Protección contra Carabineros de Chile

C.A. Santiago Santiago, veinte de octubre de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece don Luis Francisco Salinas Segura, abogado, en representación de doña nombre reservado, ex Cabo 1° de Carabineros de Chile, con última dotación en la 8ª Comisaría de Colina, dependiente de la Prefectura de Carabineros Santiago Norte y deduce recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, representada por su General Director don nombre reservado; de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros, representada por don nombre reservado; y de la Comisión Médica Central de Carabineros, representada por su Presidente don nombre reservado. El recurso se funda en que dicha Comisión, mediante Resolución Exenta (R) N° NUM000, de 18 de marzo de 2026, notificada el 8 de abril del mismo año, mantuvo a firme la declaración de imposibilidad física y la proposición de retiro absoluto de la institución de la recurrente. A su juicio, ello ha privado, perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, N° 2, N° 16 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente ingresó a la institución el 1° de junio de 2010, acumulando más de quince años de servicio. Señala que el proceso se originó en un Informe de Desempeño Laboral de 13 de agosto de 2025, emitido por el Capitán Carlos J. nombre reservado, Subcomisario de Chicureo, que calificó su desempeño como "exiguo", consignó "desinterés y poco profesionalismo" y solicitó una evaluación psiquiátrica. Agrega que el mismo oficial, el 2 de septiembre de 2025, suscribió un Certificado de Antigüedad Laboral en que afirma que la funcionaria ha demostrado un buen desempeño y se encuentra en Lista N° 1 de méritos.

Sostiene que la Comisión Médica Central, en la Resolución Exenta N° NUM000, tuvo a la vista los certificados de su psiquiatra tratante, doctora nombre reservado, de 9 de septiembre y 27 de noviembre de 2025, que indican que se encuentra en buenas condiciones generales y sin dificultades, desde el punto de vista de la salud mental, para su trabajo, pero pese a ello mantuvo la declaración de imposibilidad física por "trastorno de personalidad emocionalmente inestable", de pronóstico incurable, al estimar que la sugerencia de mantener tratamiento farmacológico por dos años no innovaba lo resuelto.

Sobre esa base, el recurso desarrolla, en síntesis, los siguientes capítulos de ilegalidad y arbitrariedad: 1.- Contradicción del mando directo: el informe negativo de desempeño, que dio origen al procedimiento, es desmentido por su propio emisor veinte días después mediante el certificado que acredita la Lista N° 1 de méritos. Según el recurso, la omisión de este antecedente viciaría el razonamiento fáctico del acto impugnado. 2.- Distorsión de la evidencia médica: la necesidad de un tratamiento de mantención preventivo no equivale a una enfermedad incurable e imposibilitante. La médica tratante diagnosticó un síndrome ansioso y trastorno de pánico reactivo a una situación de grave estrés familiar, y certificó eutimia y plena capacidad laboral. Un certificado posterior, de 22 de diciembre de 2025, confirmaría ese estado, pese a la angustia proporcional causada por la baja institucional.

En cuanto a la arbitrariedad, cita la sentencia Rol N° 641-2025 de la Corte de Apelaciones de Concepción y señala que, si la causal de salud incompatible se sustenta en un padecimiento mental que la recurrente no tendría, falta la relación causal entre el motivo y la declaración de incompatibilidad, lo que torna la decisión arbitraria y contraria al artículo 19 N° 2.

En razón de lo expuesto, acusa la vulneración de las siguientes garantías constitucionales: igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2), por cuanto se la habría desvinculado por una supuesta incurabilidad, desconociendo la evidencia médica y su hoja de vida, en un acto de discriminación arbitraria; integridad psíquica (artículo 19 N° 1), por un "daño iatrogénico" o "causalidad inversa", ya que la actora estaba estabilizada, y la angustia actual sería consecuencia de haber sido dada de baja; libertad de trabajo (artículo 19 N° 16), por ser el retiro absoluto una medida desproporcionada que le impide continuar ejerciendo la labor en la que destaca con excelencia; derecho de propiedad (artículo 19 N° 24), pues la separación la priva de sus remuneraciones y, al contar con menos de veinte años de servicio, del derecho a indemnización por desahucio y a pensión de retiro, en un momento de vulnerabilidad económica derivada del tratamiento oncológico de su cónyuge.

Por lo expuesto, solicita que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta N° NUM000 y se la deje sin efecto, junto con todo acto posterior que de ella derive, incluida la resolución de retiro absoluto de la Prefectura.

Segundo: Que la Comisión Médica Central de Carabineros informa, por Oficio N° NUM001, de 29 de mayo de 2026, suscrito por su Presidente, Coronel (S) don nombre reservado y solicita el rechazo del recurso.

Sostiene que sus actos y los de la Prefectura son independientes y de efectos jurídicos distintos, desde que la mencionada Comisión emite un pronunciamiento técnico médico sobre la salud del funcionario, impugnable por los recursos de la Ley N° 19.880 (que la actora ejerció), mientras que la Prefectura dispone el retiro como consecuencia de esa declaración, sin facultad para revisar su mérito médico.

Da cuenta del procedimiento seguido y señala, en síntesis, que la Prefectura solicitó el 11 de agosto de 2025 un pronunciamiento sobre la aptitud de la entonces Cabo 1° y se requirió el informe de desempeño de 13 de agosto de 2025. La recurrente fue evaluada por la psicóloga doña nombre reservado (informe de 8 de septiembre de 2025) y por la psiquiatra doña nombre reservado (Peritaje Psiquiátrico N° NUM002, de 8 de octubre de 2025). Luego, el Informe de Antecedentes Psiquiátricos N° NUM003, de 30 de octubre de 2025, fue presentado en Sesión en Pleno N° NUM004, de 5 de noviembre de 2025, donde fue evaluada personalmente.

En ella se autorizaron 143 días de licencia médica entre el 21 de enero de 2023 y el 27 de octubre de 2025, y se declaró por unanimidad su imposibilidad física, proponiéndose su retiro absoluto por "trastorno de personalidad emocionalmente inestable" (Resoluciones Exentas N° NUM005 y N° NUM006, de 25 de noviembre de 2025). Interpuesta reposición, la doctora nombre reservado emitió el Peritaje N° NUM007, de 24 de febrero de 2026, y la Sesión en Pleno N° NUM008, de 18 de marzo de 2026, mantuvo por unanimidad lo resuelto, dictándose la Resolución Exenta N° NUM000, notificada el 8 de abril de 2026.

Sobre la base de lo anterior, argumenta lo siguiente:

I.- Que actuó conforme a los artículos 64 de la Ley N° 18.961, 73 del D.F.L. N° 2 de 1968 y 2° del D.S. N° 4 de 1988 y que cada caso se estudia individualmente conforme a criterios clínico-laborales generales (historial médico y personal, evolución, tratamientos y licencias). Estos criterios se aplican considerando las exigencias específicas de la función policial: trabajo en unidades jerarquizadas, porte de armamento, resguardo de la seguridad ciudadana y estresores psicosociales elevados.

II.- Que el diagnóstico de trastorno de personalidad emocionalmente inestable, entidad de carácter perdurable y no modificable con tratamiento, es incompatible con las funciones policiales. Los certificados de la médica tratante no otorgan el alta, no contradicen el diagnóstico ni describen elementos de personalidad, limitándose a señalar que la paciente se encuentra sin dificultades para su trabajo y debe mantener tratamiento farmacológico por dos años.

III.- Que el informe de desempeño del mando directo es un antecedente no vinculante, y que la calificación en Lista N° 1 corresponde a un proceso administrativo distinto, por lo que no existe la contradicción alegada.

IV.- Que no se vulneran las garantías invocadas: no se afecta la integridad de la recurrente ni se la expone a riesgo; el procedimiento es el mismo para todo el personal, sin diferencias arbitrarias; y no existe derecho de propiedad sobre el cargo, citando jurisprudencia al efecto.

V.- Que la actora carece de derecho indubitado y que la vía de protección es improcedente para revisar decisiones técnicas de organismos especializados, conservando además el derecho a solicitar reevaluación dentro de dos años, conforme al artículo 11 del D.S. N° 4 de 1988.

Tercero: Que, al informar, Carabineros de Chile, a través de su Dirección de Justicia (Oficio N° NUM009, de 5 de junio de 2026, suscrito por el General (J) don nombre reservado, Director de Justicia y Auditor General, por orden del General Director), solicita el rechazo del recurso, con costas, por no haber incurrido en actos ilegales ni arbitrarios y haber ejercido sus facultades dentro de su competencia.

Da cuenta, como antecedentes administrativos, de que la Comisión Médica Central, por Resolución Exenta (R) N° NUM006, de 25 de noviembre de 2025, declaró la imposibilidad física de la recurrente y propuso su retiro absoluto por "trastorno de personalidad emocionalmente inestable", patología común, psiquiátrica, de pronóstico incurable y no invalidante. Agrega que la Prefectura Santiago Norte, por Resolución Exenta RA N° NUM010, de 1 de diciembre de 2025, dispuso su retiro absoluto por "circunstancias obligadas", y que la Resolución Exenta (R) N° NUM000 mantuvo a firme lo resuelto por resultar insuficientes los antecedentes aportados en la reposición.

Al efecto, esgrime los siguientes argumentos centrales:

I.- Que el artículo 64 inciso 1° de la Ley N° 18.961, el artículo 73 del D.F.L. (Interior) N° 2 de 1968 y el artículo 2° del D.S. (Car.) N° 4 de 1988 confieren exclusivamente a la Comisión Médica Central el examen del personal para establecer su aptitud para permanecer en el servicio y al efecto invoca además dictámenes de la Contraloría General de la República, según los cuales sus pronunciamientos son obligatorios y sus informes deben considerarse preferentemente por su carácter técnico.

Añade que, conforme a los artículos 40 letra e), 41 letra d), 42 letra b) y 43 letra c) de la Ley N° 18.961 y 109, 110, 114 y 115 del D.F.L. N° 2, la enfermedad incurable que imposibilita absolutamente para el servicio da lugar al retiro absoluto.

II.- Que carece de legitimación pasiva, por cuanto el recurso se dirige contra la Dirección General sin identificar acto alguno emanado de ella, siendo el acto impugnado propio y exclusivo de la Comisión Médica Central, organismo autónomo por mandato legal, citando para ello la noción doctrinaria de legitimación pasiva.

III.- Que la recurrente no es titular de un derecho indubitado, pues pretende la declaración de un derecho de que no es poseedora por una vía cautelar que no es declarativa. Cita las sentencias de la Excma. Corte Suprema Roles N° 25.121-2015 y N° 1.275-2015 y la de la Corte de Apelaciones de Valdivia Rol N° 2427-2021.

IV.- Que no existe acto ilegal ni arbitrario, pues la decisión obedeció a la normativa que rige al personal de Carabineros y a los criterios de la Contraloría General de la República, por lo que no se vulnera garantía alguna.

Cuarto: Que la Prefectura de Carabineros Santiago Norte informa, por Oficio N° NUM011, de 26 de mayo de 2026, suscrito por el Coronel don nombre reservado, que carece de legitimación pasiva y que el recurso debe ser rechazado en cuanto a ella.

Sostiene que la recurrente le atribuye la vulneración de sus garantías sin identificar acto alguno de la Prefectura, limitándose a una alusión genérica. Afirma que el acto impugnado proviene exclusivamente de la Comisión Médica Central, organismo autónomo, habilitado por los artículos 64 de la Ley N° 18.961, 73 del D.F.L. N° 2 de 1968, 2° del D.S. N° 4 de 1988 y 20 del Reglamento N° 9, y que a ninguna otra autoridad corresponde revisar los antecedentes clínicos que fundan sus decisiones. Añade que la acción cautelar debe dirigirse contra quienes efectivamente participan en las supuestas conculcaciones y que la actora la dirigió contra una autoridad distinta de la que emitió el acto recurrido, reproduciendo la normativa y la jurisprudencia administrativa aplicable en la especie, ya referida en el motivo anterior.

Quinto: Que resulta pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes e indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto ilegal o arbitrario que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la normativa por la que debe regirse, lo que también se verifica cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Por su parte, tal actuación es arbitraria cuando carece de razonabilidad, o bien cuando existe falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar, o ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o cuando no se verifican los hechos que fundamentan un actuar. La afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado.

Sexto: Que, del mérito de lo expuesto por las partes, no resultan controvertidos los siguientes hechos: 1.- La recurrente, doña nombre reservado, se desempeñaba como Cabo 1° de Carabineros de Chile en la 8ª Comisaría Colina, Subcomisaría Chicureo, dependiente de la Prefectura de Carabineros Santiago Norte. Ingresó a la Institución el 1 de junio de 2010, por lo que registra más de quince y menos de veinte años de servicio. 2.- El procedimiento se inició por Documento Electrónico N.C.U.

NUM012, de 11 de agosto de 2025, por el que la Prefectura Santiago Norte solicitó a la Comisión Médica Central un pronunciamiento sobre la aptitud de la funcionaria, desde que ésta mantendría conductas irregulares y licencias médicas prolongadas por crisis de pánico. Autorizando posteriormente la Comisión 143 días de licencia médica, tipos 1 y 4, entre el 21 de enero de 2023 y el 27 de octubre de 2025. 3.- El 13 de agosto de 2025, a requerimiento de la Comisión, el Capitán nombre reservado, Subcomisario de Chicureo, emitió un Informe de Desempeño Profesional, en que señala que la funcionaria no se encontraba apta para el cargo ni para portar armamento. Sin embargo, el 2 de septiembre de 2025, el mismo oficial certificó que la funcionaria ha demostrado un buen desempeño laboral y se encuentra calificada en Lista N° 1 de Méritos. Respecto de la calificación, la Comisión sostiene que corresponde a un procedimiento distinto. 4.- Los asesores de la Comisión practicaron las siguientes evaluaciones: a) La psicóloga nombre reservado evaluó presencialmente a la funcionaria el 4 de septiembre de 2025. En su informe de 8 de septiembre concluyó que presenta una estructura de personalidad limítrofe y un déficit cognitivo. b) La psiquiatra Dra. nombre reservado la evaluó mediante telemedicina. En su Informe de Peritaje Psiquiátrico N° NUM002, de 8 de octubre de 2025, diagnosticó, entre otros cuadros, un "Trastorno de Personalidad Emocionalmente Inestable", con pronóstico malo, y la estimó no apta para el servicio. En el mismo informe consignó que la paciente se encontraba en tratamiento psiquiátrico, con fármacos desde 2024. No consta que la Comisión haya requerido un informe al médico tratante. c) El psicólogo nombre reservado emitió el Informe de Evaluación de Antecedentes Psiquiátricos N° NUM003, de 30 de octubre de 2025. 5.- En la Sesión en Pleno N° NUM004, de 5 de noviembre de 2025, los integrantes de la Comisión evaluaron personalmente a la recurrente.

Acordaron por unanimidad declarar su imposibilidad física y proponer su retiro absoluto por padecer de "Trastorno de Personalidad Emocionalmente Inestable", patología de origen común, psiquiátrica, de pronóstico incurable y no invalidante. Estos acuerdos se formalizaron en las Resoluciones Exentas (R) N° NUM005 y N° NUM006, de 25 de noviembre de 2025, notificadas personalmente ese mismo día. En la última se informó a la recurrente su derecho a solicitar la reevaluación dentro de dos años, conforme al artículo 11 del Decreto N° 4, de 1988, del Ministerio de Defensa Nacional. 6.- Por Resolución Exenta RA N° NUM010, de 1 de diciembre de 2025, la Prefectura de Carabineros Santiago Norte dispuso el retiro absoluto de la recurrente por "circunstancias obligadas", fundado en la enfermedad incurable declarada por la Comisión. 7.- La recurrente dedujo recurso de reposición y acompañó los certificados de su psiquiatra tratante, Dra. nombre reservado, de 9 de septiembre y 27 de noviembre de 2025. Estos certificados dan cuenta que el tratamiento se inició el 14 de octubre de 2024 por síndrome ansioso y trastorno de pánico, con escitalopram 20 mg; la ausencia de depresión, angustia o pánico en los controles; buenas condiciones generales y la inexistencia de dificultades, desde el punto de vista de su salud mental, para el trabajo; y la recomendación de mantener el tratamiento por dos años desde el 27 de noviembre de 2025, para evitar recaídas.

No otorgan alta médica ni contienen diagnóstico ni referencia alguna a un trastorno de personalidad. 8.- La Dra. nombre reservado analizó esos certificados en su Informe N° NUM007, de 24 de febrero de 2026 y concluyó que no permiten innovar lo resuelto porque no otorgan el alta y no se refieren al trastorno de personalidad. Siguió a ello el Resumen de Antecedentes por Recurso N° NUM013, de 5 de marzo de 2026, del psicólogo nombre reservado.

En la Sesión en Pleno N° NUM008, de 18 de marzo de 2026, la Comisión mantuvo a firme, por unanimidad, la declaración de imposibilidad física y la proposición de retiro absoluto, como consta en la Resolución Exenta (R) N° NUM000, de 18 de marzo de 2026, notificada personalmente el 8 de abril de 2026.

No consta que en esta etapa se haya practicado una nueva evaluación a la recurrente, ni que se haya pedido a la médico tratante un pronunciamiento sobre el diagnóstico en que se funda la decisión. 9.- En esta sede se acompañó, además, un certificado de la misma tratante, de 22 de diciembre de 2025. En él se consigna que la paciente se encuentra angustiada a raíz de su baja, pero eutímica, sin depresión ni pánico y sin dificultades para su trabajo desde el punto de vista de su salud mental.

Séptimo: Que el presente arbitrio se dirige, en lo sustancial, en contra de la Resolución Exenta (R) N° NUM000, de 18 de marzo de 2026, de la Comisión Médica Central de Carabineros, que mantuvo a firme la declaración de imposibilidad física y la proposición de retiro absoluto de la recurrente, por "trastorno de personalidad emocionalmente inestable", patología calificada de origen común, psiquiátrica, de pronóstico incurable y no invalidante. El retiro fue dispuesto por la Prefectura Santiago Norte mediante Resolución Exenta RA N° NUM010.

La actora acusa a dichos actos de ilegales y arbitrarios por haberse dictado pese a los certificados de su psiquiatra tratante, que consignan su aptitud para el trabajo, y a su calificación en Lista N° 1 de méritos, informada por el mismo oficial que había solicitado su evaluación psiquiátrica, y por desproporcionados y discriminatorios, vulnerando, a su juicio, las garantías constitucionales de los números 1°, 2°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Octavo: Que, en cuanto a la falta de legitimación pasiva, cabe considerar que la Comisión Médica Central y la Prefectura de Carabineros Santiago Norte son órganos de una misma institución, Carabineros de Chile.

Por su parte, la Resolución Exenta RA N° NUM010 de la Prefectura se funda directamente en la declaración de imposibilidad física cuya mantención aquí se cuestiona, y es el acto que materializa la separación de la recurrente.

Por consiguiente, aun cuando el reproche de ilegalidad o arbitrariedad se dirige contra el pronunciamiento de la Comisión, las demás recurridas son las llamadas a cumplir las medidas que se adopten para restablecer el imperio del derecho, por lo que la alegación será desestimada.

Noveno: Que, de los antecedentes reseñados, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, se advierte una contradicción entre lo resuelto por la Comisión Médica Central y los certificados médicos de la médico tratante aportados por la recurrente.

En efecto, en primer lugar, se observa que la patología que motivó la derivación de la funcionaria a la Comisión y las licencias médicas autorizadas corresponden a un cuadro ansioso y de crisis de pánico. Según su médico tratante, ese cuadro se encuentra controlado y es compatible con el trabajo. La declaración de imposibilidad, en cambio, se funda en un diagnóstico distinto, el trastorno de personalidad, que surge únicamente de las evaluaciones practicadas por los asesores de la propia Comisión.

En segundo término, se aprecia que la Comisión restó todo valor a los certificados de la psiquiatra tratante porque no se refieren al trastorno de personalidad. Sin embargo, nunca le pidió que se pronunciara sobre esa materia, pese a constarle que la funcionaria se encontraba en tratamiento psiquiátrico desde 2024. Tampoco practicó una nueva evaluación al conocer de la reposición. En consecuencia, el silencio de la tratante sobre un diagnóstico que no le fue consultado no puede erigirse, por sí solo, en fundamento suficiente para mantener una declaración de incurabilidad.

En tercer lugar, se constata que la Comisión no se hizo cargo de la contradicción entre el informe de desempeño de 13 de agosto de 2025, que tuvo a la vista, y la calificación en Lista N° 1 de Méritos certificada por el mismo oficial veinte días después. Esa contradicción incide directamente en la apreciación de la funcionalidad laboral de la recurrente, que es precisamente el enfoque que la Comisión dice aplicar.

Décimo: Que el artículo 64 de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en su inciso primero, dispone que a la Comisión Médica Central corresponderá exclusivamente el examen del personal, a fin de establecer su capacidad física para permanecer en el servicio o determinar la afección que lo imposibilita para continuar en él. Lo que también contempla el artículo 73 del D.F.L. N° 2, de 1968, del Ministerio del Interior, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, y el artículo 2° del Decreto N° 4, de 1988, del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento de las Comisiones Médicas de Carabineros.

Este último, en su artículo 6°, faculta a la Comisión para hacerse asesorar por los especialistas que estime conveniente.

Undécimo: Que el proceso de calificación de la imposibilidad para continuar en el servicio es realizado en forma exclusiva por la Comisión Médica Central de Carabineros, por lo que no corresponde, en esta sede, efectuar un análisis pormenorizado de la efectividad de las conclusiones médicas alcanzadas por dicho organismo.

Lo anterior, sin embargo, no priva a la judicatura del control de los parámetros de legalidad y justificación de los actos administrativos que se dicten en uso de esas atribuciones. Este control no alcanza el mérito de la decisión, salvo que ésta carezca de fundamentos y, por ello, infrinja los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, que imponen la obligación de fundamentar los actos administrativos.

Duodécimo: Que la Comisión Médica Central contaba con potestades para reunir la totalidad de los antecedentes clínicos de la evaluada, incluido el informe de su médico tratante; sin embargo, al resolver la reposición se limitó a un análisis documental de los certificados acompañados, desestimándolos por no abordar un diagnóstico que la tratante nunca formuló y sobre el cual no fue consultada, sin exponer razonamiento alguno que explique por qué ese diagnóstico, emitido a partir de un peritaje psiquiátrico por telemedicina, debía prevalecer sobre la evolución clínica certificada por quien trata a la paciente, careciendo de una evaluación psiquiátrica completa y presencial de la recurrente sobre el diagnóstico en que se funda la declaración de imposibilidad, que ponderara la totalidad de sus antecedentes clínicos y funcionarios.

Décimo tercero: Que los procesos administrativos de calificación de la aptitud de salud de un funcionario no sólo deben ajustarse a la legalidad, sino que también deben estar dotados de la racionalidad exigible, en general, al actuar de la Administración, lo que, en este caso, no se verifica, desde que la decisión de mantener la imposibilidad física de la recurrente se adoptó sin medidas tendientes a obtener certeza sobre su estado de salud actual, con la totalidad de los antecedentes disponibles. Ello es especialmente relevante atendida la naturaleza de la patología que se le atribuye y el carácter definitivo que se asigna a su pronóstico.

Por consiguiente, la Resolución Exenta (R) N° NUM000 resulta arbitraria y atenta contra la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En efecto, el principio de no discriminación arbitraria admite diferencias y clasificaciones siempre que provengan de un razonamiento lógico, fundado y no contradictorio, por lo que la institución recurrida puede, por tanto, distinguir entre quienes tienen salud compatible con el cargo y quienes no la tienen. Pero esa motivación de incompatibilidad debe ser lógica, fundada y no antojadiza, por lo que, si no se ha establecido debidamente el padecimiento en que se funda la incompatibilidad invocada, falta la necesaria relación causal entre el motivo y la declaración.

Lo anterior, torna la decisión en arbitraria, por carecer de la racionalidad y fundamentación exigibles y, en consecuencia, debe dejarse sin efecto la Resolución Exenta (R) N° NUM000, de 18 de marzo de 2026 y aquellas adoptadas sobre su base, debiendo, además, la Comisión Médica Central de Carabineros, resolver nuevamente el recurso de reposición deducido por la recurrente, para lo cual deberá practicar una evaluación psiquiátrica y psicológica completa y presencial, requerir informe de su psiquiatra tratante sobre el diagnóstico en que se funda la declaración de imposibilidad y ponderar la totalidad de sus antecedentes clínicos y funcionarios.

Décimo cuarto: Que lo razonado hace innecesario pronunciarse sobre las demás garantías invocadas y permite desestimar la alegación de ausencia de un derecho indubitado, desde que lo amparado en esta sede no es un derecho de propiedad sobre el cargo, sino el derecho de la recurrente a no ser separada de él sino en virtud de una causal legal establecida mediante una decisión racional y fundada.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra de la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile, de la Prefectura de Carabineros Santiago Norte y de Carabineros de Chile y se deja sin efecto la Resolución Exenta (R) N° NUM000, de 18 de marzo de 2026, debiendo la Comisión Médica Central de Carabineros resolver fundadamente el recurso de reposición deducido por la recurrente, previa realización de una evaluación psiquiátrica y psicológica completa y presencial, considerando el informe actual de su psiquiatra tratante y ponderando la totalidad de sus antecedentes clínicos y funcionarios.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactada por la ministra señora Paula Rodríguez Fondón.

Protección N° 13.299-2026.

No firma la ministra señora Brengi, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios.