nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

C.A. de Santiago Santiago, once de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que comparece Pablo nombre reservado Peñaloza Parra, abogado, por sí y en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo, de fecha 27 de abril de 2026, de su solicitud de devolución de fondos previsionales, formulada al amparo de la Ley N°18.156, en su calidad de técnico extranjero, actuación que, a su juicio, vulnera las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que solicitó ante AFP PROVIDA, mediante su portal web, la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, siendo notificado por correo electrónico, el 27 de abril de 2026, del rechazo de su solicitud. Según la comunicación de la Administradora acompañada al recurso, el rechazo se fundó en que debía presentar un certificado de afiliación vigente, apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, indicándose además que la constancia electrónica de cotizaciones no reemplaza el certificado de afiliación.

Señala que acompañó una constancia emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), cuya autenticidad puede verificarse electrónicamente mediante un código alfanumérico. Explica que dichas constancias tienen una vigencia máxima de 30 días, se actualizan mensualmente y pueden ser comprobadas en línea. Agrega que acompañó documentación de afiliación notariada y apostillada y que la recurrida disponía de distintos medios para verificar que efectivamente se encuentra afiliado al sistema de seguridad social de Venezuela.

Sostiene que la recurrida incorpora requisitos que no se encuentran expresamente establecidos en la Ley N°18.156, pues dicha normativa exige que el técnico extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue las prestaciones previstas en la ley y que manifieste en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación, requisitos que afirma cumplir íntegramente.

Agrega que actualmente no existe representación diplomática venezolana en Chile, por lo que existiría una dificultad para obtener determinados documentos, y refiere que acompañó un certificado de afiliación expedido anteriormente por el Consulado de Venezuela en Chile, que fue descartado por la recurrida por encontrarse vencido. Reitera que la afiliación puede comprobarse mediante la constancia electrónica emitida por el IVSS y su respectivo código de verificación.

Afirma que el proceder de AFP PROVIDA constituye una interpretación excesivamente formalista de la normativa, al exigir formalidades que, según sostiene, no contempla la Ley N°18.156 y no verificar la documentación electrónica acompañada. Estima que ello vulnera la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, al impedir su devolución pese a sostener que cumple los requisitos previstos por la legislación especial.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, que AFP PROVIDA efectúe un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho y que, dentro de un plazo razonable, proceda a la devolución de los fondos previsionales solicitados, o se adopten las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que la abogada Ana María Herrera Brummer, evacúa informe en representación de AFP ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas. En primer término, sostiene que la acción cautelar no es la vía idónea, por cuanto existiría un derecho controvertido respecto del cumplimiento de los requisitos de la Ley N°18.156, materia que requeriría un procedimiento de lato conocimiento.

En cuanto al fondo, reconoce que AFP ProVida rechazó el 27 de abril de 2026 la solicitud de devolución de fondos previsionales de nombre reservado, fundándose específicamente en que debía acompañar un certificado de afiliación vigente, apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, precisando que la constancia electrónica de cotizaciones no reemplaza el certificado de afiliación.

Explica que la constancia electrónica de cotizaciones del IVSS acompañada por el recurrente no resulta suficiente, porque se encuentra sin firma, no está legalizada o apostillada por la autoridad competente venezolana, no individualiza específicamente las coberturas previsionales del afiliado y tampoco permite determinar el período durante el cual habría contado con ellas. Señala que, conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, debe acreditarse que el trabajador estuvo efectivamente protegido durante todo el período en que prestó servicios en Chile por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Añade que la declaración jurada acompañada tampoco sería idónea, pues la certificación debe emanar de la autoridad previsional competente del país de origen.

Agrega como otro antecedente relevante que en el contrato de trabajo de 25 de septiembre de 2017 nada se señaló respecto del régimen previsional, y que solo mediante un anexo de 26 de mayo de 2025 el trabajador manifestó su voluntad de mantener su afiliación en el país de origen. Sobre este punto, invoca instrucciones de la Superintendencia según las cuales la manifestación posterior de dicha voluntad resulta extemporánea si durante el período trabajado en Chile no se expresó la intención de mantenerse afecto al sistema previsional extranjero.

Añade que el recurrente cuenta con cédula de identidad chilena y residencia permanente, y señala que es propietario de un inmueble en Chile, antecedentes que relaciona con instrucciones de la Superintendencia acerca del eventual riesgo de que, luego del retiro de los fondos, deba financiarse posteriormente una pensión con recursos fiscales.

En definitiva, sostiene que no se accedió a la devolución porque, a juicio de AFP ProVida, el recurrente no acreditó el cumplimiento copulativo de los requisitos exigidos por la Ley N°18.156: principalmente, no presentó un certificado de afiliación válido que acreditara específicamente su cobertura previsional en Venezuela durante el período correspondiente, y la voluntad de mantener dicha afiliación no constaba en el contrato de trabajo de 2017, sino únicamente en un anexo de 2025. Afirma que la Administradora se limitó a aplicar la normativa y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, por lo que no existiría actuación ilegal o arbitraria ni vulneración de garantías constitucionales.

Pide, en consecuencia, el rechazo íntegro del recurso de protección, con expresa condenación en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, para su procedencia es necesario que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada, que ella sea ilegal o arbitraria, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que, entonces, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque alguna de las situaciones que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, de manera tal de situar a esta Corte en posición de adoptar alguna medida destinada a restablecer el imperio del derecho. Asimismo, la acción de protección no constituye una instancia declarativa de derechos, sino que tiene por objeto la tutela de derechos preexistentes e indubitados.

Quinto: Que, del análisis de los antecedentes acompañados y del informe evacuado por la recurrida, aparece que AFP ProVida S.A. rechazó, con fecha 27 de abril de 2026, la solicitud N°1837 de devolución de fondos previsionales presentada por don nombre reservado, en calidad de técnico extranjero y al amparo de la Ley N°18.156.

La decisión se fundó en que el recurrente debía acompañar un certificado de afiliación vigente, apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, precisándose que la constancia electrónica de cotizaciones no reemplaza el certificado de afiliación.

Sexto: Que, en particular, la recurrida estimó que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) acompañada por el recurrente no resultaba suficiente para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero, por cuanto se encontraba sin firma, no había sido legalizada o apostillada por la autoridad competente venezolana, no señalaba las coberturas específicas con que contaba el afiliado y no permitía determinar el período de cobertura.

Añade que, conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, para acreditar el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 debe constar específicamente que el trabajador extranjero contó, durante el período en que prestó servicios en Chile, con protección respecto de los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, exigencia que, a juicio de la recurrida, no se satisface mediante la referida constancia electrónica.

Asimismo, la recurrida hace presente que en el contrato de trabajo de 25 de septiembre de 2017 nada se señaló respecto del régimen previsional, y que sólo mediante un anexo de 26 de mayo de 2025 el trabajador manifestó su voluntad de mantener su afiliación en el país de origen, circunstancia que también estima incompatible con las exigencias establecidas para acceder a la devolución solicitada.

Séptimo: Que la Ley N°18.156 establece que la devolución de las cotizaciones previsionales procede respecto de aquellos trabajadores extranjeros que cumplan los requisitos previstos en su artículo 1°, entre ellos, que detenten la calidad de técnicos; que se encuentren afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que les otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y que en el contrato de trabajo respectivo manifiesten expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

La recurrida sostiene que tales requisitos son copulativos y que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, la afiliación y cobertura previsional extranjera debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste el otorgamiento de las prestaciones exigidas por la ley.

En consecuencia, atendido que el rechazo se sustentó en la insuficiencia de la documentación acompañada para acreditar en la forma exigida la afiliación y cobertura previsional en el extranjero, particularmente porque la constancia electrónica presentada no corresponde, según la recurrida, a un certificado de afiliación, carece de firma y no se encuentra apostillada o debidamente legalizada, no se advierte que la decisión de AFP ProVida carezca de fundamento o constituya un actuar ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido mediante esta acción cautelar.

Octavo: Que, en estas condiciones, no concurriendo un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la recurrida que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, falta el presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de protección, razón por la cual el presente arbitrio deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de don nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-13397-2026.