nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

Santiago, veinticinco de septiembre dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, de nacionalidad italiana, interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la actuación que califica de ilegal y arbitraria consistente en la Notificación Código de Trámite N°98451664, de 27 de abril de 2026, mediante la cual no se acogió a trámite su solicitud de residencia definitiva, por estimar la autoridad que no cumplía con lo dispuesto en el artículo 65 N°3 del Reglamento de la Ley N°21.325, relativo a los períodos de ausencia del territorio nacional, actuación que estima vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Expone que es titular de residencia temporal y que, antes del vencimiento de dicho permiso y encontrándose dentro del plazo legal, solicitó la residencia definitiva con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile. Cuestiona el fundamento de la decisión recurrida, señalando que, si bien sus ausencias del país superan los dos meses contemplados en el artículo 65 N°3 del Reglamento, éstas obedecieron principalmente a razones laborales, pues se desempeña como Ingeniera Civil y Jefa de Proyectos en WSP Chile SpA, bajo contrato indefinido, labor que requiere su participación en instancias técnicas, coordinaciones regionales y visitas a proyectos en distintos países de Latinoamérica. En particular, menciona viajes a Brasil, entre el 14 y 18 de octubre de 2024 y entre el 16 y 18 de marzo de 2026, y a México, entre el 15 y 20 de diciembre de 2025 y entre el 23 y 28 de marzo de 2026.

Sostiene que mantiene estabilidad laboral continua en Chile desde agosto de 2024 y que su arraigo laboral se acredita mediante su contrato de trabajo indefinido y una carta emitida por el gerente general de su empleador.

Agrega que otra de sus salidas del territorio nacional correspondió a un viaje a Venezuela motivado por una emergencia médica de su madre, circunstancia que afirma acreditar mediante antecedentes médicos emitidos en Venezuela y Chile.

Señala que, ante la imposibilidad de que su madre recibiera tratamiento adecuado en dicho país, procedió a trasladarla a Chile para someterla a una intervención quirúrgica y continuar aquí su recuperación. Sobre esta base, sostiene que el Servicio no ponderó las circunstancias particulares que explicaban sus ausencias del territorio nacional ni efectuó una valoración exhaustiva de su situación laboral y familiar, pese a que, a su juicio, cumplía con los requisitos legales para acceder a la residencia definitiva.

Sostiene que la decisión importa un trato desigual respecto de otros solicitantes que, encontrándose en circunstancias semejantes y siendo titulares de permisos de residencia vigentes al momento de postular, habrían podido continuar con la tramitación de sus solicitudes. En definitiva, solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la Notificación Código de Trámite N°98451664, de 27 de abril de 2026, y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones dar curso a su solicitud de residencia definitiva, con expresa condena en costas.

Segundo: Que informa el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional, por estimar que su actuación se ajustó a la normativa migratoria vigente y que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere las garantías fundamentales de la recurrente.

Expone que nombre reservado solicitó, con fecha 29 de febrero de 2024, residencia temporal desde fuera de Chile, bajo la subcategoría de “actividades lícitas remuneradas”, solicitud ID N°69579227, la que fue acogida mediante Resolución Exenta N°24286457, de 10 de junio de 2024, otorgándosele residencia temporal por dos años, vigente desde el 25 de junio de 2024 hasta el 25 de junio de 2026. Posteriormente, el 11 de abril de 2026, encontrándose vigente dicho permiso, solicitó residencia definitiva, bajo el ID N°75725669.

Señala que mediante Comunicación Electrónica N°98451664, de 27 de abril de 2026, se informó a la recurrente que su solicitud no podía ser admitida a trámite por no cumplir con el artículo 65 N°3 del Decreto Supremo N°296, disponiéndose la remisión de sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales.

Agrega que, efectuado un nuevo análisis de sus antecedentes, mediante Comunicación Electrónica Folio N°99329969, de 11 de mayo de 2026, se precisó el fundamento de la decisión, señalándose que la recurrente registraba 74 días de ausencia del territorio nacional durante el período de su residencia temporal y que, por aplicación del artículo 65 N°3 del Reglamento, dicha circunstancia determinaba que para postular a residencia definitiva debiera acreditar treinta meses de residencia temporal, en lugar de los veinticuatro meses ordinariamente exigidos.

Explica que los 74 días de ausencia fueron determinados considerando el período comprendido entre el 25 de junio de 2024 y el 25 de junio de 2026 y corroborados mediante los movimientos migratorios registrados tanto con la cédula de identidad para extranjeros como con el pasaporte de la recurrente. Sobre esa base, sostiene que resulta aplicable el artículo 65 N°3 del Decreto Supremo N°296, conforme al cual quienes registren más de dos y hasta seis meses de ausencia, continuos o discontinuos, deben acreditar, a lo menos, treinta meses de residencia para postular a residencia definitiva. En consecuencia, afirma que la inadmisibilidad no obedeció a una decisión antojadiza, sino al incumplimiento del período de residencia exigido por la normativa, desde que la recurrente contaba con veinticuatro meses de residencia temporal y, atendidos sus 74 días de ausencia, requería treinta meses.

Añade que, junto con no admitir a trámite la residencia definitiva, se dispuso de oficio la remisión de sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales, generándose la solicitud ID N°75830762, que se encuentra actualmente pendiente. Precisa que, mientras dicha solicitud se encuentre en tramitación, la recurrente puede obtener el correspondiente certificado de residencia temporal en trámite, manteniendo una situación migratoria regular en el país, y que su cédula de identidad conserva su vigencia por el solo ministerio de la ley mientras permanezca pendiente el procedimiento. Por estas razones, sostiene que no existe privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas y solicita el rechazo del recurso, sin costas.

Tercero: Que, por resolución de 18 de agosto de 2026, se dispuso oficiar a la Policía de Investigaciones de Chile, a fin de que informara los movimientos migratorios de la recurrente durante el período comprendido entre el 25 de junio de 2024 y el 25 de junio de 2026. En respuesta, dicha institución certificó que nombre reservado registró, dentro de ese lapso, doce salidas del territorio nacional, correspondientes a los períodos comprendidos entre el 16 y el 20 de agosto, el 17 y el 22 de septiembre y el 14 y el 18 de octubre de 2024; el 8 y el 19 de enero, el 6 y el 13 de abril, el 20 y el 26 de mayo, el 5 y el 26 de julio y el 15 y el 20 de diciembre de 2025; y el 15 y el 17 de enero, el 23 de febrero y el 2 de marzo, el 16 y el 18 de marzo y el 23 y el 28 de marzo de 2026.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable, excluyéndose así la existencia de una actuación arbitraria e ilegal de la autoridad recurrida.

Sexto: Que el acto recurrido consiste en la Comunicación Electrónica N°98451664, de 27 de abril de 2026, mediante la cual el Servicio Nacional de Migraciones no acogió a trámite la solicitud de residencia definitiva presentada por nombre reservado con fecha 11 de abril de 2026. Dicha decisión se funda en que, conforme a los antecedentes analizados por la autoridad, la solicitante no cumple con el requisito previsto en el artículo 65 N°3 del Decreto Supremo N°296, que aprueba el Reglamento de la Ley N°21.325, por registrar 74 días de ausencia del territorio nacional durante el período de residencia temporal, circunstancia que exige acreditar un período mínimo de treinta meses de residencia para postular al permiso de residencia definitiva, fundamento que fue posteriormente explicitado mediante Comunicación Electrónica Folio N°99329969, de 11 de mayo de 2026.

Séptimo: Que el artículo 65 del Decreto Supremo N°296, que aprueba el Reglamento de la Ley N°21.325 sobre Migración y Extranjería, establece que los residentes temporales titulares deberán haber residido en el país, a lo menos, por veinticuatro meses para postular a la residencia definitiva. Asimismo, dispone que, atendidos los antecedentes personales del interesado, se exigirá un período mayor de residencia en determinados casos, estableciendo en su numeral 3 que dicho período variará según el tiempo de ausencia del territorio nacional durante la residencia temporal. En particular, tratándose de extranjeros que registren más de dos meses y hasta seis meses de ausencia, continuos o discontinuos, como ocurre respecto de la recurrente, a quien la autoridad atribuye 74 días de ausencia del país durante la vigencia de su residencia temporal, se requiere acreditar, a lo menos, treinta meses de residencia, continuos o discontinuos, para postular al permiso de residencia definitiva.

Octavo: Que, conforme a lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, la recurrente registra un total de 74 días de ausencia del territorio nacional durante el período de su residencia temporal, comprendido entre el 25 de junio de 2024 y el 25 de junio de 2026, antecedente que la recurrida señala haber determinado sobre la base de los movimientos migratorios registrados con la cédula de identidad para extranjeros y el pasaporte de la interesada.

Dicha circunstancia fue confirmada mediante el informe remitido por la Policía de Investigaciones de Chile, en cumplimiento de lo ordenado por resolución de 18 de agosto de 2026, en el cual se certificaron las distintas salidas e ingresos de la recurrente por pasos fronterizos habilitados durante el período consultado.

En razón de ello, la autoridad estimó que aquella se encontraba comprendida en la hipótesis prevista en el artículo 65 N°3 del Decreto Supremo N°296, que, tratándose de ausencias superiores a dos meses y de hasta seis meses, exige acreditar un período mínimo de treinta meses de residencia, continuos o discontinuos, para postular al permiso de residencia definitiva, concluyendo que la recurrente no cumplía dicho requisito al momento de presentar su solicitud.

Noveno: Que la recurrente no controvierte que durante la vigencia de su residencia temporal registró ausencias del territorio nacional superiores a dos meses, sino que sostiene que las circunstancias que las motivaron debieron ser ponderadas por la autoridad al resolver su solicitud. En particular, refiere que parte de sus viajes obedecieron a razones estrictamente laborales, atendido su desempeño como Ingeniera Civil y Jefa de Proyectos en WSP Chile SpA, bajo contrato indefinido, función que requiere su participación en actividades técnicas, coordinaciones regionales y visitas a proyectos fuera del país, mencionando específicamente viajes efectuados a Brasil y México. Asimismo, señala que otra de sus ausencias tuvo por finalidad viajar a Venezuela debido a una emergencia médica que afectó a su madre, a quien posteriormente trasladó a Chile para recibir tratamiento e intervención quirúrgica. Sobre esa base, sostiene que sus salidas del territorio nacional no evidencian falta de arraigo o de intención de permanencia en Chile, sino que respondieron a circunstancias laborales y familiares justificadas que, a su juicio, debieron ser consideradas por la autoridad al aplicar el artículo 65 N°3 del Decreto Supremo N°296.

Décimo: Que, sin embargo, las circunstancias invocadas por la recurrente para explicar los motivos de sus viajes no alteran el presupuesto objetivo contemplado en el artículo 65 N°3 del Decreto Supremo N°296, disposición que determina el período de permanencia exigible para postular a residencia definitiva atendiendo al número de meses de ausencia del territorio nacional durante la residencia temporal. Así, conforme a lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, al registrar la recurrente 74 días de ausencia, resultaba exigible un período mínimo de treinta meses de residencia, el que no había completado al presentar su solicitud el 11 de abril de 2026, toda vez que su permiso de residencia temporal comenzó a regir el 25 de junio de 2024. En consecuencia, aun cuando las razones laborales y familiares expuestas permiten explicar los motivos de sus salidas del país, aquellas no permiten tener por satisfecho el período de residencia que la autoridad estimó aplicable conforme a la citada disposición reglamentaria, ni tampoco el Servicio se encuentra facultado para estimarlas como una excepción a la aplicación de la norma señalada.

Undécimo: Que, por consiguiente, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en el acto impugnado, por cuanto ha sido dictado por la autoridad competente, dentro del ámbito de sus atribuciones y con sujeción a las normas de la Ley N°21.325 y su Reglamento, sin que las circunstancias laborales y familiares invocadas por la recurrente para justificar sus ausencias del territorio nacional permitan tener por cumplido el período mínimo de residencia exigido por el artículo 65 N°3 del Decreto Supremo N°296 para postular a la residencia definitiva.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°13.113-2026-Protección.