nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, diez de septiembre de dos mil veintiséis.

Al folio 19; téngase presente.

Vistos y teniendo presente.

PRIMERO: Que, con fecha 5 de mayo de 2026, comparece doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por haber instruido a su empleador la deducción de cuotas por planilla en su salario mensual, actuación que considera ilegal y arbitraria, y vulnerador de los derechos fundamentales de propiedad sobre sus remuneraciones, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita el cese inmediato de los descuentos, la restitución de los dineros retenidos y la condena en costas.

Para contextualizar su acción, la actora expone que con fecha 6 de octubre de 2022 suscribió con la recurrida un préstamo de consumo, materializado a través de un pagaré por la suma de $3.768.881 por concepto de capital, más los intereses correspondientes. Añade que dicho crédito, pagadero en 48 cuotas mensuales, contenía una cláusula de aceleración y facultaba a la acreedora para deducir las cuotas desde su salario a través de su empleador. Explica que, debido a sus condiciones personales y económicas, incurrió en mora con la obligación, motivando a la Caja de Compensación a interponer una demanda ejecutiva en su contra ante el 4° Juzgado Civil de Santiago, causa que actualmente se encuentra archivada desde el 5 de abril de 2024.

Posteriormente, relata que, prestando servicios bajo la modalidad de dependiente, al momento de recibir su liquidación de sueldo el día 30 de abril de 2026, tomó conocimiento de la existencia de descuentos por planilla por un monto de $218.991. Indica que dicha deducción fue efectuada por su empleador por instrucción directa de la Caja de Compensación, sin que en ningún momento se le hubiere notificado formalmente sobre la decisión de iniciar el cobro bajo esta modalidad, causándole un grave menoscabo económico que afecta su subsistencia básica y el pago de sus gastos esenciales.

Sobre la base de lo señalado, argumenta que los descuentos unilaterales merman su patrimonio y la privan de los beneficios económicos fruto de su trabajo, cumpliendo con los requisitos de procedencia de la acción del artículo 20 de la Carta Fundamental para restablecer el imperio del derecho frente a un acto arbitrario. Luego, alude a los artículos 21 y 22 de la Ley N° 18.833, disposiciones que enmarcan las potestades de las Cajas de Compensación para otorgar créditos sociales y habilitar la retención de las sumas adeudadas mediante descuentos practicados directamente por el empleador.

Asimismo, sostiene que el ejercicio de la aludida facultad legal resulta ser caprichoso, abusivo y falto de información, y que se configura un doble cobro de la obligación, puesto que la entidad ya había judicializado la deuda a través de una vía ejecutiva, lo que, al tenor de la jurisprudencia que cita, importa una renuncia voluntaria a la prerrogativa extrajudicial de cobro por planilla.

Además, agrega que la reanudación de los descuentos sin carta certificada o notificación previa constituye un actuar sorpresivo e ilegal, incurriendo la acreedora en un evidente abuso del derecho y en un enriquecimiento sin causa al intentar valerse de ambas vías de manera simultánea.

De este modo, sostiene que se han vulnerado los derechos constitucionales de la recurrente, identificando claramente la transgresión a su derecho de propiedad, el cual se encuentra consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, afectación que se materializa al ser privada del dominio y goce pacífico de sus bienes incorporales, específicamente sobre una parte sustancial de su remuneración, a través de una determinación unilateral que disminuye su patrimonio de forma abusiva e ilegítima.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración, restituir a la recurrente los descuentos efectuados de acuerdo a los antecedentes acompañados, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción, con expresa condenación en costas.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Liquidación de su remuneración correspondiente al mes de abril de 2026 emitida por la empresa TATA CONSULTANCY SERVICES CHILE S.A.; y 2) Ebook de la causa rol C-9922-2023 tramitada ante el 4° Juzgado Civil de Santiago.

SEGUNDO: Que, con fecha 20 de mayo de 2026, comparece la abogada Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, evacuando el informe solicitado, y requiriendo el rechazo de la acción constitucional interpuesta, con expresa condenación en costas.

En primer término, detalla el contexto normativo aplicable a la controversia, explicando que las Cajas de Compensación son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro creadas por la Ley 18.833 para administrar prestaciones de seguridad social, dentro de las cuales se enmarca el régimen de crédito social. Añade al respecto que este instrumento no constituye un mutuo comercial ordinario, sino un beneficio de bienestar social destinado a satisfacer necesidades del trabajador afiliado, por lo cual el legislador estableció un mecanismo excepcional de recaudación para resguardar el sistema. De esta forma, sostiene que el artículo 22 de la referida ley y el artículo 58 del Código del Trabajo imponen la obligación imperativa, tanto para la Caja como para el empleador, de deducir de las remuneraciones los montos correspondientes a estos créditos, dotándolos de las mismas preferencias que las cotizaciones previsionales.

En ese contexto, refiere que la actora suscribió un contrato de mutuo de crédito social el 6 de octubre de 2022, mediante el cual se le otorgó un capital inicial de $3.768.881. Esta suma debía ser pagada en 48 cuotas mensuales de $129.871, devengando una tasa de interés mensual del 1,97%, fijándose el primer vencimiento para el 31 de diciembre de 2022.

Sobre los hechos que motivan la retención, descarta la existencia de una actuación caprichosa, revelando una morosidad crónica por parte de la deudora. Al respecto, expone que las tres primeras cuotas fueron solucionadas con severo retraso, entre los meses de noviembre de 2025 y enero de 2026, encontrándose actualmente en morosidad activa las cuotas de la cuatro a la cuarenta, correspondientes al período comprendido entre marzo de 2023 y marzo de 2026. Frente a este incumplimiento sostenido, la entidad acreedora ejerció la facultad conferida por la ley y solicitó a la empresa empleadora de la recurrente practicar las retenciones pertinentes, actuación que califica como la ejecución forzosa y regulada de una obligación legalmente contraída.

Dicho lo anterior, alega la falta de un derecho indubitado y advierte que la controversia exige un lato conocimiento, argumentando que la acción de protección tiene naturaleza cautelar y no declarativa, por lo que resulta improcedente utilizar esta vía sumaria para extinguir obligaciones financieras válidas o debatir la exigibilidad y liquidación de una deuda contractual.

Asimismo, sostiene la incompetencia del presente arbitrio debido a la existencia de sedes idóneas para conocer el asunto, señalando que las pretensiones debieron canalizarse ante la Superintendencia de Seguridad Social, los juzgados civiles o los tribunales laborales competentes, por lo que se pretende obviar indebidamente las facultades exclusivas de dichas instancias.

Además, descarta enfáticamente cualquier ilegalidad o arbitrariedad en su proceder. Sobre la supuesta ilegalidad, reitera que los descuentos se amparan explícitamente en el mandato legal de la Ley 18.833 y el Código del Trabajo, ejerciendo un derecho y deber encomendado por el legislador para resguardar los recursos del fondo social. En relación con la arbitrariedad, afirma que la retención responde a un procedimiento automatizado y estandarizado, motivado por una justificación fáctica evidente, cual es la morosidad persistente de la afiliada. Asimismo, refuta la tesis sobre la improcedencia de practicar descuentos existiendo acciones judiciales en curso, invocando el Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social, cuyo texto autoriza imperativamente la coexistencia de la recaudación por planilla con el juicio ordinario o ejecutivo, ordenando simplemente que las cuotas descontadas sean informadas al tribunal en la etapa de liquidación para su rebaja del monto total adeudado.

Abordando las garantías constitucionales invocadas en el recurso, la informante niega su afectación. En lo tocante a la igualdad ante la ley, sostiene que no existe discriminación caprichosa, pues el cobro por planilla se aplica de manera idéntica a todo afiliado en mora, constituyendo una estricta aplicación del principio de equidad contractual. Referente al derecho de propiedad, se apoya en jurisprudencia de la Corte Suprema para asentar que no existe privación ilegítima cuando la disminución patrimonial responde a descuentos ordenados por ley y consentidos libremente por el trabajador al momento de suscribir el mutuo, configurando la aplicación del artículo 22 de la Ley 18.833 una carga legal preestablecida a las remuneraciones.

Por los motivos esgrimidos, solicita que se tenga por evacuado el informe en tiempo y forma, pidiendo en definitiva que se rechace en todas sus partes el recurso de protección intentado, al no existir acto ilegal o arbitrario atribuible a su parte, con expresa y severa condenación en costas.

Para acreditar sus alegaciones, incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Copia íntegra del Contrato de Mutuo de Crédito Social, código N° 208DIG100161119, de fecha 06 de octubre de 2022; y 2) Copia con firma electrónica avanzada de la escritura pública de mandato judicial de fecha 20 de junio de 2023.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Para que esta acción prospere, es requisito indispensable la constatación de un acto ilegal o arbitrario que afecte un derecho indubitado.

CUARTO: Que, el acto calificado como ilegal y arbitrario por la recurrente consiste en la decisión adoptada por la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes de instruir al empleador de la actora la deducción de cuotas, por concepto de un crédito social, directamente desde su liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de abril de dos mil veintiséis.

QUINTO: Que, a partir de lo expuesto por las partes, es posible tener por establecidos los siguientes hechos:

1. Que, con fecha 6 de octubre de 2022, la trabajadora y la institución recurrida suscribieron un contrato de mutuo de crédito social por un capital inicial de $3.768.881, pagadero en cuarenta y ocho cuotas mensuales.

2. Que, durante la vigencia del referido contrato, la afiliada cesó el pago regular y cayó en morosidad respecto de sus obligaciones financieras.

3. Que la recurrida interpuso una demanda ejecutiva en contra de la deudora ante el 4° Juzgado Civil de Santiago, causa que se encuentra actualmente archivada.

4. Que, ante el estado de mora persistente, la Caja de Compensación requirió a la empresa empleadora de la actora efectuar retenciones directas sobre su salario, materializándose un descuento efectivo por la suma de $218.991 en sus haberes del mes de abril de 2026.

SEXTO: Que, de lo consignado precedentemente y del examen de los antecedentes, es posible afirmar que la recurrida ha utilizado el mecanismo de cobro previsto en el art culo 22 de la Ley N 18.833 de manera ilegal y í ° arbitraria.

SÉPTIMO: Que, en efecto, si bien las Cajas de Compensación cuentan con la facultad legal de solicitar el descuento, con cargo a las remuneraciones de los trabajadores afiliados, de los créditos sociales otorgados, tal beneficio solo se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado. En la especie, la situación es sustancialmente distinta y torna ilegal e injustificada la actuación de la recurrida, toda vez que la deuda que se pretendía cobrar mediante los descuentos por planilla ya había sido objeto un juicio ejecutivo.

De este modo, al momento de efectuarse los descuentos censurados por la recurrida a partir de abril de 2026, ya se había verificado la aceleración de la deuda para el cobro de dicho crédito por la v a ejecutiva, por lo que no podía revivirse unilateralmente una modalidad de cobro administrativo, lo que constituye un acto manifiestamente ilegal y arbitrario.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el actuar ilegal y arbitrario de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes vulneró directamente el derecho fundamental consagrado en el art culo 19 N 24 de la Constitución Política de la República, en cuanto los descuentos indebidos afectaron la propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, privándole del uso, goce y disposición de parte de estas. Finalmente, se contravino el artículo 19 N 2, sobre la igualdad ante la ley, al intentar la recurrida, por su calidad de Caja de Compensación, valerse de una prerrogativa legal de manera abusiva para obtener el cobro de una deuda que ya no podía perseguirse judicialmente, constituyendo un trato diferenciado injustificado y arbitrario.

NOVENO: Que, por todo lo expuesto, no cabe duda de que el actuar de la recurrida resultó ilegal y arbitrario, afectando gravemente los derechos fundamentales del recurrente, razones todas por las que la presente acción constitucional necesariamente ha de ser acogida.

Por estas razones y de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Protección N°13.049-2026.