Protección contra Universidad Diego Portales

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de junio de dos mil veinticinco.

Proveyendo al escrito folio 15: téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 11 de enero de 2025, comparece don Cristopher Daniel Manzano Latrach, abogado, en representación de don nombre reservado, médico cirujano, deduciendo acción de protección constitucional en contra de la Universidad Diego Portales, representada legalmente por don nombre reservado, y en contra del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barack, representado legalmente por don nombre reservado, por haber dictado la Resolución Académica N°110/2024 de fecha 19 de diciembre de 2024 que confirmó su eliminación del programa de formación en psiquiatría. Actuación que considera ilegal y arbitraria y vulnera sus derechos a la integridad psíquica, honra, propiedad e igualdad ante la ley, garantizados en el artículo 19 N° 1, 2, 4 y 24 de la Constitución Política.

Expone que, siendo funcionario de la Municipalidad de Algarrobo, fue seleccionado en un concurso público del Ministerio de Salud para formarse como psiquiatra, iniciando su comisión de servicio el 4 de mayo en el Instituto Psiquiátrico, donde le asignaron como tutora a la doctora nombre reservado, quien al mes de iniciado su periodo de formación comenzó a mostrar signos de hostilidad hacia su persona.

Indica que las tutorías fueron progresivamente más cortas y esporádicas hasta desaparecer, debiendo costear un tutor externo.

Refiere que el 12 de junio de 2022, durante una reunión de sector, la doctora Ángel lo trató despectivamente y realizó ataques personales que lo humillaron. Tras ducho incidente, comenzó a ser más discriminado por su tutora, quedando incluso sin tutorías por dos semanas, situación que no acontecía respecto del otro médico becado. Debido a dichas situaciones, solicitó una reunión con el Dr. Elgueta, encargado de la Universidad en el Instituto, pidiendo cambio de tutor o sector, , recibiendo como respuesta que no había posibilidades de cambio, sin embargo, hablaría con la Dra. Ángel, para mejorar los espacios de docencia, lo que tuvo efecto momentáneo.

Manifiesta que el principal problema se generó el día 9 de septiembre de 2024, cuando un paciente que conocía de su trabajo en el Cesfam de Algarrobo, quien sufre esquizofrenia paranoide, se encontraba en riesgo de generar agresiones a terceros siendo necesaria su hospitalización inmediata. Sin embargo, no se logró encontrar un cupo en ninguno de los hospitales cercanos, por lo que con el con el propósito de ayudar, conversó con el Dr. nombre reservado de Algarrobo y le comentó el estado actual de camas psiquiátricas en el Hospital Horwitz, recomendándole hablar con la Jefa de Atención Cerrada del Hospital, la Dra. nombre reservado, de quien le dio su número de teléfono para que lo pudiera orientar de mejor manera.

Luego, el Dr. Erazo le envió la interconsulta del paciente con esquizofrenia y dadas las dificultades que presentaba él para enviar el documento directamente al Hospital Horwitz, decidió ayudarlo y entregar el informe de manera presencial con la enfermera nombre reservado el día 10 de septiembre de 2024 quien le manifestó que no correspondía que le entregara dicho documento, dado que se trata de otro servicio de salud y en el Hospital Horwitz existe una lista de espera importante.

Agrega que l 12 de septiembre fue citado por la Dra. Alarcón y el Dr. Gil, subdirector subrogante, quienes lo acusaron injustificadamente de tráfico de influencias y violación de normas institucionales, anunciando solicitud de amonestación escrita y sumario interno. Posteriormente, en reunión con el Dr. Quiroz, jefe de carrera, fue amonestado verbalmente, quedando en causal de eliminación, quedando suspendido de actividades tanto académicas como universitarias. Refiere que en dicha reunión, nuevamente solicitó cambio de campus clínico por acoso, siendo rechazado.

Manifiesta que habló con el Dr. nombre reservado, director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, quien consideró desproporcionada la medida. Mientras continuaba el proceso administrativo, la Dra. Alarcón comentaba su caso ante colegas indicando que no debía estar en el hospital, y comenzó un hostigamiento donde era constantemente vigilado y criticado.

Sostiene que el hecho directo que motivó su eliminación fue el examen de los 6 meses de formación realizado el 15 de noviembre de 2024, donde le asignaron un paciente de 41 años con esquizofrenia paranoide que estaba bajo efectos de Zuclopentixol, un potente sedante administrado dos días antes, además de otros medicamentos que causaban somnolencia. El paciente se mostró poco colaborativo, dificultando la evaluación de las habilidades requeridas.

Argumenta que durante el examen fue interrogado sobre conceptos médicos sin definiciones claras, lo que no ocurrió con otros becarios, evidenciando diferencias arbitrarias. Además, el examen carece de regulación clara, no contempla retroalimentación, y la evaluación de hábitos, actitudes y destrezas fue realizada por personas que había denunciado por acoso laboral.

El 27 de noviembre de 2024 se emitió la Resolución N°103 que determinó su eliminación, otorgándole 10 días para apelar. El 19 de diciembre se resolvió su apelación, confirmando su eliminación definitiva.

Sostiene que los recurridos actuaron ilegal y arbitrariamente al: 1) No actuar frente a sus denuncias de acoso, incumpliendo deberes funcionarios establecidos en el estatuto administrativo y la Ley N°21.643; 2) Amonestarle desproporcionadamente por compartir un contacto profesional; 3) No entregar pauta de evaluación previa al examen; 4) Asignarle un paciente inadecuado para evaluación; 5) No proporcionar explicación objetiva de los resultados; y 6) No entregar oportunamente antecedentes para ejercer su derecho a apelación.

Respecto a la afectación constitucional, argumenta que las acciones recurridas vulneraron su integridad psíquica, al someterlo a tratos discriminatorios que le generaron angustia y ansiedad; su honra, al asignarle características alejadas de su desempeño profesional; su propiedad, al exponerlo al pago de una cláusula penal y privarlo de su beca; y su igualdad ante la ley, al recibir trato discriminatorio en comparación con otros becados.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de los actos recurridos, se ordene el cese de las conductas lesivas, el cambio de centro formador y la repetición de las asignaturas reprobadas, con costas.

Segundo: Que la recurrida, Universidad Diego Portales, representada por don nombre reservado, evacuó el informe, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Expone que es una fundación de derecho privado fundada en 1982, dedicada a la educación superior, reconocida por su calidad académica, ocupando actualmente el octavo lugar a nivel nacional y el segundo entre planteles privados, según el Ranking QS 2024.

Respecto del recurrente, señala que fue seleccionado mediante el Concurso CONE 2024, con auspicio de la Municipalidad de Algarrobo, ingresando al Programa de Especialización en Psiquiatría y Salud Mental el 4 de mayo de 2024. Durante su paso por la Universidad, que alcanzó solo el primer año del Programa, realizó las evaluaciones de 3 meses y la de 6 meses, siendo la reprobación de esta última lo que provocó su eliminación, conforme a la Resolución Académica N°103/2024, decisión que fue apelada y posteriormente confirmada mediante Resolución Académica N°110/2024 de fecha 19 de diciembre de 2024.

Al respecto, sostiene que las personas que ingresan a estudiar una especialidad en la Universidad contratan servicios educacionales mediante un contrato que estipula condiciones que son conocidas y aceptadas al momento de firmarlo. Los estudiantes deben observar las normas académicas y administrativas, entre ellas el Reglamento de Especialidades Médicas y el Reglamento del Estudiante de Postgrado, que establecen las causales de eliminación, incluyendo específicamente la reprobación del examen de 6 meses (artículo 39 letra a) del Reglamento).

En cuanto a la supuesta inacción ante denuncias de acoso, alega que no existe constancia de que el Sr. nombre reservado formalizara estas denuncias ante la Facultad de Medicina, por lo que no se pudo activar ningún procedimiento de investigación. El propio recurrente refiere haber mencionado el problema al Dr. Elgueta, quien se comprometió a conversar con la funcionaria, siendo esto lo único que podía hacer sin una denuncia formal. Añade que el Hospital Horwitz tiene sus propios procedimientos para estos casos, no teniendo la Universidad injerencia en ellos.

Respecto a la amonestación escrita por entregar el número telefónico de la Dra. Alarcón, argumenta que esta conducta implica desconocer el conducto regular para el manejo de pacientes en la red pública de salud, constituyendo una falta a la ética que, conforme al artículo 20 del Reglamento, conlleva la pérdida de la calidad de alumno regular. Por tanto, la amonestación estaba ajustada a la reglamentación interna, sin arbitrariedad en su aplicación.

Sobre la alegada falta de pauta de evaluación para el examen de 6 meses, explica que dicho examen consiste en una evaluación oral basada en la presentación de un caso clínico, formato habitual del Instituto Psiquiátrico aplicado estandarizadamente a todos los residentes. El Plan de Estudios establece claramente los objetivos, contenidos y métodos de evaluación para cada módulo, incluyendo evaluaciones orales, por lo que los estudiantes tienen plena comprensión de lo que será evaluado.

En lo referente a la supuesta arbitrariedad en la asignación del paciente, sostiene que éste correspondía a un caso representativo que los residentes manejan durante su rotación. La selección se realiza aleatoriamente, enfrentándose todos los residentes a casos similares. Además, los docentes evaluadores no estuvieron involucrados en la supervisión directa del recurrente, asegurando un criterio objetivo.

En cuanto a la falta de explicación del resultado y entrega tardía de antecedentes, afirma que los evaluadores explicaron los resultados al finalizar el examen y proporcionaron la rúbrica, pero el recurrente se negó a firmarla. Respecto a la documentación académica, señala que siempre estuvo disponible, y si fue entregada el 31 de diciembre, fue porque el Sr. nombre reservado la solicitó recién el 19 de diciembre, mediando además fines de semana y un feriado en el proceso interno.

Por su parte, argumenta que la eliminación del Dr. nombre reservado responde únicamente a haber incurrido en causal reglamentaria al reprobar el examen de 6 meses, estando amparada su actuación por el artículo 554 del Código Civil, que reconoce a toda corporación el derecho de policía correccional sobre sus miembros conforme a sus estatutos, citando jurisprudencia que ha validado esta facultad en el ámbito universitario.

Respecto a las garantías constitucionales invocadas, sostiene que no ha vulnerado, la integridad psíquica, pues sin denuncia formal hizo lo posible dentro de sus atribuciones; como tampoco la igualdad ante la ley, ya que aplicó la reglamentación interna como lo habría hecho con cualquier otro alumno en igual situación. Y, en lo referente al derecho de propiedad, aduce que el recurrente suscribió voluntariamente el contrato conociendo sus términos, incluida la cláusula penal, y no detenta un derecho de propiedad sobre la beca, sino que mantiene su calidad de estudiante únicamente mientras cumpla los requisitos académicos.

Por estas consideraciones, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, representada por don nombre reservado, evacuó el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Comienza exponiendo que el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak es un Establecimiento de Autogestión en Red, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Norte, siendo un órgano funcionalmente desconcentrado conforme a la normativa que cita. Es un prestador institucional de salud pública y centro formador de especialistas, que entrega atención psiquiátrica de mediana y alta complejidad a usuarios del Servicio de Salud Metropolitano Norte.

En primer término, sostiene que el recurso es inadmisible por inexistencia de un "derecho indubitado". Argumenta que el recurrente yerra al calificar como "acoso" ciertas situaciones de las que habría sido víctima, pues según la versión del centro asistencial, la Dra. nombre reservado tenía a dos médicos becados en formación a su cargo, quienes tenían los mismos espacios de supervisión. Citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N°6261-2018), señala que no hay un derecho constitucional amagado por actuación u omisión arbitraria o ilegal, pues las supuestas actuaciones realizadas por funcionarios del centro asistencial no están acreditadas.

Agrega que el recurrente pretende transformar la acción de protección en un procedimiento meramente declarativo.

En segundo lugar, alega la existencia de otras vías para reclamar el supuesto acoso, como la vía administrativa, respecto a la cual, señala que mediante Resolución Exenta N°1326 de fecha 31.07.2024, el servicio público aprobó el "Protocolo de Prevención del Acoso Sexual, Acoso Laboral y Violencia en el Trabajo", adecuado a la ley N°21.643 que entró en vigencia el 01.08.2024. Este protocolo se aplica a todas las personas trabajadoras del Instituto, incluyendo estudiantes de los centros de formación en convenio asistencial docente. Asimismo, mediante Resolución Exenta N°1325 de la misma fecha, aprobó el "Procedimiento sobre Denuncia, Investigación y Sanción en casos de Acoso Laboral, Sexual o de Violencia en el Trabajo (VALS)". Argumenta que el recurrente tenía conocimiento de estos canales para prevenir estos supuestos hechos.

Y la vía judicial, indicando que el recurrente pudo haber presentado su denuncia en el marco del procedimiento de tutela laboral regulado en el párrafo 6°, Título I, Libro V, del Código del Trabajo, artículo 485 y siguientes, que ampara situaciones especiales que afectan derechos fundamentales del trabajador.

En tercer lugar, respecto a la inexistencia de acto arbitrario o ilegal, argumenta que los supuestos hechos que el recurrente califica como tales son:

a) Acciones de la Dra. nombre reservado: Comportamiento descrito como discriminatorio, incluyendo suspensión de tutorías y menosprecio público.

b) Inacción de las Autoridades: El recurrente afirma haber reportado los problemas a varias autoridades, sin que tomaran medidas adecuadas, lo que podría considerarse incumplimiento de su deber bajo la Ley N°21.643.

c) Evaluación discriminatoria: El recurrente alega que se le asignó un paciente inusualmente difícil para su evaluación, a diferencia de sus compañeros.

d) Acciones de la Dra. nombre reservado: Descritas como hostiles y perjudiciales para su reputación.

Sostiene que no hay ilegalidad ni arbitrariedad en lo actuado, pues siempre se han aportado los fundamentos y razones de lo ejercido. Señala que estamos ante supuestos hechos que no se han determinado si existen o no ocurrieron, reafirmando la falta de un derecho indubitado. Concluye que el recurrente podría explorar otras vías legales más apropiadas para la protección de sus derechos.

Cuarto: Que del examen de la acción de protección deducida, aparece que la parte recurrente ataca como actuación arbitraria e ilegal de las recurrida la Universidad Diego Portales, el haber dictado la Resolución Académica N°110/2024 de fecha 19 de diciembre de 2024, que confirmó su eliminación del programa de formación en psiquiatría, Quinto: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Séptimo: Que es dable destacar que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Octavo: Que frente a las argumentaciones expresadas en los motivos que preceden y de la información entregada por las partes, aparece de manera evidente que el presente asunto excede -con creces- los límites para los cuales está establecida la presente acción cautelar, por cuanto la resolución impugnada aparece debidamente fundamentada en base a la normativa establecida en el reglamento del estudiante de postgrado y el reglamento de especialidades médicas.

Noveno: Que con todo, el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentran en discusión que constituyan una mera expectativa. Esto es, no se trata de un juicio declarativo de derechos, como parece entenderlo la recurrente de autos.

Décimo: Que, por su parte, la situación jurídica y de hecho presentadas por la recurrente, no ha sido demostrada fehacientemente, de lo cual fluye que no se está en presencia de derechos preexistentes ni indubitados, que se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria precisa y determinada, atribuible a quien se presenta como recurrida, de lo cual se genera como consecuencia necesaria, que el presente recurso de protección no esté en estado de prosperar en ninguno de sus extremos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por don nombre reservado en contra de la Universidad Diego Portales y el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barack.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1331-2025.