NUTRIEN AG SOLUTIONS CHILE S.A. con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE TALAGANTE

Santiago, dieciocho de junio de dos mil diecinueve.

Visto y teniendo presente:

Primero: Comparece don Andrés Erbetta Mattig, abogado, en representación de NUTRIEN AG SOLUTIONS CHILE S.A., cuya anterior razón social era AGRIUM CHILE S.A., quien recurre de protección en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por doña nombre reservado, y en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE TALAGANTE, representada por el Jefe de la Inspección Provincial don nombre reservado, por el acto ilegal y/o arbitrario que priva y perturba a su representada en el legítimo ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 2 y 4 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 23 de mayo de 2018, se notificó a su representada de la Resolución de Multa N° 3632/2018/23-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; de la Inspección Provincial del Trabajo de Talagante, en la cual se indican 7 infracciones supuestamente cometidas por su representada, por los siguientes montos: a.- Multa 3632/2018/23-1: 30 UTM; b.- Multa 3632/2018/23-2: 40 UTM. c.- Multa 3632/2018/23-3: 40 UTM. d.- Multa 3632/2018/23-4: 40 UTM. e.- Multa 3632/2018/23-5: 40 UTM. f.- Multa 3632/2018/23-6: 30 UTM; y, g.- Multa 3632/2018/23-7: 30 UTM.

Añade que con fecha 11 de junio de 2018 su representada dedujo una solicitud de reconsideración administrativa de las referidas multas, conforme a lo previsto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, sin que hasta la fecha se le haya notificado de la resolución correspondiente.

Agrega que, como todos los años, su representada es objeto de revisión por parte de sus auditores externos, en este caso de la empresa KPMG, la cual solicitó una serie de antecedentes legales y administrativos para los efectos de elaborar los estados financieros, entre los cuales pidió un certificado de deuda de la Tesorería General de la República, a los efectos de determinar la existencia de obligaciones tributarias que pudiesen encontrarse pendientes de cumplimiento al día 31 de diciembre del año 2018, en el detalle de sanciones que figura en dicho documento, aparecen las siete multas de la Resolución de Multa N° 3632/2018/23, las que según se desprende del certificado en cuestión, tendrían fecha de vencimiento el día 7 de agosto de 2018, y aparecen cargadas en la misma Tesorería General de la República.

Indica que el 5 de febrero de 2019, un funcionario de su representada concurrió a la Dirección del Trabajo (en domicilio reservado), siendo atendido a su vez por un funcionario de dicho organismo, el que en forma verbal informó que la antedicha publicación correspondía efectivamente a la resolución de multa N° 3632/2018/23-1,2,3,4,5,6,7, indicándole además, que para eliminar la publicación en cuestión debía pagar el importe de las multas, a pesar de que hasta la fecha no había sido notificado de la resolución que debía pronunciarse sobre la solicitud de reconsideración administrativa, sea acogiéndola o rechazándola. La prueba fehaciente de que esta consulta se efectuó en la fecha indicada es que el funcionario de la Dirección del Trabajo, que atendió a su representada, imprimió una copia de la resolución de multa N° 3632/2018/23-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en cuya parte inferior se indica la fecha de la impresión. Lo mismo ocurre, reitera, con los documentos entregados por la Tesorería.

Añade que el agravio sufrido por su parte no se quedó ahí, ya que con fecha 6 de febrero de 2019, al solicitar un informe laboral previsional a Equifax, pudo constatar que la misma información aparece publicada por dicha empresa. A todas luces esto significa que la Inspección Provincial del Trabajo de Talagante, primero, y la Tesorería General de la República, después, instruyeron indebidamente a la empresa Equifax para publicar la antedicha información, en circunstancias, que su parte no solo no ha sido notificado de la resolución administrativa que debía pronunciarse con respecto a la solicitud de reconsideración administrativa, sino que además, con arreglo a la ley (v. gr. artículos 17 y 20 de la Ley Nº 19.628) el tratamiento de los datos de su representada no ha podido efectuarse al contravenir disposiciones legales expresas.

Agrega que el actuar de las recurridas (en lo que corresponde a cada una) es arbitrario e ilegal porque de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de la Ley N° 19.628, las recurridas se encuentran impedidas de informar datos de carácter personal en la medida que éstos no versen sobre alguna de las obligaciones a que se refieren las antedichas disposiciones legales, sin considerar que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 45 de la Ley N° 19.880, la Inspección Provincial del Trabajo debe pronunciarse respecto a la solicitud de reconsideración administrativa, en un plazo de 5 días para notificar dicha resolución, lo que no ha ocurrido.

Indica que, en especial, el actuar de la Inspección Provincial del Trabajo de Talagante y de la Tesorería General de la República vulnera abiertamente lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de la Ley N° 19.6285, que a la sazón disponen: «Artículo 17.- Los responsables de los registros o bancos de datos personales sólo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando éstas consten en letras de cambio y pagarés protestados; cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa; como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales. Se exceptúa la información relacionada con los créditos concedidos por el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario a sus usuarios, y la información relacionada con obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial en cuanto hayan sido repactadas, renegociadas o novadas, o éstas se encuentren con alguna modalidad pendiente”.

Señala que, en la especie, se vulnera la garantía de la igualdad ante la ley, prevista en el Nº 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental del año 1980.

Expresa que, tal como lo ha señalado la doctrina, la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares. Luego, para que se atente o amenace la garantía constitucional de igualdad ante la ley es menester que al aplicar la ley a casos similares o idénticos no se interprete la norma de manera uniforme. Cabe agregar, a mayor abundamiento, que la Inspección Provincial del Trabajo de Talagante tampoco ha procedido a notificar alguna resolución en la forma dispuesta por el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.

También, señala, se conculca el derecho establecido en el N° 4 del artículo 19 de la Constitución, que consagra: «El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley».

Pide tener por interpuesto Recurso de Protección, que se acoja y se ordene a las recurridas dejar sin efecto el tratamiento de los datos referidos a la resolución de Multa N° 3632/2018/23-1,2,3,4,5,6,7, dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Talagante, en especial ante la empresa Equifax, con costas.

Segundo: Que, informando la Tesorería General de la República, señala que ésta, en cumplimiento de un deber legal, procedió al cobro de las multas giradas por la Dirección del Trabajo, de lo que se colige que el presunto acto que la recurrente califica de ilegal o arbitrario no le es imputable.

Que, en consecuencia, añade, el recurso interpuesto adolece del requisito de legitimación pasiva y se hace imposible que la Corte reestablezca el imperio del derecho a través del Tesorero General de la República, quien no ha hecho más que atenerse al mismo.

Cita el artículo 30 del DL 1.263 de 1975, Ley Orgánica Constitucional de la Administración Financiera del Estado, que dispone que la función recaudadora de todos los ingresos del sector público será efectuada por el Servicio de Tesorerías.

Menciona el artículo 35 del mismo decreto ley que señala que tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa de las multas del sector público, lo que parece corroborado por el artículo 2° N° 2 del DFL N° 1 de 1994, del Ministerio de Hacienda, que fijó el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorería.

En relación con las multas señaladas en el recuso, expresa, que ellas fueron cargadas por la Dirección del Trabajo en la cuenta única tributaria de dicha sociedad con fecha 20 de septiembre de 2018, siendo solucionadas con fecha 18 de marzo de 2018.

Respecto a la publicación en Equifax, expresa que el Servicio no ha publicitado las deudas de la sociedad recurrente.

Agrega que es la Dirección del Trabajo, de conformidad al DFL N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo, le corresponde la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral y que una vez que esta emite una resolución cursando una multa administrativa con motivo de un proceso de fiscalización, y solo cuando esta se encuentra ejecutoriada dicho organismo registra en el Sistema de Cuenta Única Fiscal el crédito a favor del Fisco, siendo por ende la Dirección del Trabajo, la facultada para cargar, eliminar o modificar el cargo previamente efectuado.

Por ende, señala, la Tesorería, no tiene conocimiento sobre los motivos de los cargos, modificaciones o descargos, que pudieren ocurrir en este caso en particular.

Por último, señala que el servicio, en cumplimiento de los fallos dictados por los Tribunales Superiores de Justicias, a que se hace alusión en el recurso, que indicaron, que, aun tratándose de deudas que se encuentren sometidas a procedimientos de cobro de impuestos no procedía su divulgación, no mantiene convenios de información con empresas dedicadas al tratamiento de datos personales.

Tercero: Informando, por su parte, la Inspección del Trabajo Provincial del Talagante, indica que, en primer lugar, la Corte de Apelaciones de Santiago sería incompetente, pues la Inspección del Trabajo de Talagante se encuentra bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Señala que la Inspección se limitó a conocer y contestar en base a lo que el mismo recurrente administrativo acompaña en el formulario F-10, de reconsideración administrativa, es así, como es el mismo actor quien entrega la información del empleador, representante legal y domicilio.

Que la reconsideración fue resuelta y notificada en el domicilio que se señala en el Formulario, esto es, Burgos 80 of. 402 Las Condes.

Indica por último, al parecer trata de explicar, que la multa estaría pagada según consta en el sistema de la Tesorería General de la República, por lo cual el petitorio del recurso es incompatible con la existencia de multas íntegramente pagadas por el recurrente.

Cuarto: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías.

Consecuencialmente, es necesaria la existencia de un acto u omisión, ilegal y/o arbitrario que provoque la perturbación o amenaza.

Quinto: Que en cuanto a la incompetencia alegada por la Inspección del Trabajo, deberá rechazarse dicha defensa, toda vez que, de acuerdo con el artículo primero del Auto Acordado sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección, este se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, y, en la especie, los efectos del acto se habrían producido en la ciudad de Santiago, domicilio reservado, en donde se le notifica por la misma Inspección recurrida la resolución de la reconsideración administrativa.

Sexto: Que, de lo observado en estos autos, aparece que el recurrente interpuso el recurso de reconsideración administrativa de conformidad a lo establecido en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, utilizando para ello el correspondiente formulario en el cual al identificarse señala como su domicilio domicilio reservado.

Que en el referido formulario se señala expresamente que “Los trámites y resultados que se generen respecto a esta solicitud serán notificados al domicilio que en esta se consigna, razón por la cual será de su exclusiva responsabilidad informar cualquier cambio”.

Séptimo: Que consta de los antecedentes allegados a la presente acción constitucional, que la Inspección del Trabajo notificó la resolución que recae sobre la reconsideración administrativa por carta certificada al domicilio indicado por el recurrente en la solicitud correspondiente, con fecha 11 de julio de 2018.

Octavo: Que de lo expuesto aparece acreditado que la notificación que hizo el órgano fiscalizador del resultado de la reconsideración administrativa al domicilio señalado por el recurrente en su respectiva solicitud, por lo que no resulta, entonces, efectivo lo aseverado en el recurso, en orden a que a la fecha de presentación del arbitrio no había sido notificado del resultado de la misma, razón por la que, en este punto específico, no existe un acto arbitrario o ilegal que diga relación con la ausencia de pronunciamiento de la reconsideración administrativa y su notificación.

Noveno: En cuanto a la publicación de la deuda en la empresa Equifax, la Tesorería General de la República informa que su repartición no ha publicado las deudas del recurrente y no mantiene, a la luz de lo fallado por los Tribunales Superiores de Justicia, convenio con empresas dedicadas al tratamiento de datos personales.

Por su parte, la Inspección del Trabajo no emite pronunciamiento al respecto en su informe, por lo que se resolverá prescindiendo del mismo.

Décimo: Que atendido que no aparece acreditado que haya sido la Inspección del Trabajo quien ha dado la instrucción de publicar la multas a la empresa Equifax, la cual no es recurrida en estos autos, no procede que la Corte adopte alguna medida al respecto.

Undécimo: Que, al no existir un acto u omisión arbitrario o ilegal imputable a las recurridas, no se cumple con uno de los presupuestos exigidos por el artículo 20 de la Carta Fundamental para hacer procedente la acción constitucional ejercida, motivo por el cual la misma será en definitiva rechazada.

En razón de lo anterior y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el deducido por Andrés Erbetta Mattig, abogado, en representación de NUTRIEN AG SOLUTIONS CHILE S.A., en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por doña nombre reservado, y en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE TALAGANTE, representada por el Jefe de la Inspección Provincial don nombre reservado.

Regístrese y archívese.

Redacción del abogado integrante don Jorge Norambuena Hernández.

Rol N° 13.354-2019