nombre reservado con DIRECCION DE PREVISIÓN DE CARABINEROS

C.A. de Santiago Santiago, catorce de noviembre de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que se deduce recurso de protección por don Rodrigo Ojeda, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Dirección de Previsión de Carabineros, por haber incurrido en actos ilegales y arbitrarios en el marco del proceso de destitución llevado a cabo por la recurrida.

Señala que en julio de 2019 se efectuó una denuncia por acoso laboral en contra del recurrente ante el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, unidad que la remitió a la Dirección del Servicio, señalando que debía tramitarse conforme al “Procedimiento de prevención, denuncia y sanción del maltrato, del acoso laboral y del acoso sexual de Dipreca”.

Por Resolución Exenta N° 1540, de 18 de julio de 2019, se ordenó la instrucción de un sumario administrativo por los hechos denunciados determinado que se inicia el procedimiento con el “… objeto de establecer fehacientemente los hechos denunciados por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y doña nombre reservado en contra de don nombre reservado, Jefe (S) de la Oficina de Inventario y si en éstos, le afecta responsabilidad administrativa al denunciado y/o a algún otro funcionario dependiente de esta Dirección de Previsión”.

El 26 de septiembre de 2019 se formularon los siguientes cargos:

1°.- Que existirían conductas inapropiadas en el ámbito del trabajo derivadas de conductas, hechos y dichos soeces, inapropiados y desmedidos ocurridos entre mayo de 2018 hasta la fecha de la denuncia de 9 de julio de 2019, respecto de los y las denunciantes, en particular de la señorita nombre reservado como encargada del casino institucional.

2°.- Que lo anterior, eventualmente, podría constituir conductas que atentarían gravemente el ambiente en el trabajo.

3°.- Sin perjuicio de lo anterior, con las pruebas acompañadas y como lo señala el propio denunciado, se vislumbra además una falta a los deberes de los funcionarios por parte del señor nombre reservado según se desprende del Estatuto Administrativo.

Posteriormente, por Resolución Exenta N° 2545, de 18 de noviembre de 2018, se ordenó la reapertura de la investigación, efectuándose una nueva formulación de cargos el 14 de diciembre de 2019 en la que se señaló que respecto de la denunciante doña nombre reservado los hechos señalados constituirían la figura de acoso laboral, según lo que dispone el artículo 84, letra l) del Estatuto Administrativo y el Código de Ética de la Institución. Se agregó que, además, se constituía la figura de Falta de Probidad Administrativa, según lo dispone el artículo 61 letras c) y g) del Estatuto Administrativo y el referido código. Se indicó, además, que respecto de los otros denunciantes no se acreditó la existencia de conductas inapropiadas en el ámbito del trabajo, sin perjuicio que sus denuncias permiten corroborar la existencia de maltrato laboral respecto de doña nombre reservado.

Por Resolución Exenta N° 443, de 18 de febrero de 2020, se ordenó una nueva reapertura de la investigación, formulándose una nueva formulación de cargos el 29 de septiembre del mismo año en la que nuevamente se hace una calificación de acoso laboral y falta de probidad administrativa, “sin embargo, ante la falta de prolijidad y esmero en la tramitación del procedimiento, esta nueva formulación de cargos no prospera”.

Mediante Documento N° 23, de 1 de diciembre de 2020, se hace otra formulación de cargos: “Cargo 1: Que durante el periodo que se desempeñó como jefe del Departamento de Bienestar de Dipreca, entre los meses de mayo 2018 y julio 2019, no tuvo un buen trato laboral con su subalterna nombre reservado, levantándole la voz, gritándole, insultándola con groserías, como consta de los testimonios recopilados durante la investigación (…)”. “Cargo 2: Que durante el año 2019, cuando ya no se desempeñaba como jefe del departamento de Bienestar Personal, realizó amenazas, por medio de la cuales trató de mala forma a las y los funcionarios de casino institucional Srtas. nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y doña nombre reservado, por medio de insultos, alzamiento de voz y delante de otros funcionarios de la institución(…)”.“Cargo 3: Que, mientras se desempeñaba como Jefe del Departamento de Bienestar, y ya habiendo solicitado los tres préstamos que de acuerdo al reglamento de Bienestar de Dipreca, autoriza el inciso final de su artículo 7, le corresponden a cada miembro en forma anual, uno, procedió a solicitar en el mes de noviembre de 2018 a su subalterna, jefe del casino institucional doña nombre reservado, que solicitara los tres prestamos permitidos en forma conjunta, de una sola vez, a objeto de transferirle ese dinero, el cual le sería devuelto en forma posterior, dado que le sería descontado a la Sra. nombre reservado en cuotas mensuales para su pago desde su liquidación de sueldo, logrando con ello, eludir la prohibición legal que no le permite a ningún funcionario de la institución adscrito a dicho bienestar, obtener más de 1 préstamo de cada tipo en forma anual, tomando en consideración su cargo de jefatura de la misma unidad. (…)”. “Cargo 4: Que, en ejercicio de su cargo de Jefe del Departamento de Bienestar, le solicitó al Sr. nombre reservado, Contador de la misma Unidad, que pagara a través de su cuenta bancaria, el saldo de cuotas restantes de pago de los préstamos solicitados por la Sra. nombre reservado, tanto en la cuenta bancaria de Bienestar del Personal, como en la cuenta bancaria de la propia Srta. nombre reservado por medio de transferencia directa, no siguiente del conducto regular para dicho tipo de trámites. (…)”.

Destaca que en la formulación transcrita se agregaron cargos que no fueron objeto de las formulaciones previas, que no dicen relación con el maltrato o acoso laboral denunciado, como los cargos N°s 3 y 4.

El 17 de diciembre de 2020 se presentó los descargos respecto de esta última formulación de cargos.

Mediante Resolución Exenta N° 2488, de 21 de septiembre de 2022, fue aprobada la vista fiscal de 23 de marzo de 2021, disponiéndose la aplicación de la medida disciplinaria de destitución por vulnerar gravemente el principio de probidad administrativa.

En contra de esa resolución se interpuso recurso de reposición y jerárquico, en subsidio, que fueron rechazados por Resolución N° 705, del 11 de diciembre de 2023.

En el referido recurso se argumentó, en relación con el cargo N° 3, que se le reprochaba “eludir la prohibición legal que no le permite a ningún funcionario de la institución adscrito a dicho bienestar, obtener más de un préstamo de cada tipo en forma anual” sin embargo no solicitó ninguno adicional, ya que fueron pedidos por la señora nombre reservado. Respecto del cargo N° 4 “Que, en ejercicio de su cargo de Jefe del Departamento de Bienestar, le solicitó al Sr. nombre reservado, Contador de la misma Unidad, que pagara a través de su cuenta bancaria, el saldo de cuotas restantes de pago de los préstamos solicitados por la Sra. nombre reservado, tanto en la cuenta bancaria de Bienestar del Personal, como en la cuenta bancaria de la propia Srta. nombre reservado por medio de transferencia directa, no siguiente del conducto regular para dicho tipo de trámites”, no desempeñaba el cargo de jefe de Bienestar ya que había sido trasladado el 5 de abril de 2019 como Jefe de Oficina de Inventario, y los pagos fueron ejecutados el 13 de mayo del mismo año, y, además, el señor nombre reservado no eta contador de la Oficina de Bienestar sino un analista de la misma. Asimismo, se indicó que no existe conducto regular sobre la materia, sino que basta el depósito en la cuenta de Bienestar y envío del comprobante, todo lo cual fue cumplido, sin que exista exigencia adicional ni tampoco que impida el pago anticipado de la deuda como ocurrió en este caso.

En relación con las ilegalidades y/o arbitrariedades que denuncia, en cuanto a la Resolución Exenta N° 705, de 11 de septiembre de 2023, señala que “respecto de los cargos, no hace referencia ni argumentación sobre la existencia de 4 formulaciones de cargos, circunstancia no prevista por la ley, en particular, el estatuto administrativo, en sus artículos 138 y 139, donde se establecen las bases del procedimiento disciplinario y las etapas de un justo y racional procedimiento, transformándose el acto en ilegal, por ser contrario a derecho, y arbitrario, al no contar con una racional y fundamentada motivación respecto de 4 formulaciones de cargo de cargo evacuadas por el Fiscal Investigador”. Además, afirma que el acto es ilegal porque no existe congruencia entre la resolución que dio inicio al procedimiento, los últimos cargos formulados y los hechos sancionados que no dicen relación con la denuncia interpuesta, lo que se corrobora en el mismo acto y en la vista fiscal, cuando señala en el numeral 5 letra a) que no fue posible evidenciar hechos constitutivos de maltrato o acoso laboral, “debiendo, conforme a lo dispuesto en el artículo 30, letra b), de la Ley N° 19.880, limitarse a los hechos, razones y peticiones en que consiste la solicitud efectuada por la parte denunciante y en relación con el artículo 34 de la misma ley, que define los actos de instrucción como aquéllos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse el acto, ergo, aquellos que han sido determinados por la denuncia y la resolución que ordena el inicio del procedimiento. En este sentido, resulta ilegal por no estar contenidos en la denuncia, en la formulación de cargos, los numerales 3 y 4, los que no dicen relación con actos o conductas de maltrato laboral, debiendo, conforme a derecho, determinarse la absolución de mi representado respecto de los hechos denunciados, por falta de acreditación probatoria de la denuncia. En el mismo numeral 5, letra b), se incluye un hecho que es calificado como “otro hecho de gravedad”, lo que no tiene sustento alguno, ya que no existen hechos graves previos, toda vez que la letra anterior determina la inexistencia de infracción con motivo del maltrato laboral denunciado, por lo tanto, ello no puede establecerse como base para la determinación de gravedad cuando no ha sido debidamente corroborado por los materiales probatorios arribados al procedimiento. Ahora bien, en la letra g) del mismo numeral, se califica como grave la transgresión al principio de probidad administrativa, haciendo sólo mención a lo que describe la norma pertinente y el Código de Ética Institucional, pero no realiza ningún esfuerzo argumentativo para fundar y motivar dicha calificación, situación que transforma este acto en arbitrario en este aspecto, por carecer de fundamento”.

Indica que no basta para sustentar la imposición de la medida de destitución la sola afirmación que el recurrente haya solicitado a su subalterna la obtención de un crédito en la Institución y a la Asociación de Funcionarios, respecto del que no hay prueba en el procedimiento, ya que no existe descripción respecto de la tipicidad de la conducta sancionada ni las razones por las que se estima grave, ni menos los motivos que justifiquen la aplicación de la medida disciplinaria en cumplimiento del principio de proporcionalidad. En relación con esto, señala que el jefe del servicio argumentó que tenía la facultad de calificar las conductas determinado que los actos que no fueron objeto de absolución constituyen una infracción grave al principio administrativo, efectuando citas al Dictamen N° 51891, de la Contraloría General de la República que ordenó retrotraer el proceso disciplinario hasta la emisión de una nueva resolución exenta para que se pronunciara sobre la vista fiscal y eventual medida disciplinaria, sin hacer referencia a los motivos para efectuar la determinación de la gravedad que indica, careciendo de la debida motivación del acto administrativo, transformándolo en arbitrario por esa razón.

En relación a la recusación interpuesta en contra del investigador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 del Estatuto Administrativo, por existencia de amistad manifiesta con el denunciante, debió resolverse en el curso del procedimiento administrativo y no es su etapa resolutiva, de manera que transforma la actuación en ilegal, ya que no solo infringe esa norma sino que va en contra del artículo 12 de la Ley N° 19.880 que define el principio de la abstención.

Indica que el acto también devino en arbitrario al haberse desestimado la declaración de testigos por improcedentes, sustentado sobre la base de lo dispuesto en el artículo 138 del Estatuto Administrativo que hace referencia al plazo para la rendición de prueba, ya que si el motivo fue aquel el rechazo debió ser fundando en la extemporaneidad y no en la impertinencia. Sin embargo, consta la realización de una diligencia de investigación en forma posterior al cierre de la misma, esto es, el requerimiento de la hoja de visa del recurrente, de manera que si se permitió la agregación de este medio de prueba no se explica el rechazo de la prueba testimonial.

En otro orden de consideraciones sostiene que no existió pronunciamiento sobre la prescripción de la acción disciplinaria constituyendo una omisión ilegal y arbitraria. De conformidad con el artículo 158 del Estatuto Administrativo la acción disciplinaria se extingue en cuatro años desde que se cometió la acción u omisión, agregando el artículo 159 que se suspende desde la formulación de los cargos, y si el proceso se paraliza por más de dos años o transcurren más de dos calificaciones funcionarias sin que haya sido sancionado, continuará el plazo de prescripción. Es del caso que el cargo N° 3 se limita a señalar que la solicitud se habría realizado en noviembre de 2018. Por su parte, el informe de la Oficina de Bienestar señala que los préstamos fueron solicitados el 19 de noviembre de 2019, de lo que se concluye que la acción disciplinaria está prescrita. Por su parte, en el caso de haberse estimado que operó la suspensión con la formulación de cargos -1 de diciembre de 2020- desde esa fecha hasta la aplicación de la sanción -21 de septiembre de 2022- habrían transcurrido más de dos períodos calificatorio sin que se haya impuesto alguna sanción, configurándose igualmente la prescripción de la acción disciplinaria.

Alega que también se configuró una infracción de los artículos 7, 23 y 27 de la Ley N° 19.880, relacionados con el principio de celeridad, ya que se trata de un procedimiento que ha durado más de cinco años, lo que merma la posibilidad de eficacia de la acción disciplinaria y de la sanción que se impone, así como el ius puniendi del Estado.

En relación con la Resolución Exenta N° 2488, que impuso la sanción disciplinaria de destitución, de 21 de septiembre de 2022, fue suscrita por doña nombre reservado, como Directora (S) de la Dirección de Previsión de Carabineros, sin embargo en esa fecha no ostentaba tal calidad en virtud del Decreto Exento N° 2837, de 20 de septiembre de 2022, transgrediendo el artículo 7 de la Constitución Política de la República.

Se señala, por otra parte, que en esa resolución constan aspectos de la vista fiscal que constituyen un acto ilegal y/o arbitrario, tales como el punto 4 de los considerandos, como en la Resolución 0957/2021, punto 3, letra b de los considerandos, donde se hace alusión a hechos que no fueron materia de los cargos, señalando la existencia de “presiones en virtud de la calidad jurídica de contrata de la Srta. nombre reservado y sus respectivas renovaciones”, lo que atenta contra lo establecido en el artículo 140 de la Ley N° 18.834, inciso 4°, que establece que “Ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos”. Luego, en la vista fiscal, punto 12 de los considerandos, como en la Resolución 0957/2021, punto 2 letra g de los considerandos, señala “que las conductas significaron una transgresión al principio de probidad administrativa”, omitiendo calificar de grave la transgresión lo que violenta lo que establecen los artículos 121 y 125 del Estatuto Administrativo, que señalan que para que proceda la destitución se requiere que los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente la probidad administrativa.

Denuncia, además, que el acto recurrido no consideró las circunstancias atenuantes propuestas por el recurrente “como la comprobada existencia de amistad y confianza entre la denunciante y el denunciado”, ni se indagó la concurrencia de minorantes como las buenas calificaciones, haber colaborado con la investigación suministrando todos los antecedentes que estaban en su poder y concurrir todas las veces que se le solicitó declarar.

Sostiene, por otra parte, la existencia de infracciones al debido proceso, como la inexistencia de pronunciamiento respecto de la recusación realizada en contra del fiscal sumariante, que se efectuó mediante Comunicación Interna N° 1 de 8 de agosto de 2019, reiterada por Comunicación Interna N° 2 de 3 de septiembre de 2019, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley N° 19.880.

También configura una arbitrariedad lo que consta en la vista fiscal emitida el 11 de enero de 2021, en el punto 14 de los considerandos que considera como agravante la sanción cumplida anteriormente y que propone la suspensión del empleo por tres meses, no obstante lo cual se resolvió aumentarla sin fundamento racional ni debida motivación.

En relación con las garantías constitucionales vulneradas, denuncia, en primer término, la prevista en el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto no se respetó el derecho a la defensa, a un procedimiento que le permita rendir prueba y a uno que contemple igualdad en el tratamiento de las partes. En segundo lugar acusa la transgresión de la garantía establecida en el N° 2 de la misma norma atendido que se otorgó al recurrente un trato diverso, sin motivo racional ni sustento en los hechos, sin explicación de cómo la revisión de los mismos antecedentes trae aparejadas conclusiones diversas, sin considerar las atenuantes que concurren, sin la debida relación de proporcionalidad que debe primar, sobre todo teniendo en consideración la falta de acreditación de los hechos de maltrato o acoso laboral, la consideración de hechos no contemplados en la formulación de cargos y la menor cantidad de hechos que se reprochan entre la formulación y la resolución final.

Termina solicitando que se acoja el recurso de protección declarando que el o los actos que son objeto de esta acción son ilegales y/o arbitrarios, disponiendo: a) Que se reintegre al recurrente al cargo que tenía antes de la medida disciplinaria; b) Que se le paguen todas las remuneraciones y emolumentos que dejó de percibir durante el tiempo que se extienda la substanciación de esta acción; y, c) Que se condene al recurrido al pago de las costas.

Segundo: Que comparece don Nicolás Yáñez Cerda, abogado, en representación de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), quien pide el rechazo del recurso por desestimar que exista un actuar arbitrario o ilegal.

Señala que por Resolución Exenta N° 1540, de 18 de julio de 2019, se instruyó sumario tendiente a indagar los hechos contenidos en la denuncia de 10 del mismo mes y año, dirigida al Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, suscrita por los funcionarios que se señala en contra del recurrente por maltrato y acoso laboral.

El 23 de marzo de 2021 el fiscal sumariante emitió su vista fiscal proponiendo la medida de destitución, lo que fue analizado por la Fiscalía Institucional, mediante Comunicación Interna N°324, de 6 de abril de 2021, concordándose con el dictamen referido, estimado que existe una evidente infracción grave al principio de probidad en los términos dispuestos en la letra g) del artículo 61 y en el artículo 125 de la Ley N° 18.834, en relación con los artículos 52 y siguientes de la Ley N° 18.574, y en la letra d) del N° 6 del Código de Ética.

Luego, por Resolución N° 957, de 12 de abril de 2021, la Dirección del Servicio aprobó la vista fiscal, sancionando al recurrente con la medida de destitución, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 121 letra d), en relación con el artículo 125, ambos de la Ley N° 18.834, por vulnerar gravemente el principio de probidad administrativa.

Por Resolución Exenta N° 294, de mayo de 2021, se rechazó el recurso de reposición que se interpuso en contra de la resolución referida, por cuanto los antecedentes acompañados no permiten desvirtuar lo disponiendo, disponiendo, además, la inadmisibilidad del recurso de apelación deducido.

Mediante Oficio ES N° 51891, de 20 de junio de 2022, la Contraloría General de la República representó la Resolución Exenta N° 294, con el objeto que se dispusiera la reapertura del sumario, subsanando las observaciones formuladas que dicen relación con la calificación y valoración como infracción grave al principio de probidad de las conductas del señor nombre reservado; con el pronunciamiento respecto de una recusación formulada por el mismo; un aspecto formal relativo a la foliación del sumario; y asimismo, pues no se habrían indicado los antecedentes y razonamientos para rechazar el recurso de reposición. En ese sentido, el Órgano Contralor ordenó retrotraer el proceso disciplinario hasta la emisión de una nueva Resolución Exenta que se pronuncie sobre la propuesta del fiscal y la eventual medida a aplicar.

Mediante Resolución Exenta N° 1820, de 7 de julio de 2022 se procedió a la reapertura del sumario, asegurando que las observaciones formuladas por el ente contralor fueron subsanadas, se resolvió la recusación interpuesta por el inculpado y se expresó que la calificación jurídica realizada por el funcionario corresponde a una vulneración grave de la probidad administrativa.

Luego, por Resolución Exenta N° 2488, de 21 de septiembre de 2022, se aprobó la vista fiscal de 23 de marzo de 2021, sancionándose al recurrente con la medida de destitución por vulnerar gravemente la probidad administrativa. Se hace presente que fueron dejadas sin efecto las Resoluciones N°s 957, de 12 de abril de 2021, N° 294, de 4 de mayo de 2021, y N° 1084, de 4 de mayo de 2021.

En el referido acto administrativo se dejó constancia de lo siguiente:

1°.- No se evidenciaron hechos constitutivos de maltrato o acoso laboral.

2°.- No obstante lo anterior, se determinó la existencia de otro hecho de gravedad. Mientras el señor nombre reservado se desempeñaba como jefe del Departamento de Bienestar y habiendo ya solicitado los tres préstamos que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de Bienestar de Dipreca le corresponde a cada funcionario en forma anual, solicitó en diciembre de 2018 a una subalterna -doña nombre reservado, jefa del Casino Institucional- que pidiera los tres préstamos permitidos con el objeto de transferirle el dinero que serpia devuelto con posterioridad, dado que se le descontaría en la liquidación de su sueldo, logrando eludir la prohibición legal referida, valiéndose de su calidad de Jefatura, ejerciendo presiones en virtud de la calidad de contrata de la señora nombre reservado, según consta en su declaración, como también en la del señor nombre reservado. Por otra parte, también se estableció que le solicitó a don nombre reservado, contador de la misma unidad, que pagara a través de su cuenta bancaria el saldo de cuotas restantes de los préstamos solicitados a la señora nombre reservado, tanto en la cuenta de Bienestar del Personal como en la de la señora nombre reservado por medio de una transferencia directo, sin seguir el conducto regular para este tipo de trámites, según declaración de nombre reservado y del inculpado.

3°.- Se concluyó que tales conductas significaron una grave transgresión al principio de probidad administrativa, por cuanto también conlleva el deber de observar una conducta funcionaria moralmente intachable y leal al desempeño de su cargo con preeminencia del interés público sobre el privado. En el mismo sentido se determinó que los hechos tenían el carácter de irregular que contraviene gravemente el principio de probidad administrativa, tipificado en el DFL N° 29, de 2005, que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, en su artículo 61 letra g), y Resolución Exenta N° 1670, de 12 de junio de 2017, que aprobó el Código de Ética Institucional, número 6, letra d), referido a “Nuestros Valores y Principios”.

4°.- Como medida para mejor resolver se incorporó el certificado de antecedentes de conducta del investigado, en el que se registra como última sanción la suspensión del empleo por tres meses con goce del 50 % de sus remuneraciones, aplicada por Resolución Exenta N° 2342, de 10 de octubre de 2019, a razón de la falta de probidad administrativa sobre sucesos de similar naturaleza, hecho que genera una reprochable conducta anterior, implicando una agravante que debe ser ponderada en la aplicación de la medida disciplinaria.

5°.- En relación con la recusación formulada en contra del fiscal sumariante por tener “amistad manifiesta con la denunciante”, fue desestimada porque no se señaló ni fundó la causal específica, no otorgó mayores antecedentes en los que se pueda respaldar lo afirmado y no indicó a quien de los cinco denunciantes se refería, de manera que en nada incide en la decisión de la autoridad administrativa.

6°.- Se tuvo a la vista que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley N° 18.575 en relación con el artículo 61, letra g), de la Ley N° 18.834, la probidad administrativa implica que las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado deben dar estricto cumplimiento a ese principio, que consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

Hace presente que el recurrente interpuso recurso de reposición y jerárquico, en subsidio, en contra de la Resolución Exenta N° 2488, que fueron desestimados por Resolución Exenta N° 62, de 23 de marzo de 2023, confirmándose la destitución del recurrente, informándose a la Contraloría General de la República, quien por Oficio ES N° 110974, de 12 de octubre de 2023, devolvió el expediente por cuanto no se advirtió que los hechos que sirvieron de fundamento a la sanción impuesta al señor nombre reservado –otro funcionario sumariado- hubiesen configurado las faltas que se le imputaron, confirmado que no se observaron visos de ilegalidad en lo que atañe a la sanción del recurrente, ordenándose a Dipreca la emisión de un nuevo acto sancionatorio que se pronuncie sólo en relación con el señor nombre reservado.

Sin embargo, de manera paralela, y antes de la dictación del Oficio referido, el señor nombre reservado presentó al tenor del artículo 160 del Estatuto Administrativo un reclamo por la sanción impuesta, que fue desestimado por Resolución Exenta N° 9259/2023, de 12 de octubre de 2023, del Jefe del Departamento de Previsión Social y Personal de la Contraloría General de la República, por no advertirse en los aspectos reclamados vicios que incidan en la legalidad del proceso sumarial impugnado. Contra esta resolución el señor nombre reservado interpuso un recurso de reposición que fue desestimado mediante Resolución N° 5078 de 11 de abril de 2024.

En razón de todo lo anterior, Dipreca emitió la Resolución N° 705, de 11 de diciembre de 2023, que dejó sin efecto la Resolución N° 62, de 23 de marzo de 2023, procediéndose a rechazar el recurso de reposición interpuesto por el señor nombre reservado en contra de la medida disciplinaria aplicada por Resolución 2488, de 21 de septiembre de 2022, y aplicó al recurrente la sanción de destitución, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 121 letra d), en relación con el artículo 125, ambos del Estatuto Administrativo por vulnerar gravemente la probidad administrativa, resolución en la cual Dipreca se pronunció sobre las alegaciones del inculpado en su recurso de reposición, y que en su gran mayoría, sin reiteradas en este recurso de protección.

En lo relativo a la alegación de prescripción de la responsabilidad administrativa del señor nombre reservado, hace presente que la Resolución N° 9259, de 12 de octubre de 2023, que rechazó la reposición deducida en contra de la resolución N° 62, en virtud de la cual se dictó la resolución N° 705, se pronunció expresamente sobre ello en los considerandos 27 a 30. Tomando en consideración el cómputo consignado en esa decisión, cuyo pronunciamiento fue recepcionado por Dipreca el 13 de octubre de 2023, y la dictación del acto sancionatorio de término –Resolución N° 707- la responsabilidad administrativa no se encontraría prescrita.

Agrega que la Resolución N° 705 fue tomada de razón por la Contraloría General de la República por Oficio ES N° 11.751, de 2024, por estimarse que tanto el acto administrativo como el sumario que le sirve de fundamento se ajustaron a derecho.

En lo que respecta a la infracción al deber de probidad que se reprocha al recurrente, el informe sostiene que los hechos constitutivos de la misma fueron fehacientemente comprobados en el marco de la investigación disciplinaria incoada en su contra, considerando que se le absolvieron de los primeros dos cargos. En particular, se logró acreditar que el señor nombre reservado, en su calidad de Jefe del Departamento de Bienestar de DIPRECA, habiendo ya obtenido los tres préstamos anuales que le estaban permitidos en tal condición, solicitó a una funcionaria subalterna que pidiera otros tres préstamos en el mes de diciembre de 2018 con la finalidad de que le transfiriera tales montos, incumpliendo deliberadamente la prohibición de obtener más de un préstamo por año calendario, valiéndose de manera ilegítima de las prerrogativas inherentes a su cargo y ejerciendo una indebida presión sobre la afectada con la amenaza implícita de no renovar su contrata. Se precisa, por lo demás, que los hechos antes descritos fueron reconocidos por el propio inculpado en sus declaraciones indagatorias.

Explica que todo lo anterior significó una grave y manifiesta vulneración al principio de probidad administrativa, cuyo contenido esencial exige a todo servidor público observar permanentemente una conducta funcionaria intachable, honesta y leal en el desempeño de su cargo, anteponiendo en todo momento el interés general de la ciudadanía al interés particular. Subraya que la contravención antes descrita resultó doblemente reprochable, por la especial calidad de jefatura que detentaba el recurrente y por registrar una sanción administrativa anterior por hechos de similar naturaleza que ya habían afectado el mismo principio.

Enfatiza que el deber de observar una conducta proba encuentra reconocimiento tanto a nivel constitucional como legal, de modo tal que su contravención habilita plenamente el legítimo ejercicio de las potestades disciplinarias de la Administración, como en la especie ha ocurrido a través de la tramitación del sumario en cuestión, en el marco del cual se pudo advertir inequívocamente que el actuar del recurrente vulneró de manera grave tal principio rector, tornando plenamente procedente la aplicación de la medida expulsiva de destitución.

En lo referente a la improcedencia sustantiva del recurso de protección intentado, el informe argumenta que, atendidos los hechos invocados por el actor, éste buscaría meramente impugnar por esta vía el legítimo ejercicio de la potestad sancionatoria de la DIPRECA, prescindiendo de un análisis concreto sobre la real afectación de alguna de las garantías fundamentales cauteladas por esta acción constitucional, y extrapolando su ámbito de procedencia a materias y cuestionamientos que escapan a su naturaleza intrínseca. Añade que con ello se incumplirían los caracteres de urgencia, excepcionalidad y esencialidad de tutela que singularizan a esta acción cautelar, pretendiendo escudarse en ella como si se tratase de un mecanismo ordinario de control de juridicidad de los actos de la Administración del Estado. Plantea, en consecuencia, que las alegaciones del recurrente deberían ventilarse a través de las otras herramientas jurisdiccionales que el ordenamiento jurídico prevé, y no mediante el ejercicio del recurso de protección, más aún si se considera que durante la íntegra tramitación del procedimiento disciplinario se han respetado a cabalidad los estándares propios de un racional y justo proceso.

En cuanto a la circunstancia de haber sido tomado razón el acto administrativo impugnado por el órgano contralor, pone de relieve que la Resolución N° 705 fue sometida al control preventivo de juridicidad que ejerce la Contraloría General de la República, entidad que el 24 de abril de 2024 procedió a dar curso a la misma, sin efectuar reparos formales o sustantivos, ratificando que la tramitación del sumario fue ajustada a derecho en todas sus partes, y que la sanción finalmente impuesta supera con creces el estándar de juridicidad exigible, lo que torna en extremo difícil sustentar la calificación de dicho acto como ilegal o arbitrario.

Agrega que el acto terminal del sumario se encuentra amparado por la presunción de legalidad que beneficia a las actuaciones de los órganos públicos, la que se ve especialmente fortalecida cuando el acto respectivo ha sido objeto de un pronunciamiento favorable por parte de la Contraloría General de la República.

Subraya, a mayor abundamiento, que consta de los antecedentes que en reiteradas oportunidades la Contraloría ha tomado conocimiento del sumario sustanciado, sea por comunicaciones remitidas por DIPRECA o por la interposición de reclamos y recursos por parte del propio afectado, limitándose a efectuar observaciones que posteriormente fueron subsanadas en su totalidad por la institución previsional.

Por último, en lo referente a la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de DIPRECA, el informe sostiene que la entidad recurrida ha ajustado plenamente sus actos a la normativa vigente y a los principios que informan la actividad de los órganos públicos, cimentando su decisión final en la cabal observancia de las reglas legales aplicables, lo que en caso alguno podría considerarse vulneratorio de las garantías constitucionales del recurrente.

Pide, en definitiva, no dar lugar al recurso de protección deducido, con expresa condena en costas.

Tercero: Que como recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado o de la afectada ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a).- Que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b).- Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c).- Que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d).- Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar si las Resoluciones N°s 705, de 11 de diciembre de 2023, y N° 2.488, de 21 de septiembre de 2023, que sancionaron al recurrente con la medida disciplinaria de destitución, constituyen un actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida y, por lo tanto, si ese proceder afectó o amenazó las garantías constitucionales invocadas, con el fin de que esta Corte ordene su reincorporación al cargo que tenía antes de la aplicación de la sanción y ordenar el pago de las remuneraciones y emolumentos dejados de percibir durante el tiempo de tramitación de este recurso de protección.

Quinto: Que, en general, no existe controversia sobre la circunstancia de haberse tramitado un procedimiento sumario en contra del recurrente con el objeto de investigar su responsabilidad administrativa en relación con denuncias que se efectuaron por otros funcionarios de la institución que terminó con su destitución, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 121, letra d), en relación con lo establecido en el artículo 125, ambos de la Ley N° 18.834, por vulnerar gravemente el principio de probidad administrativa.

Sexto: Que, en primer lugar, para decidir hay que tener especialmente en consideración que los actos administrativos están revestidos de la presunción de legalidad, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 3º de la Ley Nº 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos del Estado, presunción de carácter legal que puede ser desvirtuada, siendo de carga de la parte reclamante acreditar la ilegalidad invocada.

De acuerdo a lo señalado, el control que en esta sede corresponde realizar dice relación con la legalidad del acto reclamado, sin poder modificar lo resuelto en caso de que el acto impugnado se ajuste al derecho vigente.

Por otra parte, y tratándose de un recurso de protección, también es necesario determinar si los actos impugnados son arbitrarios, es decir, si se trata de una conducta contraria a lo justo, razonable, inspirado sólo en la voluntad, al capricho u opuesto a la necesidad, razón o los principios.

Séptimo: Que del mérito de los antecedentes que obran en la carpeta virtual se puede tener por establecido lo siguiente:

1.- Por Resolución Exenta N° 1540 –Dipreca- de 18 de julio de 2019, se ordenó la instrucción de un sumario administrativo con el objeto de establecer la efectividad de los hechos denunciados por los funcionarios a contrata que se señala, en contra de don nombre reservado, jefe (S) de la Oficina de Inventario Institucional, y si le afecta responsabilidad administrativa y/o a algún otro funcionario dependiente de la Dirección de Previsión, designándose como fiscal a don nombre reservado. En relación con la denuncia referida consta que por “formulario de denuncia de oficina de partes”, de 10 de julio de 2019, los/las funcionarios/as que se indican efectuaron una denuncia por “maltrato” en contra del recurrente, haciendo relación a una serie de hechos ocurridos en el contexto del trabajo que desempeñan que darían cuenta de maltrato laboral, entre los años 2018 y 2019.

2°.- El 26 de septiembre de 2019 se realizó una primera formulación de cargos al recurrente: “a) Que existirían conductas inapropiadas en el ámbito del trabajo derivadas de conductas, hechos y dichos soeces, inapropiados y desmedidos ocurridos entre mayo de 2018 hasta la fecha de la denuncia día 09 de julio de 2019 respecto de los y las denunciantes en particular de la Srta. nombre reservado, como Encargada del Casino Institucional. b) Que lo anterior, eventualmente podría constituir conductas que atentarían gravemente el ambiente de trabajo. c) Sin perjuicio de lo anterior, con las pruebas acompañadas en la investigación y como lo señala el propio denunciado se vislumbra además una falta a los deberes funcionarios por parte del Sr. nombre reservado, según se desprenden del Estatuto Administrativo …”. Además se resuelve que “Las conductas descritas e investigadas, hacen presumir que constituyen incumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias aplicables a todo trabajador, cual es cumplir fielmente con las normas atingentes al principio de probidad administrativa, que exigen a todo funcionario observar las obligaciones, prohibiciones y órdenes que correspondan a las prácticas e instrucciones de esta institución y de sus autoridades, conforme se establece en los artículos señalados”.

3°.- Por Resolución Exenta N° 3545, de 18 de noviembre de 2019, se ordenó la reapertura de la investigación por parte del Director de Previsión.

4°.- El 24 de diciembre de 2019, se efectúa una nueva formulación de cargos: “Respecto de la denunciante Srta. nombre reservado, que existirían conductas inapropiadas en el ámbito del trabajo derivadas de acciones, hechos y dichos soeces, inapropiados y desmedidos ocurridos entre mayo de 2028 hasta la fecha de la denuncia día 09 de julio de 2019, como Encargada de Casino Institucional, constituyendo conductas que atentarían gravemente el ambiente en el trabajo, constituyendo conducta de Acoso Laboral, según lo dispone el artículo 84, letra l) del Estatuto Administrativo, como asimismo el Código de ética funcionaria Institucional. Sin perjuicio de lo anterior, con las pruebas acompañadas en la investigación y como lo señala el propio denunciado, se vislumbra además una falta a los deberes funcionarios por parte del Sr. nombre reservado, según se desprende del propio Estatuto Administrativo, constituyéndose la figura de Falta de Probidad Administrativa, según lo dispone el artículo N° 61 letras c) y g) del cuerpo normativo en comento, como asimismo el Código de Ética funcionaria institucional. b) respecto de las y los demás denunciantes … que no se logra acreditar la existencia de conductas inapropiadas en el ámbito del trabajo … Además se resuelve que “Las conductas descritas e investigadas, hacen presumir que constituyen incumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias aplicables a todo trabajador, cual es cumplir fielmente con las normas atingentes al principio de probidad administrativa, que exigen a todo funcionario observar las obligaciones, prohibiciones y órdenes que correspondan a las prácticas e instrucciones de esta institución y de sus autoridades, conforme se establece en los artículos señalados”.

5°.- Por vista fiscal de 4 de febrero de 2020 se propone la aplicación de la medida disciplinaria de suspensión de funciones por tres meses con goce de un 50 % de las remuneraciones.

6°.- Por Resolución Exenta N° 443, de 18 de febrero de 2020, se dispuso retrotraer el sumario con el objeto de efectuar una nueva formulación de cargos, haciendo presente que no se subsanaros observaciones en relación la normativa supuestamente infringida, la apertura de un término probatorio, la falta de fundamentación de la negativa a realizar diligencias probatorias.

7°.- El 29 de septiembre de 2020 se efectúa una nueva formulación de cargos: “respecto de la denunciante Srta, nombre reservado, que existirían conductas inapropiadas en el ámbito del trabajo derivadas de acciones, hechos y dichos soeces, inapropiados y desmedidos ocurridos entre mayo de 2028 hasta la fecha de la denuncia día 09 de julio de 2019, como Encargada de Casino Institucional, constituyendo conductas que atentarían gravemente el ambiente en el trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, con las pruebas acompañadas en la investigación y como lo señala el propio denunciado, se vislumbra además una falta a los deberes funcionarios por parte del Sr. nombre reservado, según se desprende del propio Estatuto Administrativo, constituyéndose la figura de Falta de Probidad Administrativa, además dado que el inculpado, cumplía funciones de jefatura, se debe considerar la infracción de sus obligaciones especiales en tal calidad”. Luego indica las disposiciones legales que las conductas descritas infringen.

8°.- El 29 de octubre de 2020, el Fiscal sumariante propone como medida disciplinaria la suspensión de funciones por tres meses con un goce del 50 % de sus remuneraciones. Se indica que “si bien existen indicadores que hacen presumir conductas inadecuadas del denunciado hacia los y las trabajadores del Casino Institucional, especialmente hacia la Srta. nombre reservado, no es posible evidenciar que los hechos descritos constituyen maltrato o acoso laboral, según se desprende de la normativa actual”, agregando que “quedan de manifiesto faltas a la probidad administrativa, así como infracciones de sus obligaciones especiales de Jefatura, en hechos tales cono solicitar a una subalterna, se gestione a su favor préstamos de la misma oficina que ejercía la jefatura, y de la Asociación de funcionarios donde ejercía jefatura, mantener vínculos extra laborales con subalternos y ofrecerse para gestionar, en su calidad de jefe de la Oficina de Bienestar, créditos en favor de la madre de una subalterna, que además es su denunciante en este procedimiento”.

9°.- Por Resolución Exenta N° 1970, de 16 de noviembre de 2020, del Director de Previsión, se ordena la reapertura del sumario administrativo, con el objeto de subsanar las observaciones realizadas por la Fiscalía Institucional en relación con la formulación de cargos con el objeto de que se incorpore de manera precisa los hechos por medio de los cuales se habría incumplido alguna de las obligaciones funcionarias establecidas en el artículo 61 del Estatuto Administrativo, transgrediendo alguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 84 del mismo cuerpo legal, las normas de probidad establecidas en los artículos 52 y 62 de la Ley N° 18.575, así como considerar la posible infracción de las obligaciones por ejercer labores de jefatura, establecidas en el artículo 64 del Estatuto Administrativo. Además hace presente la conveniencia de incorporar determinadas resoluciones o manuales que se refieran a la concesión de préstamos, así como otros documentos relacionados con lo anterior.

10°.- El 1 de diciembre de 2020, se procede a una nueva formulación de cargos “Cargo 1: Haber procedido a pagar cuotas pendientes de los 3 créditos tomados por la Srta. nombre reservado, en el mes de noviembre de 2018, al Departamento de Bienestar de Personal, por orden de su superior jerárquico, Jefe del Departamento de Bienestar don nombre reservado, sin cumplir con el conducto regular, procediendo a transferir directamente desde su cuenta bancaria personal a la cuenta del Bienestar de Personal y la cuenta bancaria de la Srta. nombre reservado, sin mediar solicitud de la funcionaria … Cargo 2: Que durante el año 2019, cuando ya no se desempeñaba como jefe del departamento de Bienestar Personal, realizó amenazas, por medio de las cuales trató de mala forma a las y los funcionarios de casino institucional … por medio de insultos, alzamiento de voz, delante de otros funcionarios de la institución … Cargo 3: Que, mientras se desempeñaba cono Jefe del Departamento de Bienestar, y ya habiendo solicitado los tres préstamos que de acuerdo al reglamento de Bienestar, autoriza el inciso final de su artículo 7, le corresponden a cada miembro en forma anual, uno, procedió a solicitar en el mes de noviembre de 2018 a su subalterna, jefe del casino institucional doña nombre reservado, que solicitara los tres préstamos permitidos en forma conjunta, de una sola vez, a objeto de transferirle ese dinero, el cual le sería devuelto en forma posterior, dado que le sería descontado a la Sra. nombre reservado en cuotas mensuales para su pago desde su liquidación de sueldo, logrando con ello eludir la prohibición legal que no le permite a ningún funcionario de la institución adscrito a dicho bienestar, obtener más de 1 préstamo de cada tipo en forma anual, tomando en consideración su cargo de jefatura en la misma unidad … Cargo 4: Que, en ejercicio de su cargo de Jefe del Departamento de Bienestar, le solictó al Sr. nombre reservado, contador de la misma unidad, que pagara a través de su cuenta bancaria, el saldo de cuotas restantes del pago de los préstamos solicitados por la Sra. nombre reservado, tanto en la cuenta bancaria de Bienestar del Personal, como de la cuenta bancaria que la propia Srta. nombre reservado por medio de transferencia directa, no siguiente (sic) del conducto regular para dicho tipo de trámites”. En la referida formulación de cargos se indicó, en cada caso en las normas del Estatuto Administrativo y de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado que se estiman infringidas.

11°.- El 11 de enero de 202i, el Fiscal sumariante propone como medida disciplinaria la suspensión de funciones por tres meses con un goce del 50 % de sus remuneraciones. Se indica que “no es posible evidenciar que los hechos descritos constituyen maltrato o acoso laboral, según se desprende de la normativa actual, existen indicadores que hacen presumir conductas inadecuadas y la evidente falta de un trato respetuoso del denunciado hacia los y las trabajadores del Casino Institucional, especialmente hacia la Srta. nombre reservado, considerando su calidad de jefatura de los funcionarios y funcionarias denunciantes, según lo preceptúa el art. 64 del Estatuto Administrativo ”, agregando que “quedan de manifiesto faltas a la probidad administrativa, así como infracciones de las obligaciones especiales de Jefatura, en hechos tales cono solicitar a una subalterna, se gestione a su favor préstamos de la misma oficina que ejercía la jefatura, y de la Asociación de funcionarios donde ejercía jefatura, y de la Asociación de funcionarios de la cual era dirigente, mantener vínculos extra laborales con subalternos y ofrecerse para gestionar, en su calidad de jefe de la Oficina de Bienestar, créditos a favor de la madre de una subalterna, que además es su denunciante en este procedimiento”.

12°.- Por Resolución Exenta N° 732, de 9 de marzo de 2021, se ordenó la reapertura del sumario administrativo, solicitando medios probatorios como medida para mejor resolver.

13°.- El 23 de marzo de 2021, el fiscal sumariante propone como medida disciplinaria la destitución del recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 125 del Estatuto Administrativo. Indica que “no es posible evidenciar que los hechos descritos constituyen maltrato o acoso laboral, según se desprende de la normativa actual, existen indicadores que hacen presumir conductas inadecuadas y la evidente falta de un trato respetuoso del denunciado hacia los y las trabajadores del Casino Institucional, especialmente hacia la Srta. nombre reservado, considerando su calidad de jefatura de los funcionarios y funcionarias denunciantes, según lo preceptúa el art. 64 del Estatuto Administrativo ”, agregando que “quedan de manifiesto faltas a la probidad administrativa, así como infracciones de las obligaciones especiales de Jefatura, en hechos tales cono solicitar a una subalterna, se gestione a su favor préstamos de la misma oficina que ejercía la jefatura, y de la Asociación de funcionarios donde ejercía jefatura, y de la Asociación de funcionarios de la cual era dirigente, mantener vínculos extra laborales con subalternos y ofrecerse para gestionar, en su calidad de jefe de la Oficina de Bienestar, créditos a favor de la madre de una subalterna, que además es su denunciante en este procedimiento”. Señaló que se consideró como agravante, para ser ponderada al momento de aplicar la sanción, el hecho que por Resolución Exenta N° 2342, de 10 de octubre de 2019, se le aplicó al señor nombre reservado la medida disciplinaria de suspensión de empleo por tres meses con goce del 50 % de sus remuneraciones, en razón de falta a la probidad.

14°.- Por Resolución Exenta N° 957, de 12 de abril de 2021, el Director de Previsión aprobó la vista fiscal de 23 de marzo del mismo año, y, consecuencialmente, aplicó la medida disciplinaria de destitución a don nombre reservado.

15°.- Por Resolución Exenta N° 294, de 4 de mayo de 2021, el Director de Previsión rechazó el recurso de reposición interpuesto por nombre reservado en contra de la medida disciplinaria aplicada por Resolución Exenta N° 957.

16°.- Mediante el Dictamen ES N° 51.891, de 20 de junio de 2022, la Contraloría General de la República representó la Resolución N° 294 por no ajustarse a derecho al no haberse calificado, por la autoridad sancionatoria, las conductas imputadas como infracción grave al principio de probidad administrativa. Además se indicó que dicha resolución no estaba fundada, y que, por otra parte, no hay resolución en relación con la recusación que el investigado formuló en contra del fiscal por tener amistad con una de las denunciantes, aunque hace presente que el motivo invocado no importa la configuración de alguna de las causales que contempla el artículo 133 de la Ley N° 18.834. Por último, hace presente que a partir de la foja 785 el expediente no se encuentra debidamente foliado. Por lo anterior dispone que se debe ordenar la reapertura del sumario con el objeto que se disponga la subsanación de las irregularidades señaladas, para lo cual se debe retrotraer el procedimiento hasta la emisión de una nueva resolución exenta que se pronuncie sobre la propuesta fiscal y la eventual medida disciplinaria que se deba aplicar.

17°.- Por Resolución Exenta N° 1820, de 7 de julio de 2022, se ordenó la reapertura del sumario administrativo.

18°.- Por Resolución Exenta N° 2488, de 21 de septiembre de 2022, se aprobaron las conclusiones del sumario. Cabe señalar que en el punto 6 de la resolución se rechazó la recusación que había sido formulada por el recurrente en contra del fiscal sumariante por tener “amistad manifiesta con la denunciante”, por cuanto “revisado los antecedentes, en razón de no señalar ni fundar la causal específica, ni en otorgar mayores antecedentes en los que se puedan respaldar dicha afirmación, ni en señalar a quienes de los cinco denunciantes se refiere”. Consecuencialmente aplicó a don nombre reservado la medida disciplinaria de destitución, según los artículos 121 y 125 de la Ley N° 18.834. Por otra parte, dejó sin efecto las Resoluciones Exentas N°s 957, de 12 de abril de 2021, 294, de 4 de mayo de 2021, y 1084 de la misma fecha.

19°.- Por Resolución N° 62, de 23 de marzo de 2023, se rechazó la reposición interpuesta por don nombre reservado, teniendo en consideración que no han variado los antecedentes que se tuvieron a la vista al dictar la resolución recurrida, y por no aportar nuevos hechos que permitan a la autoridad aplicar una sanción diversa.

20°.- Por Resolución Exenta N° 9259, 12 de octubre de 2023, el Departamento de Previsión Social y Personal de la Contraloría General de la República, rechazó el reclamo presentado por don nombre reservado en contra del sumario administrativo a cuyo término se le aplicó la medida de destitución. No obstante, hizo presente que la Resolución N° 62 fue representada por cuanto no se advirte que los hechos que sirvieron de fundamento a la sanción impuesta al señor nombre reservado –otro sumariado- hubiesen configurado las faltas que se le imputaron.

21°.- Por Resolución Exenta N° 705, de 11 de diciembre de 2023, se dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 62, se rechazó el recurso de reposición dirigido en contra de la Resolución Exenta N° 2448 y se desestimó los recursos jerárquicos y de apelación, aplicando al recurrente la medida de destitución por vulnerar gravemente el principio de probidad administrativa.

22°.- Por Resolución Exenta N° 5078, de 11 de abril de 2024, se rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la resolución referida en el numeral que antecede.

23°.- El 24 de abril de 2024, la Contraloría General de la República procedió a cursar con alcance y dar curso a la Resolución Exenta N° 705, mediante la cual se aplicó la medida disciplinaria de destitución, haciendo presente que se deberá comunicar a dicho Órgano Contralor la data de notificación de la aludida resolución al afectado a fin de computar el plazo de impedimento de ingreso a la administración del Estado.

Octavo: Que como se señaló en su oportunidad, la Resolución Exenta N° 705 que dispuso la destitución del recurrente, fue sometida al trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, entidad encargada de representar la ilegalidad de que adolezcan los actos administrativos, procedimiento mediante el cual verifica la constitucionalidad, legalidad y juricidad de aquellos, dándose curso a la referida resolución, sólo señalando que se debía comunicar la data de notificación para los efectos de computar el plazo de impedimento de ingreso a la administración del Estado.

Cabe además destacar que el ente contralor intervino en diversos momentos de la tramitación del procedimiento sancionatorio, pronunciándose en su oportunidad acerca de determinados reparos que observó durante su sustanciación, los que fueron oportunamente subsanados por la entidad recurrida.

Es importante destacar que ya con anterioridad al trámite de toma de razón el ente contralor se había pronunciado sobre la legalidad e inexistencia de vicios en la tramitación del sumario sancionatorio, cuando por Resolución Exenta N° 9259, 12 de octubre de 2023, rechazó el reclamo presentado por don nombre reservado en contra del sumario administrativo a cuyo término se le aplicó la medida de destitución.

De acuerdo con los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, la Contraloría General de la República ejercerá el control de legalidad de los actos de la Administración y, en el ejercicio de esa función, tomará razón de los decretos y resoluciones que en conformidad a la ley deben tramitarse por esta Contraloría, o representará la ilegalidad de que puedan adolecer.

La toma de razón es un control obligatorio de la juridicidad de los actos administrativos, que vela por el resguardo del principio de probidad, por el derecho a una buena Administración y por el cuidado y buen uso de los recursos públicos.

Como se señaló con anterioridad, todo acto administrativo se presume legal por el solo ministerio de la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 19.880, presunción que aparece reforzada en los casos en que el acto ha sido sometido al examen de legalidad a través del trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República.

Noveno: Que sin perjuicio de lo anterior, cabe hacerse cargo de cada una de las impugnaciones que se han efectuado por el recurrente, tanto en relación con la ilegalidad como con la arbitrariedad de los actos impugnados.

En primer término alega en relación con la Resolución Exenta N° 705, de 11 de septiembre de 2023, que no hizo referencia ni argumentación sobre la existencia de cuatro formulaciones de cargos, circunstancia no prevista por la ley, en particular, por el Estatuto Administrativo en sus artículos 138 y 139, donde se establecen las bases del procedimiento disciplinario y las etapas de un justo y racional procedimiento, transformándose el acto en ilegal, por ser contrario a derecho, y arbitrario.

El referido artículo 138 establece que “El inculpado será notificado de los cargos y tendrá un plazo de cinco días contado desde la fecha de notificación de éstos para presentar descargos, defensas y solicitar o presentar pruebas. En casos debidamente calificados, podrá prorrogarse el mismo por otros cinco días, siempre que la prórroga haya sido solicitada antes del vencimiento del plazo. Si el inculpado solicitare rendir prueba, el fiscal señalará plazo para tal efecto, el que no podrá exceder en total de veinte días”. Por su parte, el artículo 139 dispone que “Contestados los cargos o vencido el plazo del período de prueba el fiscal emitirá, dentro de cinco días, un dictamen en el cual propondrá la absolución o sanción que a su juicio corresponda aplicar. Dicho dictamen deberá contener la individualización del o de los inculpados; la relación de los hechos investigados y la forma como se ha llegado a comprobarlos; la participación y grado de culpabilidad que les hubiere correspondido a los sumariados; la anotación de las circunstancias atenuantes o agravantes, y la proposición a la autoridad correspondiente de las sanciones que estimare procedente aplicar o de la absolución de uno o más de los inculpados. Cuando los hechos investigados y acreditados en el sumario pudieren importar la perpetración de delitos previstos en las leyes vigentes, el dictamen deberá contener, además, la petición de que se remitan los antecedentes a la justicia ordinaria, sin perjuicio de la denuncia que de los delitos debió hacerse en la oportunidad debida”.

Al tenor de las normas referidas no se observa cómo la no referencia a la existencia de varias formulaciones de cargos pueda devenir en ilegal y arbitrario al tenor de las normas referidas, teniendo en consideración que ellas no se ponen en la situación, como la recurrida en estos autos, en que existió más de una formulación atendida la intervención de los respectivos órganos de control.

Además no se vislumbra la ilegalidad y/o arbitrariedad si se considera que las resoluciones que aplicaron la sanción de destitución sólo se deben referir y analizar los cargos que en definitiva quedaron vigentes.

Décimo: Que luego propone la ilegalidad del acto por la falta de congruencia entre la resolución que dio inicio al procedimiento, los últimos cargos formulados y los hechos sancionados que no dicen relación con la denuncia interpuesta. En este sentido acusa la ilegalidad por no estar contenidos en la denuncia los numerales 3 y 4 de la formulación de cargos que no dicen relación con actos o conductas de maltrato laboral.

Refiriéndose al derecho al debido proceso, el Tribunal Constitucional “ha fallado en repetidas ocasiones sobre el contenido y alcance de este derecho, señalando, por ejemplo, que “el procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso. Con ello se establece la necesidad de un juez imparcial, con normas que eviten la indefensión, que exista una resolución de fondo, motivada y pública, susceptible de revisión por un tribunal superior y generadora de la intangibilidad necesaria que garantice la seguridad y certeza jurídica propias del Estado de Derecho” (STC Rol N° 1838, de 7 de julio de 2011)”, agregando que “un aspecto del debido proceso y una manifestación del principio acusatorio es el deber de correlación o congruencia, el cual vincula al juez y su potestad de resolver, prescribiendo “(…) que no se puede dictar sentencia ni por hechos distintos de los incluidos en la acusación ni respecto de persona distinta de la acusada” (Del Río, Carlos (2009): Los poderes de decisión del Juez Penal. Principio Acusatorio y determinadas Garantías Procesales. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, p. 93)”.

Atento lo referido, no se observa que se haya incurrido en una vulneración al principio de congruencia si se tiene en consideración que la autoridad administrativa se pronunció estrictamente sobre los hechos materia de acusación, respecto de los cuales sólo sancionó al investigado por algunos de ellos, dándose estricta aplicación a lo que establece el artículo 140 del Estatuto Administrativo, en cuanto dispone que “Ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos”.

Como se observa, la vulneración denunciada se asila en la afirmación de que habiéndose iniciado el sumario por una denuncia de acoso laboral no pudo extenderse a otros cargos que decían relación con otras materias, esta vez, sobre infracción al principio de la probidad administrativa.

Al respecto olvida el recurrente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 del Estatuto Administrativo “El fiscal tendrá amplias facultades para realizar la investigación y los funcionarios estarán obligados a prestar la colaboración que se les solicite”, de manera que no está constreñido estrictamente a la denuncia que da inicio al procedimiento sancionatorio.

Por último, sobre esta materia no se observa ilegalidad o arbitrariedad alguna si se considera que los hechos que fundaron los cargos por los que en definitiva fue sancionado el recurrente, surgieron sobre la base de las primeras diligencias investigativas, estuvieron presentes en todas las formulaciones de cargos que existieron en este procedimiento, y, lo que es más importante, el recurrente pudo defenderse de ellos en los respectivos descargos que formuló.

Undécimo: Que, enseguida, alega que en la letra g) del numeral 5 se califica como grave la transgresión al principio de probidad administrativa, haciendo sólo mención a lo que describe la norma pertinente y el Código de Ética Institucional, pero sin realizar ningún esfuerzo argumentativo para fundar y motivar dicha calificación, situación que transforma este acto en arbitrario en este aspecto, por carecer de fundamento.

En primer término cabe señalar que la letra g) del numeral 5 de la resolución no se refiere a la materia que indica el recurrente sino que trata sobre la causal de inimputabilidad que habría alegado el sumariado por encontrase en tratamiento siquiátrico.

Sin perjuicio de lo señalado cabe considerar que es la Resolución Exenta N° 2488, de 21 de septiembre de 2022, la que en su letra g) trata la materia a la que alude el recurrente. En ella se hace cargo de fundar las razonas por las cuales considera que los hechos establecidos constituyen una infracción grave al principio de probidad administrativa por cuanto este “conlleva el deber de observar una conducta funcionaria moralmente intachable y leal al desempeño de su cargo con preeminencia del interés público sobre el privado”, agregando que de igual forma, los hechos revisten el carácter de irregular que contravienen gravemente el principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 61 letra g) de la Ley N° 18.834, que se refiere a la obligación de los funcionarios de observar una conducta moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo.

Recordemos que los cargos por los cuales fue sancionado el recurrente fueron: “Cargo 1: Haber procedido a pagar cuotas pendientes de los 3 créditos tomados por la Srta. nombre reservado, en el mes de noviembre de 2018, al Departamento de Bienestar de Personal, por orden de su superior jerárquico, Jefe del Departamento de Bienestar don nombre reservado, sin cumplir con el conducto regular, procediendo a transferir directamente desde su cuenta bancaria personal a la cuenta del Bienestar de Personal y la cuenta bancaria de la Srta. nombre reservado, sin mediar solicitud de la funcionaria … Cargo 3: Que, mientras se desempeñaba como Jefe del Departamento de Bienestar, y ya habiendo solicitado los tres préstamos que de acuerdo al reglamento de Bienestar, autoriza el inciso final de su artículo 7, le corresponden a cada miembro en forma anual, uno, procedió a solicitar en el mes de noviembre de 2018 a su subalterna, jefe del casino institucional doña nombre reservado, que solicitara los tres préstamos permitidos en forma conjunta, de una sola vez, a objeto de transferirle ese dinero, el cual le sería devuelto en forma posterior, dado que le sería descontado a la Sra. nombre reservado en cuotas mensuales para su pago desde su liquidación de sueldo, logrando con ello eludir la prohibición legal que no le permite a ningún funcionario de la institución adscrito a dicho bienestar, obtener más de 1 préstamo de cada tipo en forma anual, tomando en consideración su cargo de jefatura en la misma unidad … Cargo 4: Que, en ejercicio de su cargo de Jefe del Departamento de Bienestar, le solicitó al Sr. nombre reservado, contador de la misma unidad, que pagara a través de su cuenta bancaria, el saldo de cuotas restantes del pago de los préstamos solicitados por la Sra. nombre reservado, tanto en la cuenta bancaria de Bienestar del Personal, como de la cuenta bancaria que la propia Srta. nombre reservado por medio de transferencia directa, no siguiente (sic) del conducto regular para dicho tipo de trámites”.

Sobre las base de los hechos referidos se estimó que “quedan de manifiesto las graves faltas a la probidad administrativa, así como graves infracciones de las obligaciones especiales de Jefatura … ”.

Duodécimo: Que luego alega la falta de resolución, durante el curso del procedimiento, de la recusación que interpuso en contra del investigador por existencia de amistad manifiesta con el denunciante, transgrediéndose lo dispuesto en los artículos 134 del Estatuto Administrativo y 12 de la Ley N° 19.880.

La primera norma dispone que “Formulada la recusación, el fiscal o el actuario, según corresponda, dejarán de intervenir, salvo en lo relativo a actividades que no puedan paralizarse sin comprometer el éxito de la investigación. La solicitud de recusación será resuelta en el plazo de dos días por el fiscal respecto del actuario y por la autoridad que ordenó el sumario respecto del fiscal. En caso de ser acogida se designará un nuevo fiscal o actuario”. Por su parte el artículo 12 de la Ley N° 19.880 establece que “Las autoridades y los funcionarios de la Administración en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas a continuación, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente”.

Efectivamente la recusación formulada por el recurrente no fue resuelta en la oportunidad que correspondía sino que a instancias del Dictamen ES N° 51.891 de la Contraloría General de la República cuando representó la Resolución N° 294. En la Resolución Exenta N° 2448 se desestimó la concurrencia de esta inhabilidad en razón de no haberse señalado ni fundado la causal específica, como también por no haberse otorgado mayores antecedentes en los que se pueda respaldar dicha afirmación, ni tampoco haber señalado a quienes de los cinco denunciantes se refería.

De esta forma se concluye que la irregularidad advertida no tiene influencia en lo resuelto, más aún si se tiene en consideración que, como lo advirtió el ente contralor en el Dictamen aludido “el motivo invocado no importa la configuración de alguna de las causales que contempla el artículo 133 de la Ley N° 18.834”, que señala “Se considerarán causales de recusación, para los efectos señalados en el artículo anterior, sólo las siguientes: a) Tener el fiscal o el actuario interés directo o indirecto en los hechos que se investigan; b) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los inculpados, y c) Tener parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado y de afinidad hasta el segundo, inclusive, o de adopción con alguno de los inculpados”.

Por último, se debe tener en cuenta que al tenor de lo que establece el artículo 132 del mismo cuerpo legal “Los funcionarios citados a declarar por primera vez ante el fiscal, en calidad de inculpados, serán apercibidos para que dentro del segundo día formulen las causales de implicancia o recusación en contra del fiscal o del actuario”, cuestión que no aconteció en este caso.

Decimotercero: Que en cuanto a la desestimación de la declaración de testigos de su parte, para desechar lo alegado basta con señalar que no se indica en el recurso de protección a cuales deponentes se refiere y a que etapa del procedimiento se refiere. Recordemos que la fase probatoria en este sumario se reabrió en varias oportunidades, de manera que no se puede analizar si no se precisa a que testigos de refiere. En todo caso cabe tener en consideración que en diversas oportunidades el rechazo se debió a la falta de precisión del investigado en relación con la materia respecto de la cual requería la declaración. Por otra parte, si se tiene en consideración que la sanción se debió fundamentalmente a la solicitud de préstamos, cuestión que el investigado reconoció, no se vislumbra ni se explica por el recurrente el prejuicio que le irrogó la inconcurrencia de determinados deponentes.

En cuanto a la realización de una diligencia de investigación en forma posterior a su cierre, esto es, el requerimiento de la hoja de vida del investigado, se trata de una cuestión que se enmarca dentro de las amplias facultades del investigador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 del Estatuto Administrativo, y en todo caso, tal documentación fue agregada nuevamente dentro de plazo una vez que se ordenó la reapertura de la investigación.

Decimocuarto: Que en otro orden de consideraciones sostuvo que no existió pronunciamiento sobre la prescripción de la acción disciplinaria constituyendo una omisión ilegal y arbitraria.

Al respecto cabe señalar que la Resolución N° 9259, de 12 de octubre de 2023, que rechazó el recurso interpuesto por el señor nombre reservado en contra de la Resolución N° 62, en virtud del cual se dictó la Resolución Exenta N° 705, se pronunció expresamente sobre la prescripción de la acción disciplinaria, haciendo un acabado análisis sobre la materia.

Decimoquinto: Que en relación con la infracción de los artículos 7, 23 y 27 de la Ley N° 19.880, referido a la excesiva duración del procedimiento, cabe señalar que la primera norma citada dispone que “El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. En el despacho de los expedientes originados en una solicitud o en el ejercicio de un derecho se guardará el orden riguroso de ingreso en asuntos de similar naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia”. Por su parte, la segunda norma establece que “Los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de la Administración en la tramitación de los asuntos, así como los interesados en los mismos”. Por último, el artículo 27 indica que “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

No cabe duda que el procedimiento ha tenido una duración excesiva, sin embargo ello no configura per se una ilegalidad y/o arbitrariedad si se tiene en consideración que la reglamentación de un sumario contempla una serie de etapas que se deben respetar, que contempla, además de los recursos que puede interponer el investigado, la participación de otras instancias, como en el caso la Contraloría General de la República, quien ha actuado en su deber de velar por la legalidad del procedimiento, y que ha redundado en la reapertura de la investigación, la formulación de nuevos cargos, la representación de determinadas resoluciones, todas diligencias que se han adoptado en resguardo del debido proceso, y, por lo tanto, del investigado.

En todo caso, la demora excesiva en la duración de un sumario administrativo no es causal, por sí misma, de invalidación.

Decimosexto: Que en relación con la Resolución Exenta N° 2488, de 21 de septiembre de 2022, se alega que fue suscrita por doña nombre reservado, como Directora (S) de la Dirección de Previsión de Carabineros, en circunstancias que a esa fecha no ostentaba tal calidad en virtud del Decreto Exento N° 2837, de 20 de septiembre de 2022, transgrediendo el artículo 7 de la Constitución Política de la República.

Al respecto, la Contraloría General de la República aclaró la situación en la Resolución Exenta N° 9259, de 12 de octubre de 2023, señalando que Dipreca informó que mediante resolución exenta TRA N° 94/103/2020, se estableció el orden de subrogancia del cargo de Director de esa entidad, fijándose en primer lugar al Fiscal Institucional que era servido por la señora nombre reservado. Agregó que a contar del 5 de mayo de 2022, dada la renuncia del Director, asumió como subrogante la aludida. No obstante, mediante Decreto Exento N° 2837, de 20 de septiembre del mismo año, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se estableció un nuevo orden de subrogancia, dejando en primer lugar al jefe de la Subdivisión Administrativa del Hospital de Dipreca. Indica que la entidad sólo informó la existencia del referido decreto el 28 de septiembre de 2022, razón por la cual la nueva autoridad subrogante de Dipreca determinó no modificar ninguna de las decisiones adoptadas entre los días 20 y 22 de septiembre realizadas por la señora nombre reservado. Agrega, por último, que la sanción de destitución fue confirmada posteriormente por la nueva autoridad, de manera que no es posible advertir un vicio que afecta la validez del sumario administrativo.

Decimoséptimo: Que, en seguida, en el recurso se hace referencia a una serie de cuestiones de la vista fiscal, que serían ilegales y/arbitrarias más no de la resolución que se impugna por esta vía, lo que basta para su desestimación.

Sin perjuicio de ello, en cuanto a la referencia a hechos que no fueron materia de los cargos, señalando la existencia de “presiones en virtud de la calidad jurídica de contrata de la Srta. nombre reservado y sus respectivas renovaciones”, aparece que se trata de antecedentes de contexto y que no forman parte de los hechos sancionados. Luego, y siempre en relación con la vista fiscal en cuanto a no haber calificado de graves las vulneraciones al principio de probidad, una rápida revisión de las resoluciones materia de este recurso permitan comprobar que la autoridad administrativa sí calificó la gravedad de las conductas imputadas y argumentó al respecto. Recordemos que la ausencia de tal calificación fue objeto de pronunciamiento en su oportunidad por la Contraloría General de la República, lo que motivó la dictación de nuevas formulaciones de cargos y resoluciones.

Decimooctavo: Que en cuanto a la denuncia de no haber considerado como circunstancia atenuante “la comprobada existencia de amistad y confianza entre la denunciante y el denunciado”, sin perjuicio que ese hecho no constituye una minorante de responsabilidad administrativa, cabe tener en consideración que se trata, además, de un hecho que no fue establecido en la causa.

Decimonoveno: Que respecto de no haberse estimado como atenuantes las buenas calificaciones del investigado, haber colaborado con la investigación suministrando todos los antecedentes que estaban en su poder y haber concurrido todas las veces que se le solicitó declarar, las resoluciones impugnadas señalan que la Contraloría General de la República ha sostenido que respecto de los empleados públicos que infringen gravemente el principio de probidad, como se concluyó en este caso, la jefatura que ejerce la potestad disciplinaria está en la obligación de imponer una sanción que implique la remoción del empleo, sin que proceda analizar circunstancias que eventualmente podrían aminorar la responsabilidad administrativa.

Respecto de esta materia, efectivamente la jurisprudencia administrativa mayoritaria ha señalado que calificado un hecho como falta grave a la probidad administrativa, la Administración no puede aplicar una sanción distinta a la destitución atendido que se trata de una que está expresamente establecida en la ley, razón por la que la autoridad no podría considerar ningún tipo de circunstancias atenuantes para rebajar esta sanción. Es decir, acreditada la ocurrencia de un hecho, que la autoridad califica como grave contravención a la probidad administrativa, la Administración se encuentra en el imperativo legal de aplicar la destitución.

No obstante lo anterior, también existe jurisprudencia administrativa que escapa a esta regla general –la que se comparte- y que en virtud de la existencia de circunstancias atenuantes ha permitido la aplicación de una sanción distinta aun cuando el hecho haya sido calificado como una infracción grave a la probidad administrativa. Al respecto, el Dictamen N° 77.240 de 2012, en lo pertinente, señala expresamente: “Por otra parte, en lo que atañe al reclamo por la falta de proporcionalidad de la sanción aplicada y no haberse considerado las circunstancias atenuantes que, a juicio de la recurrente, concurrían a su favor, corresponde indicar que la reiterada jurisprudencia de este órgano de control, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 33.054, de 2000, 22.509, de 2005 y 49.342, de 2009, ha sostenido que cuando la ley asigna una medida disciplinaria específica para una determinada infracción, como acontece respecto de la falta a la probidad, la autoridad administrativa se encuentra en el imperativo legal de disponerla, sin perjuicio que, en virtud de la potestad disciplinaria que posee, determine, a través de un acto administrativo fundado, rebajarla imponiendo en sustitución de ella una sanción no expulsiva, atribución que, en la situación que se analiza, el alcalde resolvió no ejercer.

Además es posible observar una tercera tesis de la Contraloría General de la República sobre la materia, contenida en Dictamen N° 1.113 de 2001, en virtud del cual no es facultativo para la autoridad ponderar las circunstancias atenuantes, sino que es un deber legal que de no ser cumplido, implica que la propia autoridad incurra en falta de probidad.

Por otra parte, es del caso considerar que el artículo 121 del Estatuto Administrativo establece que “Las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes”. La misma norma dispone que la atenuante de cooperación eficaz no procede en los casos en que solo resulte aplicable la medida de destitución de conformidad con el artículo 125. Por su parte, el artículo 139 del mismo cuerpo legal establece que el dictamen que debe evacuar el fiscal debe contener, entre otras cuestiones, la anotación de las circunstancias atenuantes o agravantes, y la proposición a la autoridad correspondiente de las sanciones que estimare procedente aplicar o de la absolución de uno o más de los inculpados.

Vigésimo: Que atendido lo referido aparece arbitrario por parte de la recurrida la falta de análisis y consideración para los efectos de aplicar la sanción disciplinaria de las circunstancias atenuantes alegadas por el investigado, por cuanto cualquiera que sea la responsabilidad que se busca determinar, siempre se deben analizar las circunstancias que la pueden modificar.

Lo anterior se ve reforzado por el hecho de que si para determinar la medida disciplinaria de destitución se consideró la existencia de una sanción de suspensión de funciones que se le había aplicado al sumariado –calificada como agravante por la recurrida- se trata de una cuestión que carece de fundamento si se estima que la misma recurrida sostiene que no se deben tener en cuenta circunstancias atenuantes modificatorias de responsabilidad cuando se trata de una sanción de destitución.

Vigésimo primero: Que no obstante todo lo señalado en esta sentencia en cuanto a la regularidad del procedimiento y el ejercicio de las facultades legales de la recurrida, aparece como arbitraria la sanción de destitución si se considera que de conformidad con los antecedentes se la aplicó al considerar la existencia de una agravante, esto es, la existencia de una sanción de similar entidad aplicada al sumariado, sin explicitar o fundamentar tal circunstancia.

La concluido aparece claro si se considera que en todas las vistas fiscales que precedieron a la definitiva, y que quedaron sin efecto por las razonas que se han precisado, se propuso como sanción disciplinaria la de suspensión de funciones sobre la base de los mismos antecedentes, en tanto que en la última, variando solo la consideración de la agravante referida, se propuso la de destitución.

Vigésimo segundo: Que, asentado lo anterior, se debe precisar que la medida disciplinaria de destitución es la sanción más gravosa que contempla el estatuto administrativo para un funcionario público, pues el afectado no solo pierde el empleo que sirve, sino que además queda impedido de ingresar a la Administración Pública por el lapso de cinco años -sin perjuicio, por cierto, de otras normas especiales que contengan prohibiciones similares-.

Asimismo, la Corte Suprema ha señalado que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la Administración del Estado abarca la revisión de la legalidad de la decisión adoptada, más no el mérito de la misma, cuestión que por su propia naturaleza y en función del reparto de competencias fijado por la Carta Fundamental, corresponde a la Administración activa. Siendo ello así, el examen de legalidad que comprende analizar la razonabilidad de la medida adoptada y si se ha cumplido el principio de proporcionalidad. El control judicial adquiere relevancia si se tiene en cuenta que el ilícito disciplinario además de principios de tanta relevancia como la reserva legal o la tipicidad, ceden ante la regulación legislativa de ilícitos configurados en la forma de tipos abiertos, indeterminados y, en ocasiones, en blanco.

Así, en el caso de autos resulta relevante que, no obstante haberse tenido por configurada una infracción grave a la probidad administrativa, la decisión impugnada se adoptó sin analizar las atenuantes que podían configurarse y sin fundamentar el alcance de la agravante que se estimó concurrente, cuestión que es trascendente al analizar la proporcionalidad de la sanción.

En relación con las minorantes alegadas por el recurrente, esta Corte coincide en cuanto se debió considerar la existencia de las buenas calificaciones del investigado, anotaciones de mérito, que concurrió a todas las diligencias a las que fue citado y que entregó todos los antecedentes que se le solicitaron, sin que conste que haya sido compelido para ello, cuestión diversa a la cooperación eficaz –cuya concurrencia está prohibida en caso de infracciones graves al principio de probidad, al tenor del artículo 121 del Estatuto Administrativo- por cuanto esta requiere de un pronunciamiento expreso del fiscal, y dice relación con cuestiones más de fondo.

Por otra parte, también debe considerarse como agravante la existencia de una sanción de suspensión de funciones por vulneración al principio de probidad, por cuanto ello revela una actitud del investigado que importa recurrencia en actos de la misma entidad.

Vigésimo tercero: Que aun cuando esta Corte estima que se estableció que las conductas vulneraron la probidad administrativa, esa sola circunstancia no debe determinar, necesariamente, la aplicación automática de la medida disciplinaria de destitución, sin considerar las circunstancias que modifican la responsabilidad administrativa, toda vez que la autoridad administrativa debe ponderar la existencia de otros factores que mitiguen o excluyan la responsabilidad, de manera tal que de ser así, ella se encontrará en el imperativo de aplicar una sanción proporcional a la falta cometida y a sus circunstancias concomitantes.

En la especie las infracciones atribuidas al actor, si bien ameritan su corrección disciplinaria, no son de una entidad suficiente como para justificar la sanción más gravosa del ordenamiento jurídico para un funcionario público al no considerar adecuadamente las modificatorias de responsabilidad, circunstancia que permite no sólo calificar el acto recurrido como arbitrario, sino que además asentar la vulneración de la igualdad ante la ley, garantizada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en relación con otras personas que en situación similar o incluso superior, son sancionadas con medidas disciplinarias menos gravosas. En el caso concreto, el respeto al principio de proporcionalidad impide aplicar la sanción de destitución, pues ello importaría una violación al principio de la garantía de igualdad ante la ley.

Vigésimo cuarto: Que, atento lo relacionado aparece que la medida disciplinaria establecida en el artículo 121 letra c) del Estatuto Administrativo es la que se aviene más a la falta cometida y a las modicatorias de responsabilidad concurrentes, sanción que “consiste en la privación temporal del empleo con goce de un cincuenta a un setenta por ciento de las remuneraciones y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo”.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el deducido por don Rodrigo Ojeda, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, solo en cuanto se deja sin efecto la sanción de destitución que le fuere aplicada, debiendo imponer la autoridad administrativa la de suspensión del empleo por el período de dos meses con el goce del 50 % de sus remuneraciones y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del ministro Rodríguez Moreno.

N°Protección-13095-2024.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Antonio Ulloa Márquez, señor José Pablo Rodríguez Moreno y la Abogada Integrante señora Renée Rivero Hurtado.

En Santiago, catorce de noviembre de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.