Protección contra dicha Municipalidad

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, funcionario de planta de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia, e interpone recurso de protección en contra de dicha Municipalidad, representada por su alcalde don Mauro Tamayo Rozas, por la dictación del Decreto Alcaldicio N° NUM000, de 13 de marzo de 2026, que declaró vacante, por salud incompatible con su desempeño, el cargo que servía en el escalafón Administrativo, grado 13°, decisión posteriormente mantenida mediante Decreto Alcaldicio N° NUM001, de 6 de abril de 2026, que rechazó el recurso de reposición deducido en su contra.

Sostiene que tales actos son ilegales y arbitrarios, desde que al tiempo de adoptarse la decisión se encontraba reincorporado a sus labores desde el 16 de junio de 2025, sin nuevas licencias médicas; había renovado su licencia de conducir clase A; contaba con antecedentes médicos que daban cuenta de la recuperación de su capacidad visual; había sido objeto de evaluaciones laborales favorables y la COMPIN había declarado su estado de salud recuperable.

Alega, además, vicios en el procedimiento administrativo; aplicación desigual de la causal respecto de otros funcionarios municipales; y desviación de poder, vinculando esta última alegación con declaraciones efectuadas posteriormente por el alcalde ante el Concejo Municipal acerca de la necesidad de reducir personal por razones presupuestarias.

Estima vulneradas las garantías contempladas en el artículo 19 N° 2, N° 3 inciso sexto y N° 24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se dejen sin efecto los actos impugnados, se ordene su reincorporación y se disponga el pago de las remuneraciones y demás prestaciones correspondientes al período durante el cual permaneció separado de sus funciones.

Segundo: Que la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia solicitó el rechazo de la acción. Expuso que el recurrente registró 408 días de licencias médicas dentro del período evaluado, superando el lapso establecido en el artículo 148 de la Ley N° 18.883; que requirió previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez el pronunciamiento previsto en dicha disposición, organismo que mediante Resolución de Evaluación Folio N° NUM002, de 17 de octubre de 2025, declaró que su estado de salud era recuperable; y que, cumplidos esos presupuestos, correspondía al alcalde ponderar la eventual incompatibilidad de la salud del funcionario con el cargo.

Añade que la decisión fue adoptada mediante un procedimiento en que el recurrente pudo aportar antecedentes, los que fueron efectivamente considerados, y que el decreto se fundó también en un informe de la unidad técnica que daba cuenta del impacto que las prolongadas ausencias del funcionario habrían provocado en la disponibilidad de conductores y en la cobertura de los requerimientos municipales.

Tercero: Que el recurso de protección previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicha disposición contempla.

Un acto es arbitrario cuando carece de fundamento racional suficiente o cuando no existe una relación razonable entre los antecedentes que le sirven de sustento y la decisión que se adopta, particularmente tratándose del ejercicio de potestades que la ley entrega a la apreciación de la autoridad.

Cuarto: Que el acto que debe ser examinado corresponde al Decreto Alcaldicio N° NUM000, mantenido por el Decreto Alcaldicio N° NUM001, mediante el cual la recurrida ejerció la facultad prevista en el artículo 148 de la Ley N° 18.883 y declaró que la salud del recurrente era incompatible con el desempeño del cargo.

Quinto: Que el artículo 147 letra a) de la Ley N° 18.883 contempla como causal de declaración de vacancia la salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo.

A su turno, el artículo 148 del mismo cuerpo legal dispone que el alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, debiendo requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto de la condición de irrecuperabilidad de su salud.

Del tenor de dicha disposición se desprende que el uso de licencias por el período allí establecido habilita el ejercicio de una facultad de la autoridad, pero no determina por sí solo y necesariamente la declaración de vacancia. Precisamente el empleo del vocablo “podrá” exige que la autoridad justifique, atendidas las circunstancias concretas del caso, las razones por las cuales estima que la situación del funcionario resulta incompatible con el desempeño de su cargo.

Sexto: Que, asimismo, la declaración de salud recuperable efectuada por la COMPIN no impide por sí sola el ejercicio de aquella facultad, desde que la ley distingue entre la salud irrecuperable y la salud incompatible y atribuye consecuencias jurídicas diferentes a cada una.

Sin embargo, de ello no se sigue que la constatación de una determinada cantidad de días de licencia médica baste para declarar la vacancia. La Administración debe expresar una relación racional entre los antecedentes actuales del funcionario, las funciones que desempeña y las razones por las cuales su estado de salud resulta incompatible con el ejercicio regular de aquellas.

Séptimo: Que, en el caso de autos, consta que el recurrente hizo uso de licencias médicas por un período superior al establecido en la norma, concentradas principalmente entre mayo de 2024 y junio de 2025, a raíz de una patología que afectó el nervio óptico derecho.

También consta que, concluido su tratamiento, se reincorporó a sus funciones el 16 de junio de 2025 y continuó desempeñándolas hasta la declaración de vacancia, de 13 de marzo de 2026, esto es, durante aproximadamente nueve meses, sin que se registren nuevas licencias médicas durante ese período, lo que fue reconocido por la recurrida en el acto impugnado.

Octavo: Que a ello se agrega que el recurrente se desempeñaba como conductor de camiones del equipo de podas y que el 2 de junio de 2025 renovó su licencia de conducir clase A, habiendo acompañado certificación médica que consignaba una recuperación adecuada de sus niveles de visión y campo visual dentro de los parámetros exigidos para dicha licencia.

Si bien dicha autorización no sustituye la apreciación que corresponde efectuar al alcalde conforme al artículo 148 de la Ley N° 18.883, constituye un antecedente directamente relacionado con la aptitud para ejecutar las labores específicas que el recurrente desarrollaba y que, por tanto, debía ser ponderado de manera sustantiva al determinar la eventual incompatibilidad de su estado de salud con el cargo.

Noveno: Que resulta igualmente relevante que el último Informe de Desempeño acompañado, suscrito por la jefatura directa del recurrente el 9 de marzo de 2026, cuatro días antes de la declaración de vacancia, evaluó favorablemente su rendimiento, sus condiciones personales y su comportamiento funcionario.

De este modo, mientras se encontraba en tramitación el procedimiento destinado a determinar una eventual incompatibilidad de salud con el cargo, la propia jefatura encargada de supervisar el desempeño efectivo del funcionario daba cuenta de que éste cumplía regularmente sus funciones.

Décimo: Que la Municipalidad funda la incompatibilidad que justifica la decisión recurrida en los 408 días de licencias acumulados y en el impacto que las ausencias habrían producido en la disponibilidad de conductores y en la cobertura de los requerimientos municipales.

Sin embargo, el mismo informe de la unidad técnica consigna que durante la ausencia del recurrente no existieron reestructuraciones, redistribuciones formales de funciones ni solicitudes de contratación destinadas a suplirlo.

Más aún, el acto no explica de qué manera aquellas dificultades producidas durante un período pretérito de ausencia permiten concluir que, al momento de dictarse la decisión, la salud del funcionario continuaba siendo incompatible con el cargo, máxime si éste llevaba aproximadamente nueve meses desempeñando las mismas labores, no había presentado nuevas licencias médicas, había sido evaluado favorablemente pocos días antes y prestó servicios sin inconvenientes durante casi cinco meses, período este último que corresponde al que medió entre la recepción del oficio de COMPIN que se pronunciaba sobre lo pedido como presupuesto para el ejercicio de la potestad que se cuestiona, y la dictación del acto recurrido.

La necesidad actual de contar con conductores en la unidad, lejos de explicar esa incompatibilidad, tampoco resuelve la contradicción advertida, pues el recurrente se encontraba precisamente prestando esas funciones al momento de su desvinculación.

Undécimo: Que la motivación de un acto administrativo no se satisface con la mera enumeración de los antecedentes examinados ni con la afirmación de que éstos fueron ponderados.

Tratándose de una facultad que permite poner término a la relación estatutaria de un funcionario de planta, la fundamentación debe explicar de manera suficiente por qué los hechos establecidos conducen a la conclusión adoptada.

En el presente caso existe una discordancia entre los hechos reconocidos en el propio acto y su conclusión: por una parte, se reconoce que el funcionario se recuperó de la patología que originó sus licencias, se reincorporó al trabajo, continuó ejecutando las funciones propias de su cargo durante aproximadamente nueve meses, cinco de ellos a continuación de la recepción del informe de COMPIN, obtuvo nuevamente la habilitación necesaria para conducir y mantuvo evaluaciones laborales favorables; en tanto por otra, se concluye que su estado de salud es incompatible con esas mismas funciones, sin identificar una circunstancia médica o funcional posterior a su reincorporación y a la recepción de la información de COMPIN que permita establecer aquella incompatibilidad.

Por ello, la simple referencia a las ausencias producidas con anterioridad describe las consecuencias del período de enfermedad que se produjeron durante su vigencia, pero no explica suficientemente la incompatibilidad existente al tiempo del acto.

Duodécimo: Que el artículo 148 de la Ley N° 18.883 no configura la superación de seis meses de licencias médicas como una causal automática de cesación. Tal circunstancia constituye el supuesto que habilita al alcalde para ejercer la potestad, pero subsiste la necesidad de justificar su aplicación en el caso concreto.

Aceptar que la sola superación del período de licencias basta para declarar la vacancia, con prescindencia de los antecedentes existentes al tiempo de decidir, convertiría en reglada una potestad que el legislador formuló expresamente en términos facultativos.

Por consiguiente, aun cuando la Municipalidad se encontraba legalmente habilitada para iniciar y tramitar el procedimiento, la decisión terminal debía contener motivos suficientes para establecer por qué, en marzo de 2026, la situación de salud del recurrente resultaba incompatible con el desempeño del cargo.

Décimo Tercero: Que tampoco el Decreto Alcaldicio N° NUM001, que rechazó la reposición administrativa, subsana aquel defecto, puesto que mantiene como fundamento esencial el cumplimiento del número de días de licencia y reafirma la interpretación jurídica acerca de la diferencia entre salud recuperable e incompatible, sin hacerse cargo de manera suficiente de la situación funcionaria existente al momento de decidir.

En consecuencia, la cuestión no radica en negar que una persona cuya salud ha sido declarada recuperable pueda, eventualmente, encontrarse comprendida en la hipótesis del artículo 148. El defecto consiste en que, en este caso concreto, no se explicaron razones suficientes que permitan vincular los antecedentes referidos a una incompatibilidad entre la salud del recurrente de la cual se habría tenido elementos de juicio en octubre de 2025 y las funciones que efectivamente se encontraba desempeñando el actor en marzo de 2026.

Décimo Cuarto: Que las restantes alegaciones relativas al Manual de Procedimiento, al tratamiento otorgado a otros funcionarios y a las declaraciones efectuadas por el alcalde en sesión del Concejo Municipal no resultan, por sí solas, necesarias para resolver el arbitrio.

Con todo, estas últimas declaraciones, formuladas el 22 de abril de 2026 en el contexto de una discusión presupuestaria y en las que la autoridad aludió genéricamente a la desvinculación de funcionarios, constituyen un antecedente posterior que no permite establecer por sí mismo el motivo determinante de la decisión adoptada respecto del recurrente. Por ello, no corresponde fundar en ellas la ilegalidad del acto.

Décimo Quinto: Que, conforme a lo razonado, los actos recurridos aparecen desprovistos de una fundamentación material suficiente que permita comprender por qué la situación actual de salud del recurrente era incompatible con el desempeño de un cargo que éste venía ejerciendo de manera continua durante aproximadamente nueve meses, cinco de los cuales lo hizo contando la autoridad recurrida con los antecedentes necesarios para resolver su caso.

Tal insuficiencia torna arbitrario el ejercicio de la facultad administrativa, desde que la conclusión alcanzada no guarda una relación racional suficientemente explicada con los antecedentes particulares que la propia autoridad tuvo a la vista.

Esta actuación afecta el legítimo ejercicio de la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al someter al recurrente a una decisión administrativa que carece de una justificación suficiente en relación con su situación concreta, y repercute asimismo en los derechos estatutarios y remuneracionales derivados de su cargo de planta.

Décimo Sexto: Que, en consecuencia, corresponde adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, dejando sin efecto los actos administrativos impugnados y retrotrayendo la situación del recurrente al estado anterior a su dictación.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia y, en consecuencia:

I. Se dejan sin efecto el Decreto Alcaldicio N° NUM000, de 13 de marzo de 2026, y el Decreto Alcaldicio N° NUM001, de 6 de abril de 2026, en cuanto declaró el primero, la vacancia del cargo servido por el recurrente; y mantuvo el segundo el referido pronunciamiento.

II. La Ilustre Municipalidad de Cerro Navia deberá reincorporar a don nombre reservado al cargo de planta que servía al momento de su desvinculación, con reconocimiento de la continuidad de su vínculo estatutario para todos los efectos legales y con el pago de las remuneraciones y demás prestaciones estatutarias que el recurrente dejó de percibir como consecuencia de los actos que por esta sentencia se dejan sin efecto, efectuando asimismo las cotizaciones previsionales y de salud correspondientes al período respectivo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-13182-2026.