Protección contra dicho establecimiento educacional y del Servicio Local de Educación Pública Sant

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que don nombre reservado dedujo recurso de protección en favor de su hijo nombre reservado, exalumno del nombre reservado, en contra de dicho establecimiento educacional y del Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro (en adelante “SLEP”), en su calidad de sostenedor, por estimar que han incurrido en actuaciones ilegales y arbitrarias que vulneran las garantías consagradas en los numerales 1° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la vulneración denunciada se materializaría, en primer término, en la decisión de expulsar al estudiante —nombre reservado— mediante Ordinario N°NUM000, de 8 de abril de 2026, y, enseguida, en la falta de adopción de medidas de protección frente a situaciones de hostigamiento que habrían afectado tanto al alumno como a su hermano menor, agregando asimismo la supuesta filtración a medios de comunicación de antecedentes correspondientes a un procedimiento disciplinario que revestía carácter reservado.

Refiere que durante el año 2025 su hijo habría sido objeto de acusaciones infundadas formuladas por un grupo de compañeros, vinculadas —según sostiene— a conflictos de índole personal, sin que el establecimiento hubiese desplegado acciones eficaces para resguardar sus derechos. Añade que, al reincorporarse al nombre reservado en marzo de 2026 para cursar 4° medio, fue objeto de una suspensión preventiva y posteriormente de un procedimiento disciplinario tramitado al amparo de la denominada Ley Aula Segura, fundado en denuncias provenientes de los mismos estudiantes.

Sostiene que las actuaciones desplegadas por la autoridad educacional responderían, en realidad, a una animadversión hacia su persona —el padre del menor—, derivada de su condición de presidente del Centro General de Padres y Apoderados y de las críticas formuladas por él respecto de la gestión directiva del establecimiento.

Agrega que el día 4 de abril de 2026 un medio de comunicación habría difundido información relativa al procedimiento disciplinario, exponiendo públicamente a sus hijos y afectando su honra e integridad psíquica.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se deje sin efecto la medida de expulsión y se dispongan todas aquellas medidas que resulten necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados.

SEGUNDO: Que informó la Superintendencia de Educación, por intermedio de su Dirección Regional Metropolitana y señaló que, examinados los antecedentes remitidos por el establecimiento educacional, se constató que el procedimiento disciplinario y la sanción aplicada se ajustaron a las exigencias legales y reglamentarias que regulan la materia, particularmente a las contempladas en el artículo 6 letra d) del DFL N.° 2 de 1998 del Ministerio de Educación y en la Ley N.° 21.128.

Añade que mediante Ordinario N.° NUM001, de 20 de mayo de 2026, la Unidad de Protección de Derechos Educacionales dispuso el cierre del procedimiento administrativo respectivo, concluyendo que la medida disciplinaria cuestionada se ajustó al marco normativo aplicable.

TERCERO: Que informó, asimismo, el SLEP Santiago Centro, solicitando el rechazo íntegro de la acción constitucional.

Señala que la medida impugnada no obedece a móviles de persecución personal o política, sino a hechos de especial gravedad conocidos por la autoridad educacional a partir de antecedentes proporcionados el 23 de diciembre de 2025 por profesionales del Programa de Integración Escolar, quienes tomaron conocimiento de conductas de connotación sexual que habrían afectado a estudiantes pertenecientes a dicho programa.

Explica que tales antecedentes motivaron la correspondiente denuncia ante los organismos competentes y la posterior activación de los protocolos contemplados en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y en la normativa Aula Segura.

Añade que el procedimiento disciplinario se inició formalmente el 5 de marzo de 2026, oportunidad en que se notificó al estudiante y a su apoderado el inicio de la investigación y la aplicación de una medida cautelar de suspensión; que durante la investigación comparecieron los alumnos afectados; que se elaboró un informe psicosocial que daba cuenta de indicadores compatibles con afectación emocional severa; y que, una vez concluida la etapa investigativa, la medida disciplinaria fue sometida a revisión del Consejo Extraordinario de Profesores, el que acordó, por unanimidad, ratificar la expulsión propuesta.

Afirma que el procedimiento respetó íntegramente las garantías del debido proceso, que la conducta atribuida al estudiante se encuentra expresamente tipificada como falta gravísima en el Reglamento Interno y que la decisión adoptada fue posteriormente validada por la Superintendencia de Educación.

Solicita, en consecuencia, el rechazo del recurso, con costas.

CUARTO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que de los antecedentes acompañados aparece que la medida disciplinaria cuestionada encuentra sustento en disposiciones legales y reglamentarias expresamente vigentes. En efecto, el artículo 6 letra d) del DFL N.° 2 de 1998, en relación con las modificaciones introducidas por la Ley N.° 21.128, faculta a los establecimientos educacionales para aplicar la sanción de expulsión respecto de conductas que afecten gravemente la convivencia escolar o que comprometan la integridad física o psíquica de miembros de la comunidad educativa. Por su parte, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento contempla dentro de las faltas gravísimas aquellas conductas de connotación sexual que importen afectación de otros estudiantes, estableciendo expresamente la expulsión como sanción posible frente a su acreditación. En consecuencia, la causal invocada por la autoridad educacional cuenta con un fundamento normativo previo, expreso y suficientemente determinado, circunstancia que excluye la existencia de ilegalidad en el origen mismo de la decisión cuestionada.

SEXTO: Que tampoco se advierte vulneración de las garantías mínimas que integran el debido proceso administrativo.

De los antecedentes allegados a la causa aparece que el estudiante y su apoderado fueron oportunamente notificados del inicio de la investigación y de los hechos que la motivaban; que tuvieron conocimiento formal de los cargos formulados; que ejercieron su derecho a formular descargos; que el estudiante fue oído durante la tramitación del procedimiento; que se les comunicó la decisión adoptada y los recursos procedentes; y que hicieron uso efectivo de la instancia de reconsideración prevista por la normativa vigente.

Asimismo, consta que dicha solicitud fue sometida a la consulta del Consejo de Profesores, órgano que emitió el pronunciamiento requerido antes de adoptarse la decisión definitiva.

En tales condiciones, no resulta posible concluir que el procedimiento disciplinario haya sido tramitado con desconocimiento de las exigencias básicas de contradicción, defensa o bilateralidad.

Las alegaciones del recurrente relativas a una supuesta tergiversación de declaraciones o a una valoración incorrecta de los antecedentes reunidos durante la investigación dicen relación con aspectos propios del mérito de la decisión administrativa, cuya revisión excede el limitado ámbito de cognición de esta acción cautelar.

SÉPTIMO: Que, además, reviste especial relevancia el hecho de que el procedimiento disciplinario fue sometido al examen de la Superintendencia de Educación, órgano al que el legislador ha confiado funciones de fiscalización y control respecto de los establecimientos educacionales. Según consta del Ordinario N.° NUM001, de 20 de mayo de 2026, dicho organismo verificó el cumplimiento de las exigencias procedimentales aplicables y concluyó que la medida disciplinaria fue adoptada conforme al marco legal y reglamentario vigente. Si bien tal pronunciamiento no resulta vinculante para esta Corte, constituye un antecedente objetivo y particularmente relevante para apreciar la juridicidad de la actuación impugnada, desde que emana precisamente de la autoridad especializada encargada de supervisar este tipo de procedimientos.

OCTAVO: Que, finalmente, tampoco se han aportado antecedentes suficientes que permitan establecer, con el grado de evidencia propio de esta acción cautelar, la existencia de una persecución personal, de una actuación discriminatoria o de una filtración imputable a los recurridos respecto de antecedentes reservados del procedimiento disciplinario.

Las afirmaciones formuladas en tal sentido aparecen sustentadas principalmente en apreciaciones y conclusiones del recurrente, sin que existan antecedentes suficientes que permitan atribuir a los recurridos una conducta ilegal o arbitraria susceptible de afectar las garantías constitucionales invocadas.

NOVENO: Que, en consecuencia, del examen integral de los antecedentes no se advierte la concurrencia de acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a los recurridos que haya privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita.

Las discrepancias manifestadas por el actor respecto de la ocurrencia de los hechos investigados, de la valoración efectuada por la autoridad educacional y de las conclusiones alcanzadas durante el procedimiento disciplinario constituyen materias que requieren un debate de mayor amplitud y una actividad probatoria incompatible con la naturaleza cautelar y sumaria del recurso de protección.

Y visto, además, el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en favor de nombre reservado, en contra del nombre reservado y del Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

No firma el abogado integrante señor Fuchs, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por no encontrarse integrando.

N° Protección-13234-2026.