Protección contra dicho establecimiento

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece la abogada Nathaly Sánchez Becerra, en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en favor de su hijo nombre reservado, estudiante de 17 años de edad que cursa 3° Año Medio A en el Colegio nombre reservado, de la comuna de Las Condes, en contra de dicho establecimiento, representado por su sostenedora nombre reservado y cuya directora, nombre reservado, es individualizada como ejecutora del acto, por estimar ilegales y arbitrarias la resolución de expulsión de 22 de abril de 2026 y la decisión de 30 de abril siguiente, que rechazó la apelación deducida en su contra.

Expone que, durante la semana comprendida entre los días 6 y 10 de abril de 2026, ocurrieron dos episodios diversos relacionados con mensajes alusivos a un eventual “tiroteo”, precisando que su representado solo intervino en el segundo, ocurrido el 10 de abril, limitándose —según sostiene— a escribir dicha palabra en un papel que contenía un dibujo confeccionado por otro alumno y que fue colocado en el baño por un tercero.

Refiere que el alumno fue suspendido telefónicamente, sin que se le informara el carácter cautelar de la medida ni la existencia de un procedimiento disciplinario; que la apoderada solo tomó conocimiento de la expulsión al concurrir al establecimiento luego de cumplidos los diez días de suspensión; y que, apelada la decisión, esta fue confirmada mediante resolución de 30 de abril de 2026, sin ponderarse debidamente sus descargos ni la concreta intervención del estudiante.

Sostiene que la sanción resulta desproporcionada, atendida la trayectoria escolar del alumno, que califica de intachable, y que el colegio habría asociado indebidamente el hecho del 10 de abril con la conmoción provocada por el episodio anterior, de 6 de abril, respecto del cual su representado no tuvo participación alguna.

Alega que la conducta atribuida no configura una amenaza penalmente relevante conforme al artículo 296 del Código Penal, ni una falta gravísima prevista en los artículos 32, 33 y 41 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, desde que no hubo porte de armas, amenaza dirigida a persona determinada ni daño a la integridad de miembros de la comunidad educativa, agregando que, al calificar el hecho como delito para fundar la expulsión, el establecimiento habría ejercido una función reservada a los tribunales de justicia.

Denuncia, además, la infracción de las garantías del debido proceso, por deficiente notificación, falta de información y de acceso a los antecedentes, ausencia de bilateralidad y de oportunidad para rendir prueba, falta de formulación precisa de cargos y aplicación de una sanción uniforme a los cuatro alumnos involucrados, sin atender a sus diferentes grados de participación; y reprocha que se castigara dos veces un mismo hecho, pues la expulsión se dictó una vez cumplida la suspensión que, en su concepto, constituyó la sanción primitiva.

Invoca los numerales 1°, 2°, 3° y 11° del artículo 19 de la Constitución Política de la República; el artículo 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998, del Ministerio de Educación; las Leyes N° 21.128, N° 20.536 y N° 21.430, y diversas disposiciones del Reglamento Interno.

Afirma, finalmente, que la expulsión afecta la integridad psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho a la educación del estudiante, al impedirle continuar su proceso formativo y prepararse adecuadamente para la Prueba de Acceso a la Educación Superior, tornando materialmente imposible su reubicación a esta altura del año escolar bajo el Sistema de Admisión Escolar.

Por todo ello, solicita dejar sin efecto ambas resoluciones y ordenar la reincorporación del estudiante a su curso o, en subsidio, disponer la realización de un nuevo procedimiento disciplinario con pleno respeto de las garantías del debido proceso, con costas.

Cabe consignar que, por resolución de trece de mayo último, esta Corte concedió la orden de no innovar solicitada en el primer otrosí del recurso, suspendiendo los efectos de la resolución de expulsión y disponiendo la reincorporación del estudiante al establecimiento mientras se resolvía la presente acción.

Segundo: Que, al informar, Daniel Leighton Palma, en representación de la Corporación Educacional nombre reservado, sostenedora del establecimiento recurrido, solicita el rechazo del recurso, con costas, sosteniendo que la expulsión fue dispuesta conforme a la normativa educacional y al Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

Controvierte, en primer término, que el alumno hubiese mantenido una trayectoria conductual intachable, pues registra diversas anotaciones negativas durante el año 2025; el 14 de noviembre de ese año abandonó el establecimiento saltando la reja perimetral, conducta calificada como falta muy grave por el reglamento, por la que cumplió una suspensión de un día; y, por decisión del Consejo de Profesores de 16 de diciembre de 2025, quedó sujeto a matrícula condicional por sus actitudes negativas, situación conocida por la apoderada.

Añade que el primer episodio de amenaza de tiroteo, descubierto el 6 de abril de 2026, motivó la concurrencia de Seguridad Ciudadana de Las Condes y de Carabineros, la comunicación al Departamento Provincial Oriente del Ministerio de Educación y la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Oriente por el delito de amenazas, emitiéndose el comunicado respectivo a los apoderados el día 7 de abril siguiente.

Explica que la investigación cuestionada se circunscribió exclusivamente al hecho del 10 de abril de 2026, en el cual el estudiante, junto a otros tres alumnos, reconoció su participación, admitiendo haber escrito la palabra “Tiroteo” en el papel hallado en el baño de varones de enseñanza media, y que la circunstancia de no haberse producido la misma alarma del primer episodio obedeció a que sus autores fueron identificados de inmediato, sin que ello reste gravedad a una conducta desplegada a sabiendas de la conmoción que ese tipo de amenazas provocaba en la comunidad escolar y en el país.

Señala que el mismo 10 de abril se inició el procedimiento sumario contemplado en el artículo 42 letra B) del Reglamento Interno, comunicándose telefónicamente a la apoderada la suspensión cautelar del alumno por un máximo de diez días; que se remitieron comunicaciones a la casilla electrónica registrada y a las que la propia apoderada fue proporcionando, todas las cuales resultaron inexistentes; que la directora dictó la resolución de expulsión el 22 de abril; que la carta certificada despachada el 28 del mismo mes fue devuelta por no existir la dirección registrada, recordando que el reglamento impone a los apoderados el deber de mantener actualizados sus datos de contacto. Agrega que la apoderada dedujo apelación el 28 de abril; que el Consejo de Profesores, en sesión extraordinaria, se pronunció unánimemente por mantener la medida; y que la resolución definitiva de 30 de abril de 2026 fue notificada personalmente a los padres ese mismo día.

Sostiene, en fin, que el procedimiento se ajustó al artículo 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998, que contempla un procedimiento previo, racional y justo, con derecho a descargos y reconsideración; que la conducta atribuida constituye el delito de amenazas del artículo 296 N° 3 del Código Penal y, en todo caso, una falta gravísima y una agresión psicológica contra la comunidad educativa; y que la expulsión fue una medida fundada, razonable y proporcional, orientada a proteger la seguridad y la integridad física y psíquica de la comunidad escolar, citando al efecto jurisprudencia de esta Corte y de la Corte Suprema.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción la existencia de un acto u omisión ilegal —esto es, contrario a la ley— o arbitrario — producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él— y que provoque alguna de las situaciones antes indicadas, afectando una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que, según se desprende de lo reseñado en los motivos que anteceden, la controversia consiste en determinar si la expulsión del estudiante, dispuesta por la directora del establecimiento el 22 de abril de 2026 y ratificada el 30 del mismo mes previa consulta al Consejo de Profesores, constituye un acto ilegal, por haberse adoptado fuera de los casos o del procedimiento que la ley y el reglamento interno contemplan, o arbitrario, por carecer de fundamento racional o resultar manifiestamente desproporcionada a los hechos que la motivaron.

Quinto: Que de los antecedentes aportados por ambas partes, en particular de la carpeta del procedimiento disciplinario y de la hoja de vida del estudiante agregadas a estos autos, constan los siguientes hechos: 1. El lunes 6 de abril de 2026 se encontró en el baño de varones del sector de 5° a 8° básico un papel con la leyenda “Tiroteo martes 07 abril”. El establecimiento activó sus protocolos de seguridad, requirió la presencia de Seguridad Ciudadana de Las Condes y de Carabineros, comunicó lo sucedido al Departamento Provincial Oriente del Ministerio de Educación y denunció el hecho a la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Los autores de este episodio no han sido identificados. 2. El viernes 10 de abril de 2026, durante el primer recreo, se halló en el baño de varones de enseñanza media un papel con el dibujo de un dragón y, sobre él, la palabra “TIROTEO”. Ese mismo día el establecimiento identificó y entrevistó a cuatro estudiantes, entre ellos nombre reservado, quien reconoció haber escrito la palabra referida en el papel que otro alumno dibujó y que un tercero colocó en el baño, admitiendo su responsabilidad, según da cuenta la ficha de registro de entrevistas de esa fecha. 3. El mismo 10 de abril el colegio comunicó telefónicamente a la apoderada la suspensión del alumno y, a las 16:41 horas, la directora le remitió un correo electrónico que informaba el inicio del proceso sancionatorio y la suspensión, en calidad de medida cautelar, por un máximo de diez días hábiles, mensaje dirigido a la casilla registrada en el establecimiento y el que no fue entregado por no existir la dirección, suerte que corrieron también los reenvíos posteriores efectuados a otras casillas de contacto, igualmente inexistentes. 4. El lunes 13 de abril de 2026 la dirección remitió a los apoderados un comunicado oficial que da cuenta de ambos episodios, de las acciones adoptadas frente a cada uno y del inicio del proceso sancionatorio respecto de los estudiantes involucrados, con suspensión de diez días hábiles. 5. Por resolución fundada de 22 de abril de 2026, la directora dispuso la expulsión del estudiante, por constituir el hecho del 10 de abril una falta gravísima según el Reglamento Interno y por concluir, evaluados todos los antecedentes, que su permanencia en el establecimiento representaba un riesgo para la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa. 6. El 27 de abril de 2026, al concurrir la apoderada al establecimiento, se le entregó por mano copia de la resolución de expulsión, la que ese mismo día se le reenvió por correo electrónico a una casilla efectiva por ella señalada, despachándose además, el 28 de abril, carta certificada que Correos de Chile devolvió por no existir la dirección registrada. 7. El 28 de abril de 2026 la apoderada dedujo apelación. Al día siguiente sesionó extraordinariamente el Consejo de Profesores, que revisó las carpetas de los estudiantes y las apelaciones de sus apoderados y, el 30 de abril, la directora dictó la resolución que rechazó la reconsideración y ratificó la expulsión, pronunciándose sobre cada uno de los descargos formulados, decisión notificada personalmente a ambos padres en entrevista de esa misma fecha, de la que se levantó registro que suscribieron. 8. La misma medida de expulsión se aplicó a los otros tres estudiantes que reconocieron su participación en el hecho del 10 de abril, cuyas apelaciones fueron igualmente desestimadas. 9. La hoja de vida del estudiante registra durante el año 2025 diversas anotaciones negativas —entre ellas, la fuga del establecimiento el 14 de noviembre de 2025, saltando la reja perimetral, falta calificada de muy grave y sancionada con suspensión de un día— y consigna que, por resolución del Consejo de Profesores de 16 de diciembre de 2025, el alumno quedó con matrícula condicional por actitudes negativas, condición que se mantenía vigente en abril de 2026.

Sexto: Que, para la decisión del asunto, debe tenerse presente que el artículo 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998, del Ministerio de Educación, Ley de Subvenciones, en el texto fijado por la Ley N° 21.128, denominada de “Aula Segura”, vigente a la época de los hechos, dispone que solo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno, sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, y que las medidas de expulsión y cancelación de matrícula “sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar”, entendiéndose que siempre afectan gravemente la convivencia los actos de cualquier miembro de la comunidad educativa que causen daño a la integridad física o síquica de sus integrantes.

La misma norma impone al director el deber de iniciar un procedimiento sancionatorio cuando algún miembro de la comunidad educativa incurra en una conducta grave o gravísima establecida como tal en el reglamento interno o que afecte gravemente la convivencia escolar, y lo faculta para suspender al alumno, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento, caso en el cual este debe resolverse en un plazo máximo de diez días hábiles, respetándose los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, la bilateralidad y el derecho a presentar pruebas. Contra la resolución procede la reconsideración dentro de quinto día, que la misma autoridad resuelve previa consulta al Consejo de Profesores, el que debe pronunciarse por escrito. Previene expresamente el legislador que “la imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula”, y encarga al Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velar por la reubicación del estudiante sancionado.

A su turno, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento califica de gravísimas, en su artículo 32, las faltas constituidas por actos que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquier miembro de la comunidad educativa, señalando su artículo 33 que entre ellas siempre se considerarán, entre otras, las agresiones psicológicas; y su artículo 42 letra B) regula el procedimiento sumario de expulsión o cancelación de matrícula, que reproduce las garantías legales recién aludidas.

Séptimo: Que, contrastados los hechos asentados en el motivo quinto con el estatuto normativo recién descrito, no se advierte la ilegalidad que se atribuye al proceder de la recurrida. El establecimiento, frente a una conducta que estimó gravísima, hizo exactamente aquello a que la ley lo obligaba: su directora inició el mismo día un procedimiento sancionatorio, dispuso la suspensión del alumno en calidad de medida cautelar —comunicada de inmediato por vía telefónica y por correo electrónico—, resolvió dentro del plazo legal de diez días hábiles mediante una decisión escrita y fundada, y, deducida la reconsideración, la desestimó previa consulta al Consejo de Profesores, que se pronunció en sesión extraordinaria convocada al efecto, notificándose personalmente la resolución definitiva a ambos padres. En ese mismo orden, el estudiante fue oído en entrevista el propio 10 de abril, oportunidad en que reconoció su participación, y su apoderada formuló por escrito los descargos que estimó pertinentes, los que fueron analizados uno a uno en la resolución de 30 de abril, de modo que las exigencias de bilateralidad y de defensa que el recurso echa de menos aparecen satisfechas en los antecedentes.

Los defectos de comunicación en que se hace consistir la infracción al debido proceso no son imputables al establecimiento. Las notificaciones electrónicas se dirigieron a la casilla registrada en la ficha del alumno y, luego, a las que la propia apoderada fue proporcionando, que también resultaron inexistentes —solo en la reunión de 27 de abril señaló una casilla efectiva, a la que ese mismo día se le reenvió la resolución—, al igual que la dirección postal a la que se despachó carta certificada, siendo del caso recordar que el artículo 4.2.1 del Reglamento Interno impone a los apoderados la carga de mantener actualizados sus datos de contacto. A lo anterior se suma que la recurrente ejerció oportunamente el derecho de reconsideración que la ley le franquea, de manera que ninguna indefensión con influencia sustancial se produjo. Por lo demás, el reproche de haberse sancionado dos veces un mismo hecho se desvanece frente al texto expreso de la ley, que priva a la suspensión cautelar del carácter de sanción cuando el procedimiento concluye con una medida más gravosa, como ocurrió en la especie. En fin, no debe olvidarse que el debido proceso que la normativa educacional demanda persigue que la decisión disciplinaria sea el resultado de un procedimiento racional, reglado y verificable, y no de un mero acto de voluntad, estándar que el procedimiento revisado satisface (Astudillo, C., Figueroa, M. y Astudillo, C. “Debido proceso e interés superior del niño en los procedimientos disciplinarios de convivencia al interior de los establecimientos educacionales”, en Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, vol. 14, 2023, p. 8).

En un caso análogo, esta Corte desestimó la acción constitucional al constatar que el establecimiento “actuó en el estricto ejercicio de sus facultades disciplinarias, fundadas en su autonomía institucional, en su Reglamento Interno de Convivencia Escolar y en la normativa vigente, específicamente en el artículo 6 letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998” (SCA de Santiago rol 25624-2025, 2 de marzo de 2026).

Octavo: Que tampoco la medida puede tildarse de arbitraria.

Desde luego, no es una decisión carente de fundamento ni fruto del mero capricho. Tanto la resolución de 22 de abril como la de 30 del mismo mes explicitan los hechos acreditados, su calificación conforme al reglamento interno, los antecedentes reunidos durante la investigación —incluido el reconocimiento del propio estudiante— y las razones por las cuales se desestimaron los descargos, concluyendo que la permanencia del alumno importaba un riesgo para la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa.

Enseguida, la sanción no aparece manifiestamente desproporcionada si se atiende a la entidad objetiva de la conducta y a los efectos que estaba llamada a producir. La evocación escrita de un tiroteo, dejada en un baño del colegio, no es una travesura inocua, ya que se ejecutó apenas cuatro días después de que una amenaza análoga obligara al mismo establecimiento a activar sus protocolos de seguridad, requerir la concurrencia de Carabineros, informar a la autoridad educacional y denunciar el hecho al Ministerio Público, todo ello en un contexto nacional de amenazas de tiroteos escolares que es público y notorio, de suerte que sus autores no podían menos que representarse la perturbación que el hallazgo provocaría en estudiantes, apoderados y funcionarios. Una conducta de esa naturaleza configura una agresión psicológica a la comunidad educativa, expresamente comprendida entre las faltas gravísimas de los artículos 32 y 33 del Reglamento Interno, y de aquellas que afectan gravemente la convivencia escolar en los términos del artículo 6 letra d) de la Ley de Subvenciones. Que el episodio no derivara en la misma alarma del anterior se explica —como consigna el informe— por la inmediata identificación de sus autores y la hora en que aconteció, y no por una menor gravedad intrínseca del acto.

A lo dicho se agrega una circunstancia que el recurso omite y que la recurrida acreditó con la hoja de vida del estudiante. En efecto, lejos de exhibir una conducta anterior intachable, el alumno mantenía vigente, desde diciembre de 2025, una matrícula condicional impuesta por el Consejo de Profesores a raíz de sus actitudes negativas, además de registrar anotaciones desfavorables y una suspensión por haberse fugado del colegio. La condicionalidad de la matrícula constituye precisamente una advertencia formal de que la comisión de una nueva falta de entidad podía acarrear la máxima consecuencia disciplinaria, de modo que la expulsión no sobrevino de manera intempestiva ni inconexa con la situación escolar del estudiante, sino como corolario de un compromiso disciplinario incumplido.

Tampoco altera lo concluido la alegada falta de individualización del aporte de cada partícipe. El hecho fue uno solo, ejecutado de consuno, donde uno ideó, otro dibujó, el amparado escribió la palabra “TIROTEO” —inscripción que, por sí sola, confiere al papel su aptitud intimidatoria— y un cuarto lo colocó en el baño. Frente a una actuación conjunta de esa índole, la aplicación de idéntica medida a los cuatro intervinientes, todos confesos, antes que una discriminación, es expresión de trato igualitario.

Finalmente, en cuanto a la gradualidad que se dice omitida, la Corte Suprema ha resuelto, conociendo de un caso de expulsión escolar, que “la naturaleza del asunto investigado no resultaba compatible con la aplicación de medidas progresivas, o el principio de gradualidad en la sanción” (SCS rol 154.525-2023, 12 de marzo de 2024), criterio plenamente aplicable a la especie, pues frente a un hecho único y grave, apto para comprometer la seguridad de toda la comunidad escolar, no resulta exigible transitar previamente por amonestaciones o medidas intermedias concebidas para infracciones de menor entidad.

Noveno: Que las restantes alegaciones del recurso tampoco pueden prosperar.

La referencia que las resoluciones impugnadas y el informe hacen al delito de amenazas no importa el ejercicio de una potestad jurisdiccional reservada a los tribunales con competencia penal, pues la sanción no se fundó en la declaración de un delito sino en la comisión de una falta gravísima prevista en el reglamento interno; determinar si la conducta satisface o no el tipo del artículo 296 del Código Penal es cuestión ajena a esta sede, en la que únicamente se revisa el respeto de las garantías fundamentales en el procedimiento disciplinario, como lo ha precisado la Corte Suprema en el fallo antes citado.

La pretendida desigualdad de trato frente a los autores del primer episodio carece de un término válido de comparación, desde que aquellos no han podido ser identificados, sin que la impunidad transitoria de un hecho ajeno transforme en discriminatoria la sanción de otro debidamente esclarecido.

En lo que atañe a la época del año escolar en que la medida se adoptó, la prohibición que contempla el artículo 6 letra d) de la Ley de Subvenciones no rige tratándose de conductas que atentan directamente contra la integridad psicológica de miembros de la comunidad escolar, como la de autos, y, en todo caso, la propia ley encarga al Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial, velar por la reubicación del estudiante sancionado y adoptar las medidas de apoyo necesarias, resguardo institucional que atenúa el riesgo de interrupción del proceso educativo que el recurso invoca.

Por último, el interés superior del adolescente no fue preterido, pues el establecimiento lo oyó, recibió y ponderó los descargos de su familia, desarrolló jornadas de reflexión con la comunidad estudiantil y fundó su decisión en la protección de los demás niños, niñas y adolescentes que la integran, cuyo derecho a estudiar en un ambiente seguro y de respeto mutuo también merece tutela, conforme a los artículos 9 y 10 del DFL N° 2 de 2009, del Ministerio de Educación. El derecho a la educación del amparado, en fin, no lo exime del cumplimiento de los deberes que la vida en comunidad escolar le impone ni puede ejercerse con prescindencia de los derechos de los restantes integrantes de esa comunidad.

Décimo: Que, en suma, la expulsión del estudiante fue adoptada por la autoridad que la ley señala, dentro del ámbito de sus facultades legales y reglamentarias, mediante el procedimiento previo, racional y justo que el artículo 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998 y el Reglamento Interno contemplan, garantizándose al alumno y a su apoderada el derecho a ser oídos, a formular descargos y a obtener la revisión de la medida, por lo que el acto impugnado no es ilegal.

Y tampoco es arbitrario, pues se trata de una decisión fundada, que califica una conducta objetivamente grave en el contexto en que se ejecutó, y que no resulta manifiestamente desproporcionada atendidos los efectos que estaba en condiciones de ocasionar en la comunidad educativa y la circunstancia de encontrarse el estudiante, a esa fecha, sujeto a matrícula condicional. Descartadas la ilegalidad y la arbitrariedad denunciadas, la acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada Nathaly Sánchez Becerra, en representación de nombre reservado, en favor del adolescente nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado.

Atendido lo resuelto, déjase sin efecto la orden de no innovar concedida por resolución de trece de mayo de dos mil veintiséis.

Se previene que el ministro Manuel Rodríguez Vega concurre a la decisión de rechazar el recurso, teniendo presente, además, las siguientes consideraciones: 1°) Que el recurso de protección es una acción cautelar de urgencia, que presupone la existencia de un derecho indubitado y de hechos asentados, y no un juicio declarativo en el que pueda escrutarse, con vocación de cosa juzgada, la regularidad de un procedimiento disciplinario escolar. Buena parte de los cuestionamientos del libelo —la suficiencia de las notificaciones practicadas, el acceso a la carpeta investigativa, la precisión de la formulación de cargos, la valoración de los descargos y la calificación reglamentaria de la conducta— supone un examen que excede la fisonomía de esta vía y que pertenece a un procedimiento de lato conocimiento o a la sede especializada que el ordenamiento contempla. La doctrina procesal lo ha subrayado al postular que las Cortes deben aplicar como límites de esta acción “la imposibilidad de brindar tutela cautelar y la deferencia con las instancias especializadas” (Larroucau, J. “Los límites procesales de la protección de derechos fundamentales y el filtro de admisibilidad en la Corte de Apelaciones”, en Revista de Derecho (Coquimbo), vol. 27, 2020, edición electrónica). 2°) Que, en ese orden, los reproches al procedimiento sancionatorio se afincan en la garantía del racional y justo procedimiento que asegura el inciso sexto del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución, garantía que no se encuentra comprendida en la enumeración taxativa del artículo 20, el cual, de ese numeral, únicamente cautela el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales. Tal exclusión no es un descuido que pueda enmendarse reconduciendo los mismos defectos al principio de igualdad o a otras garantías sí tuteladas. Si el núcleo de la impugnación es procedimental, su denuncia debe encauzarse ante la sede que el ordenamiento prevé al efecto, y no disfrazarse de discriminación arbitraria para forzar su examen en esta vía cautelar. 3°) Que tampoco debe perderse de vista que el procedimiento cuestionado fue conducido por un establecimiento educacional — directivos, encargados de convivencia y profesores—, esto es, por educadores y no por letrados ni por órganos jurisdiccionales. El estándar exigible a esa justicia doméstica es el de una audiencia efectiva y una instancia de revisión, cargas que en la especie se satisficieron con creces, desde que el alumno fue oído el mismo día de los hechos, su apoderada formuló descargos escritos y la sanción fue revisada previa consulta al Consejo de Profesores. Exigir a un colegio la precisión técnica de una formalización penal en la comunicación de los cargos, o la estructura revisora de un tribunal de alzada, excede lo que el ordenamiento impone a los particulares que ejercen potestades disciplinarias en el marco de su proyecto educativo. 4°) Que, en fin, el ordenamiento contempla una vía idónea y específica para el control de legalidad de estos procedimientos, consistente en la revisión por la Superintendencia de Educación, a cuya Dirección Regional el director debe informar toda expulsión dentro de los cinco días hábiles siguientes precisamente para que aquélla fiscalice, en la forma, el cumplimiento del procedimiento legal —artículo 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998—, órgano técnico dotado de potestades de fiscalización y sanción por los artículos 48, 49 y 73 de la Ley N° 20.529, y ante el cual la propia apoderada anunció que recurriría. La deferencia hacia esa instancia especializada aconseja no anticipar en esta sede cautelar, y sin sus herramientas, el juicio de legalidad que la autoridad administrativa está llamada a emitir, razones todas por las cuales, en concepto del previniente, la acción debía desestimarse también por exceder los contornos propios del recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro Manuel Rodríguez Vega.

No firma el ministro señor Manuel Rodríguez Vega, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

N° Protección-13408-2026.