nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A

C.A. de Santiago Santiago, doce de septiembre de dos mil veintitrés.

A los folios 10 y 11: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Roberto Armijo Adasme, abogado, en representación de nombre reservado, médico cirujano, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., por haber incurrido en un acto arbitrario e ilegal, consistente en rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales, con vulneración de las garantías constitucionales del artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la recurrente trabajó a partir del 01 de junio de 2013 para el Servicio de Salud del Maule, específicamente en el Hospital Regional de Talca, de acuerdo al Certificado emitido con fecha 06 de marzo de 2023 por su Director. Refiere que el Servicio de Salud descontó parte de su sueldo y enteró sus cotizaciones de AFP, salud y cesantía en los servicios respectivos, pese a que la recurrente manifestó expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1 de la Ley 18.156, tal como se demuestra en el certificado ya señalado.

Indica que el 4 de julio de 2023 la recurrente terminó su relación laboral con el Servicio de Salud, saliendo del país en julio pasado para residir actualmente en Estados Unidos. Manifiesta que en forma previa a salir del país, la recurrente solicitó por medio de la plataforma web de la AFP recurrida la devolución de sus fondos en consideración a lo dispuesto en la ley 18.156; sin embargo, la recurrida rechazó esta solicitud, fundado en “Usted debe manifestar en el contrato de trabajo con Hospital Regional de Talca, su voluntad de mantener afiliación fuera de Chile”, añadiendo que “no corresponde autorizar la devolución de fondos previsionales cuando el afiliado ha prestado servicios en un servicio público”. Al reiterar su petición luego de haber presentado su renuncia al Servicio de Salud, la AFP recurrida nuevamente rechazó la solicitud, por no haberse cumplido los requisitos señalados en la letra c) del número 1 de la Ley No 18.156 y el Libro II Cotizaciones Previsionales / Título XI Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, particularmente, por no haber manifestado en el contrato de trabajo con el Hospital Regional de Talca, su voluntad de mantener afiliación fuera de Chile, y además por no corresponder autorizar la devolución de fondos previsionales cuando el afiliado ha prestado servicios en un servicio público, cuyo personal se rige en materia de ingreso y permanencia por una legislación especial, razón por la cual no es posible asimilar a dicha entidad al concepto de empresa que requiere la ley N° 18.156.

Asevera que la recurrente acompañó en su solicitud todos los documentos necesarios para dar cumplimiento a lo normado en la ley 18.156 y por lo tanto, poder obtener los fondos retenidos por la AFP recurrida, los cuales hasta el día de hoy retiene de manera arbitraria e ilegal, aun cuando la recurrente ya no trabaja en nuestro país y mucho menos reside en él.

Precisa que el argumento de la AFP para el rechazo de la solicitud dice relación con que la recurrente debía manifestar su voluntad de mantenerse afiliada fuera de Chile, condición cumplida a cabalidad en la especie, tanto en el contrato como en los diferentes documentos que ratifican la voluntad de la recurrente de seguir con las previsiones generadas en Venezuela, situación que la recurrida no revisó.

Añade que la argumentación de la AFP es arbitraria, por cuanto carece de razonabilidad, ya que existió un vínculo de subordinación y dependencia, entre la recurrente y el Servicio de Salud del Maule, en virtud del cual trabajaba 28 horas semanales, en un lugar determinado, siguiendo las directrices y procedimientos del Servicio y además la recurrente manifestó expresamente su voluntad de no afiliarse en Chile, según dan cuenta los documentos presentados ante la recurrida.

Agrega que el argumento de rechazo de la solicitud por haber pertenecido la recurrente a un servicio público, es una materia que ya ha sido resuelta, zanjada y dilucidada por la Excelentísima Corte Suprema, quien ha señalado que la existencia de la relación laboral es tal, sea ésta regida por el Estatuto Administrativo o por el Código del Trabajo, como se establece en la jurisprudencia que cita.

En cuanto a las garantías constitucionales que denuncia conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, por cuanto la recurrida incurre en un acto de discriminación entre los trabajadores regidos por el Estatuto Administrativo y aquellos cuya relación contractual se regula por el Código del Trabajo, añadiendo que el hecho que la figura contractual de la recurrente se haya perfeccionado a través de un Decreto, no significa que no tuviere contrato de trabajo, ni tampoco que no tenía derechos previsionales o de salud. Por otra parte, argumenta que la decisión de la AFP recurrida vulnera el derecho de propiedad, atendido que los fondos que la recurrida se ha negado a restituir, son de su dominio.

Solicita que se acoja el recurso, ordenando a la recurrida hacer devolución de la totalidad de fondos previsionales de la recurrente, dentro de un plazo de cinco días hábiles u otro distinto que esta Corte determine y que dicho pago se realice mediante transferencia electrónica en la cuenta corriente chilena de la recurrente, con costas.

SEGUNDO: Que evacúa informe la recurrida AFP Habitat S.A., solicitando el rechazo de la acción constitucional deducida, con costas.

En primer lugar, reclama la extemporaneidad de la acción, considerando que la recurrente tomó conocimiento del rechazo de su solicitud el 29 de junio de 2023, por lo que, a su juicio, ha transcurrido el plazo previsto en el Auto Acordado que regula la materia.

En segundo lugar, estima que el recurso de protección es improcedente, por carecer la recurrente de un derecho indubitado, teniendo presente que las AFP no pueden acceder a un acto que la ley les impide realizar.

En cuanto al fondo, sostiene que el 17 de mayo de 2023, doña nombre reservado presentó una Solicitud de Devolución de Fondos Previsionales de la Ley N° 18.156, la que fue rechazada por cuanto la documentación acompañada no cumplía con los requisitos legales para su aprobación. En esa oportunidad, ya se le había indicado a la recurrente que debía acompañar los contratos de trabajo con sus empleadores. Posteriormente, con fecha 16 de junio de 2023 la recurrente presentó una nueva solicitud, reiterando la documentación acompañada previamente, sin acompañar los contratos de trabajo con su empleador Hospital Regional de Talca. Sostiene que con fecha 22 de junio de 2023, la Fiscalía de la Administradora emitió un nuevo informe rechazando la solicitud, fundado en lo dispuesto en la ley N° 18.156, normativa previsional y dictámenes del organismo fiscalizador, básicamente porque la recurrente no acreditó algunos de los requisitos para solicitar la devolución de sus fondos previsionales, esto es, no aportó el contrato de trabajo con el empleador Hospital Regional de Talca, aclarando que sólo adjuntó unos certificados emitidos por el empleador que dan cuenta de la existencia de la relación laboral, pero no acompañó los contratos como lo establece la ley y la normativa de la Superintendencia de Pensiones.

En virtud de lo anterior, recalca que no es efectivo que la recurrente haya presentado toda la documentación requerida en la Ley 18.156 para acceder a la devolución de sus fondos previsionales como se indica en el recurso, pues nunca se ha acompañado el contrato de trabajo.

Añade que la Ley 18.156 constituye una norma especial y de excepción, que debe interpretarse restrictivamente, por lo tanto, se debe aplicar estrictamente a los casos descritos en los supuestos de hecho establecidos en la Ley. Por lo tanto, manifiesta que la recurrente no ha sido víctima de acto ni omisión alguno que sea arbitrario o ilegal que le impida, amague o moleste el ejercicio de garantías constitucionales y muy en particular, respecto a su derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales. Por el contrario, sostiene que se ha dado cabal cumplimiento a la normativa para la determinación de los requisitos establecidos en la Ley 18.156 sobre devolución de fondos de técnicos extranjeros, en el D.L. 3.500, de 1980, así como en la normativa previsional aplicable, especialmente la jurisprudencia emanada de la Superintendencia de Pensiones.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

CUARTO: Que constituyen entonces presupuestos de esta acción cautelar:

a) Que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) Que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) Que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Además, debe señalarse que el recurso de cautela de derechos constitucionales, constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos, ya que para ello está la vía del juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso.

QUINTO: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario por parte de la recurrente es que la AFP Habitat se ha negado a la devolución de los fondos allí cotizados, no obstante reunir todos los requisitos legales de la Ley N°18.156; y a su vez, ésta se niega a tal devolución, porque la recurrente no habría acompañado la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos legales para ello, particularmente, el contrato de trabajo que la vinculó con el Hospital Regional de Talca.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida, corresponde que sea rechazada, teniendo presente que, de acuerdo a sus propios dichos, la recurrente tomó conocimiento del acto impugnado el 29 de junio del año en curso, y consta que el recurso de protección fue entablado el 18 de julio de 2023, dentro del plazo de treinta días previsto en el Auto Acordado que regula la materia.

SÉPTIMO: Que, despejado lo anterior, siendo la materia relativa a la procedencia de la aplicación de la Ley N°18.156, corresponde traer a colación las normas atinentes a la materia, estas son:

ARTICULO 1° Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.

ARTÍCULO 7°.- En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.

OCTAVO: Que de lo que se advierte de los antecedentes y de lo que se ha expuesto en el arbitrio, en análisis, es que la recurrente carece de un derecho indubitado, requisito indispensable para la procedencia del recurso y pueda ser protegido por la presente vía; pues lo que se detecta, en forma clara y expresa, la existencia de un conflicto jurídico, lo que excede el ámbito de esta acción cautelar.

NOVENO: Que, en efecto, lo que ha sido materia de la controversia es el cumplimiento y/o incumplimiento de parte de la recurrente de los requisitos legales para ser beneficiaria de la devolución de los fondos cotizados en la AFP recurrida entre ellos, acompañar el respectivo contrato de trabajo o las respectivas resoluciones de contratación de la trabajadora; circunstancia esencial y necesaria- conforme a la ley- de modo que, no puede, esta Corte, tener por acreditada la existencia de un acto ilegal, pues lo que se está exigiendo previamente, está conforme a la ley y tampoco es arbitrario, porque justamente, su fundamento, está en lo preceptuado en la Ley 18.156.

DÉCIMO: Que por lo que se viene razonando el arbitrio en análisis deberá desestimarse, resultando innecesario analizar si se quebrantaron las garantías denunciadas como así mismo las demás alegaciones realizadas por la recurrida.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-13160-2023.

Pronunciada por la Quinta Sala, integrada por la Ministra señora Mireya Eugenia López Miranda, el Ministro (S) señor Manuel Esteban Rodríguez Vega y la Abogada Integrante señora María Fernanda Vásquez Palma.