nombre reservado con SUPERINTENDENDIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Santiago, uno de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece nombre reservado, no indica profesión ni oficio, domiciliada en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), en razón de haber incurrido en una acción ilegal y arbitraria, al dictar la SUSESO la Resolución Exenta N°R-01-UJU-48777-2026, que deja sin efecto otras tres resoluciones exentas anteriores y en definitiva, le niega el derecho a pago del subsidio por incapacidad laboral por la licencia médica N°119294696-0, extendida por patología de salud mental, afectando sus derechos constitucionales.

Funda sus pretensiones en que se le extiende la referida licencia médica desde el 2 de junio de 2025 hasta el día 30 del mismo mes y año; que el 6 de agosto de 2025 mediante la Resolución Exenta N°R-01-UJU-108936-2025 la SUSESO ordena a la COMPIN pagar el subsidio de incapacidad laboral por aquella licencia médica; posteriormente el 13 de octubre de 2025, la SUSESO mediante la Resolución Exenta N°R-01-UJU-140094-2025, instruye a la COMPIN dar cumplimiento a la anterior resolución exenta, dentro del plazo de 5 días hábiles; lo cual es reiterado a través de la Resolución Exenta N° R-01-UJU-168728-2025 de 4 de diciembre de 2025.

Expresa que el 29 de enero del año en curso la SUSESO mediante la Resolución Exenta N° R-01-UJU-13700-2026, instruye a la COMPIN informar directamente a la recurrente sobre el estado de pago del subsidio por incapacidad laboral derivado de la citada licencia médica y las razones tenidas en consideración para no acceder a ello.

No obstante lo anterior, acusa que la SUSESO el pasado 9 de abril mediante la Resolución Exenta N° R-01-UJU-48777-2026, en un acto totalmente arbitrario deja sin efecto las primeras tres resoluciones exentas, desestimando su reclamo porque supuestamente se encontraría sujeta a una investigación.

Alega que las decisiones anteriores son confusas, carecen de justificación y racionalidad.

Explica que la Ley N°21.133, estableció la obligación de cotizar respecto de aquellos trabajadores independientes que perciban rentas del artículo 42 N°2 de la Ley sobre impuesto a la renta por un monto igual o superior a cinco ingresos mínimos mensuales en el respectivo año calendario.

De este modo, considera que esos trabajadores ya no deberán enterar sus cotizaciones mensualmente, sino que éstas se pagarán con ocasión de la respectiva operación renta, obteniendo el trabajador una cobertura futura para cada una de las contingencias relacionadas con los regímenes de seguridad social, la que se extenderá entre el 1° de julio del año en que se realizó la declaración anual de impuesto a la renta y el 30 de junio del año siguiente.

Indica que para efectos previsionales, los trabajadores independientes pueden encontrarse en dos calidades; por un lado, como trabajadores independientes obligados a cotizar de acuerdo al artículo 89 del DFL 3.500 de 1980, que perciben ingresos por actividades gravadas por el artículo 42 N°2 de la Ley sobre impuesto a la renta y los socios de sociedades profesionales que tributan conforme a ese mismo articulado cuando anualmente emitieren boletas de honorarios; y en otro sentido, como trabajadores independientes que coticen voluntariamente, que acrediten la realización de una actividad en tal calidad.

Aduce que para verificar el pago de las cotizaciones y los datos de la renta imponible del trabajador independiente obligado a cotizar conforme al citado artículo 42, debe exigirse el comprobante de pago de cotizaciones dispuesto por el Servicio de Impuestos Internos en su página web, prohibiéndose, por lo tanto, el requerimiento de otro tipo de documentos, como las boletas de honorarios, copia del contrato de prestación de servicios o la acreditación de los ingresos de esa actividad independiente, salvo en los casos en que los trabajadores paguen cotizaciones previsionales complementarias.

Señala que el actuar de las recurridas constituye una privación a derecho a la integridad física y psíquica, al derecho de la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad.

Finaliza solicitando se ordene a las recurridas pagar el subsidio de su licencia médica, con costas.

Segundo: Que evacua el informe respectivo la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN RM), indicando que la SUSESO confirmó la autorización por parte de la COMPIN R.M. respecto de la licencia médicas N°119294696-0, extendida por un total de 30 días a contar del 2 de junio de 2025, pero sin derecho al pago de subsidio.

Señala que inicialmente se decidió dejar sin el derecho a pago del subsidio, debido a que la recurrente no adjuntó el certificado de cotizaciones del Servicio De Impuestos Internos del año 2025, lo que le fue expresamente requerido, pues solo se encuentra en su expediente administrativo el certificado de cotizaciones del año 2024.

Precisa que de acuerdo con la Ley N°21.133, al haber cotizado en la operación renta del año 2024, y como bien dice en su recurso, ella tuvo cobertura con dicho certificado desde julio 2024 hasta junio 2025, quedando días fuera de esta cobertura (julio 2025), razón por la que se le solicitó la del año siguiente. Precisa que al no cumplir lo ordenado, y no acompañar lo requerido al día de hoy, se mantiene sin derecho al pago de subsidio.

Refiere que la actora reclamó de aquello ante la SUSESO, quien a través de Resolución Exenta N°R-01-UJU-48777-2026, de 9 de abril de 2026, señala al respecto, que “…el artículo 48 del D.S. N° 3, dispone que las Compin y la ISAPRE, deberán fiscalizar el ejercicio legítimo del derecho a licencia médica. Conforme a lo anterior, las COMPIN tienen la obligación de fiscalizar el correcto uso de los beneficios de seguridad social, como lo son la licencia médica y el subsidio por incapacidad laboral.

Que, en su caso, existen antecedentes que no son concordantes, motivo por el cual no se le pagó subsidio por incapacidad laboral, estando su situación sujeta a una investigación.

Que, conforme a lo señalado anteriormente, esta Superintendencia DEJA SIN EFECTO las Resoluciones Exentas N°s R-01-UJU-13700-2026, de 29 de enero de 2026, R-01-UJU-140094-2025, de 13 de octubre de 2025 y R-01-UJU-108936-2025, de 6 de agosto de 2025, que habían ordenado pagar subsidio a la interesada.

RESUELVO: Dejase sin efecto las Resoluciones Exentas N°s R-01-UJU-13700-2026, de 29 de enero de 2026, R-01-UJU-140094-2025, de 13 de octubre de 2025 y R-01-UJU-108936-2025, de 6 de agosto de 2025 Y SE RECHAZA LA RECLAMACIÓN DE LA INTERESADA, por las razones señaladas en el cuerpo de la presente Resolución.”

Luego da cuenta que al haberse detectado ciertas irregularidades se realizó una denuncia ante el Ministerio Público el 6 de noviembre de 2025, siendo además informado el Consejo de Defensa del Estado por cuanto de conformidad con lo establecido en la Ley N°21.133, los trabajadores independientes se encuentran obligados a efectuar el pago de cotizaciones previsionales sobre el 80% de los honorarios brutos percibidos en un año calendario, durante el proceso de operación renta, siempre que sus rentas superen cinco ingresos mínimos mensuales.

Añade que el pago de dichas cotizaciones otorga a los trabajadores cobertura frente a contingencias de seguridad social, entre ellas el subsidio por incapacidad laboral (SIL), beneficio que rige desde julio del año en que se efectúa el pago de las cotizaciones hasta junio del año siguiente.

Precisa que en el marco de las labores de fiscalización realizadas por la COMPIN, se verificaron ciertos casos en que trabajadores independientes, tras ser fiscalizados en sus domicilios, entregaron el Certificado Anual de Boletas de Honorarios Electrónicas y se constató la emisión de una boleta de honorarios única en diciembre de 2024, por montos que fluctuaron entre $36.000.000 y $40.000.000, sin que existan antecedentes de prestación real de servicios que respalden dichas operaciones.

Asegura que esa emisión permitió que los referidos trabajadores obtuvieran cobertura de subsidios por incapacidad laboral a partir de julio de 2025, sobre una base imponible anual de entre $28.800.000 y $32.000.000, lo que equivale a montos mensuales entre $2.400.000 y $2.666.667, respectivamente.

Agrega que en coordinación con la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), se detectaron casos en que se presentan patrones coincidentes o similares, desde la iniciación de actividades hasta la obtención del subsidio, evidenciando un posible uso fraudulento del sistema previsional y de salud pública, encontrándose suspendidos ciertos pagos.

Finalmente expresa que las actuaciones realizadas por COMPIN al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan dentro de los parámetros objetivos que se han dispuesto con el fin de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales, por lo que estima que la COMPIN ha actuado dentro del marco de sus facultades legales.

Tercero: Que, por otro lado, comparece la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), alegando la improcedencia de la acción de protección frente a hechos que dicen relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, el que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio y en cuanto al fondo cita el contenido de las resoluciones exentas materia de autos, luego agrega que el pronunciamiento recurrido debe ser entendido dentro del marco de las facultades legales de fiscalización que asisten a las COMPIN y a esta Superintendencia en materia de licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral.

Precisa que aun cuando en una primera oportunidad se instruyó el pago del subsidio con los antecedentes disponibles a esa fecha, posteriormente surgieron elementos que impedían tener por acreditada, de manera suficiente e indubitada, la procedencia del beneficio reclamado.

Alega que la Resolución Exenta N° R-01-UJU-48777-2026 no desconoce arbitrariamente un derecho indubitado de la recurrente, sino que corrige el curso administrativo anterior al advertirse que la situación no se encontraba suficientemente esclarecida, de manera que en tales condiciones, no resultaba jurídicamente procedente mantener una orden de pago respecto de un subsidio cuya procedencia se encontraba cuestionada por antecedentes no concordantes y sometida a revisión por el organismo competente.

De esta forma considera que la actuación impugnada no puede ser calificada como ilegal o arbitraria, por el contrario se trata de una decisión adoptada dentro del ámbito propio de competencias de esta Superintendencia, orientada a resguardar el correcto otorgamiento de prestaciones de seguridad social y a evitar que se disponga el pago de un beneficio mientras subsisten antecedentes que deben ser previamente aclarados por la entidad competente.

Finaliza indicando que no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de mi defendida, la Superintendencia de Seguridad Social, toda vez que la resolución impugnada fue dictada en ejercicio de sus facultades legales y sobre la base de antecedentes administrativos que impedían tener por indubitada la procedencia del subsidio por incapacidad laboral reclamado.

Cuarto: Que, en lo relativo a la improcedencia del recurso, sobre la base que la garantía constitucional invocada, referida a que la seguridad social no está amparada por la acción ejercida, tal argumento carece de fundamento, en atención a que este Tribunal, dado el ámbito de la acción ejercida, tiene la capacidad de identificar la vulneración de otras garantías establecidas en el artículo 20 de la Constitución, teniendo para ello en consideración la naturaleza desformalizada de la acción. En efecto, el análisis del caso revela que el rechazo del pago de las licencias médicas se enlaza con otras garantías, referidas tanto al patrimonio como a la integridad psíquica de la persona que acciona, derechos que están protegidos por la norma constitucional mencionada, lo que conduce al rechazo de esta alegación.

Quinto: Que el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, únicamente destinada a amparar el libre ejercicio de derechos preexistentes e indubitados que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe dicha garantía.

Por tanto, es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, lo que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Sexto: Que, para una acertada resolución de la acción deducida, cabe precisar que la recurrente tilda de ilegal y arbitrario que se le haya negado el derecho a pago del subsidio de una licencia médica que fue previamente autorizada, y que las recurridas reconocen por existir en la especie una sujeta investigación, siendo derivado inclusos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

Séptimo: Que al respecto cabe tener presente, como se dijo en el considerando quinto que antecede, el recurso de protección constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes e indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo, a fin de que esta Corte pueda adoptar providencias para restablecer el imperio del derecho de que se trata.

Octavo: Que en este contexto, el conflicto objeto del recurso no puede ser dilucidado por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, toda vez ello excede la naturaleza y finalidad de la acción de protección, debido a que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos individuales, sino de protección de aquellos que siendo preexistentes e indubitados se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados.

Noveno: Que por consiguiente, atendido que el recurso de protección no es la vía para obtener la declaración que se pretende, la acción intentada no puede prosperar, sin perjuicio de otras acciones legales previstas en el ordenamiento.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el ya referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°13424-2026 Protección