nombre reservado con MINISTERIODELINTERIORYSEGURIDAD PÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro.

Al folio 12: a todo, téngase presente.

VISTOS PRIMERO: Que comparecen nombre reservado y María Gabriela Gómez, abogadas, interponiendo recurso de protección en favor de nombre reservado y nombre reservado, ambos de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el acto que estiman ilegal y arbitrario consistente en la revocación de la residencia temporal y la orden de abandono del país de la protegida nombre reservado, lo que vulnera los derechos fundamentales consagrados en los números 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Exponen que nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ingresó a Chile el 11 de enero de 2024 con una residencia temporal por actividades lícitas remuneradas, otorgada el 1 de diciembre de 2023, con una vigencia de 90 días. El 1 de febrero de 2024, dentro del plazo establecido, suscribió un contrato de trabajo notariado con su empleador. Sin embargo, experimentó dificultades técnicas al intentar cargar el contrato en la plataforma del Servicio Nacional de Migraciones, situación que informó a la autoridad mediante una carta explicativa el 26 de febrero de 2024.

Luego, el 4 de marzo de 2024, el Servicio Nacional de Migraciones notificó a la recurrente la intención de revocar su permiso de residencia temporal por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 18 del Decreto N°177/2022. A pesar de que la recurrente presentó el contrato de trabajo y la carta explicativa el 5 de marzo de 2024, no pudo adjuntar la constancia del registro electrónico del contrato ante la Inspección del Trabajo, debido a que su empleador no había realizado dicha inscripción.

Indica que el 17 de abril de 2024, mediante la Resolución Exenta N°24177970, el Servicio Nacional de Migraciones revocó el permiso de residencia temporal de nombre reservado y dispuso una orden de abandono del país en su contra.

Argumentan que la decisión del Servicio Nacional de Migraciones es ilegal y arbitraria por cuanto se revocó la residencia temporal por no adjuntar un documento cuya generación depende exclusivamente del empleador. Acusan que la decisión infringe lo dispuesto en la Ley N°21.325, que consagra el respeto a los derechos humanos de los migrantes y el derecho a un procedimiento racional y justo; añaden que, además, la medida es desproporcionada, ya que no se consideraron las circunstancias personales de la recurrente, como su situación familiar y su intachable conducta. También estiman que la decisión vulnera el derecho a la reunificación familiar, reconocido en tratados internacionales y en la legislación nacional.

Alegaron que la decisión impugnada infringe lo dispuesto en la Resolución 2/18 sobre migración forzada de personas venezolanas y lo establecido en la Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región, instrumentos que exhortan a los Estados a facilitar la regularización migratoria y la reunificación familiar de los ciudadanos venezolanos.

Asevera que se han vulnerado los derechos constitucionales de los protegidos, en específico, el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución, por el trato discriminatorio al imponer una sanción desproporcionada sin considerar las circunstancias particulares de la recurrente; y el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, establecido en el artículo 19 N°1 de la Constitución, debido a la angustia y preocupación causadas por la amenaza de separación familiar.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°24177970, se ordene al Servicio Nacional de Migraciones dar curso a la continuación de la solicitud de residencia temporal por actividades lícitas remuneradas de nombre reservado, y se le otorgue un plazo para subsanar cualquier error o falta de documentación. Luego, en subsidio de lo anterior, solicita que se le permita a doña nombre reservado, continuar adelante con su Solicitud de Residencia Temporal, como dependiente de su cónyuge, solicitud N°69846638.

También solicitan que se adopten por el ente recurrido todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la reunificación familiar, y en particular, los derechos del recurrente, don nombre reservado, de no ser separado de su cónyuge. Todo lo anterior con costas Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Cédula de identidad para Extranjero de nombre reservado; 2) Pasaporte y timbre de ingreso al país de nombre reservado; 3) Antecedentes penales apostillados venezolanos de nombre reservado; 4) Estampado electrónico N°49675100 de Residencia Temporal por actividades lícitas remuneradas; 5) Oferta Laboral; 6) Contrato de Trabajo de nombre reservado; 7) Carta Explicativa de fecha 26 de febrero de 2024; 8) Notificación Previo Revoca de fecha 4 de marzo de 2024; 9) Comprobante de envío de Solicitud de Residencia Temporal como Dependiente, solicitud N°69846638; 10) Resolución Exenta N°24177970; 11) Acta de Matrimonio legalizada de nombre reservado y nombre reservado; 12) Cédula de Identidad para extranjeros de nombre reservado; 13) Pasaporte y timbre de ingreso al país de nombre reservado; 14) Contrato de Trabajo de nombre reservado; 15) Certificado de Cotizaciones de AFP MODELO de nombre reservado; 16) Certificado de Cotizaciones de ISAPRE COLMENA de nombre reservado; 17) Declaración Jurada de Expensas de nombre reservado; y 18) Título de Trabajadora Social de nombre reservado.

SEGUNDO: Que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por el abogado Felipe Cerda Sepúlveda, en su informe solicita el rechazo de la acción de protección, fundándose principalmente en su falta de competencia para conocer y resolver sobre la materia objeto del recurso, así como en la inexistencia de una omisión ilegal o arbitraria atribuible a dicha cartera de Estado.

Fundamenta su petición en que, de acuerdo con la Ley N° 21.325 de Extranjería y Migración, vigente desde el 12 de febrero de 2022, se creó el Servicio Nacional de Migraciones como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. Según el artículo 157 numeral 5 de dicha ley, le corresponde resolver sobre el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia, así como determinar su vigencia. Esta disposición se ve reforzada por el artículo 42 del Decreto N° 296 de 2022, que aprueba el Reglamento de la ley citada.

Adicionalmente, el Ministerio señala que el artículo 178 de la Ley N° 21.325 establece expresamente que el Servicio Nacional de Migraciones será considerado, para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga dicha ley.

Por último, el recurrido informa que, habiendo revisado el sistema documental electrónico del Ministerio, no se encontraron antecedentes relacionados con la parte interesada que se encuentren actualmente en tramitación o a la espera de resolución por parte de las autoridades de esa Cartera.

En virtud de lo expuesto, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública solicita tener por evacuado el informe requerido y, en definitiva, rechazar la acción de protección interpuesta en su contra.

TERCERO: Que evacuando informe, los abogados Antonio Beltrán Henríquez y Stephanie Andrea Pinto González, por el Servicio Nacional de Migraciones, explican que la recurrente nombre reservado, ciudadana venezolana, solicitó desde el extranjero, el 19 de marzo de 2023, una residencia temporal por motivos económicos, la cual le fue otorgada el 1 de diciembre de 2023 por un plazo de 90 días. Destaca que de acuerdo con el artículo 18 del Decreto N°177/2022, una vez que el extranjero beneficiado con la residencia señalada precedentemente ingresa al país, tiene un plazo de 45 días corridos para presentar una copia del contrato de trabajo con el mismo empleador que presentó la oferta laboral, autorizada ante notario público chileno por ambas partes y presentar la constancia de la inscripción electrónica del mismo, en los términos del artículo 9º bis del Código del Trabajo. Luego, la recurrente ingresó al país el 11 de enero de 2024.

Señalan que el 4 de marzo de 2024, se le notificó que su solicitud no cumplía con los requisitos para conservar el permiso de residencia otorgado, por lo que le sería revocado, en atención a lo dispuesto en el articulo 90 N°2 de la Ley 21.325, por las siguientes razones: a) No haber dado cumplimiento a lo exigido en el inciso 3 del artículo 18 del Decreto N°177/2022, que dispone el plazo de 45 días corridos para presentar al Servicio, copia autorizada ante notario del contrato de trabajo y constancia del registro electrónico del contrato ante la Dirección del Trabajo, de acuerdo con el artículo 9 bis del Código del Trabajo. Indica que se le otorgó un plazo de 10 días hábiles para que realizara descargos, así como para acompañar la documentación faltante en los términos señalados por la autoridad migratoria, so pena de resolver su situación migratoria con los antecedentes tenidos a la vista.

Transcurrido el plazo otorgado para realizar descargos, los cuales efectuó, la recurrente no acompañó la constancia del registro electrónico del contrato ante la Dirección del Trabajo. Consecuentemente, mediante Resolución Exenta N°24177970 de fecha 17 de abril de 2024, se revocó su permiso de residencia temporal y se dispuso su abandono del país en un plazo de 10 días. Destaca que la misma resolución que revocó su permiso migratorio le reservó los recursos contemplados en la Ley Nº19.880, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley N°21.325, sin embargo, no consta que la parte recurrente hubiese interpuesto recursos administrativos contra la revocación señalada.

Sostienen que la revocación del permiso de residencia y la orden de abandono del país se ajustan a la normativa vigente. Argumenta que el Servicio Nacional de Migraciones tiene la facultad expresa para revocar las residencias otorgadas a los extranjeros, según lo establecido en el artículo 157 de la Ley 21.325. Asimismo, señala que la revocación se fundamentó en el incumplimiento del artículo 18 del Decreto N°177/2022, que exige la presentación de la constancia del registro electrónico del contrato ante la Dirección del Trabajo dentro de los 45 días siguientes al ingreso al país.

La recurrida enfatiza que se dio estricto cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 91 de la Ley 21.325, otorgando a la recurrente un plazo de 10 días para presentar antecedentes respecto de la causal de revocación invocada. Al no cumplir con lo solicitado, se aplicó lo dispuesto en el artículo 90 N°2 de la Ley 21.325, que faculta la revocación de los permisos de residencia cuando no se cumplen los requisitos para conservarlos. Precisa que el mismo legislador es quien previó las consecuencias de no presentar la documentación señalada precedentemente, indicando de forma perentoria que, en caso de no dar cumplimiento a lo exigido, la autoridad migratoria deberá dejar sin efecto el permiso de 90 días disponiendo además el abandono del territorio nacional.

Así, argumenta que la orden de abandono, es una consecuencia necesaria e imperativa ante la revocación de un permiso, según lo dispuesto en el artículo 91 inciso 4° de la Ley 21.325. Destaca que esta orden es de carácter voluntario, diferenciándola de una orden de expulsión.

Adicionalmente, informan que con fecha 9 de abril de 2024, la parte recurrente ingresó mediante plataforma digital, solicitud de residencia temporal para extranjeros dentro de Chile, por reunificación familiar. Dicha solicitud quedó registrada bajo el ID 69846638. Mediante comunicación electrónica Folio N°59354860 de fecha 28 de mayo de 2024 del Servicio Nacional de Migraciones, se informa a doña nombre reservado que no es posible admitir a tramitación su solicitud ID 69846638, por contar con una revocación de un permiso de residencia mediante la cual se dispuso su abandono del territorio nacional.

En virtud de las consideraciones expuestas, la recurrida solicita el rechazo de la acción de protección en todas sus partes, argumentando que no existe acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías alegadas por la recurrente. Sostiene que ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

QUINTO: Que el acto denunciado corresponde a la Resolución Exenta N° 24177970, de fecha 17 de abril de 2024, que revocó el permiso de residencia temporal otorgado mediante resolución exenta 23474551 del 1 de diciembre de 2023, a la amparada, por no haber dado cumplimiento a lo exigido en el inciso 3 del artículo 18 del Decreto N°177/2022, dado que no presenta la Constancia del Registro Electrónico del contrato ante la Dirección del Trabajo, de acuerdo al artículo 9 bis del Código del Trabajo.

SEXTO: Que en el marco jurídico de la presente materia se debe considerar que el Decreto N°177/2022 dispone en su artículo 18: “Artículo 18.- No obstante lo expuesto en el artículo anterior, podrán también postular al permiso aquellos extranjeros que cuenten con una oferta formal de trabajo emitida por una persona natural o jurídica chilena con domicilio o sucursal en Chile, y que haya sido aceptada por escrito por el interesado. Dicha oferta deberá constar en un documento que haya sido previamente protocolizado ante un notario público chileno, y que deberá ser ingresado a la plataforma electrónica dispuesta por el Servicio, en conjunto con el documento escrito otorgado ante el Consulado competente, donde conste la aceptación del extranjero.

Con el mérito de estos antecedentes, el extranjero podrá dar inicio a la solicitud, luego de cuyo análisis y en caso de ser éste favorable, se le otorgará un permiso de residencia temporal por un término de 90 días corridos.

Desde el momento en que ingresa al territorio nacional, el extranjero tendrá un plazo de 45 días corridos para presentar al Servicio Nacional de Migraciones una copia autorizada ante notario del contrato de trabajo y de la constancia del registro electrónico del mismo en los términos del artículo 9º bis del Código del Trabajo. Este contrato deberá haberse celebrado con el empleador que haya remitido la oferta formal señalada en el inciso primero del presente artículo. Con el mérito de estos antecedentes, se otorgará al interesado el permiso de residencia temporal regulado en el artículo anterior.

En caso de no cumplirse con lo exigido en el inciso anterior, el Servicio junto con dejar sin efecto el permiso de 90 días, dispondrá el abandono del extranjero del territorio nacional. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que según corresponda, pudiera imputarse a la persona natural o jurídica que haya emitido la oferta de trabajo que finalmente no prosperó”.

Por su parte, la ley 21.325, en su artículo 90 numeral 2, dispone: “Revocación facultativa. Podrán revocarse los permisos de residencia o permanencia de quienes: 2. No cumplan con los requisitos que habilitan para obtener o conservar los permisos de residencia o permanencia establecidos en esta ley, su reglamento y los decretos respectivos que fijen las subcategorías migratorias.”

SÉPTIMO: Que la propia recurrente reconoció que no acompañó en la oportunidad pertinente la constancia del registro electrónico del mismo en los términos del artículo 9º bis del Código del Trabajo, sin perjuicio de que, conforme la normativa dicha obligación pesa sobre el solicitante, por lo que no es posible reprochar a la recurrida un actuar contrario a la ley, como es revocación del permiso de residencia temporal otorgado, y dictar la subsecuente orden de abandono del país.

OCTAVO: Que, por otro lado, al encontrarse vigente la orden de abandono dispuesto por la Resolución Exenta 24177970, de fecha 17 de abril de 2024, no le era posible al Servicio recurrida acoger a tramitación la solicitud de residencia temporal ingresada bajo el ID 69846638, por lo que tampoco puede calificarse dicha actuación como ilegal ni arbitraria.

Ahora bien, en cuanto al argumento basado en el principio reunificación familiar, es dable indicar que dicho principio no puede ser óbice para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de migración.

NOVENO: Que de los antecedentes y normas referidas, se concluye que la autoridad ha actuado debidamente facultada, en uso de sus facultades legales y exponiendo los fundamentos de sus decisiones, considerando el incumplimiento de las normas legales y reglamentarias que regulan la categoría migratoria de residencia temporal solicitada por la actora.

DÉCIMO: Que de esa forma, esta Corte no advierte que la actuación de la recurrida incurra en alguna ilegalidad o arbitrariedad que ponga en peligro o lesione la garantía fundamental alguna, habiendo obrado en todo momento de conformidad con las normas que le son aplicables al proceso de solicitud de residencia definitiva, de lo que se desprende que lo resuelto por el Servicio recurrido se ajusta a la normativa vigente sobre la materia.

DÉCIMO PRIMERO: Que, luego de lo dicho, descartada cualquier ilegalidad o arbitrariedad de parte de la autoridad recurrida, se desestimará la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias citadas y en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado sobre tramitación y fallo de la acción constitucional pertinente, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-13047-2024.