nombre reservado con SUBSECRETERIA DELMINISTERIO INTERIOR- SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

C.A. de Santiago Santiago, dos de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 02 de junio de 2025, comparece el abogado Claudio Quiroga Hinojosa, en representación de doña nombre reservado, ciudadana cubana, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la prolongada falta de respuesta a la solicitud de Carta de Nacionalidad bajo el código número 23523767, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que la recurrente solicitó formalmente la nacionalización chilena el día 09 de diciembre de 2021, cumpliendo con la entrevista ante la Policía de Investigaciones el 02 de mayo de 2022 y efectuando el pago de los derechos correspondientes. Expone que han transcurrido más de tres años sin que la autoridad emita resolución, lo que contraviene los principios de celeridad y certidumbre jurídica. Precisa que la recurrente posee un fuerte arraigo en el país, manteniendo un contrato de trabajo indefinido en la empresa H&CO Global Advisors CH SpA desde el 02 de noviembre de 2020, siendo propietaria de un inmueble en la comuna de La Florida y madre de un niño chileno nacido el 14 de abril de 2017. Añade que, pese a interponer un recurso administrativo invocando el artículo 139 de la Ley 21.325, no ha recibido respuesta, manteniéndose una situación de indefensión.

Previas citas legales, pide se acoja el recurso y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones emitir una resolución fundada en un plazo máximo de 30 días hábiles, o bien declare en subsidio la aplicabilidad del silencio administrativo positivo otorgando la Carta de Nacionalidad solicitada.

Segundo: Que, con fecha 23 de julio de 2025, comparecen los abogados Antonio Emilio Beltrán Henríquez y María Paz Fuenzalida García, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quienes evacúan el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que la recurrente ingresó al país el 24 de junio de 2014 y cuenta con permanencia definitiva vigente desde el 10 de marzo de 2016. Confirma que la solicitud de nacionalización ID 23523676 fue ingresada el 09 de diciembre de 2021 y que, tras las etapas de análisis, el Servicio remitió el 24 de mayo de 2023 el Oficio Ordinario N° 47828 al Subsecretario del Interior, acompañando el expediente con calificación favorable y el proyecto de decreto respectivo. Menciona que el trámite se encuentra actualmente en la etapa de "Ratificación de Autoridad" desde el 18 de mayo de 2023.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que la concesión de la nacionalidad es, por naturaleza, una "gracia" o facultad soberana del Estado de carácter potencial y no una obligación imperativa. Sostiene la carencia de legitimación pasiva del Servicio, toda vez que ya cumplió con su labor de análisis y remisión de antecedentes, encontrándose el impulso procesal actual en la esfera de atribuciones del Ministerio del Interior, por lo que la demora no constituye una privación o amenaza efectiva a sus garantías constitucionales, sino una mera expectativa. Invoca la jurisprudencia que establece que los plazos del artículo 27 de la Ley 19.880 no son fatales para la Administración.

Solicita, en definitiva, el rechazo de la acción de protección en todas sus partes, sin condena en costas.

Tercero: Que, con fecha 09 de diciembre de 2025, comparece la abogada Fernanda Saavedra Guajardo, en representación del Ministerio del Interior, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo de la acción de protección con expresa condena en costas.

Expone como antecedentes que los antecedentes de la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la parte recurrente ya han sido recibidos por dicho organismo de parte del Servicio Nacional de Migraciones. Informa que actualmente el acto administrativo que resuelve la solicitud se encuentra en etapa de tramitación, previo a la firma de la autoridad superior, y que una vez concluida será debidamente notificado.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que las solicitudes de nacionalización son sometidas a un análisis exhaustivo dada la importancia jurídica y práctica que implica dicha concesión. Menciona que el retraso responde a la verificación de un procedimiento reglado cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada, registrándose más de 40.000 solicitudes en el año 2023.

Asimismo, afirma que el plazo de seis meses establecido en la Ley 19.880 no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto.

Solicita, en definitiva, el rechazo total de la acción con expresa condena en costas para la parte recurrente.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la Corte Suprema con fecha 20 de marzo del año 2023 en los autos rol N° 115.064-2022, previa vista de la causa, forma de conocimiento que se adoptó por dicha Corte “dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares” -respecto de acciones constitucionales en que se esgrimía una demora excesiva del Servicio de Migraciones en la conclusión de trámites relacionados con la situación migratoria-, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluye que “la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas”, y que dicha tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales;

Sexto: Que, en consecuencia, tratándose en este caso de una situación análoga a la examinada en el aludido fallo por la Excma. Corte Suprema, pues lo impugnado aquí ha sido la demora excesiva en la conclusión del trámite de nacionalización, la que no puede olvidarse se otorga por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministro del Interior y constituye una gracia que se otorga a los extranjeros que cumplan los requisitos legales, debe necesariamente concluirse que en la presentación efectuada en estos autos, no se han mencionado hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la cual deberá necesariamente desestimarse la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior, sin costas.

N°Protección-13139-2025.