Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Provida S

C.A. de Santiago Santiago, nueve de octubre de dos mil veinticinco.

Al folio 13; téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido al rechazar su solicitud de devolución de fondos previsionales, pese a haber cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, lo que vulneraría los derechos que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en los Nos 2 y 24 del artículo 19.

Señala que el 11 de abril de 2025 presentó ante la recurrida una solicitud formal de retiro de fondos, acompañando la documentación exigida por la normativa, entre ellos contrato de trabajo, anexo contractual, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) debidamente legalizado ante notario chileno y título profesional apostillado. Añade, el 24 del señalado mes y año AFP Provida le comunicó el rechazo de su solicitud, fundado en que el certificado de afiliación extranjero no cumplía con las formalidades del artículo 345 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, por carecer de legalización consular.

Alega que dicho fundamento constituye una mala interpretación de la norma, pues se desconoce el contexto actual de imposibilidad material y jurídica para obtener legalizaciones consulares de documentos venezolanos, derivada del quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, situación que configura un caso fortuito o fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil. Agrega que, en tales circunstancias, la declaración jurada notarial otorgada en Chile reviste la debida formalidad y debe tener igual valor probatorio que la emitida antaño ante la embajada venezolana.

Refiere además que otra administradora, AFP CUPRUM, ha aprobado solicitudes idénticas bajo iguales condiciones documentales, lo que evidencia un trato desigual y discriminatorio entre afiliados en situación similar, infringiendo el principio de igualdad ante la ley, y añade que el rechazo de Provida implica una privación injustificada del derecho de propiedad de la recurrente sobre sus fondos previsionales.

Sostiene haber dado íntegro cumplimiento a los requisitos de los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, por lo que la negativa de la AFP constituye una interpretación formalista y restrictiva.

Segundo: Que informa la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y solicita que la acción sea rechazada en todas sus partes, con costas.

En primer término, alega que el recurso de protección, dada su naturaleza cautelar y de urgencia, no constituye la vía idónea para resolver una controversia como la planteada, que requiere análisis técnico o contradictorio, dentro de un juicio de lato conocimiento, pues lo que se persigue es la revisión de la legalidad del sistema de pensiones y de la interpretación administrativa de la autoridad técnica, todo lo cual excede el marco limitado del recurso de protección. En segundo lugar, expone que el actuar de su representada ha sido estrictamente conforme a derecho y a la normativa vigente dictada por la Superintendencia de Pensiones, sin incurrir en arbitrariedad ni ilegalidad alguna.

En cuanto al fondo del asunto, explica que rechazó la solicitud del recurrente en virtud de que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) acompañada se encontraba vencida, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Indica que la administradora está legalmente obligada a verificar rigurosamente cada requisito formal y material antes de aprobar la devolución de fondos previsionales, debiendo ajustar su actuación a las directrices regulatorias, y acompaña al efecto el Oficio Ordinario N° 5376, de 28 de marzo de 2025, emitido por la Superintendencia, que en un caso análogo determinó que no procedía autorizar el retiro de fondos por incumplirse las condiciones establecidas en la normativa.

Expone que la recurrente no ha presentado reclamación ni requerimiento ante la Superintendencia de Pensiones, órgano técnico encargado de fiscalizar y uniformar criterios interpretativos en esta materia, lo que demuestra que ha optado indebidamente por una vía jurisdiccional inadecuada para cuestionar decisiones técnicas sujetas a supervisión administrativa.

Afirma que la recurrente no acreditó válidamente la afiliación extranjera, pues la certificación del IVSS no fue legalizada conforme al estándar exigido por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que exige legalización o apostilla de origen, y concluye que no se configuraron los presupuestos necesarios para autorizar el retiro solicitado, limitándose su parte a aplicar la ley, sin exceder sus competencias ni interpretar discrecionalmente la norma.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías allí expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio, debiendo el tribunal adoptar las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. La procedencia de esta acción se sujeta a la concurrencia copulativa de dos condiciones esenciales: la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a derecho– o arbitrario –caprichoso o antojadizo– y que este cause privación, perturbación o amenaza a una o más de las garantías constitucionales que la misma disposición protege.

Cuarto: Que la Ley N° 18.156, en su artículo 1° letra a) exige como requisito para la exención de cotizaciones que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales, ha dictado diversas instrucciones y oficios que precisan la forma de acreditar dichos requisitos. En particular, el Oficio Ordinario N° 23.241, de 13 de septiembre de 2016, exige que la certificación de cobertura previsional “expresamente señale que el trabajador ha tenido y tiene derecho a ella durante su permanencia en Chile, debiendo además en el caso de la cobertura de enfermedad, especificar que comprende las prestaciones médicas y pecuniarias”.

Asimismo, el Oficio Reservado N° 25.057, de 29 de diciembre de 2023, y el Oficio Ordinario N° 32.365, de 27 de diciembre de 2016, instruyen que la documentación pertinente debe presentarse “debidamente legalizada o apostillada, según corresponda”, detallando el procedimiento para aquellos casos en que no exista reciprocidad o el Estado no sea miembro de la convención de la apostilla, exigiendo documentos legalizados conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Quinto: Que la recurrida ha sostenido, y los instrumentos acompañados por ambas partes en este proceso no lo desvirtúan, que la documentación presentada por el recurrente no cumple con las exigencias formales y sustantivas de la normativa aludida. Específicamente, consta que el documento consistente en el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no se encuentra debidamente legalizado o apostillado en los términos que la normativa establece de conformidad con lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y los Oficios N° 25.057 y N° 32.365.

Respecto a la alegación del recurrente sobre la imposibilidad material de obtener la legalización consular de la constancia del IVSS debido a la situación diplomática y la invocación de fuerza mayor o caso fortuito, esta Corte estima que si bien la situación descrita por el recurrente podría configurar una dificultad, la misma no exime del cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a un beneficio legal de carácter excepcional. Por ende, la Ley N° 18.156 y su normativa complementaria, incluyendo las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones establecen condiciones copulativas que deben ser acreditadas de manera fehaciente y no es posible flexibilizar dichas exigencias por circunstancias personales, sin desnaturalizar el propósito de la ley y las instrucciones de la autoridad reguladora.

Sexto: Que en cuanto a la idoneidad del recurso de protección para dirimir un asunto como el planteado, considera la Corte que esta acción no constituye una instancia de lato conocimiento para resolver controversias sobre la correcta aplicación o interpretación de normativas especiales, especialmente en materias técnicas como la previsional, para las cuales existe un órgano especializado, como lo es la Superintendencia de Pensiones, facultada expresamente para conocer y resolver reclamos de afiliados conforme al artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N° 101, de 1980. La recurrida actuó en el marco de las instrucciones dictadas por dicho organismo técnico, lo que impide calificar su actuar como arbitrario o ilegal en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, ya que su decisión se funda en la aplicación de una normativa específica y en las directrices de su órgano fiscalizador y no en un capricho o una contravención a la ley. No se advierte, en consecuencia, la privación, perturbación o amenaza de derechos indubitados, sino más bien una controversia sobre el cumplimiento de requisitos legales para acceder a un beneficio.

Séptimo: Que en mérito de lo expuesto y no habiéndose acreditado que el rechazo de la solicitud del recurrente por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida constituya un acto arbitrario o ilegal que vulnere las garantías constitucionales invocadas, la presente acción constitucional será desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas de conformidad, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso interpuesto por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese y archívese.

Protección N°13184-2025.