nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de abril de dos mil veinticuatro.

Al folio N° 23: téngase presente.

Al folio N° 24: a sus antecedentes.

Vistos y considerando:

Primero: Que nombre reservado, conductor de la Empresa buses de transporte público, interpone recurso de protección en contra la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) por el rechazo, por reposo no justificado, de 24 licencias médicas emitidas por diagnóstico de tunelcarpiano bilateral, por un periodo continuo de 686 días, a contar del 25 de junio de 2019.

Indica que lo anterior le ha traído consecuencias en lo económico, social y emocional.

Reconoce que su patología es irrecuperable e indica que ha iniciado trámite de invalidez, donde se le reconoce una incapacidad laboral de un 34%, que por ser inferior al 50% no le da derecho a pensión de invalidez, quedando en un estado de desprotección al no recibir ni aquella pensión ni tampoco pago de licencias médicas.

Pide que se ordene el pago de las licencias médicas rechazadas o en su defecto que se ordene la revisión de los antecedentes ante la COMPIN.

Segundo: Que la abogada Andrea Cisternas Tiemann evacuó informe por la SUSESO, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Sostiene primeramente que el recurso sería improcedente por referirse en el fondo a materias de seguridad social, derecho que no se encuentra incluido entre aquellos que hacen procedente el recurso de protección.

Indica que ya se ha pronunciado tres veces sobre el rechazo de las mismas licencias, a propósito de reclamo del recurrente en contra de la COMPIN R.M. de 26 de agosto de 2020, y recursos de reconsideración interpuestos el 1 de diciembre de 2020 y 5 de octubre de 2021, rechazando todos ellos, como consta expresamente en las resoluciones exentas que indica, dado que la incapacidad que le provoca la patología al recurrente no es recuperable con reposo, dando cuenta los estudios clínicos adjuntos que sus lesiones son irreversibles, contando además el recurrente con tres dictámenes de invalidez ejecutoriados, reconociendo un 14% de menoscabo de su capacidad de trabajo, crónico e irreversible; y no justificándose, entonces un reposo mayor al que ya se le ha autorizado por 2.231 días continuos.

Argumenta que, en esas circunstancias, el rechazo de sus licencias no es ilegal ni arbitrario, dado que, conforme a los artículos 1° del D.S. N°3 de 1984 del Ministerio de Salud y 1° del D.S. N°7 de 2013 del mismo, la licencia médica es un derecho del paciente en relación con patologías que provocan una incapacidad temporal y no permanente para el trabajo, justificándose las licencias en el rol terapéutico del reposo, que en el presente caso no se da, por ser la patología del recurrente irrecuperable.

Agrega que el recurrente no tiene un derecho indubitado al pago de sus licencias dado que el asunto de fondo es uno técnico-médico, que escapa del objeto del recurso de protección.

Tercero: Que nombre reservado, presidente de la COMPIN R.M., evacuó informe, indicando que el motivo del rechazo de las licencias en cuestión fue por reposo injustificado, atendido a un largo tratamiento sin resultados, falta de plan terapéutico o quirúrgico, trámite de invalidez rechazado sin reingreso laboral, entre otras razones.

Cuarto: Que, conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Quinto: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado;

Sexto: Que, el acto que se imputa como ilegal y arbitrario es el rechazo por parte de la COMPIN R.M. y de la confirmación de este rechazo por parte de la SUSESO de 24 licencias médicas extendidas por un total de 686 días, a contar del 25 de junio de 2019, porque el reposo prescrito no se encontraba justificado, atendidas las lesiones crónicas e irreversibles, más allá del período de reposo de 2.231 días ya autorizado. Por lo que el análisis y resolución de este arbitrio será analizado precisamente por estas cinco licencias médicas.

Séptimo: Que, respecto a la improcedencia del recurso por guardar relación con materias de seguridad social, será desestimado, pues basta considerar que el recurrente denunció, además como conculcadas las garantías de los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que obliga a su revisión, en los términos en que el recurso ha sido intentado.

Octavo: Que de los antecedentes que obran en autos, se acreditan los siguientes hechos:

a) La recurrente se encontraba con licencia médica sin reintegro laboral.

b) Las afecciones que presenta la recurrente y que sustentan las licencias médicas tienen carácter crónico e irreversible, no obstante, los tratamientos intentados, no han mostrado mejoría.

c) Las licencias médicas que cubrían 686 días, desde el 25 de junio del año 2019, no fueron autorizadas porque el reposo no se encuentra justificado.

Noveno: Que, en cuanto al fondo, es necesario tener presente la normativa aplicable al caso de marras. Así, el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. En su artículo 156, se trata del beneficio de licencia médica que también le es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política; y, el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

Décimo: Que, por su parte, el procedimiento para la autorización de las licencias médicas, está regulado en el Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, específicamente, artículo 11 y siguientes, “corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos”.

La COMPIN debe resolver- como en el caso de la recurrente-, acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y/o reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

Undécimo: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, se señalan las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

Enseguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo, la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por último, en el artículo 27, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

Décimo segundo: Que, de lo antes expuesto, debe concluirse que, corresponde a la Superintendencia de Seguridad Social, la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley, teniendo la calidad de organismo técnico de control de las instituciones de previsión, entre las que se encuentra la COMPIN.

Décimo tercero: Que, por otra parte, debe considerarse que una de las características principales de la licencia médica es su temporalidad, así se desprende del artículo 1 del Decreto Nº 3, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que preceptúa que :“entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la "COMPIN", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "SEREMI", o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

Décimo cuarto: Que, en efecto, lo decidido por la Resolución Exenta, impugnada mediante el presente arbitrio constitucional, guarda correspondencia con el concepto de temporalidad que de las licencias médicas entrega el artículo señalado en el motivo precedente, puesto que el argumento para el rechazo de las licencias de la recurrente, se fundamenta en:

“Que, esta Superintendencia estudió nuevamente los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas (…) no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que de acuerdo a la documentación disponible en la presentación, la patología ha sido definida de irrecuperable, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, más allá del periodo recientemente ya autorizado.

Que, según los antecedentes analizados, el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 20 de junio de 2019, de conformidad al D.L. N° 3.500, de 1980, del M.T. y P.S., concluyó en un porcentaje de menoscabo igual a 14%, el cual no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez, sin embargo, reconoce que presenta lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del periodo previamente autorizado de 2.231 días. Anteriormente tiene dos trámites de invalidez los años 2017 y 2018, rechazados por incapacidad insuficiente”.

Décimo quinto: Que, tal como se advierte, el fundamento para rechazar las licencias médicas es por padecer lesiones de carácter crónico e irreversible, por tanto, no se justifica el reposo, por su carácter irrecuperable, debiendo recurrir entonces a otras alternativas que el sistema le otorga en su caso, como por ejemplo, la solicitud parcial ante la misma COMPIN, o reclamar del porcentaje asignado, según corresponda.

Décimo sexto: Que, de todo lo reseñado en los considerandos precedentes, dable es concluir que la actividad realizada por la Superintendencia se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. Así las cosas, decidido el rechazo de las licencias de la recurrente por la COMPIN, y que la SUSESO confirmó dicha decisión, ambas han obrado dentro de las facultades que la ley les confiere; y en el caso de la segunda, además, actúa de acuerdo con el carácter técnico que ostenta y las atribuciones de fiscalización con que cuenta, dejando constancia de los fundamentos tenidos en vista para decidir como lo hizo.

Décimo séptimo: Que, descartada la ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, resulta innecesario hacerse cargo de las garantías denunciadas como vulneradas por ausencia de los supuestos básicos de la acción interpuesta.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-13053-2023.