Protección contra Superintendencia de Salud y del Fondo Nacional de Salud

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de julio de dos mil veinticinco.

A los folios N° 24, 25 y 26: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, en favor de su hija nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Salud y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), por el acto que estima ilegal y abusivo consistente en la negativa de aplicar la Ley de Urgencia y el rechazo a la apelación deducido en contra de esta decisión, lo que vulnera las garantías fundamentales de la niña, consagradas en el artículo 19 numerales 1°, 2°, 9 y 24° de la Constitución Política de la República.

En síntesis, expone que el 5 de julio de 2019, cuando la niña tenía 6 semanas de vida, ante la sospecha de un cuadro de bronquitis grave, concurrieron de urgencia al Hospital del Profesor, donde fueron practicados diversos exámenes, se efectuaron nebulizaciones, y se determinó que el cuadro tenía posibilidad de sepsis respiratoria, por lo que fue derivada y hospitalizada en la Unidad de Tratamientos Intensivos Pediátricos (UTI Pediátrica), mientras se confirmaba el diagnóstico de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) e Influenza B. Puntualiza que, desde el primer momento, su hija ingresó con síntomas compatibles con una condición de urgencia y riesgo vital, los cuales se fueron agravando progresivamente con el paso del tiempo, por cuanto su cuadro clínico no solo justificaba, sino que exigía, una atención médica de urgencia oportuna y especializada.

Continúa detallando el estado de salud y procedimientos aplicados a la niña, sin que tuviera evolución favorable, así es como el 8 de julio de 2019, presentó un deterioro clínico brusco, por lo que se realizó una intubación y conexión a ventilación mecánica invasiva (VMI), y debió ser trasladada a un hospital o clínica que contara con una Unidad de Cuidados Intensivos, luego de recibir varias respuestas negativas por falta de cupos, la Clínica Universidad de Los Andes comunicó la existencia de uno disponible, por parte del Hospital, se informó que serían atendidos bajo la Ley de Urgencias, contando con el Certificado de Emergencia emitido conforme a la Ley N°19.650, bajo el Número de Ingreso NUM000, dando cuenta que, las atenciones brindada por la clínica permitieron una evolución favorable en los síntomas de la lactante y luego de algunos días fue dada de alta.

En cuanto a los hechos que motivan al recurso, indica que Fonasa no cumplió con pagar la cobertura de las atenciones directamente al prestador de salud, por lo que fueron notificados de una deuda por concepto de gastos médicos con la clínica correspondiente, por una suma superior a $20.000.000.

Sostiene que no tiene justificación que el grave estado de salud de su hija no haya sido calificado como una situación de urgencia, ya que, toda atención fue calificada como tal por los profesionales y que en menos de 24 horas había sido clasificada clínicamente como una lactante en estado grave. Agrega que la resolución que contiene la negativa de FONASA, fue recurrida de reposición y apelación por la actora, sin embargo, fue confirmada por al Superintendencia de Salud, rechazando las alegaciones con las que se fundó esa impugnación y con ello confirmando una vulneración grave de derechos fundamentales, lo que reprocha e indica que si su hija no hubiera recibido esa anteción, el resultado habría sido fatal.

Reclama que lo expuesto causa una grave vulneración de derechos fundamentales a su hija, motivos por los que solicita que se acoja en todas sus partes la presente acción y se ordene a la recurrida FONASA cubrir los porcentajes correspondientes de la deuda generada por las prestaciones médicas brindadas por la Clínica Universidad de Los Andes, con expresa condenación en costas, o bien lo que se estime pertinente para el restablecimiento del imperio del derecho y para la protección de los derechos afectados.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe, la Superintendencia de Salud, solicita en primer lugar que la acción sea declarada inadmisible, por no corresponder a una de naturaleza cautelar de garantías constitucionales, ya que la controversia debe ser conocida por un juez especial instituído legalmente, por los artículos 117 y siguientes del DFL N°1 de 2005, de Salud, que establecen la existencia de un tribunal arbitral con dos instancias de resolución, lo que ha sido confirmado por jurisprudencia de la Excima.

Corte Suprema, que detalla.

Agrega que, doña nombre reservado tramitó ante la Superintendencia de Salud, el juicio arbitral Rol N°NUM001, y ahora pretende, por medio del ejercicio de una acción constitucional de emergencia, impugnar una sentencia judicial dictada por un juez árbitro, lo que no corresponde a un recurso de protección, debiendo recurrir al resto de arbitrios impugnatorios que la ley establece.

Explica que además, este conflicto tiene una naturaleza litigiosa, ya que fue debatido en un juicio arbitral de lato conocimiento, por voluntad de la actora, al haber deducido una demanda bajo ese procedimiento, además impugnó la resolución mediante los recursos dispuestos por el procedimiento establecidos en las normas de salud, que igualmente fueron rechazados.

De forma subsidiaria, evacua el informe ordenado, solicitando igualmente que la acción sea rechazada, por cuanto la sentencia dictada por el órgano arbitral se sustentó en el análisis clínico del caso, teniendo a la vista la ficha clínica de la paciente, destacando que el prestador de salud certificó el riesgo vital luego de 3 días de su ingreso a la Clínica del Hospital del Profesor, por lo que habría sido enviado de forma errónea a la Unidad Ley de Urgencia el 8 de julio de 2019 y luego de describir las atenciones que presentó la paciente desde el ingreso al recinto hospitalario, concluye que no ingresó en situación de emergencia o urgencia con riesgo vital, no obstante que requería hospitalización para el estudio y manejo de sus síntomas; luego evolucionó de forma negativa en su condición de salud, llegando a requerir VMI al 3° día de hospitalización.

Agrega que la recurrente no tiene un derecho indubitado y este recurso no puede transformarse en una instancia de declaración de derechos, citando jurisprudencia al efecto.

Por último indica que el Tribinal Arbitral no vulneraría las garantías fundamentales de la recurrente, ya que se limitó a resolver la contienda que fue sometida a su conocimiento en conformidad al ordenamiento jurídico, sustentándose la presente acción en la disconformidad que experimenta la recurrente con lo resuelto.

En atención a lo expuesto, solicita el rechazo de la presnete acción, con costas.

TERCERO: Que, el Fondo Nacional de Salud evacua su informe al tenor de lo ordenado por esta Corte, manifestando que el inciso tercero y siguientes del artículo 141 del D.F.L N°1 del Ministerio de Salud (Minsal), de 2005 complementado por el artículo 3° del Decreto Supremo N°369, del MINSAL, de 1985, que establecen el copago de la Ley de Urgencia para los casos que así sean calificados y que tengan riesgo vital al momento de ingresar al recinto de salud, explicando normativamente la procedencia de este.

Sostiene que en el caso de controversia en la certificación de urgencia o emergencia con riesgo vital que efectúa el profesional que atiende al paciente, existen dos vías para subsanarlo, la sede anministrativa, a través de FONASA y la sede judicial, mediante el tribunal especial establecido en los artículos 117 y siguientes del D.F.L N°1, del MINSAL, de 2005. Existiendo en este caso conocimiento y resolución en sede judicial especial.

Explica que en este caso el expediente del caso fue revisado en varias oportunidades, constatando en todas que la paciente no ingresó en situación de urgencia o emergencia con riesgo vital de no mediar una atención médica de forma inmediata e impostergable, por lo que se rechazó la demanda de la actora, así como las impugaciones que opuso, todas por el mismo motivo.

Señala que a su parecer, no se está en presencia de un derecho indubitado y preexistente, por lo que no corresponde que sea conocido por esta vía, por lo que solicita que se rechace la presnete acción.

CUARTO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que deben tomarse ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contraria a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

QUINTO: Que no aparece controvertido que la recurrente, con anterioridad a la presentación del actual arbitrio, utilizó el procedimiento establecido por la Ley para resolver la presente controvercia, tramitándose ante la Superintendencia de Salud el juicio arbitral Rol N°NUM001, la que dictó sentencia que le fue desfavorable, en orden a considerar que no procedia aplicar la Ley 19650 a la atención prestada a su hija.

Además dicha sentencia se impugnó mediante los recursos dispuestos por el procedimiento establecido en las normas de salud, que igualmente fueron rechazados.

SEXTO: Que, en consecuencia, no procede que esta Corte a través de una acción cautelar de rápida tramitación, revoque una sentencia jurisdiccional que se ha dictado bajo las normas que el ordenamiento jurídico vigente establece, lugar donde se han analizado purebas y demás antecedentes propios de un debate de lo que es la pretensión de un derecho reclamado y que es de lato conocimiento.

Así las cosas, ningún acto ilegal o arbitario puede ser reclamado a los recurridos, quienes han actuado dentro de sus respectivas atribuciones, tramitándose toda la reclamación dentro de los parámetros legales con las debidas fundamentaciones en cada etapa.

Por todo lo anterior, no podrá prosperar la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de de la niña nombre reservado, representada por su madre nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-13190-2025.