Protección contra COMISIÓN MÉDICA CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que, comparece don JOSÉ ANDRÉS ROJAS YOUNG, abogado, en representación de doña nombre reservado, cédula de identidad N° NUM000, afiliada al sistema de pensiones, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, por la dictación de la Resolución N° NUM001, fechada el 18 de marzo de 2026 y ejecutoriada el 17 de abril de 2026, mediante la cual se rechazó el reclamo de la afiliada y se confirmó el Dictamen N° NUM002 de la Comisión Médica Regional de Rancagua, de 26 de noviembre de 2025, declarándose que no procede otorgar invalidez, no obstante reconocerse una incapacidad global de 41%.

Expone la recurrente que el acto impugnado es ilegal y arbitrario, por cuanto se dictó sin realizar una nueva junta médica, sin ordenar exámenes actualizados, sin disponer interconsultas ni pericias y sin efectuar una reevaluación clínica presencial, limitándose a una revisión meramente documental del expediente ya existente. Sostiene que sus patologías —artritis reumatoide en fase activa, trastorno psiquiátrico y fibromialgia con dolor crónico— son cuadros activos, dinámicos y de evolución variable que exigían una valoración conjunta, integral y actual, y que la autoridad, al confirmar el rechazo sin nuevos antecedentes, incurrió en falta de motivación, de razonabilidad y de debido proceso administrativo, infringiendo los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y la Ley N° 19.880. Invoca, en apoyo de su pretensión, jurisprudencia sobre la materia.

Estima vulneradas las garantías de los numerales 1° (integridad física y psíquica), 2° (igualdad ante la ley), 9° (protección de la salud) y 24° (derecho de propiedad) del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y pide se deje sin efecto la resolución recurrida y se ordene la realización de una nueva evaluación médica integral, con junta médica, exámenes actualizados y revisión completa de todas las patologías acreditadas, de ser posible por una comisión de médicos distinta de la que ya intervino.

Evacuando su informe mediante Oficio Ord. N° NUM003, la recurrida solicitó declarar improcedente la acción por exceder el ámbito cautelar de la protección y, en subsidio, rechazarla, exponiendo que actuó dentro de sus atribuciones; que el procedimiento de reclamo del artículo 11 del Decreto Ley N° 3.500 no impone una nueva evaluación clínica automática; que el reclamo fue asignado a la Dra. nombre reservado, quien revisó los antecedentes clínicos, exámenes e informes de interconsulta, formulando una propuesta técnica sometida a la Sesión N° NUM004, de 18 de marzo de 2026, que por unanimidad confirmó lo resuelto en sede regional; y que la evaluación diferenciada de los impedimentos responde a la aplicación de las Normas de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías que la norma enumera, requiriéndose la existencia de un acto u omisión, su carácter ilegal o arbitrario, la afectación de una garantía tutelable y el nexo causal entre aquél y ésta.

SEGUNDO: Que el acto impugnado es la Resolución N° NUM001, de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, que rechazó el reclamo de la afiliada y confirmó el Dictamen N° NUM002 de la Comisión Médica Regional de Rancagua. El reproche de la recurrente se concentra en un hecho objetivo y no controvertido: la instancia de reclamo se resolvió sin nueva junta médica, sin exámenes actualizados y sin reevaluación presencial, esto es, sobre la base del mismo expediente tenido a la vista en sede regional.

TERCERO: Que, conforme a los antecedentes del expediente administrativo acompañado y a lo informado por la recurrida, cabe tener por establecido que: (i) con fecha 25 de junio de 2025 la afiliada solicitó la calificación de invalidez ante la Comisión Médica Regional de Rancagua; (ii) los antecedentes clínicos dan cuenta de artritis reumatoide activa —con sinovitis y uso de inmunosupresores (metotrexato e hidroxicloroquina), con necesidad de modificación del tratamiento—, de un cuadro depresivo severo en tratamiento farmacológico y de fibromialgia con dolor crónico; (iii) en Sesión N° NUM005, de 26 de noviembre de 2025, la Comisión Regional configuró un menoscabo por fibromialgia y agregó un 10% por terapia inmunosupresora, estimando no configurados los impedimentos de artritis reumatoide y de salud mental; (iv) por Dictamen N° NUM002 se rechazó la solicitud, con un 41% de menoscabo; (v) reclamado el dictamen el 9 de diciembre de 2025, la Comisión Médica Central asignó el estudio a la Dra. nombre reservado, quien revisó el expediente ya existente; y (vi) en Sesión N° NUM004, de 18 de marzo de 2026, se confirmó lo resuelto mediante la resolución impugnada, sin que se dispusiera nueva junta médica, exámenes actualizados ni reevaluación presencial de la afiliada.

CUARTO: Que corresponde desestimar, desde luego, la alegación de improcedencia formulada por la recurrida sobre la base de que la pretensión excedería el ámbito cautelar de esta acción. En efecto, lo que por esta vía se somete al conocimiento de la Corte no es la determinación técnica del porcentaje de menoscabo —materia propia del órgano especializado y ajena a esta sede—, sino el control externo de juridicidad y razonabilidad del procedimiento administrativo seguido y de la motivación del acto terminal, cuestión que sí queda comprendida en el ámbito propio de la protección.

Precisamente por ello la decisión que se adoptará no sustituye el criterio médico de la Comisión, sino que se limita a ordenar que éste se forme y exprese conforme a derecho.

QUINTO: Que, si bien la calificación del grado de invalidez corresponde a un órgano técnico y su acierto de mérito no es materia de esta sede cautelar, ello no exime a la Administración del deber de fundar sus decisiones en antecedentes suficientes y actuales, ni sustrae su actuación del control de juridicidad y razonabilidad. Los artículos 6 y 7 de la Constitución, y los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, imponen a los órganos de la Administración el deber de motivar sus actos, expresando los hechos y fundamentos de derecho en que se sustentan, exigencia que se acentúa cuando la decisión incide en el acceso a una prestación de seguridad social y recae sobre patologías de curso activo y evolutivo.

SEXTO: Que el procedimiento de calificación de invalidez tiene por objeto determinar el grado actual de pérdida de capacidad de trabajo del afiliado. De ello se sigue que la instancia de reclamo ante la Comisión Médica Central no puede consistir en una mera confirmación documental del primer dictamen: si la autoridad superior resuelve sin actualizar la situación médica, su decisión no recae sobre el estado real y presente de la persona, sino sobre una fotografía clínica anterior, posiblemente desfasada. Aun cuando el artículo 11 del Decreto Ley N° 3.500 configure la práctica de nuevos exámenes como una facultad, el ejercicio de esa potestad no es enteramente libre: cuando los antecedentes dan cuenta de enfermedades activas, dinámicas y en tratamiento, cuya evolución puede variar significativamente en el tiempo, la decisión de prescindir de toda actualización debe ser especialmente fundada, lo que en la especie no ocurre.

SÉPTIMO: Que la resolución impugnada adolece, además, de defectos de razonabilidad que la tornan arbitraria. Por una parte, descarta los impedimentos de artritis reumatoide y de salud mental sobre la base de un supuesto “manejo optimizable” y de un “período de observación insuficiente”, criterios que desplazan el análisis desde el estado actual de la afiliada hacia una hipótesis futura de eventual mejoría, haciendo recaer en la paciente las consecuencias de una brecha terapéutica. Por otra, incurre en una tensión interna al ponderar el componente psiquiátrico como factor incidente en el manejo de la fibromialgia y, a la vez, negar entidad invalidante autónoma al mismo cuadro de salud mental, sin que una reevaluación actual permita despejar esa inconsistencia. Tales fundamentos, unidos a la ausencia de toda actualización clínica, privan al acto de la motivación suficiente exigible a la Administración.

OCTAVO: Que el criterio precedentemente expuesto se conforma con el sostenido por la Excma. Corte Suprema en la sentencia de 6 de enero de 2020, en los autos Rol N° 22.319-2019, caratulados “nombre reservado con Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones”, sostuvo allí el máximo tribunal que “los procesos administrativos de calificación de invalidez no sólo deben ajustarse a la legalidad y, en especial, a las disposiciones que contiene la norma recién aludida [el artículo 11 del Decreto Ley N° 3.500], sino que deben también estar dotados de la necesaria racionalidad exigible en general al actuar de la Administración, cualidad incompatible con el comportamiento de la Comisión Médica Central, evidenciado en que dicho ente no dispuso la realización de nuevos exámenes a fin de evaluar, cabal e íntegramente, el estado de salud de la solicitante” (motivo sexto), concluyendo que su proceder “deviene en arbitrario, por falta de la racionalidad exigible a los órganos de la Administración del Estado, en cuanto su determinación […] carece de la debida fundamentación, atendida la ausencia de nuevos exámenes médicos que la justifiquen, e importa una discriminación en perjuicio de la actora en relación con otras personas que, en condiciones jurídicas equivalentes, han sido favorecidas con procedimientos de calificación de invalidez racionales y justos” (motivo séptimo), lo que llevó a acoger la acción por vulneración de la garantía del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República y a ordenar una completa reevaluación de la condición de salud y grado de invalidez, con exámenes médicos actualizados que abordaran todos los problemas de salud del afiliado, por una comisión de médicos diversa de aquella que ya había intervenido.

NOVENO: Que, en las condiciones anotadas, el acto recurrido resulta arbitrario —por carecer de la debida razonabilidad y motivación— e ilegal —por infringir el deber de fundamentación y el principio de juridicidad—, y afecta la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución, en cuanto somete a la recurrente a un procedimiento de revisión carente de racionalidad, privándola de una evaluación real, actual y efectiva que otros afiliados en igual situación jurídica sí deben recibir, con lesión, asimismo, de las garantías del debido procedimiento administrativo.

DÉCIMO: Que, establecida la vulneración de la garantía del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, resulta innecesario pronunciarse sobre las demás garantías invocadas por la recurrente, sin perjuicio de precisar que el otorgamiento mismo de la pensión de invalidez constituye, en el estado actual del procedimiento, una expectativa sujeta al pronunciamiento técnico del órgano competente, de modo que lo que por esta sentencia se cautela no es un determinado grado de invalidez ni la prestación previsional consiguiente, sino el derecho a que la calificación se practique mediante un procedimiento racional y motivado.

UNDÉCIMO: Que, para restablecer el imperio del derecho, la medida idónea no consiste en que esta Corte sustituya a la Comisión Médica en la determinación técnica del porcentaje de incapacidad, sino en dejar sin efecto la resolución impugnada y ordenar que se practique una nueva evaluación médica completa, seria, actualizada e integral de la recurrente, comprensiva de nueva junta médica, exámenes actualizados, análisis de la patología reumatológica, evaluación psiquiátrica actual, ponderación de la fibromialgia y del dolor crónico, y consideración conjunta de los efectos funcionales acumulados de sus patologías, debiendo la autoridad resolver enseguida el reclamo ajustándose a las conclusiones a que dicha evaluación arribe.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 6, 7, 19 y 20 de la Constitución Política de la República, el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, el Decreto Ley N° 3.500 de 1980 y la Ley N° 19.880, SE RESUELVE:

Que se ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones y, en consecuencia, se DEJA SIN EFECTO la Resolución N° NUM001, fechada el 18 de marzo de 2026 y ejecutoriada el 17 de abril de 2026, mediante la cual se rechazó el reclamo de la afiliada y se confirmó el Dictamen N° NUM002 de la Comisión Médica Regional de Rancagua, de 26 de noviembre de 2025; disponiéndose que la Comisión Médica Central proceda a una nueva evaluación médica integral y actualizada de la recurrente, con nueva junta médica, exámenes médicos actualizados y revisión completa de todas las patologías acreditadas en el expediente —artritis reumatoide, trastorno de salud mental y fibromialgia—, ponderadas de manera conjunta, evaluación que deberá ser practicada por una comisión de médicos diversa de aquella que ya ha intervenido en el proceso, debiendo enseguida resolver el reclamo de la afiliada ajustándose a las conclusiones a que dicha evaluación arribe, todo ello dentro del plazo de 90 días contado desde que esta sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro (I) Sr. Guillermo Rodríguez G.

N° Protección 13.375-2026.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (I)señor Guillermo Rodríguez González y la Abogado Integrante señora Catalina Infante Correa.