nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

A los escritos folios 22 y 23: a todo, téngase presente.

Al escrito folio 24: a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 4 de junio de 2025, comparece don Matías Berríos Fuchslocher, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado, por haber este último impedido el acceso del recurrente a las dependencias de la empresa Bau SpA, actuación que considera ilegal y arbitraria y que vulnera los derechos fundamentales establecidos en el artículo 19 N.ºs 2, 3 inciso 5°, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, según consta en la escritura pública repertorio N.° 19.780-2016 de la Notaría de nombre reservado, el recurrente suscribió 40 acciones y el recurrido 160 acciones de la sociedad Bau SpA, dedicada a la instalación de revestimientos de madera. Añade que ambos socios cuentan con facultades de administración indistintas, según lo prevé el artículo séptimo de los estatutos sociales, cuyas atribuciones se enumeran de manera no taxativa. Refiere que, a pesar de ello, desde el 21 de febrero de 2025 el recurrido habría impedido el acceso del recurrente a las instalaciones de la empresa, alterando una situación de hecho que se mantuvo durante más de diez años, periodo en el que el recurrente asistió diariamente al lugar en su calidad de representante y propietario.

Agrega que el contexto del conflicto se origina en diversas acciones judiciales recíprocas: el recurrente presentó una querella por administración desleal en abril de 2024 y el recurrido, posteriormente, inició una querella contra el primero por hechos que califica de imputaciones falsas. Además, señala que el recurrido intentó despedirlo de su cargo de gerente tanto en Bau SpA como en Kubo SpA, razón por la cual el recurrente habría optado por autodespedirse y accionar en sede laboral. Sin embargo, precisa que, más allá de la situación laboral, el recurrente mantiene un derecho indubitado como accionista, administrador y mandatario mercantil de Bau SpA, lo que —en su concepto— torna absolutamente ilegal que el recurrido le impida acceder a las instalaciones de la sociedad y ejercer las facultades inherentes a su calidad societaria.

Expone que el día 3 de junio de 2025 el recurrente concurrió a las dependencias de Bau SpA con el fin de retirar pertenencias personales, encontrándose con la reja cerrada y sin poder ingresar, pese a que trabajadores del lugar lo reconocieron. Señala que el recurrido salió a la reja y le manifestó que solo podría entregar sus pertenencias previa preparación y aviso, indicándole además que, por instrucciones de sus abogados, no podía autorizar su ingreso. El recurrente, ante ello, se habría retirado pacíficamente, configurándose —en su entender— un acto de autotutela prohibido por el ordenamiento jurídico.

Sostiene que las actuaciones descritas constituyen vías de hecho carentes de sustento normativo, ejecutadas sin recurrir a los tribunales de justicia, quienes son los únicos llamados a dirimir los conflictos entre socios o administradores sociales.

Alega que la conducta del recurrido vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, al pretender colocarse en una posición de sujeto privilegiado que no está sometido al ordenamiento jurídico; infringe la garantía del artículo 19 N.º 3 inciso 5°, pues busca resolver de manera unilateral un conflicto cuya resolución corresponde exclusivamente a los tribunales; afecta la libertad económica del recurrente, al impedirle desarrollar la actividad empresarial vinculada a Bau SpA; y perturba su derecho de propiedad, al privarlo del acceso a las instalaciones de la sociedad en que detenta participación y facultades de administración y, además, al condicionar la entrega de bienes de su propiedad a la autorización del recurrido.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene declarar que la actuación del recurrido es ilegal y arbitraria y que perturba las garantías indicadas; disponer el retiro inmediato de cualquier obstáculo que impida el acceso del recurrente a las instalaciones de Bau SpA, entregando un acceso continuo e incondicionado; adoptar cualquier otra medida destinada a cautelar sus garantías constitucionales; y condenar en costas al recurrido.

SEGUNDO: En cuanto al informe evacuado por el recurrido, don nombre reservado, expone que el recurso de protección interpuesto en su contra se sustenta —según afirma— en un único hecho, el haberle impedido el ingreso a retirar sus pertenencias el 3 de junio de 2025. Sostiene que dicho hecho, aislado y descrito en tales términos, no es apto para configurar amenaza, perturbación o privación de derechos fundamentales protegidos por el artículo 20 de la Constitución Política.

Posteriormente, el recurrido acusa que el actor omite antecedentes que califica de esenciales para la adecuada comprensión del conflicto. En primer término, sostiene que ni Bau SpA ni Kubo SpA son propietarias del galpón en cuestión, razón por la cual —afirma— sería improcedente invocar afectación alguna al derecho de propiedad derivado de la participación accionaria del recurrente. En segundo término, destaca que el propio actor dejó de asistir al recinto tras autodespedirse de ambas compañías el 11 de marzo de 2025, y que solo tres meses después retornó al lugar, no para desempeñar funciones empresariales, sino —según su propio dicho— para retirar pertenencias personales, lo que, en opinión del recurrido, descarta toda afectación seria al libre ejercicio de actividad económica o al dominio. En tercer término, indica que el actor continúa desarrollando actividades económicas propias de Bau SpA, particularmente la elaboración y comercialización de paneles de madera, producto que ahora ofrece bajo la denominación comercial DecoRevest, lo que, en concepto del recurrido, evidencia que no existe privación alguna del derecho a ejercer libremente su actividad económica. Añade, por último, que los aspectos de la disputa -laboral, penal y societario- ya se encuentran o prontamente serán sometidos al conocimiento de los tribunales competentes, por lo que estima improcedente sostener la existencia de “comisiones especiales” en los términos planteados por el actor.

Enfatiza que, tras el autodespido del recurrente ocurrido el 11 de marzo de 2025, éste dejó voluntariamente de acudir al galpón y que su acceso al mismo, durante la vigencia de la relación laboral, se fundaba exclusivamente en su calidad de gerente comercial de Bau SpA y gerente general de Kubo SpA, y no —como sostiene en el recurso— en una supuesta calidad de administrador societario.

Más adelante, el recurrido sostiene que el propio recurso reconoce que el objetivo de la visita del 3 de junio de 2025 fue únicamente retirar pertenencias personales, lo que, a su juicio, demuestra que no se trataba del ejercicio de una facultad societaria, ni del desarrollo de actividad económica, ni del ejercicio de algún derecho esencial protegido por la acción de protección. En tal sentido, concluye que el recurso carece de objeto constitucionalmente tutelable.

Afirma que la acción de protección no resulta procedente para cuestionar una eventual perturbación del ejercicio de la calidad de administrador de una sociedad. A su juicio, el actor se ve obligado a fundar su recurso en la presunta afectación de dicha calidad al no poder invocar afectación del derecho de propiedad, dado que Bau SpA no es dueña del recinto. Sin embargo, el recurrido sostiene que la administración societaria constituye un conjunto de derechos y obligaciones de origen personal y contractual, cuya titularidad, ejercicio y eventual despliegue no integran, de manera alguna, el catálogo de garantías protegidas por la acción de protección. Agrega que la calidad de accionista y la de administrador tienen fuentes, títulos y naturalezas diversas; que el dominio sobre una parte de una sociedad no es equivalente a una facultad de administración; y que cualquier disputa relativa a la función de administrador debe ser conocida por los tribunales arbitrales competentes, lo que reafirma —según su exposición— la improcedencia del recurso.

Asimismo, el recurrido incorpora antecedentes penales vinculados a la querella RUC 2510025891-1, acompañada al informe, y relata que en ella se investigan delitos que atribuye al recurrente y a personas de su entorno, tales como defraudaciones cometidas contra Bau SpA y Kubo SpA; delitos informáticos relacionados con la integridad de sistemas computacionales de ambas empresas y del Servicio de Impuestos Internos; e infracción a la vida privada, derivada de la incorporación, en una denuncia laboral, de una conversación privada sostenida por el recurrido.

Sobre la base de los antecedentes expuestos, el recurrido solicita que el recurso sea íntegramente rechazado, indicando que la acción constitucional intentada se basa en una supuesta afectación del ejercicio de la calidad de administrador de una sociedad por acciones, derecho que —afirma— se encuentra completamente excluido del catálogo de garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución y cuya tutela corresponde, en su caso, a la sede arbitral.

TERCERO: Que, del examen de la acción de protección deducida, según se adelantó, aparece que la parte recurrente ataca como precisa actuación arbitraria e ilegal de la recurrida, de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nº s. 2, 3 inciso 5°, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

SEXTO: Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

SÉPTIMO: Que, frente a las argumentaciones expresadas en los motivos que preceden y de la información entregada por las partes, aparece de manera evidente que el presente asunto excede -con creces- los límites para los cuales está establecida la presente acción cautelar.

En efecto, en esencia lo que se cuestiona aquí es un marco de la relación societaria, laboral y/o comercial, existente entre las partes, y la consideración de su vigencia al momento de los hechos, el recurrente tenía o no la facultad de ingresar en los términos señalados en que lo hizo a las instalaciones de la empresa BAU SpA.

OCTAVO: Que, como ya se tuvo oportunidad de señalar, el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentren en discusión o que constituyan una mera expectativa. Esto es, no se trata de un juicio declarativo de derechos, como parece entenderlo la recurrente de autos.

NOVENO: Que, en la especie, la situación jurídica y de hecho presentadas por la recurrente no ha sido demostrada fehacientemente, de lo cual fluye que no se está en presencia de derechos preexistentes ni indubitados a su respecto, que se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria precisa y determinada, atribuible a quien se presenta como recurrida -todo lo contrario- de lo cual se genera como consecuencia necesaria, que el presente recurso de protección no esté en estado de prosperar DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, aunque el procedimiento sumarísimo de protección no establezca un período probatorio en contradictorio, ello no significa que el juez pueda decidir sin la existencia de pruebas que evidencien los argumentos presentados por las partes.

En efecto, en el procedimiento de las acciones constitucionales de protección, la prueba debe otorgar la certeza y la exigibilidad del derecho que se pretende ver tutelado. Frente a esto, no sería imposible suponer que, cuando se interpone el recurso de protección, estamos hablando de un derecho indiscutible que se ve amenazado o afectado su ejercicio por una arbitrariedad.

UNDÉCIMO: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor del recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerada mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se declara:

Que, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el Sala.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

N°Protección-13401-2025.