días de licencia presentado por la actora, sin considerar antecedentes como el origen de la licencia médica, y que la actora al momento del despido ya se encontraba de alta, reintegrada en sus funciones, con lo que no se dan razones para considerar su condición de salud incompatible con su función, sin revestir el acto de fundamentos de hecho y de derecho que permitieren otorgar plausibilidad a lo que en su oportunidad fuere decidido.

DÉCIMO TERCERO: Que, de lo anterior, se colige que el acto administrativo denunciado, aun cuando se encuentra revestido de una presunción de legalidad, deviene en arbitrario al carecer de la motivación mínima necesaria para sustentar una decisión de tal naturaleza, teniendo en especial consideración las gravosas consecuencias que aquella produce en a los derechos que la Constitución Política de la República garantiza a la actora en el artículo 19 N° 2 y 24.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por en favor de doña nombre reservado y en contra del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución TRA N° 444/18/2023, de fecha 7 de junio de 2023 -que declaró vacante el cargo de la recurrente- debiendo ésta reincorporar a la actora en sus funciones y proceder al pago de todas las remuneraciones y estipendios devengados desde la materialización del acto recurrido y la fecha de su reincorporación, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-13453-2023.

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por los Ministros señor Alejandro Rivera Muñoz, señora Jenny Book Reyes y el Abogado Integrante señor Sebastian Ramón Hamel Rivas.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.