Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S

Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

Proveyendo el escrito folio 11: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto ilegal y arbitrario que consistió en rechazar, mediante comunicación de 8 de mayo de 2025, la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada conforme a la Ley N° 18.156, actuación que estima vulnera las garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el recurrente acompañó constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), contrato de trabajo, anexo, título profesional y declaración jurada notarial. Sostiene que el rechazo de la solicitud, fundado en la falta de firma, legalización o apostilla del certificado, constituye un formalismo excesivo, considerando que la imposibilidad de legalizar documentos venezolanos se debe al quiebre de relaciones diplomáticas, lo que configura caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil. Agrega que presentó declaración jurada notarial y documentación verificable electrónicamente.

Sostiene que ha dado cumplimiento íntegro a lo dispuesto en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156 y en la Circular N° 553 de la Superintendencia de Pensiones, acusando un actuar discriminatorio por parte de la recurrida al existir casos análogos resueltos favorablemente por otras AFP. Acompaña jurisprudencia administrativa y judicial que ha validado documentos de similares características como suficientes para acreditar la afiliación previsional extranjera.

Segundo: Que Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., evacua informe solicitando el rechazo del recurso, argumentando que el recurrente no acompañó documentación que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios exigidos para acreditar la afiliación previsional extranjera conforme a la Ley N° 18.156.

Precisa que la constancia electrónica del IVSS no constituye certificado válido de afiliación, por carecer de firma de autoridad competente, no especificar las coberturas previsionales y no encontrarse debidamente legalizada o apostillada. Agrega que la declaración jurada no reemplaza el certificado exigido y que el anexo de contrato carece de cláusula expresa, autorizada notarialmente, sobre la voluntad del trabajador de mantener su afiliación en el extranjero.

Fundamenta su actuación en lo dispuesto en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Añade que diversas sentencias han validado el rechazo de solicitudes similares por ausencia de documentación adecuada, motivo por el cual niega haberse incurrido en acto ilegal o arbitrario.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, se advierte que la decisión de AFP Modelo de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales del actor, se fundó en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la Ley N° 18.156, así como en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar y fiscalizar el cumplimiento de dicha normativa.

Sexto: Que, específicamente, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), acompañada por el recurrente, no constituye un certificado válido de afiliación en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico nacional. Ello, por cuanto dicho documento carece de firma de autoridad competente, no especifica las prestaciones cubiertas, y no se encuentra legalizado ni apostillado, conforme lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. A su vez, la declaración jurada rendida ante notario no reemplaza dicho certificado ni acredita las coberturas mínimas exigidas por la ley —enfermedad, invalidez, vejez y muerte—.

Séptimo: Que la normativa vigente exige también que el contrato de trabajo respectivo contenga de manera expresa e inequívoca la voluntad del trabajador extranjero de mantener su afiliación a un régimen de previsión social extranjero. En el presente caso, si bien se acompañó un anexo de contrato de trabajo, este no contiene una cláusula con la especificidad ni con la formalidad exigida, y no se encuentra autorizado notarialmente en los términos requeridos por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y por la jurisprudencia administrativa vinculante emitida por la Superintendencia.

Octavo: Que, en este sentido, la actuación de la recurrida no sólo se enmarca dentro del cumplimiento estricto de la Ley N° 18.156 y de su reglamentación técnica, sino también dentro del ejercicio legítimo de las instrucciones y criterios establecidos por el órgano regulador competente —la Superintendencia de Pensiones—, cuyas interpretaciones son de obligatorio cumplimiento para las AFP conforme al artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980.

Noveno: Que no se advierte en el proceder de la Administradora recurrida ni ilegalidad ni arbitrariedad alguna. La exigencia de documentación debidamente legalizada o apostillada no responde a un formalismo irrazonable, sino a una garantía mínima de autenticidad y veracidad de los instrumentos públicos extranjeros, que encuentra sustento en normas de orden público procesal que regulan el valor probatorio de dichos documentos en el país.

Décimo: Que, establecido lo anterior, deviene inoficioso pronunciarse sobre las garantías fundamentales invocadas por el actor, desde que no se configura, en el caso concreto, un acto que prive, perturbe o amenace ilegítimamente su ejercicio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 13400-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.