MEDICOS DE CUBA SPA con COMPIN REGIÓN DEL MAULE

C.A. de Santiago Santiago, ocho de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Médicos de Cuba SpA, representada por nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido con motivo de la dictación de la Resolución Exenta N° 001183, de 30 de marzo de 2026, que rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Exenta N° 2513477691, de 31 de enero del mismo año, confirmando así la denegación de la autorización sanitaria para el funcionamiento de un pabellón de cirugía menor dental y médico, lo que vulneraría los derechos que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en los Nos 2 y 21 del artículo 19.

Expone la recurrente que el 26 de septiembre de 2025 presentó ante la autoridad una solicitud de autorización para instalar y operar una sala de procedimientos de ecografía y un pabellón de cirugía menor dental-médico y que el 16 de enero de 2026 se practicó una visita inspectiva que terminó con la formulación de reparos técnicos, entre ellos la exigencia de un baño al interior del pabellón. Añade que el 31 de ese mismo mes se dictó la resolución denegatoria original, contra la cual el 10 de febrero dedujo recurso de reposición que fue rechazado por la Resolución Exenta N° 001183 que motiva el recurso, no obstante que el mismo acto inspectivo reconoció el cumplimiento de los requisitos de servicios higiénicos generales y de baño universal accesible y sin perjuicio que ha subsanado íntegramente el resto de las observaciones técnicas formuladas.

Reclama que el artículo 14 del Decreto N° 283 enumera taxativamente las dependencias exigibles al pabellón sin mencionar un baño para pacientes y que la recurrida confunde los conceptos de “Pabellón de Cirugía Menor” y “Unidad de Pabellón”, aplicando erróneamente a un establecimiento de atención abierta estándares propios de la atención cerrada regulados en el Anexo N° 1 del Decreto N° 58/2008. Argumenta la parte recurrente que dicha exigencia resulta además técnicamente contraproducente al introducir una “zona sucia” dentro del área estéril del quirófano y que existe disparidad de criterios respecto de otras SEREMIS, citando al efecto resoluciones de las Regiones de Valparaíso y de O'Higgins que autorizaron pabellones bajo el estándar de baño separado del área quirúrgica y que esta misma Corte ya se pronunció sobre idéntica controversia en el proceso ingresado bajo el N° 3507-2025, declarando que la exigencia de un baño para pacientes en el pabellón de cirugía menor no resulta ajustada a derecho.

En lo que respecta a la vulneración de garantías constitucionales invocadas sostiene el recurrente que se afecta la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución, tanto por la interpretación caprichosa de la normativa técnica como por la aplicación desigual del criterio entre distintas oficinas regionales del mismo servicio; y que se vulnera el derecho a desarrollar una actividad económica lícita del N° 21 del mismo artículo, en tanto la exigencia de un requisito inexistente en la ley constituye una barrera de entrada artificial que le impide iniciar el giro comercial pese a haber acreditado el cumplimiento de la normativa aplicable.

Por estas razones solicita que se acoja el recurso y se declare la ilegalidad y arbitrariedad de las Resoluciones Exentas Nos 001183 y 2513477691, dejándoselas sin efecto y ordenando a la recurrida dictar un nuevo acto que otorgue la autorización sanitaria solicitada. En subsidio pide que se disponga una nueva evaluación con estricto apego al artículo 14 del Decreto N° 283, con expresa prohibición de aplicar el criterio ya descrito y que, en todo caso, se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que evacúa el informe requerido la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana y solicita el rechazo del recurso.

Sostiene que los actos impugnados constituyen un ejercicio legítimo y obligatorio de sus potestades fiscalizadoras, orientadas a resguardar la vida, la integridad física y la salud de la población, y no la invención caprichosa de un requisito, como equívocamente sostiene la recurrente.

En cuanto a los fundamentos técnicos y sanitarios de la denegación explica que la autorización de un pabellón quirúrgico no se rige aisladamente por el Decreto N° 283 de 1997, sino que se integra con el Decreto Supremo N° 58 de 2008, cuyo Anexo N° 2, aplicable a centros ambulatorios, puede complementarse con las exigencias del Anexo N° 1 propio de la atención cerrada según la naturaleza de las prestaciones ofrecidas. Añade que la normativa de prevención de infecciones asociadas a la atención de salud exige un flujo unidireccional segregado en recintos generales de pabellón, área quirúrgica y quirófano, y que permitir que pacientes o personal deban salir de dicho perímetro hacia baños comunes destruye el aislamiento microbiológico, arrastrando vectores patógenos hacia el entorno estéril y exponiendo a los pacientes a un riesgo de contaminación y sepsis posoperatoria.

A continuación indica la autoridad informante que contrariamente a lo afirmado por la actora subsisten deficiencias técnicas no subsanadas: el espacio del paciente comparte volumen con el área de trabajo sucio y con el mueble de insumos estériles, vulnerando la separación de áreas limpias y sucias; el quirófano carece de sellos perimetrales de hermeticidad y no se acreditó el sistema de presión positiva ni el certificado de renovación de aire, permitiendo la infiltración de aire contaminado hacia la herida quirúrgica; y los planos de arquitectura se encuentran desactualizados respecto de las modificaciones físicas constatadas en terreno, sin haberse solicitado el cierre de las salas modificadas. A ello agrega que la nómina de prestaciones informada por la solicitante -que incluye procedimientos invasivos de remodelación corporal y rejuvenecimiento facial- excedería, por su naturaleza y requerimientos de soporte clínico, el marco reservado para la cirugía menor, tratándose de técnicas propiamente asociadas a la Cirugía Mayor Ambulatoria, respecto de las cuales se requirió mayor especificidad a la solicitante sin que ésta la proporcionara en su reposición.

Invoca el principio de juridicidad de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y sostiene que actuó en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 3°, 7°, 121 y 123 del Código Sanitario, el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005 y el Decreto Supremo N° 136 de 2004, que le confieren la potestad exclusiva e indelegable de otorgar, denegar o revocar autorizaciones sanitarias, así como del Decreto N° 283 de 1997, que a su juicio no puede interpretarse de forma aislada o contraria al Decreto Supremo N° 58/2008 y al Reglamento REAS (Decreto Supremo N° 6/2009). Sobre esa base, niega que el acto sea ilegal, por sustentarse en normativa expresa y vigente, o arbitrario, por contar con fundamentación técnica objetiva, descartando así la concurrencia de los presupuestos de la acción de protección.

Tercero: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, la propia norma constitucional prescribe en la parte final de su inciso primero que la acción de protección es sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, lo que da cuenta que la existencia de otros procedimientos ante autoridades administrativas o judiciales no obstan, en principio, al ejercicio de este recurso constitucional, consideración que permite descartar la alegación de improcedencia planteada por la recurrida.

Cuarto: Que en la presente causa el conflicto sometido al conocimiento de esta Corte dice relación con el rechazo del recurso de reposición deducido contra la Resolución Exenta N° 2513477691, de 31 de enero de 2026, confirmando así la denegación de la autorización sanitaria para el funcionamiento de un pabellón de cirugía menor dental y médico, actuación que la recurrente considera ilegal y arbitraria por cuanto se funda en la exigencia de un baño exclusivo al interior del pabellón, requisito que a su juicio no se encuentra contemplado en el Decreto N° 283 de 1997 del Ministerio de Salud ni en el Decreto N° 58 de 2009, y que desatiende la validación previa de los baños generales del establecimiento constatada en el Acta de Inspección N° 0380749.

Pues bien, de la lectura del acto administrativo que motiva el recurso aparece que la revisión de los antecedentes permitió a la autoridad constatar ciertos hechos que justificaron la adopción de la decisión de denegar la autorización sanitaria para el funcionamiento de un pabellón de cirugía menor dental y médico. Específicamente en los recintos generales se constató cantidad insuficiente de lockers para trabajadores y mueble REAS sin mantención y en el pabellón de cirugía menor se advirtió un área de trabajo sucio estrecha bajo escalera, que pacientes comparten mismo espacio de área quirúrgica y trabajo sucio, no existe baño al interior del pabellón para pacientes, el mueble para insumos estériles comparte el mismo espacio y área de trabajo sucio, no hay sello en la puerta de quirófano que permita hermeticidad, no acredita renovaciones de aire y presión positiva en quirófano, existen procedimientos declarados que no pertenecen a intervenciones que adhieran a pabellón de cirugía menor. Finalmente, en la sala de procedimiento ecografía se constata que el plano no ha sido actualizado de acuerdo a la modificaciones realizadas e identificadas en visita no documentadas como en sala de ecografía, sala rayos x/bodega y que no se adjunta solicitud de cierres de salas de procedimientos que corresponden a la modificación de la planta física de acuerdo a la solicitud.

Por su parte, en la resolución que desestima la reposición deducida contra la resolución anterior se indica que la revisión de los antecedentes y especialmente la documentación presentada permite constatar que en el pabellón de cirugía menor no se indica la cantidad máxima de lesiones a extraer, no existe baño en los recintos generales y que el vestidor de pacientes se encuentra ubicado en área quirúrgica y no en recintos generales del pabellón. Luego se indica que la fotografía presentada de los sellos del quirófano no permite acreditar hermeticidad del mismo, que el certificado de renovaciones de aire no permite acreditar equipos instalados, tanto extractor/ventilador y filtro, en cuanto a sus características técnicas, que el plano no está actualizado de acuerdo a las modificaciones realizadas y solicitadas y que no se adjunta la solicitud de cierre de salas de procedimiento que corresponde a la modificación de planta física solicitada.

Quinto: Que, como puede advertirse, la decisión de la autoridad administrativa no se justificó únicamente en la inexistencia de un baño al interior del pabellón, como en su concepto sería exigible conforme a la normativa que rige la actividad, sino también a una serie de otros incumplimientos e inobservancias que obstan a la concesión del permiso sanitario que se requiere.

En el texto del recurso se lee que “la controversia jurídica se centra en la imposición de una exigencia inexistente en el D.S. N° 283/1997: la instalación de un servicio higiénico exclusivo al interior del recinto quirúrgico, requisito que ignora la validación previa de los baños generales del establecimiento en el Acta de Inspección N° 0380749” y más adelante en el mismo escrito la recurrente afirma que “ha dado cumplimiento íntegro a la totalidad de las observaciones técnicas que sí poseen asidero reglamentario”, precisando que “durante el proceso de reposición y mediante la actualización documental en la plataforma respectiva, se han subsanado los siguientes puntos: la presentación del plano de planta física actualizado, la solicitud formal de cierre de salas previas, la regularización de la cantidad de lockers para el personal, el programa de mantención del mueble REAS y la entrega del certificado técnico que acredita el sistema de renovaciones de aire y presión positiva exigido por la norma”. Concluye afirmando que “cualquier óbice fáctico razonable para la autorización ha desaparecido, quedando únicamente como fundamento del rechazo criterios que carecen de toda base legal”.

Sin embargo, en el informe evacuado la recurrida indica que, contrariamente a lo afirmado por la actora, subsisten deficiencias técnicas no subsanadas, que se especifican, y que motivaron el rechazo del recurso de reposición.

Sexto: Que, en estas condiciones, no cabe sino concluir que en la presente causa no existe un derecho indubitado que pueda ser protegido por esta acción constitucional, por cuanto de los antecedentes aparece que los hechos en que se sustenta la ilegalidad o arbitrariedad que se reprocha a la autoridad administrativa sanitaria se encuentran controvertidos y, en tal escenario, la presente sede cautelar no resulta ser la vía la idónea para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte.

En razón de lo anterior, el recurso habrá de ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por Médicos de Cuba SpA en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

No firma la abogada integrante señora Correa, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

N° 13.042-2026.