nombre reservado con SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

C.A. de Santiago Santiago, cinco de diciembre de dos mil veintidós.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparecen don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en representación de doña nombre reservado, en cuyo favor deducen acción de protección por vulneración de garantías fundamentales en contra de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, por haber dictado la resolución exenta RA N°386/87/2022, de fecha 31 de marzo de 2022, que pone término anticipado al contrato de honorarios de su representada.

Señalan que la recurrente ingresó a prestar servicios para el recurrido el día 13 de julio de 2018, desarrollándose en diversas áreas, haciendo presente que el último contrato se extiende desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022. Indican que las funciones de la recurrente, fundamentales y de la esencia misma del servicio, fueron cumplidas en las propias dependencias del recurrido, con directrices por parte de sus superiores, goce de feriado legal y con una jornada de trabajo de 44 horas semanales con turnos determinados. Es decir, lo que en realidad realizó la recurrida a través de la firma de un contrato de honorarios fue encubrir al menos un vínculo de subordinación y dependencia, que podría decantar perfectamente en una relación a contrata o dependiendo de otros factores, en una relación laboral.

Explican que desde que asumió el nuevo Gobierno encabezado por su Presidente, don nombre reservado, la recurrente fue víctima de una serie de actos vulneratorios en lo que concierne a su calidad de trabajadora, específicamente existió un “bloqueo de labores”, pues jamás recibió una instrucción, citación a reunión o comunicación por parte de las nuevas autoridades, en particular su nuevo superior don nombre reservado.

Manifiestan que el día 30 de marzo de 2022 fue citada a su oficina por el Jefe de División de Municipalidades, don nombre reservado, quien le consultó a la recurrente cuando dejaría el servicio. Sorprendida ante la actitud de su superior, la recurrente le indica que eso la toma por sorpresa y que no tenía contemplado irse. Acto seguido el referido le responde que pondrá fin anticipado a su contrato. Finalmente, y ante la negativa por parte de doña nombre reservado en firmar su renuncia voluntaria, es notificada de resolución exenta RA N°386/87/2022 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo de fecha 31 de marzo de 2022, que dispone el término anticipado a su contrato de honorarios, cuyo periodo va desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Señala la recurrente que la argumentación utilizada en el referido acto es manifiestamente escueta, vaga e imprecisa, más aún cuando se pretende poner término a un cargo técnico que no responde a labores políticas de confianza., acto administrativo que le ha causado un grave perjuicio, afectando su integridad psíquica y la expectativa de que al menos estaría en posesión del cargo, con todos los beneficios económicos y laborales que ello conlleva, hasta el 31 de diciembre del presente año, constituyendo al día de hoy una verdadera situación de desamparo.

Sostienen que la decisión de la autoridad de poner fin anticipado al contrato de honorarios de la recurrente es absolutamente ilegal, atentando contra lo dispuesto en el Estatuto Administrativo, además de ello y dada la naturaleza de sus funciones, su vínculo es asimilable a contrata, rigiendo por ellos la jurisprudencia y legislación aplicable a la misma.

Afirman que el acto administrativo es vago e impreciso, pues no acredita los argumentos de hecho y derecho en que se funda, más allá de una mera retórica sin pruebas.

Por otra parte, aluden al principio de confianza legítima, que busca preservar la legítima expectativa que tienen los funcionarios de la administración del Estado, para que la autoridad tome decisiones que sean armónicas con los criterios manifestados con anterioridad en situaciones semejantes, y en este contexto, cabe destacar la confianza legítima que ampara a la recurrente, quien ha sido objeto de 4 renovaciones anuales, sucesivas, continuas ininterrumpidas, que inician en el año 2018 y que se extienden hasta el 31 de diciembre del año 2022.

En cuanto a la infracción de garantías fundamentales, refieren las siguientes:

1- Artículo 19 N°1, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

2.- Artículo 19 N°2, la igualdad ante la ley.

3.- Artículo 19 N°24, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Por lo expuesto, y las normas legales citadas, solicita se acoja la acción de protección deducida, adoptando las medidas necesarias para asegurar el debido imperio del derecho, en particular se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución exenta RA N°386/87/2022 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo de fecha 31 de marzo de 2022, y toda aquella destinada a poner término anticipado al contrato de honorarios de la recurrente, todo con costas en caso de oposición.

Segundo: Que, evacuando informe por la recurrida Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, comparece don nombre reservado, quien solicita el rechazo en todas sus partes de la acción cautelar deducida.

Señala que la recurrente prestó efectivamente servicios a la Subsecretaría, en virtud de los convenios a honorarios que voluntariamente suscribió. Esa forma de contratación se encuentra regulada por el artículo 11 del Estatuto Administrativo, que es el cuerpo legal que norma las relaciones entre los Órganos de la Administración del Estado y el personal que presta servicios en ella, y está destinada a ser aplicada a la contratación de servicios que correspondan a labores accidentales de la institución, que deban ser realizadas por profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, o para realizar cometidos específicos, labores para las cuales fue contratada la recurrente de autos, y que se encuentran dentro de la hipótesis planteada por ese estatuto especial. Por tanto, debe excluirse la idea de que los servicios se prestaron en virtud de una contrata o dependiente de otros factores, que degeneren en una relación laboral, tal como erróneamente señala la recurrente en su presentación, por lo que es dable concluir que las pretensiones de la recurrente resultan del todo improcedentes, no obstante, aun cuando no estuviésemos ante un convenio a honorarios, no puede concluirse que la relación se rige por el Código del Trabajo, puesto que dicha forma de contratación es ilegal para la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, en cuanto carece de atribuciones para realizar contrataciones bajo las normas del Código del Trabajo.

Afirma que lo que se pretende con la acción de protección excede y rebasa con creces las materias que naturalmente deben ser conocidas por ese remedio judicial, básicamente, atendida su naturaleza cautelar, toda vez que esta no es una instancia donde pueda ser discutido y probado las alegaciones pertinentes de fondo en lo relativo a la calidad jurídica alegada por la recurrente de auto, no resultando ser la vía idónea para resolver la legalidad de un acto administrativo, según lo establecido en el propio dictamen N°6.400/2018, de la Contraloría General de la República, que actualizó las instrucciones y criterios complementarios fijados en el dictamen N°85.700/2016, sobre confianza legítima en las contratas, cuestión que confunde la recurrente respecto de su calidad jurídica que la relacionaba con esa Subsecretaría y que se puede apreciar de la simple lectura del libelo.

La decisión respecto del término anticipado al convenio de honorarios a suma alzada de la recurrente, ha correspondido a la Ministra del Interior y Seguridad Pública a solicitud del Subsecretario, quien actuó en su calidad de Jefe Superior del Servicio. Por lo tanto, dicha autoridad tiene plenas facultades legales para resolver acerca de los términos anticipados y de las renovaciones de personas contratadas a honorarios, con desempeño en la Subsecretaría.

Por lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe solicitado, y con su mérito, rechace en todas sus partes, con costas, la acción cautelar deducida.

Tercero: Que, por su parte, esta Corte denegó la Orden de No Innovar solicitada por la recurrente en estos autos.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistente – enumerados en la misma disposición -, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe el ejercicio de ese derecho.

De esta manera, son presupuestos de esta acción cautelar los siguientes:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que producto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, a la luz de lo expuesto precedentemente, cabe reflexionar que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

Sexto: Que, así las cosas, el quid del pleito sub lite en este caso, consiste en que la recurrente sostiene haber sido omitido como funcionario por razones de criterio político, por medio de la resolución exenta RA N°386/87/2022, de fecha 31 de marzo de 2022, que pone término anticipado al contrato de honorarios de su representada; y si las sucesivas contrataciones de la recurrente a honorarios le otorgan calidad de funcionario público que le permitan ampararse en el principio de la confianza legítima.

Séptimo: Que, revisados los antecedentes, en lo pertinente, es claro que la recurrente yerra en la arbitrariedad que pretende.

En primer término, resulta relevante señalar que la recurrente fue contratada el 27 de diciembre de 2021 bajo la modalidad de Honorarios a Suma Alzada, asunto del todo pertinente para revisar el fondo de la cuestión alegada en el recurso.

El régimen jurídico que rige la relación que existió entre recurrente y recurrida se encuentra regulado en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, siendo a este respecto el Derecho Civil el supletorio para todo aquello no expresamente señalado al tenor de lo regulado en el Párrafo 9 del Título XXVI del libro IV de dicho cuerpo normativo. De lo anterior, es claro que la discusión excede la competencia de esta Corte para conocer y resolver la cuestión, por cuanto se trata de un asunto de lato conocimiento que debe ser sometido ante la jurisdicción que corresponda al tratarse de un contrato civil en el cual las contraprestaciones se rigen por el principio de los contratos bilaterales.

Octavo: Que, por su parte, no cabe atribuir a un contrato de honorarios – regido íntegramente por las normas y principios del derecho civil por aplicación de la normativa indicada en el considerando precedente – las características de una contrata, regido por las normas y principios del Estatuto Administrativo, y respecto de los cuales procedería aplicar los principios que afectarían la contrata, como lo sería el principio de la confianza legítima, aplicable este último solo a la situación de contrata pero no a la situación de contrato de honorarios.

Lo anterior ha sido confirmado por nutrida jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, el cual define el convenio a honorarios, como “aquel acto jurídico bilateral en virtud de la cual una parte se obliga a prestar servicios específicos por un tiempo determinado en favor de otra, la que a su vez se obliga a pagar una cierta cantidad de dinero por dichos servicios” (Dictamen N° 7.266, de 2005). De lo anterior, se observa que una de las características jurídicas más relevante de este tipo de convenios, es el hecho de que regula relaciones de derecho privado; derivándose, en consecuencia, que los contratados a honorarios, no son funcionarios públicos, por lo que la recurrente yerra al ampararse en el principio de la confianza legítima antes mencionada justamente porque la naturaleza jurídica del contrato a honorarios no tiene la aptitud de investir a la contratada bajo esa modalidad de la calidad de funcionario público, lo que le impide acogerse al principio de la confianza legítima para repudiar el acto que le puso término al contrato de honorarios; máxime cuando la propia Contraloría General de la República, mediante Oficio 6.400 de 2018 ha dictaminado que el principio de Confianza Legítima solo es aplicable al personal a contrata, y no respecto de quienes se encuentran sujetos a un contrato de honorarios.

Sobre esto, y a mayor abundamiento, cabe destacar que el propio contrato de honorarios suscrito por la recurrente establece claramente que el convenio que se aprueba “no otorga a la persona contratada la calidad de funcionario público”, lo que constituye un reconocimiento por parte de la recurrente en relación con la calidad jurídica en la que se encontraba en función de este contrato específico.

Por su parte, también en relación al mismo contrato, consta de los antecedentes acompañados que las partes pactaron expresamente que la recurrida podía poner término anticipado al contrato, pactándose al efecto que …. “Sin perjuicio de la vigencia del presente convenio, la SUBDERE se reserva la facultad de ponerle término anticipado y sin expresión de causa. En esta eventualidad o en el caso de renuncia voluntaria anticipada, se rebajará y pagará el honorario a suma alzada proporcional al tiempo efectivamente trabajado”.

Así las cosas, estando en presencia de un contrato que se rige por las normas del Código Civil, sujetándose en consecuencia al principio de la autonomía de la voluntad – principio rector del derecho privado – no es dable considerar que el ejercicio por parte de la recurrida de uno de las facultades pactadas en el contrato, cual es poner término anticipado al contrato sin expresión de causa, constituya un acto ilegal o arbitrario que conculque alguna de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política del Estado protegidas por el recurso de protección; razón por la cual la acción cautelar interpuesta por la recurrente no puede prosperar.

Noveno: Que, así las cosas, no se vislumbra ilegalidad ni arbitrariedad alguna en el proceder de la recurrida que doña nombre reservado pretende impugnar.

En consecuencia, se rechazará la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo por la dictación de la resolución exenta RA N°386/87/2022.

Regístrese, comuníquese y archívese Redacción del abogado integrante Bárbara Vidaurre Miller Protección N° 13310- 2022.