nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, diez de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado don Jorge Manuel Lena Salgado, en favor de don nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por la actuación ilegal y arbitraria consistente en haber practicado descuentos sucesivos y unilaterales en sus remuneraciones mensuales bajo la glosa “Descuento Crédito Personal CCAF Los Andes”, correspondientes a los meses de marzo y abril del año en curso, por la suma de $356.398 cada uno, totalizando $712.796.-, lo que vulneraría las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que, el año 2019, solicitó a la recurrida un crédito de consumo, pactado en 60 cuotas mensuales, las que no fueron pagadas en su totalidad, constituyéndose en mora a partir de la cuota con vencimiento el 31 de mayo de 2019.

Indica que sólo tomó conocimiento de los descuentos antes referidos al revisar sus liquidaciones de sueldo de marzo y abril del año en curso, advirtiendo que la recurrida, paralelamente, había iniciado el cobro judicial de la misma deuda en la causa Rol C-2477-2019 del 2° Juzgado de Letras de San Antonio, interpuesta con fecha 29 de noviembre de 2019, acción que fue declarada prescrita por sentencia firme y ejecutoriada de 27 de julio de 2021, según certificado de fecha 03 de septiembre del mismo año.

Funda la ilegalidad del acto en que la recurrida, pese a existir sentencia firme que declaró prescrita la acción de cobro de la deuda, ha forzado unilateralmente el mecanismo de descuento por planilla que la ley prevé para un cobro oportuno. Sostiene que dicho actuar es antojadizo y caprichoso, citando en su jurisprudencia conforme a la cual la facultad del artículo 22 de la Ley N°18.833 no puede revivirse ni forzarse unilateralmente respecto de deudas frente a las cuales el acreedor ha mostrado un prolongado desinterés en su cobro.

Argumenta que dicho proceder vulnera la igualdad ante la ley, al colocar al recurrente en una situación desventajosa frente a los demás deudores civiles, como el derecho de propiedad del artículo 19 N°24, por cuanto se le priva de la libre disposición de la retribución económica obtenida con motivo de su trabajo.

En mérito de lo expuesto, solicita acoger el recurso y ordenar a la recurrida el reintegro de las sumas descontadas, con los reajustes e intereses correspondientes, y que se le prohíba practicar nuevos descuentos en las remuneraciones del recurrente, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que comparece la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada por la abogada doña Inés Riquelme Arao, evacuando el informe de rigor y solicitando el rechazo de la acción de protección interpuesta, con costas.

Expone que otorgó al recurrente dos operaciones de crédito: la primera, código N°042CON101424326, de fecha 04 de febrero de 2019, por un capital de $6.093.730, a una tasa de interés mensual de 1,75%, pagadero en 60 cuotas de $172.669, con primer vencimiento el 30 de abril de 2019, encontrándose impagas las cuotas N°2 a la N°60, correspondientes a los meses de mayo de 2019 a marzo de 2024; y la segunda, un crédito de emergencia código N°042EME101496293, de fecha 29 de marzo de 2019, por un capital de $90.239, a una tasa de interés de 1,5%, pagadero en 3 cuotas de $30.987, encontrándose en mora las cuotas de mayo y junio de 2019.

Sostiene la legalidad de los descuentos efectuados en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, norma que ordena deducir de la remuneración lo adeudado por concepto de crédito social, asimilando su pago y cobro al de las cotizaciones previsionales.

Argumenta que no ha incurrido en actuación ilegal ni arbitraria alguna, por cuanto se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción no ha sido declarada prescrita, no siendo la acción de protección la vía idónea para dicha declaración. Respecto a la alegada prescripción, afirma que ésta debe ser alegada y declarada judicialmente conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, sin operar de pleno derecho, mientras no exista un pronunciamiento judicial que así lo declare.

Por último, informa que, sin reconocer extinción de la deuda, ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos y la restitución de las sumas percibidas desde la reanudación de los cobros, invocando la falta de oportunidad del presente recurso, toda vez que ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y a la restitución de lo percibido.

Tercero: Que, en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte a folio 23 de estos autos, comparece la recurrida y refiere que, en cumplimiento de la orden de no innovar decretada, mantiene suspendidos los descuentos y fueron devueltas las siguientes sumas de dinero al recurrente: $108.454 y $604.343 pagados el 23 de junio de 2026; y $302.171 pagados el 28 de junio del año en curso.

Cuarto: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

Quinto: Que, el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en los descuentos en su remuneración por parte de la Caja de Compensación recurrida, efectuados en los meses de marzo y abril de 2026 por una deuda de crédito social, que totalizan la suma de $712.796.

Sexto: Que, de los documentos acompañados, se desprende la existencia de una demanda ejecutiva interpuesta contra el actor, ante el Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, causa Rol C-2477-2019, de cobro del pagaré N°042CON101424326, en la cual con fecha 27 de julio de 2021, se dictó sentencia definitiva que acogió la excepción de prescripción de la acción ejecutiva, decisión que se encuentra firme y ejecutoriada, conforme al certificado pertinente de 3 de septiembre de 2021.

Séptimo: Que, de lo consignado precedentemente y del examen de los antecedentes, es posible afirmar que la recurrida ha utilizado el mecanismo de cobro previsto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 de manera ilegal y arbitraria.

Octavo: Que, en efecto, si bien las Cajas de Compensación cuentan con la facultad legal de solicitar el descuento, con cargo a las remuneraciones de los trabajadores afiliados, de los créditos sociales otorgados, tal beneficio sólo se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado por cuotas de esta clase de créditos, situación que no se da en la especie desde que con la demanda ejecutiva presentada en la causa Rol C-2477-2019, del Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, la recurrida aceleró la totalidad del crédito, el que desde ese momento dejó de estar representado en cuotas.

De este modo, al tiempo de efectuarse por la recurrida los descuentos censurados, ya no existían cuotas del crédito social otorgado que pudieran cobrarse a través del mecanismo en comento, lo que torna ilegal dicho proceder, más aún si de la simple revisión del expediente electrónico de ese juicio, consta que se acogió la excepción de prescripción de la acción ejecutiva, mediante sentencia firme y ejecutoriada, lo que da cuenta del uso abusivo de esta modalidad de pago de préstamos sociales.

Noveno: Que, en consecuencia, es dable concluir que la recurrida no sólo actuó de manera ilegal, sino también injustificada, en cuanto utilizó un mecanismo especial de cobro que no es aplicable en la especie, desconociendo además sus actuaciones propias y los efectos que aquellas tuvieron en relación con la exigibilidad del crédito. De acuerdo con lo razonado, la recurrida no puede pretender revivir el pago en parcialidades para el solo efecto de justificar la utilización del sistema de cobro de descuento por planilla, en razón de que ya optó en su oportunidad por la ejecución de la totalidad del crédito, lo que, en todo caso, no obsta a que pueda perseguir el pago del mismo por las vías legales ordinarias que procedan.

Décimo: Que, de todo lo dicho, no cabe duda de que el actuar ilegal y arbitrario de la Caja de Compensación vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, en cuanto los descuentos indebidos afectaron la propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, razones todas por las que la presente acción constitucional necesariamente ha de ser acogida.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, con costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes y, en consecuencia, se ordena a la recurrida abstenerse de solicitar o efectuar, por sí o a través de terceros, cualquier tipo de retención o descuento en las remuneraciones del recurrente por concepto del crédito social código N°042CON101424326, debiendo efectuar la restitución al recurrente de todas las sumas indebidamente descontadas desde marzo de 2026, en un plazo de diez días hábiles contados desde la notificación de esta sentencia, debiendo acreditar su cumplimiento ante esta Corte.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-13158-2026.