Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Inva

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 14 de mayo de 2024, comparece doña nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN RM, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 8 de mayo de 2024, por la cual se autorizó, sin derecho a pago de subsidio, de siete (7) Licencias Médicas Nos NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007, emitidas por 11, 15, 30, 30, 11, 42 y 84 días respectivamente, desde el 20 de septiembre de 2023 al 10 de mayo de 2024, lo que es vulneratorio de sus derecho a la vida e integridad física y psíquica de las personas y de salud.

Solicita que se deje sin efecto dicha resolución y se orden el pago de sus licencias médicas reclamadas.

SEGUNDO: Que informando comparece doña nombre reservado

nombre reservado, abogada, por la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo de la acción por cuanto estima que no ha existido de su parte actuación ilegal o arbitraria que haya vulnerado los derechos constitucionales del recurrente o siquiera su amenaza, con costas.

En primer lugar, pide se declare improcedente este recurso por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, y en cuanto al fondo del asunto, refiere que 06 de marzo de 2024, la Sra. nombre reservado reclamó ante ese Servicio en contra de la COMPIN Región Metropolitana por el no pago del subsidio por incapacidad laboral, derivado de las Licencias Médicas. Así se recabaron los antecedentes médicos del caso de la COMPIN respectiva, a saber, el Listado Maestro de Licencias Médicas de FONASA, por el cual se acreditó que las licencias reclamadas fueron autorizadas sin derecho a pago por "no acreditar solvencia económica de empleador".

A mayor abundamiento, expresa que esa Superintendencia, por parte de profesionales del Dpto. Contencioso, estudió los antecedentes del caso de la recurrente, en que, todas las licencias médicas en cuestión fueron tramitadas para el empleador RUT N° RUT reservado, cuyo representante legal, es don nombre reservado, padre de la trabajadora, según se acreditó en certificado de nacimiento tenido a la vista.(…) “Que, la recurrente acompañó a su reclamación, contrato de trabajo, certificado de cotizaciones de AFP y de Fonasa, liquidaciones de sueldo, comprobantes de transferencias, comprobantes de pago y libro de asistencia firmado, en lo que interesa.

Que, la recurrente no remitió ningún antecedente que acredite la solvencia económica de la empresa empleadora y siendo así, no es posible modificar lo resuelto por la COMPIN”.

Refiere que, la Sra. nombre reservado en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, sobre Bases del Procedimiento Administrativo, pudo interponer Recurso de Reposición ante esta Superintendencia, acompañando los antecedentes necesarios para la justificación del reposo reclamado, situación que no ocurrió.

Reseña el marco regulador de las licencias médicas y las facultades fiscalizadoras de dicho órgano en la materia. Así acota que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Sustenta que, no resulta procedente que el organismo administrador autorice una licencia médica si no existen antecedentes concretos, reales, de que la persona que invoca la calidad de trabajador dependiente realmente preste servicios en esa calidad.

Precisa que la Superintendencia de Seguridad Social no pretende determinar la existencia de una relación jurídica de orden laboral, simplemente lo que le corresponde es verificar, en uso de sus facultades constitucionales y legales, la concurrencia de los requisitos que exige nuestra legislación, en el ámbito de la seguridad social, para otorgar una licencia médica y obtener el correspondiente subsidio. En efecto, el primer requisito, que ha de cumplirse para ese fin, es el de tener la calidad de trabajador dependiente o independiente, siendo un dato de la causa, que la Sra. nombre reservado no tenía indubitablemente dicha condición a la luz de lo resuelto.

Arguye que la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud. En tal sentido, las Secretarías Regionales Ministeriales De Salud (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En efecto, la Sra. nombre reservado, claramente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones y estudio de la COMPIN y esa Superintendencia se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron al recurrente, por las razones latamente expuestas.

Aclara que el procedimiento empleado y la decisión pronunciada, han sido emitidas en la oportunidad y con la justificación pertinente, por dicha entidad, sin que le competa a la jurisdicción, en tal caso, revisar sus fundamentos técnicos, en sede extraordinaria y meramente cautelar.

TERCERO: Que, comparece informando don Rodrigo Alejandro Quijada Nova, abogado, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana (R.M.), y en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (Compin R.M).

Señala que, las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007, de la recurrente doña nombre reservado, se encuentran todas ellas autorizadas, pero sin derecho a subsidio, por cuanto le fueron solicitados antecedentes adicionales a la recurrente, con el fin de verificar la solvencia económica de su empleador y que, revisados los formularios 29 que acompañó, se pudo desprender que no registraba ingresos suficientes que pudiesen solventaran los gastos operacionales, como lo serían remuneraciones y otros, esto, tal como señala el Ordinario N° 205, de fecha 20 de marzo de 2024 CUARTO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En el caso de la especie, el recurso es procedente por cuanto se denuncia la vulneración de garantías constitucionales protegidas, por actos emanados de la autoridad técnica, acción que resulta oportuna si se considera la data del último pronunciamiento de la Superintendencia que incide, precisamente en las licencias cuestionadas.

QUINTO: Que como primera cuestión, debe descartarse la argumentación referida a la improcedencia de conocerse por la vía de la acción de protección este asunto, en tanto el derecho a la seguridad social no está dentro de los tutelados en el artículo 20 de la Carta Política, pues la situación que afecta al actor puede vulnerar también otros derechos fundamentales que sí son protegidos por esta acción constitucional.

SEXTO: Que, en la especie, resulta atinente el artículo 16 del Decreto Supremo Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que Aprueba Reglamento de Autorización de Licencia Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Provisional, el que dispone: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposos solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

También es pertinente el artículo 21, que señala: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite el trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.

SÉPTIMO: Que, de la Resolución Exenta Nº NUM000, de fecha 8 de mayo de 2024, se verifica que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, pretende cuestionar la existencia y veracidad del contrato de trabajo de la recurrente y la empleadora “Sermedent SpA”, al señalar que de liquidaciones de remuneración, certificado de cotizaciones, registro de asistencia, declaración formulario N° 29 de Servicio Impuestos Internos acompañados por la actora nombre reservado, no se pudo acreditar ante la Institución “la solvencia económica de la empresa empleadora", pues, a juicio de la Institución de Seguridad Social, sin que le baste la sola exhibición de documentos formales, lo anterior por cuanto el representante legal de la empresa empleadora es el padre de la recurrente.

OCTAVO: Que, como se observa, la actuación de la recurrida excede el ejercicio de sus facultades, toda vez que se trata de una trabajadora, amparada por un contrato de trabajo, que cumple con el pago de las cotizaciones previsionales, acompañándose las respectivas liquidaciones del pago de las remuneraciones, sin que existan antecedentes que den cuenta de una actividad reprochable imputable a ésta, debiendo señalarse que no existe norma que faculte a las recurridas para cuestionar que la empresa –empleadora de la recurrente- no haya podido solventar el pago de las remuneraciones de la actora, menos aún, su solvencia económica de la empresa, cuestiones que exceden el examen que debe realizar la autoridad para autorizar el pago de una licencia médica.

NOVENO: Que, por consiguiente, las licencias médicas rechazadas en razón de lo anterior, no se ajusta a la citada normativa que invoca la recurrida, por lo que, de esa forma, no se han explicitado las razones que motivaron la decisión denegatoria y, en consecuencia, tal denegación carece de fundamento. Carencia de fundamentación del acto administrativo que lo convierte "ipso jure" en arbitrario, carente de razonabilidad e ilegal, desde que, la ley exige como requisito esencial la fundamentación del acto administrativo, según lo disponen los artículos 11, 16 y 41 de la Ley Nº 19.880, sobre procedimientos administrativos.

De ahí, se comprueba la violación flagrante de las garantías fundamentales reconocidas por la Constitución que está obligada a mantener y a hacer respetar esta Corte, porque de su estricto cumplimiento depende el derecho de la recurrente a la vida y a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley, el derecho a la protección de la salud en la vertiente de elegir el sistema que desee, y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, aseguradas en los numerales 1, 2, 9, y 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia se resuelve:

Que se acoge el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social por haber dictado la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 8 de mayo de 2024, que confirmó la decisión de COMPIN Región Metropolitana, en el sentido de rechazar el pago del subsidio por su incapacidad laboral, correspondiente a las licencias médicas Nºs NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007, emanadas de FONASA, la que es dejada sin efecto, se tiene por aprobadas las licencias médicas ya singularizadas y, por consiguiente, se ordena el inmediato pago de éstas a la actora.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Este fallo contiene criterios definidos en el Acta N° 44 de la Corte Suprema.

N°Protección-13078-2024.