Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veintiséis.

Al escrito folio 13: Como se pide, reitérese a la unidad que corresponda.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, de nacionalidad colombiana, interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la actuación que califica de ilegal y arbitraria consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000, de 25 de marzo de 2026, mediante la cual se rechazó su solicitud de residencia definitiva y se le otorgó un permiso de residencia temporal de la subcategoría de Estudios por el término de dos años.

Expone que fue titular de un permiso de residencia temporal otorgado mediante Resolución Exenta N°NUM001, de 3 de febrero de 2023, vigente hasta el 15 de febrero de 2025, y que el 3 de diciembre de 2024 presentó una solicitud de residencia definitiva ante el Servicio Nacional de Migraciones, bajo el ID N°NUM002. Señala que, a esa fecha, se encontraba cursando estudios en Chile y que su sustento económico era proporcionado por su tío, por lo que acompañó una declaración jurada de expensas suscrita por este y los antecedentes destinados a acreditar sus ingresos, de conformidad con el artículo 1 N°6 de la Resolución Exenta N°31.510, de 24 de agosto de 2024, del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones.

Refiere que, mediante correo electrónico de 21 de octubre de 2025, fue notificada de una comunicación previa al rechazo, fundada en que no habría acreditado sustento económico propio ni la actividad que desarrollaba en el país, conforme a los artículos 88 N°4 y 79 inciso segundo N°1 de la Ley N°21.325. Agrega que, pese a haber subsanado lo observado, la autoridad rechazó su solicitud mediante la resolución impugnada.

Sostiene que la decisión recurrida es ilegal y arbitraria, por cuanto la normativa migratoria permite que el sustento económico sea proporcionado por un tercero y no exige que entre este y el solicitante exista un vínculo matrimonial, de unión civil o de otra naturaleza determinada. Afirma que cumplió íntegramente las exigencias previstas en la Resolución Exenta N°31.510, al acompañar la declaración jurada de expensas de su tío y la documentación relativa a sus ingresos, pese a lo cual la autoridad le requirió acreditar un vínculo mediante un certificado de matrimonio debidamente apostillado o legalizado.

Alega que el Servicio Nacional de Migraciones desconoció los criterios establecidos en su propia Resolución Exenta N°31.510 y que el acto impugnado carece de la debida fundamentación fáctica, pues no pondera los antecedentes aportados ni explica las razones por las cuales el sustento económico proporcionado por su tío resultaría insuficiente. Estima que ello infringe los artículos 8, 11, 31 y 41 de la Ley N°19.880, además de los principios de coherencia, confianza legítima y proporcionalidad.

En cuanto a las garantías constitucionales, sostiene que el acto recurrido vulnera la igualdad ante la ley y el debido proceso, consagrados en el artículo 19 N°2 y N°3 de la Constitución Política de la República, al imponerle requisitos no establecidos en la normativa, dispensarle un trato distinto al otorgado a otros solicitantes que se encontrarían en una situación equivalente y rechazar su solicitud sin valorar adecuadamente los antecedentes acompañados. Invoca, además, normas de la Ley N°21.325, su reglamento, instrumentos internacionales y jurisprudencia nacional e interamericana relativa a las garantías aplicables a los procedimientos migratorios.

En definitiva, solicita que se acoja el recurso; se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000, de 25 de marzo de 2026, en cuanto rechazó su solicitud de residencia definitiva; y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones emitir un nuevo pronunciamiento que pondere debidamente la suficiencia de los medios económicos acreditados y el sustento proporcionado por su tío en calidad de tercero sostenedor. En subsidio, pide que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Segundo: Que el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, sosteniendo que no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Expone que nombre reservado ingresó a Chile el 9 de agosto de 2017 por paso fronterizo habilitado y que, mediante Resolución Exenta N°NUM003, de 29 de mayo de 2018, se le otorgó un permiso de residencia temporal por ocho meses, vigente hasta el 19 de febrero de 2019. Posteriormente, por Resolución Exenta N°NUM004, de 8 de abril de 2019, obtuvo un nuevo permiso por un año, vigente hasta el 17 de junio de 2020, el que fue prorrogado en tres oportunidades, la última de ellas mediante Resolución Exenta N°NUM001, de 3 de febrero de 2023, por dos años, vigente hasta el 15 de febrero de 2025.

Señala que el 3 de diciembre de 2024 la recurrente solicitó el beneficio de residencia definitiva, bajo el ID N°NUM002. Al revisar la solicitud, se advirtió que había declarado no contar con vínculos en el territorio nacional, pero indicó que era sostenida económicamente por nombre reservado, sin acreditar el vínculo existente entre ambos. Por ello, mediante comunicación electrónica folio N°NUM005, de 4 de febrero de 2025, se le informó que su solicitud estaba incompleta y se le concedió un plazo de sesenta días para acompañar una declaración jurada de expensas y los documentos que acreditaran el sustento económico del sostenedor.

Refiere que la recurrente acompañó una declaración jurada de expensas, un certificado de antigüedad laboral, el Formulario 22 correspondiente al año 2024 y certificados de afiliación a AFP y salud. Posteriormente, mediante comunicación electrónica folio N°NUM006, de 4 de septiembre de 2025, se le informó que su solicitud se encontraba comprendida en una causal de rechazo y se le otorgó un plazo de diez días para presentar descargos y acreditar la actividad desarrollada o sus recursos económicos, de conformidad con el artículo 88 N°4 de la Ley N°21.325. En respuesta, acompañó una declaración jurada de expensas, un certificado de estudios emitido por la Universidad de Chile, la carpeta tributaria de Servicios Profesionales Akhand SpA, el Formulario 29 y la escritura de constitución de dicha sociedad.

Añade que, mediante comunicación electrónica folio N°NUM007, de 21 de octubre de 2025, se le informó que no había acreditado el vínculo con su sostenedor y se le solicitó remitir por correo certificado una copia íntegra del certificado de matrimonio, debidamente apostillada o legalizada, además de su legalización ante notario público chileno mediante firma electrónica avanzada. Dentro del plazo de diez días concedido, la recurrente acompañó una carta explicativa en la que señaló que el sostenedor era su tío, pareja de su tía, sin acreditar dicho vínculo, además de una carpeta tributaria, el Formulario 29, la constitución y modificación de Servicios Profesionales Akhand SpA y un certificado de estudios.

Explica que, mediante Resolución Exenta N°NUM000, de 25 de marzo de 2026, se rechazó la solicitud de residencia definitiva por estimarse que la recurrente no cumplía los requisitos previstos en el artículo 88 N°4, en relación con el artículo 79 inciso segundo N°1 de la Ley N°21.325. No obstante, conforme al artículo 91 inciso quinto del mismo cuerpo legal, se le otorgó, en sustitución de la orden de abandono, un permiso de residencia temporal de la subcategoría de Estudios por dos años. Agrega que la recurrente activó el estampado electrónico N°NUM008 el 25 de marzo de 2026, por lo que mantiene un permiso de residencia vigente hasta el 25 de marzo de 2028. Asimismo, precisa que no se ha dictado una medida de expulsión en su contra y que no ejerció los recursos previstos en la Ley N°19.880, cuya procedencia le fue informada conforme al artículo 139 de la Ley N°21.325.

En cuanto al derecho, sostiene que el Servicio Nacional de Migraciones es el órgano competente para otorgar, prorrogar, rechazar y revocar los permisos de residencia, de conformidad con los artículos 37 y 157 N°5 de la Ley N°21.325 y el artículo 42 del Decreto Supremo N°296, por lo que la resolución impugnada fue dictada dentro del ámbito de sus atribuciones.

Afirma que la solicitud de residencia definitiva adolecía de un defecto fundamental, consistente en no haberse acreditado sustento económico en el territorio nacional durante el período mínimo exigido, pues la recurrente únicamente presentó documentos relativos a su sostenedor correspondientes al año 2024. Indica que dicha circunstancia configura la causal de rechazo prevista en el artículo 88 N°4 de la Ley N°21.325 y reproducida en el artículo 87 N°4 de su Reglamento, en relación con el concepto de insuficiencia de medios de vida contenido en el artículo 79 inciso segundo N°1 de la referida ley.

Añade que el rechazo de la residencia definitiva no afectó los derechos adquiridos de la recurrente, pues, en aplicación del artículo séptimo transitorio y del artículo 91 inciso quinto de la Ley N°21.325, se le concedió un permiso de residencia temporal conforme al artículo 68 del mismo cuerpo legal, el cual se encuentra vigente y fue debidamente activado.

Concluye que todas las actuaciones fueron realizadas con sujeción a la Ley N°21.325, al Decreto Supremo N°296 y, supletoriamente, a la Ley N°19.880, sin que exista acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, razón por la cual solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable, excluyéndose así la existencia de una actuación arbitraria e ilegal de la autoridad recurrida.

Quinto: Que el acto recurrido consiste en la Resolución Exenta N°NUM000, de 25 de marzo de 2026, que rechazó la solicitud de residencia definitiva presentada por la recurrente con fecha 3 de diciembre de 2024 y le otorgó, de manera sustitutiva a la orden de abandono, un permiso de residencia temporal de la subcategoría de Estudios por el período de dos años. Dicha decisión se funda en que, conforme a los antecedentes analizados por la autoridad, la solicitante no cumpliría con los requisitos para obtener la residencia definitiva, al configurarse la causal prevista en el artículo 88 N°4, en relación con el artículo 79 inciso segundo N°1 de la Ley N°21.325, por no haber acreditado el ejercicio de una profesión u oficio ni medios de sustento que le permitan vivir en Chile.

Sexto: Que el artículo 88 N°4 de la Ley N°21.325 sobre Migración y Extranjería dispone que deberán rechazarse, mediante resolución fundada, las solicitudes de residencia de quienes no puedan ejercer una profesión u oficio y carezcan de medios de sustento que les permitan vivir en Chile, conforme a lo establecido en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 79 del mismo cuerpo legal. Esta última disposición entiende por insuficiencia de medios de vida que permitan la subsistencia del solicitante y de su grupo familiar la situación de aquellos hogares cuyos ingresos sean inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Por su parte, el artículo 87 N°4 del Decreto Supremo N°296, que aprueba el Reglamento de la Ley N°21.325, reproduce la referida causal de rechazo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65 N°1 del mismo Reglamento.

Séptimo: Que de los antecedentes aparece que la Resolución Exenta N°NUM000, de 25 de marzo de 2026, fue dictada por el órgano competente, dentro del ámbito de las facultades que los artículos 37 y 157 N°5 de la Ley N°21.325 y 42 del Decreto Supremo N°296 confieren al Servicio Nacional de Migraciones para resolver el otorgamiento o rechazo de los permisos de residencia. La decisión, como se dijo, se funda en que la recurrente no acreditó disponer de medios de sustento suficientes para vivir en Chile.

Luego, si bien el numeral 6 de la Resolución Exenta N°31.510, de 27 de agosto de 2024, permite que el sustento económico del solicitante sea proporcionado por un tercero, exige para ello una declaración jurada de expensas suscrita por el sostenedor ante notario, autorizada mediante firma electrónica avanzada, y la acreditación de los ingresos económicos de éste a través de los documentos previstos en los numerales anteriores, según la situación en que se encuentre. En particular, tratándose de comerciantes o empresarios, el numeral 5 del mismo acto administrativo contempla la carpeta tributaria del contribuyente, la escritura de constitución de la sociedad y sus modificaciones, el certificado de vigencia, la última declaración de impuestos a la renta de la sociedad y de la persona natural, y las declaraciones de pago de IVA.

Octavo: Que, en la especie, la documentación acompañada por la recurrente se refiere principalmente a la constitución, vigencia, actividad y situación tributaria de Servicios Profesionales Akhand SpA, persona jurídica distinta de nombre reservado, sin que tales antecedentes permitan establecer los ingresos personales que este percibe ni la efectiva provisión de recursos destinados a la subsistencia de la solicitante. En efecto, la carpeta tributaria, los formularios 29 y las declaraciones anuales de renta de la sociedad acreditan la actividad económica de aquella, pero no necesariamente la disponibilidad patrimonial del sostenedor ni el cumplimiento de la obligación asumida en favor de la recurrente. A ello se añade que, durante el procedimiento, la interesada fue requerida para complementar sus antecedentes, informada de la eventual configuración de la causal de rechazo y emplazada para formular descargos, oportunidades en las que aportó la documentación que estimó pertinente, la que resultó insuficiente.

Noveno: Que, en tales condiciones, la autoridad no desconoció la posibilidad de que la recurrente fuera mantenida económicamente por un tercero, sino que estimó insuficientes los antecedentes aportados para acreditar, en los términos exigidos por el artículo 1° N°6, en relación con el N°5, de la Resolución Exenta N°31.510, que dicho tercero contaba con ingresos personales suficientes y que estos eran efectivamente destinados a su manutención. Por consiguiente, la decisión de aplicar la causal contemplada en el artículo 88 N°4 de la Ley N°21.325 no aparece desprovista de fundamento ni constituye el resultado del mero capricho de la autoridad, por lo que no se advierte un actuar ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas, motivo por el cual la presente acción de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema que regula la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°13.130-2026-Protección.